Estela Berumen Trejo

Expediente 441/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
441/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/08/2022

Partes del expediente

  • Estela Berumen Trejo

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días hábiles para que la parte promovente interpusiera el recurso correspondiente en contra del auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Estela Berumen Trejo, sin que se hubiera presentado promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 97 fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que Fecha en que de dictó el proveído: Fecha en que se notificó a la parte quejosa: Surtió efectos: Plazo de cinco días hábiles para interponer recurso: Fecha en que feneció el término para interponer recurso: 28 de julio de 2022. 29 de julio de 2022 01 de agosto de 2022. Del 02 al 08 de agosto de 2022. (Sin contar los días 6 y 7 de agosto de 2022, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.) corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículos Vigésimo Primero inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del propio acuerdo. Por último, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero del Acuerdo mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Estela Berumen Trejo, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del juez de Control en el estado, con residencia en esta ciudad; anótese su ingreso en el libro de juzgado con el número 441/2022-I. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En tal virtud, se procede al análisis de la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa; asimismo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte promovente reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: ? La posible vinculación a proceso emitida dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 2565/2022. ? La judicialización y solicitud de formulación de imputación en la carpeta de investigación con número único de caso 2565/2022. En ese contexto, respecto al acto señalado en primer término, este juzgador advierte de oficio que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5 fracción I, en virtud de que el acto reclamado, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, preceptos normativos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En el caso, como ya se precisó, el acto reclamado combatido en esta vía constitucional estriba en la posible vinculación a proceso emitida dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 2565/2022; por ello, al tratarse de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen una afectación real y actual a su esfera jurídica, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Asimismo, el artículo 5 fracción I de la Ley de Amparo, condiciona para la promoción del juicio de amparo, la existencia de una parte quejosa quien resienta afectación real y actual en su esfera jurídica. Luego, si no existe esa afectación o sea inminente, puede reputarse improcedente el juicio de amparo. Sobre el tópico que nos ocupa, respecto a la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sobre los actos futuros, como el reclamado, el Alto Tribunal de la Nación los ha clasificado en actos futuros e inciertos respecto de los cuales resulta improcedente el juicio de amparo, debido a que su realización está sujeta a meras eventualidades y actos futuros pero inminentes, contra los cuales procede el juicio de amparo, debido a que por su calidad de inminentes, prevalece la certeza de que se realizarán. Por lo anterior, un acto futuro e incierto, no produce una afectación actual, real y directa a la impetrante, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, y en ese sentido el amparo promovido contra ese acto es improcedente por no reunir el presupuesto del juicio de amparo, consistente en "la afectación" a los derechos de la parte quejosa. Luego, es de concluir que este tipo de actos produce la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En cuanto a la actualización de la referida causa de improcedencia en la radicación de la demanda de amparo, la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, en la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 62/2002-PS, que originó la jurisprudencia 1a./J. 25/2003, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE.", estableció en lo que interesa que: 1. Cuando de la simple lectura de la demanda de amparo indirecto se advierta, sin lugar a dudas, que los actos reclamados son futuros e inciertos, se actualiza el supuesto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que el Juez de Distrito puede y debe desecharla de plano. 2. Sin embargo, cuando exista duda de si tales actos, bajo determinadas condiciones, llegarán a realizarse o se requieran elementos probatorios para saber si verdaderamente se trata de actos futuros e inciertos, se deberá admitir la demanda a trámite, sin perjuicio de que durante la tramitación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, ya que en este último supuesto, ante la certeza de la existencia de una causal de improcedencia, lo conducente será sobreseer en el juicio. Ahora bien, en el caso concreto, se actualiza el primer supuesto, debido a que se acredita plenamente y sin lugar a dudas, que el acto reclamado por la quejosa es futuro de realización incierta, lo que cual se evidencia, con las manifestaciones realizadas en la demanda de amparo, en el sentido que reclama la posible vinculación a proceso emitida dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 2565/2022. Manifestaciones de la quejosa que tiene como confesión expresa con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y suficiente para evidenciar plenamente que el acto reclamado es futuro e incierto, debido a que la posible vinculación a proceso emitida dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 2565/2022, no se decreta de manera inmediata. Por lo anterior, la posible vinculación a proceso emitida dentro de la carpeta de investigación antes mencionada, no produce una afectación actual, real y directa a la impetrante, conforme al artículo 5 fracción I, de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la posible vinculación a proceso, no se decreta de manera inmediata, por el hecho de que se inicie un proceso penal en su contra, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. De ahí que se considere dicho acto reclamado como futuro de realización eventual, pues no existe dato alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados puedan llegar a existir. En otras palabras, dados los antecedentes narrados por la promovente no se advierte la ineludible emisión de dicho acto, pues no señala ningún dato que objetivamente revele su existencia. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXIII, en relación con el numeral 5 fracción I, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda planteada por el quejoso respecto del acto reclamado que hizo consistir en la posible vinculación a proceso emitida dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 2565/2022. Por otra parte, la parte quejosa señala también como acto reclamado la judicialización de la carpeta de investigación con número único de caso 2565/2022, por el delito de robo, que atribuye al Titular de la Unidad de Investigación de Robos de la Fiscalía General del estado de Baja California, en esta ciudad; en ese sentido, se tiene que es manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, por tanto, la demanda de amparo debe desecharse de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" (Lo subrayado es propio). "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". (Lo subrayado es propio). De la anterior transcripción, se desprende que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es que éste debe promoverse a instancia de parte agraviada, es decir, que la persona que demanda el amparo y protección de la justicia, debe ser el titular del derecho subjetivo transgredido, o quien tenga el interés legítimo, ya sea individual o colectivo, del derecho que está siendo violado por una norma general, acto u omisión de cierta autoridad. De ahí que, la afectación real y actual a la esfera jurídica de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o tiene el interés legítimo en éste, resulta ser un elemento indispensable para que el juicio de amparo cumpla con el principio de instancia de parte agraviada, pues de no existir perjuicios en los derechos subjetivos del promovente, el acto que se reclama no podría ser materia de estudio y análisis constitucional. En ese tenor, se desprende el segundo de los principios fundamentales del juicio de amparo, es el relacionado con la existencia del agravio personal y directo sobre los derechos humanos y fundamentales del promovente, que genera el acto reclamado; entendiendo como agravio en el juicio de amparo a la privación de los derechos subjetivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales que México ha suscrito, prevean. Ahora, a contrario sensu de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 107 constitucional, si el promovente del juicio de amparo aduce ser el titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo, pero el acto que reclama no transgrede su esfera jurídica, es decir, no viola los derechos fundamentales y humanos reconocidos por los diversos ordenamientos y por tanto no le genera perjuicio alguno sobre éstos, se desprende que no se cumple con los principios de parte agraviada y la existencia de un agravio personal y directo sobre el promovente. Asimismo, el carácter de quejoso no se le puede reconocer al promovente que a pesar de ser titular de derechos subjetivos o tener interés legítimo en éstos, al momento de acudir al juicio de amparo carece de violaciones a algún derecho previsto en el artículo primero de la Ley de Amparo, pues se encuentra reclamando en la vía constitucional, actos que no generan agravios en su esfera jurídica. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo no es procedente contra actos que no generan agravios dentro de la esfera jurídica del promovente, es decir, cuando los intereses jurídicos o legítimos, ya sean individuales o colectivos no son afectados por el acto reclamado. De ahí que, previo al estudio de los demás requisitos para que se provea sobre la admisión de una demanda de amparo, es menester advertir si el promovente de la vía constitucional, además de ser el titular del derecho subjetivo o interés legítimo, está siendo vulnerado dentro de su esfera jurídica por actos previstos en el artículo primero de la Ley en materia. Ahora, en atención al caso en concreto, se advierte que la promovente Estela Berumen Trejo, aduce que el acto reclamado consistente en la judicialización de la carpeta de investigación con número único de caso 2565/2022, le genera agravios a los derechos fundamentales constituidos en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Segundo Circuito, publicada en Octubre de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2015350, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." En ese tenor, la promovente del juicio de amparo acude a la vía constitucional contra el acto reclamado consistente en la judicialización de la carpeta de investigación, sin que con ello le genere alguna afectación a su esfera jurídica, pues tiene como único efecto que se realice la obligación del representante de la sociedad de desarrollar la investigación ministerial por los posibles hechos delictuosos. Aunado a ello, es necesario especificar que la Constitución no establece algún derecho que el imputado pueda hacer valer en contra de la continuación de la investigación ministerial realizada por el representante de la sociedad, ya que ésta constituye un servicio a la sociedad en cuanto a la impartición de justicia, y preponer el interés del indiciado sobre el común, conllevaría a la trasgredir los principios generales del derecho, y reconocer afectaciones materiales que no se prevén en los derechos fundamentales y humanos que el juicio de amparo protege. Ahora, la judicialización de la carpeta de investigación en contra de la promovente, acto que en esta vía constitucional se reclama, no produce una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés jurídico o legítimo), esto es, no afecta algún derecho humano consagrado en la Norma Fundamental o instrumento internacional en el que el Estado Mexicano sea parte, en virtud de que la continuación de la investigación es una labor fundamental de la autoridad ministerial que no debe tener impedimento legal ni material para desarrollarse. Por lo tanto, es indubitable que el acto reclamado no impide el ejercicio de algún derecho sustantivo, pues a pesar de que la promovente, tentativamente tiene el carácter de indiciada dentro de la carpeta de investigación, ello en virtud de que si bien de los antecedentes de los actos reclamados se desprende que la promovente se apersonó a las oficinas de la agencia del Ministerio Público, Unidad de Investigación de Robos, de la Fiscalía del estado, a imponerse de los autos de la carpeta de investigación que aduce se integra en su contra, se le informó que dicha carpeta fue judicializada, lo cierto es que no se le ha formulado imputación para tener dicho carácter; el acto reclamado no le causa perjuicio que la legitime para promover el juicio de amparo, que de estimarlo en sentido contrario, significaría anteponer el interés de la sociedad sobre el particular. Luego, tras haber realizado un análisis de los preceptos tanto constitucionales como de la Ley en Materia sobre el interés jurídico, legítimo y la afectación a la esfera jurídica de la promovente, en relación a los principios fundamentales del juicio de amparo sobre la instancia de parte agraviada y agravio personal y directo, así como de las interpretaciones que se han realizado sobre las consecuencias de los acuerdos que realice el representante de la sociedad para solicitar audiencia para formulación de imputación, el ejercicio de la acción penal, la consignación de la carpeta de investigación, solicitud de orden de aprehensión, entre otros, y ponderando lo manifestado por el promovente, se concluye que el acto reclamado que en este apartado se analizó, no afecta la esfera jurídica del gobernado y por tanto éste no posee interés jurídico para promover juicio de amparo. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 1, fracción 5, fracción I, este último, aplicados en sentido contrario, ambos de la precitada Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en cuestión, respecto al acto reclamado consistente en la judicialización de la carpeta de investigación que se encuentren integrando en contra de la promovente, así como de la solicitud de formulación de imputación. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio procesal el que indica y por como autorizados únicamente para oir y recibir notificaciones a Abelardo Astorga López, Alejandro Aberlardo Astorga Romero y Samuel Durán López, por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, se le tiene proporcionando el correo electrónico que indica, únicamente con el objeto de que este órgano jurisdiccional pueda tener una comunicación con la misma, en los casos que se estime necesario; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo anterior, en razón de que las notificaciones electrónicas deben sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 30 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; utilizando de manera preferente los medios electrónicos al alcance de la actuaria y de la persona a la que se encuentra dirigida, en la inteligencia que, en caso que no se cuente con dichos medios, debe realizarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad de su salud y de las demás personas que se encuentren en el lugar en que se practicaran las notificaciones, de conformidad con el Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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