Estela Adriana Larrañaga Aragón

Expediente 278/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
278/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Estela Adriana Larrañaga Aragón
  • Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. SE DA CUENTA CON ACUSE DE RECIBO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, mediante el cual acusa recibo del diverso 11370, a través del cual se le notificó que el presente expediente causó ejecutoria; asimismo, se le adjuntó el original del expediente ordinario civil 171/2014, que remitió con su informe de ley, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diez de mayo del año en curso, en la que se NEGÓ el amparo y protección de Justicia de la Unión; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad archívese el presente expediente. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III inciso a), del aludido acuerdo, en razón de haberse negado en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, consérvese el presente juicio. SE DEVUELVE DOCUMENTAL A AUTORIDAD. Finalmente, devuélvase a la responsable el juicio ordinario civil número 171/2014 que acompañó con su informe justificado; consistente en un tomo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** contra el acto del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el seis de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán; en los términos siguientes: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La resolución de fecha 20 veinte de febrero del 2023 dos mil veintitrés, que resuelve el recurso de revocación promovido en contra del auto de fecha 9 nueve de noviembre del 2021 dos mil veintiuno, relativo a la inadmisión del incidente de daños y perjuicios en condena genérica por incumplimiento de un resolución judicial, dentro del Juicio Sumario Civil Ejecutivo con Expediente Número 171/2014, del índice de la autoridad responsable.". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio, los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 27 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional radicó la demanda bajo el progresivo ********************, y determinó prevenir a la promovente para que compareciera a ratificar la firma plasmada en la demanda, al diferir ésta con la que estampó en el acta de ratificación del diverso juicio de amparo 1194/2021 de esta estadística. TERCERO. Admisión y trámite. Así, una vez satisfecho lo solicitado, mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, requirió su informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Asimismo reconoció el carácter de tercero interesado a Primitivo Hernández Robles, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectuó su emplazamiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugna un acto declarativo emitido por una autoridad jurisdiccional del orden civil que reside dentro de la circunscripción en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de las demandas de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La interlocutoria de veinte de febrero de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, dentro del juicio sumario civil ejecutivo 171/2014, sobre terminación judicial de convenio y otras prestaciones, promovido por dicha justiciable en contra de Primitivo Hernández Robles. En la materia del referido medio de impugnación el juez civil responsable estimó infundados los agravios hechos valer y, por ende, confirmó el auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno, a través del cual inadmitió el incidente de daños y perjuicios en condena genérica por incumplimiento de una resolución judicial que en su momento formuló la citada disconforme. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado pues en su informe el juez responsable hizo manifestaciones de las que así se advierte. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que integran juicio sumario civil ejecutivo 171/2014 del índice del juzgado responsable, en donde obra la interlocutoria de veinte de febrero de dos mil veintitrés, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido emitidas por autoridades jurisdiccionales en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes. Se desprenden los siguientes de las constancias allegadas al sumario: 1. El diez de diciembre de dos mil trece, ******************** promovió demanda en la vía ordinaria civil en contra de Primitivo Hernández Robles, de quien reclamó la declaración judicial de terminación del convenio de uso de la puerta de acceso del inmueble, respecto de su lado sur, ubicado en el número 530 de la Calle Revolución del Sector Revolución de esta ciudad; así como el pago de otras prestaciones. Además la actora también reclamó el pago de las cantidades que resultara de los frutos civiles y/o daños y perjuicios, hasta el cese del uso y disfrute de la parte del zaguán de la casa-habitación de su propiedad, originado por la utilidad o beneficio producido directamente. 2. Después de haberse resuelto el conflicto competencial suscitado entre los Jueces Primero y Quinto, ambos de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el que la superioridad determinó que el primero de los enunciados era el competente para conocer de la demanda; por auto de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, el anotado juzgado admitió a trámite la demanda en el expediente número 1044/2013 de su índice, y ordenó emplazar a la parte reo. 3. Sin embargo, mediante proveído de tres de marzo de dos mil catorce, ese juzgado se inhibió del conocimiento del asunto de nueva cuenta, por lo que ordenó la remisión de los autos a la oficina de correspondencia común, para su turno. 4. Así, mediante auto de siete de marzo de dos mil catorce, la demanda fue radicada en el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, bajo el expediente 171/2014, para su prosecución. 4. Seguido el juicio en todas sus etapas, el veinte de octubre de dos mil catorce, se emitió sentencia que determinó la improcedencia de la vía ordinaria civil y, por ende, dejó a salvo los derechos del accionante para que los hiciera valer en la vía y términos que considerara pertinentes. 5. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dentro del toca civil I-343/2014, la que emitió resolución el cinco de junio de dos mil quince -en cumplimiento a la ejecutoria del amparo directo 72/2015-, ordenando la reposición del procedimiento a partir del auto de siete de marzo de dos mil catorce, emitido en el juicio de origen, a fin de que el juez se pronunciara respecto a la vía y admitiera la demanda en forma correcta. 6. En cumplimiento, mediante auto de cinco de agosto de dos mil quince, el Juez Civil reencausó la demanda en la vía sumaria civil ejecutiva, ordenando el emplazamiento del demandado. 7. Substanciado el juicio en sus etapas, el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se emitió nueva sentencia en el sentido resultar procedente la acción de terminación del convenio y el pago de gastos y costas procesales. Correlativamente, concedió a la parte demandada un improrrogable término de cuarenta y cinco días, para que realizara las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para obtener la autorización de intervención (remodelación de fachada), así como ante la Secretaría de Desarrollo urbano y Medio Ambiente Municipal, para tramitar la licencia de construcción para la apertura de puerta de acceso a la fracción de inmueble que le corresponde del predio citado y la apertura de su propia puerta. En lo tocante al pago de daños y perjuicios se determinó: "Prestaciones que resultan improcedentes, tomando en cuenta que, en el convenio celebrado en la diligencia del día 18 dieciocho de febrero del 2013 dos mil trece -motivo de terminación- (visible a foja 23 a la 25), mediante la cual se le entregó a la hoy actora ********************, la posesión de la mitad, parte Sur, del inmueble ubicado en la calle Revolución número 530 quinientos treinta, Sector Revolución, de esta ciudad, no se pactaron tales prestaciones, pues como se advierte del referido consenso de voluntades, únicamente se convino entre el mandatario jurídico de la adjudicataria -Estela Adriana Aragón- y el señor Primitivo Hernández López, que: '.debido a que este inmueble cuenta con una sola puesta o acceso al mismo seguirán utilizándola ambos por un plazo de mes y medio, tiempo que calculan les llevará realizar los trámites correspondientes para construir el acceso propio del señor Primitivo Hernández Robles, a la fracción de inmueble que le corresponde.' Entonces, al no estar estipuladas las aludidas prestaciones que reclama la actor en el convenio motivo de terminación, se insiste, resultan improcedentes.". Así se plasmó en los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Quedó surtida la competencia de este juzgado para conocer y resolver el presente negocio jurídico. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el cuerpo de este fallo, resultó procedente la acción puesta en ejercicio por la actora, por su propio derecho, frente al demandado; en consecuencia. TERCERO. Se declara judicialmente la terminación del convenio de uso de puerta de acceso al inmueble ubicado en el número 530 quinientos treinta, de la calle Revolución, del Sector Revolución, de esta ciudad, correspondiente a la mitad Sur. CUARTO. Se le concede al demandado el término mencionado para los efectos precisados en el considerando relativo; bajo el apercibimiento que de no realizarlo en el término concedido, se hará a su costa. QUINTO. Se condena al demandado al pago de gastos y costas de esta instancia. QUINTO. (sic) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.". Dicha sentencia fue confirmada el seis de abril de dos mil dieciséis, al resolverse el recurso de apelación interpuesto por el demandado, en el toca civil I-76/2016 del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 8. Ante el incumplimiento de lo condenado, atento a lo solicitado por la actora, mediante auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, se procedió a la ejecución forzosa y en ese momento se nombró al perito designado por la parte actora para realizar los trámites objeto de la condena; y lo requirió para aceptar y protestar el cargo. 9. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho se concedió al experto mencionado el término de diez días para que realizara los trámites necesarios para dar cumplimiento al fallo. 10. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, se determinó no ha lugar a reanudar el plazo concedido, al ya haber transcurrido en exceso. 11. Atento a lo solicitado por la actora, el doce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por designando de su parte un nuevo experto para que procediera a obtener la autorización de intervención de inmueble ante las autoridades competentes. 12. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el apoderado de la parte actora formuló incidente de daños y perjuicio en condena genérica por incumplimiento a la sentencia. En su escrito relativo la incidentista esencialmente adujo que la parte demandada no ha dado cumplimiento al fallo firme, pues si bien en un momento se promovió en su contra demanda de amparo directo, al otorgarse la suspensión se consideró el pago de daños y perjuicios consistentes en el monto de seis rentas mensuales sobre el uso del zaguán, vestíbulo o puerta de acceso a la casa; y, el interés legal de la suma correspondiente, respectivamente. Además de que, señala, en el incidente de suspensión del juicio de amparo 981/2016 se consideró que el inmueble objeto del juicio generaría rentas brutas por los años 2016, 2017 y 2018, que corresponden a las ganancias lícitas de que sería privada la propietaria. De esta manera, opina, existe responsabilidad jurídica o civil de la demandada, quien está obligada a reparar los daños y perjuicios causados con motivo de su omisión en el cumplimiento de la sentencia. 13. A lo anterior recayó el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, en que se indicó que no ha lugar a tener al promovente por formulando el citado incidente, en virtud de que la prestación reclamada como pago de la cantidad que resultara a juicio de peritos por concepto de frutos civiles y/o la reparación de los daños y perjuicios resultó inoperante; lo que fue confirmado por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la resolución de seis de abril de dos mil dieciséis [al conocer del recurso de apelación interpuesto]. Y, aclaró, si bien dicha Sala también señaló como posible renta la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), ello lo fue únicamente con motivo del juicio de amparo directo promovido por el demandado y para efectos de la suspensión concedida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, que al final le fue negado. De ahí que el juzgador civil consideró que si sobre ese tema ya existe pronunciamiento firme, el recurso intentado [se refirió al incidente] es notoriamente improcedente. 14. Inconforme, la incidentista interpuso recurso de apelación ante el natural; sin embargo, por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se desechó ese medio de impugnación al no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 743 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 15. Luego, la citada parte procesal interpuso recurso de queja, por lo que en auto de veintiséis de agosto del año en mención, se ordenó dar vista a la contraria y, en su momento, remitir constancias a la superioridad. Dicho recurso fue resuelto el once de octubre de dos mil veintiuno, en el toca III-17/2021, en el sentido de resultar infundado. 16. El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, el apoderado de la parte actora nuevamente formuló incidente de daños y perjuicios de condena genérica por incumplimiento a una resolución judicial. Esto en similares términos al incidente anteriormente formulado y ofreció las pruebas documentales que estimó pertinentes. 17. A lo anterior recayó el auto de nueve de noviembre siguiente, en el que se le indicó que se estuviera a lo acordado en el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno. 18. Inconforme, la parte actora interpuso recurso de revocación, el que fue desechado de plano en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, substancialmente, bajo las mismas consideraciones que sustentaron el auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno. 19. En contra de lo anterior, ******************** promovió demanda de amparo indirecto, cuyo conocimiento correspondió, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito en el expediente 1194/2021, resuelto el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el sentido de conceder la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: "a) Deje insubsistente el acto reclamado; y, b) En su lugar, dicte otra determinación en la que con los lineamientos dados en esta ejecutoria, con plenitud de jurisdicción, admita y resuelva el recurso de revocación sin incurrir en la falacia de petición de principio, y dando respuesta exhaustiva a todos los agravios que se le plantearon.". 20. Así, en acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el juez responsable dejó insubsistente el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; consecuentemente, admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto en contra del auto impugnado; motivo por el cual, ordenó dar vista a la contraparte para que manifestara lo que a sus intereses conviniera. 21. Posteriormente, con la plenitud de jurisdicción que le fue reservada, mediante resolución de veinte de febrero de dos mil veintitrés, el juez responsable estimó infundados los agravios hechos valer; y, por ende, determinó confirmar el auto impugnado. Esto, toralmente porque la razón por la cual no se admitió el incidente de marras, no fue porque suspendiera el procedimiento o impidiera que éste siguiera sus etapas, sino porque lo pretendido era notoriamente improcedente. Pues, dijo, en sentencia definitiva se determinó la procedencia de la acción de terminación de convenio de uso de puerta de acceso; y, por ende, se condenó a la parte demandada a que, en el improrrogable término de cuarenta y cinco días, realizara las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para obtener la autorización de intervención (remodelación de fachada), así como ante la Secretaría de Desarrollo urbano y Medio Ambiente Municipal, para tramitar la licencia de construcción para la apertura de puerta de acceso a la fracción de inmueble que le corresponde del predio citado y la apertura de su propia puerta; así como al pago de gastos y costas de la instancia. Luego, reiteró, por ejecutoria dictada por la superioridad quedó firme aquella sentencia, en la que existió pronunciamiento sobre la acción de pago de frutos civiles y/o daños y perjuicios, pues éstos no fueron justificados por la accionante, ni demostró el derecho a recibir dichos frutos. De manera que, acotó, si de aquellas resoluciones se desprende la obligación del demandado de dar cumplimiento únicamente a lo que fue condenado, su cumplimiento no otorga a la actora el derecho a reclamar daños y perjuicios a través de un incidente. Pues, reiteró, como se estableció en el auto impugnado, al haberse impugnado lo pertinente sobre la acción de frutos civiles y/o daños y perjuicios, se actualiza la figura de la cosa juzgada que es oponible a su pretensión incidental. De ahí que, concluyó, en términos del artículo 121 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el recurso debe ser desechado cuando sea notoriamente improcedente, porque dicha previsión permite al juzgador apreciar todas aquellas promociones o pedimentos que realicen las partes en el juicio. Así las cosas, el juez civil declaró infundado el recurso de revocación; y, por ende, confirmó el auto impugnado, al tenor de los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente recurso. SEGUNDO. Resultó infundado el Recurso de Revocación interpuesto por los Licenciados Ever Alonso Moreno Mondragón y Jesús Cano Hernández, en cuanto apoderados jurídicos de la parte demandada Rubén Álvarez Benitez, en contra del auto de fecha 29 veintinueve de junio de 2021. (sic) TERCERO. En consecuencia, se deja subsistente el auto recurrido en todos sus términos. CUARTO. No se hace especial condena en las cosas del recurso. QUINTO. NOTIFÍQUESE.". La anterior resolución constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, toda vez que las partes no invocaron alguna causal de inejercitabilidad, ni se advierte su actualización de oficio, lo que se impone es proseguir con el análisis de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.". Además, se invoca la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. A manera de preámbulo debe precisarse que en esta instancia constitucional no opera la suplencia de la queja que solicita la peticionaria de derechos fundamentales, ya que no se surte alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Máxime que en el juicio de origen no se advierte que se haya actualizado alguna afectación que la haya dejado sin defensa y sin que sus circunstancias particulares -vrg. ser adulta mayor- sean suficientes para considerar una desventaja social que amerite la aplicación del citado beneficio en este juicio. Más aún que no existe evidencia de que la quejosa se ubique en un estado de vulnerabilidad económica; incluso, porque durante todo el juicio natural y la fase de ejecución ha estado debidamente asesorada legalmente por un profesionista. Tampoco es motivo suficiente que la quejosa apele a la trascendencia de la tutela de la judicial efectiva, para obtener la restitución de sus derechos que estima vulnerados, pues el examen de regularidad constitucional dependerá de los conceptos de violación hechos valer, los que serán estudiados bajo el estricto derecho. Precisado lo anterior, en su demanda de amparo la justiciable toralmente argumenta la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado al estimar que lo expuesto por el juez responsable para resolver confirmar el auto recurrido, en lo tocante a la prestación del "pago de frutos civiles y/o reparación de los daños y perjuicios", se refiere a hechos y circunstancias que en su momento dieron lugar a la demanda de origen, no así a su pretensión incidental. Es así porque, dice, el pago de la primera prestación tiene su origen en la imposibilidad de disponer plenamente de su propiedad -virtud de la existencia de un acceso de paso-, desde el momento en que ésta se adquirió, hasta la presentación de la demanda; mientras que la acción incidental deducida se refiere al pago de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la condena, desde que feneció el término de 45 días para que la demandada diera cumplimiento voluntario al fallo, hasta la presentación del incidente. De manera que, en su opinión, se tratan de hechos diferentes y el juez responsable los confunde para resolver confirmar el auto recurrido, pues si bien en el primer caso la improcedencia de la acción reclamada en la demanda ya es cosa juzgada, en el segundo, la responsabilidad de daños y perjuicios nace a partir de la conducta omisiva y contumaz del demandado frente a una resolución jurisdiccional. De ahí que, argumenta, la vía incidental es la adecuada para que pueda obtener la restitución de los daños que se pueden identificar con el monto de una renta que pudiese generar por el uso de la puerta de acceso, durante el periodo posterior al dictado de la sentencia y debido al incumplimiento a dicha determinación judicial. Máxime que, dice, los jueces y tribunales se encuentran obligados a velar por el acceso a la justicia, sin poner trabas en las personas que acudan en resarcimiento de sus derechos legítimamente tutelados, por lo que en todo caso debe aplicarse la interpretación conforme en su beneficio. Dichos planteamientos son ineficaces. Se tiene en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 139/2005, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." en lo que interesa, interpretó lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 Constitucional -que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan- y determinó que la fundamentación y motivación consiste en que, en todas las resoluciones materialmente jurisdiccionales o cualquier tipo de acto de autoridad, deben expresarse las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales debían ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Por tanto, la Sala concluyó que la fundamentación y motivación de una resolución materialmente jurisdiccional o cualquier acto de autoridad se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, donde se citen los preceptos jurídicos que permitían su emisión, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para dictar la resolución respectiva, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Adicionado a lo anterior, el más Alto Tribunal también ha considerado que tratándose de la fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales, se cumple con el requisito si los razonamientos expuestos involucran o conducen a las normas aplicadas, al margen de que éstas se citen expresamente. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa.". Luego, los artículos 574, 575 y 576 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen lo siguiente: "Artículo 574. Las sentencias deben ser claras, precisas, absteniéndose los sentenciadores de insertar doctrinas en los fallos; condenando o absolviendo al demandado, haciendo la declaración que corresponda y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con la debida separación, el pronunciamiento que a cada uno de ellos corresponda. Artículo 575. La sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio. Si se hubieren opuesto excepciones dilatorias y perentorias, se ocupará primeramente de aquéllas, y en el caso de que alguna o todas fueren procedentes, ya no se ocupará de las perentorias y dejará al actor sus derechos a salvo para que los deduzca en la vía y forma que corresponda, siendo válidas las pruebas rendidas por las partes, sin perjuicio de la calificación que de ellas se haga, si llegare a iniciarse el nuevo juicio. Si se declararen improcedentes las excepciones dilatorias, la sentencia se ocupará de las perentorias. Artículo 576. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, no siendo éstos el objeto principal de juicio, se fijará su importe en cantidad líquida o, por lo menos, se establecerán las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, la que deberá ajustarse a lo dispuesto por los artículos 475 y 476 de éste Código, en los casos en que ello fuere posible. Sólo en el caso de no ser posible fijar una cuantificación por no haberse determinado su monto al demandar, sino reclamados de manera genérica y demostrado el derecho a percibirlos, se reservará su cuantificación para la etapa de liquidación de sentencia. De haber sido el objeto principal del juicio y exigido su pago en cantidad líquida, pero no habiéndose acreditado el derecho a percibirlos ni su monto, el obligado será absuelto de la reclamación correspondiente.". De lo anterior se obtiene que las sentencias solo se ocuparan de las acciones y excepciones opuestas, condenando o absolviendo al demandado, haciendo la declaración que corresponda y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Esto atiende a la autocomposición procesal a la que se someten las partes litigantes, a fin de que sea el juzgador quien decida lo que en derecho corresponda conforme a las pretensiones hechas valer. Lo que desde luego quiere decir también que el fallo firme, en cuanto culmine del proceso, solo vincula a las partes en lo que fue materia de la condena. Luego, puede ocurrir que en la sentencia no sea posible fijar la cantidad líquida que corresponda a frutos, intereses, daños o perjuicios; caso en el cual, se reserva la cuantificación correspondiente a un incidente de liquidación en el que, previo a escuchar a las partes y, en su caso, ofrecer pruebas, se fijará la cantidad neta de la prestación condenada. Finalmentelos artículos 860 y 861 de la citada codificación prevén lo siguiente: "Artículo 860. Todas las cuestiones incidentales relacionadas con un litigio o con cualquiera diligencia de otro orden, que surjan durante su tramitación, se substanciarán por cuerda separada y conforme a las reglas de este capítulo, salvo los casos en que este Código disponga expresamente lo contrario. Artículo 861. Cuando fueren enteramente ajenas al negocio principal, el Juez deberá repelerla de oficio; quedando a salvo al que las hubiere promovido, el derecho de solicitar en otra forma legal lo que con esas cuestiones pretendía.". De lo que se colige que dentro del juicio podrán acaecer cuestiones ajenas, pero relacionadas con la contienda que, en su caso, podrán ser resueltas por el juzgador de plano o mediante un procedimiento específico, respetando el derecho de contradicción entre las partes. Aquellas cuestiones podrán presentarse dentro del juicio, o bien, después de dictada la sentencia y, prueba de ello, es el incidente de liquidación de sentencia previamente comentado, no siendo ésta la única cuestión que podrá presentarse, toda vez que ello depende del caso concreto y las pretensiones deducidas que tengan relación con el litigio. Sin embargo, ello no quiere decir que las partes puedan accionar en la vía incidental cualquier cuestión, pues ello dependerá de la vinculación y trascendencia que tenga con la controversia -forma o fondo-; de ahí que el juzgador cuenta con la facultad para apreciar lo peticionado y, en su caso, repelerlo de oficio, dejando a salvo los derechos de la parte promovente para que haga valer sus pretensiones en la forma legal que estime pertinente. En el caso, se tiene presente que en el juicio de origen, dentro de la etapa de ejecución, mediante escritos de dieciséis de julio y cinco de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, la aquí quejosa formuló incidente de daños y perjuicios derivado de la "condena genérica por incumplimiento de la sentencia" y/o "condena genérica por incumplimiento de una resolución judicial". Ello bajo el reclamo substancial del pago del menoscabo a su patrimonio y la ganancia licita que pudo haber adquirido como propietaria del inmueble que guarda relación con la litis [daños y perjuicios]. Pues, en opinión de la incidentista, existe responsabilidad civil de la demandada por su incumplimiento de lo condenado, al no poder disponer plenamente de su propiedad, pudiendo generarse pago de rentas por el uso del acceso al inmueble. Luego, mediante autos de cuatro de agosto y nueve de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, el juez responsable reiteró a la promovente que su incidente era inadmisible porque la prestación del pago de frutos civiles y/o reparación de daños y perjuicios, en realidad ya había sido desestimada en la sentencia que resolvió la contienda, máxime que la superioridad ya se había pronunciado sobre la citada prestación y determinó confirmar lo resuelto. En efecto, esta Potestad Federal converge sustancialmente con dicha consideración. Del libelo inicial de demanda se observa que la parte actora, aquí quejosa, reclamó la prestación siguiente: "3) El pago de la cantidad que resulte a juicio de peritos por concepto de los frutos civiles y/o la reparación de los daños y perjuicios y la que se acumule hasta el cese del uso y disfrute de la parte del zaguán de la casa habitación de mi propiedad, originado por la utilidad o beneficio producido día a día por el uso y goce del señor Primitivo Hernández Robles, familiares o terceros, como actos antijurídicos, abusivos, ilícitos y excesivos en mi propiedad, con base en una superficie de 3.35 mts, de ancho por 4.55 mts, de largo, que ha utilizado el reconvendio desde que soy propietaria de la mitad sur de la casa marcada con el número 530 de la calle Revolución del centro histórico de esta ciudad.". Luego, en la última parte del considerando segundo de la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en estudio de esa prestación, el juez civil la estimó improcedente toralmente porque las partes llegaron a un convenio sobre la terminación del convenio, sin que ahí hubieran pactado el pago de esa prestación. De ahí que el natural únicamente estimara procedente la acción de terminación judicial de contrato y el pago de gastos y costas procesales, tal y como se plasmó en su parte resolutiva siguiente: "PRIMERO. Quedó surtida la competencia de este juzgado para conocer y resolver el presente negocio jurídico. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el cuerpo de este fallo, resultó procedente la acción puesta en ejercicio por la actora, por su propio derecho, frente al demandado; en consecuencia. TERCERO. Se declara judicialmente la terminación del convenio de uso de puerta de acceso al inmueble ubicado en el número 530 quinientos treinta, de la calle Revolución, del Sector Revolución, de esta ciudad, correspondiente a la mitad Sur. CUARTO. Se le concede al demandado el término mencionado para los efectos precisados en el considerando relativo; bajo el apercibimiento que de no realizarlo en el término concedido, se hará a su costa. QUINTO. Se condena al demandado al pago de gastos y costas de esta instancia. QUINTO. (sic) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.". Conforme a tales precisiones, bajo el principio de que los considerandos rigieron a los puntos resolutivos (en lo tocante a la absolución expresa ahí contenida sobre el pago de daños y perjuicios), se estima que la sentencia firme absolvió del pago de daños y perjuicios que fueron solicitados por la parte actora, bajo la premisa del pago de una renta por el uso del acceso, de modo que existe una imposibilidad jurídica para que, mediante un incidente de liquidación -de daños y perjuicios-, se cuantifique aquella prestación. Es así tomando en consideración la etapa de ejecución en que se encuentra el controvertido de origen, en la que únicamente pueden hacerse valer en vía incidental cuestiones relacionadas con dicha sentencia, o bien, alguna cuestión procesal que perjudique a las partes pero que tenga relación con la materia de la ejecución. Luego, si en la especie la incidencia formulada se relaciona el pago de un concepto que ya fue objeto de pronunciamiento para absolver por parte del Juez natural; por ende, que no es materia de la condena, en términos del artículo 861 del Código de Procedimientos Civiles; entonces, el juez responsable se encontraba facultado y obligado a repeler lo solicitado. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, debe entenderse que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan agravios al quejoso, cuando éstos no han conducido a la ilegalidad de la resolución reclamada.". Ahora bien, la quejosa insiste en que en realidad su pretensión incidental no corresponde a la inicialmente reclamada en su demanda, sino que se trata de una diversa que nace del incumplimiento de la sentencia. No asiste razón jurídica a ese planteamiento para considerar la admisión de su incidencia. Es así porque si bien la promovente pudiera no haber formulado un incidente de liquidación -que es notoriamente improcedente conforme a lo razonado-, y que su pretensión deducida fuera obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios por el incumplimiento de la sentencia, el juicio natural no es la instancia para hacer valer ese reclamo pues, aunque tiene su génesis en la conducta omisiva del demandado, se trata de una prestación aislada que no puede ser analizada dentro del juicio. Primordialmente porque la litis se encuentra culminada con el dictado de la sentencia firme, sin que, en este momento, puedan introducirse nuevas acciones. No estimarlo así sería ir contra las reglas del debido proceso y si el actor en el natural considera que existe responsabilidad civil del demandado por el incumplimiento del fallo, deberá plantear sus pretensiones en otra vía e instancia. De modo que no se obstaculiza su accionar ante la autoridad jurisdiccional competente. Además, si bien pudiera ser cierto el argumento de la quejosa de que los hechos y circunstancias que motivaron su demanda y su incidente, eventualmente son distintos, esto no abona a que el juez revoque su determinación. Bajo esta tesitura, se reitera la improcedencia del incidente de daños y perjuicios formulado por la aquí quejosa; primero, por no guardar relación con la materia de la condena y su ejecución; y, segundo, porque la pretensión intentada en la vía incidental no es la adecuada dentro del juicio de origen. Finalmente, no se ignora que la peticionaria de derechos fundamentales apela al ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio a fin de obtener una resolución favorable en esta instancia; sin embargo, debe decírse que si bien el artículo 1° Constitucional exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de dicho principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos legales que deben actualizarse en el derecho interno. De ahí que el principio pro persona no implica necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que dicho principio no puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean pretendidas, cuando no tienen sustento en las reglas de derecho aplicables, ni puedan derivarse de éstas. Al tema se invoca la jurisprudencia 56/2014 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la foja 772, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2006485, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". De ahí que lo resuelto por la responsable no trastoque las tesis que se invocan como apoyo de los motivos de disenso. En mérito de lo expuesto, al quedar atendidos los conceptos de violación de la peticionaria de derechos fundamentales y que éstos resultaron ineficaces, entonces, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto y la autoridad que quedaron precisados por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy diez de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.LFSL

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** contra el acto del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; y... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto y la autoridad que quedaron precisados por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy diez de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.- Doy fe.LFSL

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano