Estefany Janet Martínez Cazares y Otros.

Expediente 297/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
297/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Estefany Janet Martínez Cazares y Otros.
  • Estefany Janet Martínez Cazares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Razón de archivo

  2. Incidental

    AUTORIDAD AUXILIAR CUMPLE REQUERIMIENTO. Glósese a los autos el oficio signado por el Director General del Registro Civil, con sede en Guanajuato, Capital, a través del cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído del trece de los corrientes.

  3. Principal

    CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN FORMULADA EN EL AUTO ACLARATORIO. Agréguese a los autos la promoción firmada por la parte quejosa, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en el auto aclaratorio de veinte del mes y año en curso, pues exhibe el documento con el que acredita la personalidad con la que se ostenta. RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD. Se reconoce a Estefany Janet Martínez Cazarez el carácter de representante legal de su menor hija de iniciales X.R.M., pues así lo demuestra con la exhibición de la copia certificada del acta de nacimiento número 04338, expedida por el Oficial del Registro Civil número 10, Barrio de San Miguel, de esta ciudad. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, III, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el libelo constitucional promovido por 297/2021-III, promovido por Estefany Janet Martínez Cazarez por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales X.R.M., contra los actos que reclama de la Jueza de Oralidad Familiar de este Partido Judicial, con sede en León, Guanajuato. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión para ahí acordar respecto de la medida cautelar solicitada. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115, 117 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro de un plazo de quince días rinda su informe con justificación, en el cual exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados. A dicho informe deberá anexar copia certificada completa, legible y cronológicamente ordenada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Se le apercibe de que si no rinde el informe justificado, se presumirá ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad siempre y cuando tales actos no sean en sí mismos violatorios de derechos humanos o de las garantías a las que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. Además se le apercibe de que si no rinde el informe con justificación o lo hace sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. TERCEROS INTERESADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado a: Víctor Fidel Reyes Talamantes, con domicilio en calle Camécuaro número 19, en la colonia La Brisa de esta ciudad; SE ORDENA EMPLAZAMIENTO. Emplácese al referido tercero interesado corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y su anexo y le haga saber la fecha señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Además, requiérasele, para que en el momento de la diligencia de notificación o dentro de un plazo de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde y córrasele traslado con copia simple de la demanda de amparo. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las documentales que la parte amparista anexó a su escrito aclaratrio y se ordena dar cuenta con ellas durante la audiencia constitucional. COTEJO. Hágase el cotejo de las documentales que se presentaron en original y/o copia certificada, con las copias simples de las mismas, a fin de que surtan los efectos legales respectivos en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo.

  4. Incidental

    Notifíquese; hágase personalmente al tercero interesado Víctor Fidel Reyes Talamantes. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Como se ordenó hoy en el cuaderno principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 297/2021-III, promovido por Estefany Janet Martínez Cazarez por su propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales X.R.M., contra los actos que reclama de la Jueza de Oralidad Familiar de este Partido Judicial, con sede en León, Guanajuato. INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138, fracción III y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas rinda su informe previo, en el que deberá expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen y proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Para que la autoridad pueda rendir el informe requerido, se ordena enviarle copia simple del libelo constitucional. Se le apercibe de que si no rinde el informe previo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR LO QUE HACE AL PRIMER ACTO RECLAMADO. Por lo que ve al primer acto reclamado, consistente en la determinación asumida por la jueza responsable en la audiencia preliminar verificada el veintiséis de marzo del año en curso, dentro del juicio 5114/2019-F, en la que ordenó la reanudación de la convivencia entre la menor quejosa y el padre de ésta, reservándose hasta la respuesta que dé el DIF en torno a la disponibilidad, para que la convivencia se lleve a cabo ante dicho centro de convivencia; la suspensión provisional debe negarse, en virtud de lo siguiente: El marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión de los actos reclamados dentro del juicio de amparo se obtiene de lo previsto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con los diversos numerales 128 y 129 de la Ley de Amparo. En las normas reproducidas se recoge la institución de la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo. Dicha suspensión constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, cuyos objetivos son: i) mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la justicia federal, y ii) evitar al promevente del amparo los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Además, en tales disposiciones se precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que se deben reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado. Así, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de los presupuestos jurídicos que en seguida se precisan: a) Solicitud de parte agraviada (lo que permite verificar la existencia del interés suspensional que debe acreditarse cuando menos de forma presuntiva); b) Certeza de los actos reclamados; c) Que la naturaleza o tipo de acto reclamado permita su paralización; d) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; e) Que exista apariencia del buen derecho, es decir, una razonable probabilidad de que el acto reclamado sea inconstitucional, suficiente para descartar una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable (aspecto que deben ponderarse frente a la posible afectación al interés social mencionada en el inciso anterior); y, El otorgamiento de la suspensión requiere la satisfacción de cada uno de los requisitos anotados, por lo que la falta de cualquiera de éstos implica que deba negarse la medida y, por ende, que sea innecesario el estudio de los demás. En la especie, la suspensión debe negarse pues no se cumple con el requisito al que se refiere el inciso d), ya que de concederse la medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría en interés social, por lo siguiente: El interés social y el orden público aludidos no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. Por ende, la decisión que se tome en relación con la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado podría afectar a la menor de iniciales X.R.M., pues de ella dependerá si la convivencia establecida por la autoridad responsable en la audiencia preliminar verificada el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, entre la menor y su padre Víctor Fidel Reyes Talamantes, se llevará a cabo o no. De la interpretación del artículo 4°, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1, 2, 3, 6, 7 y 8 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. Es aplicable al respecto la tesis aislada número P. XLV/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 712, XXVII, Junio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios." Lo anterior evidencia que las normas plasmadas son de orden público y que el principio relativo al interés superior de los menores y el derecho de prioridad en el goce de sus prerrogativas, son cuestiones en las que la sociedad está interesada en que se tutele de manera efectiva al grupo vulnerable que integran los niños, niñas y adolescentes. En esta tesitura, el pronunciamiento respecto a la suspensión en este caso debe realizarse en atención al interés superior de la niña X.R.M., buscando establecer una situación en la que el entorno permita su sano desarrollo y estabilidad psicológica y emocional, incluso en detrimento de los derechos de que pudieran gozar su padre, su madre o cualquier otra persona, pues los de aquélla -la niña- son superiores a los de éstos -el padre, la madre o cualquier otra persona-. En ese contexto, no es procedente conceder la suspensión del acto reclamado, en virtud de que no se cumplen con las exigencias previstas en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de concederse se afectaría el interés superior de la menor, violándose de esa forma las disposiciones de orden público y el interés social. Se afirma que de concederse la suspensión se afectaría el interés de la menor, pues si en la resolución reclamada se determinó un régimen provisional de convivencia entre la menor quejosa y su padre, con la supervisión del Centro de Convivencias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con la reserva de determinar la forma hasta en tanto el DIF informe sobre la disponibilidad en su centro de convivencias; con ello se garantiza la prerrogativa que tiene la niña de convivir con su progenitor, derecho que deriva del ordinal 9º, párrafo tercero, de la Convención sobre los Derechos del Niño y los numerales 22 y 23 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Además, atendiendo a que la obligación de observar el principio relativo al interés superior de la niña debe ser cumplida por cualquier autoridad, en principio, debe partirse de la presunción de que la determinación reclamada se generó al amparo del tal principio rector; aunado a ello, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y del análisis de las documentales que anexa la parte impetrante a ésta, no se advierte que la menor corra peligro con el hecho de convivir con su papá con la modalidad previamente establecida, pues no se ordenó que la tuviera bajo su custodia y tampoco se evidencia la existencia de algún tipo de abuso físico o emocional que el padre haya ejercido en perjuicio de su menor hija. Corolario de lo expuesto, no se cumplen en el presente caso los requisitos que establece el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión del acto reclamado, por lo que dicha medida cautelar se niega. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR LO QUE HACE AL SEGUNDO ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en lo tocante al segundo acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la negativa de la jueza señalada como responsable de girar el oficio de actualización a la fuente de trabajo del demandado Víctor Fidel Reyes Talamantes, también debe negarse la suspensión solicitada. Ello obedece a que en este supuesto, no se cumple con el requisito al que se refiere el inciso c), ya que la naturaleza del acto que se tilda de inconstitucional no permite su paralización; ya que se trata de un acto de carácter negativo, dado que a través de esa decisión no se acordó de conformidad esa petición. Ahora bien, la naturaleza omisiva, negativa, positiva o declarativa de los actos no es el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, pues ello dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Aquí es donde entra en juego dicha naturaleza omisiva, condicionando no la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." En el caso, la medida suspensional solicitada debe negarse en tanto que de otorgarla, se dejaría sin materia el juicio de amparo. Ello es así, pues los efectos restitutorios que se pretenden sobre el acto reclamado -negativo- coinciden plenamente con la materia de fondo, lo que agotaría su objeto de concederse. En consecuencia, se niega la suspensión provisional, también por lo que hace al segundo de los actos reclamados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior, no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben de presentarse por escrito, o bien a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se le requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 11,099 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano