Estefanía Tenorio Lemus
Expediente 97/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 97/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Estefanía Tenorio Lemus
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 7711/2021, por el que se le devolvieron los autos del toca de apelación 455/2019, la causa de juicio oral 321/2018, en dos tomos, la carpeta administrativa 185/2018 y catorce discos versátiles digitales. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa -----------, Agente del Ministerio Público adscrita al Grupo de Litigación, con residencia en Ecatepec de Morelos, no interpuso recurso de queja contra el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. En otro orden de ideas, toda vez que ya no es necesaria la retención de los autos del toca de apelación 455/2019, la causa de juicio oral 321/2018, en dos tomos, la carpeta administrativa 185/2018 y catorce discos versátiles digitales, del índice del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; devuélvanse los mismos a su lugar de origen, debiendo en el plazo de tres días computados legalmente, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, acusar recibo de las constancias que se le devuelven. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Se pone a disposición de la autoridad requerida, el correo electrónico luis.hernandez.ortiz@correo.cjf.gob.mx para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace de su conocimiento el número telefónico del Secretario encargado del asunto, Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo 5553870500, extensión 1385, a quien de ser necesario para la atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. Notifíquese a la quejosa el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26, FRACCION III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRONICA OFICIAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 30/3/2021, QUE DICE:Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de marzo de dos mil veintiuno. VISTA la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, sin que al efecto hiciera manifestación al respecto. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el propio acuerdo y se provee respecto de la demanda de amparo, promovida por ------, Agente del Ministerio Público adscrita al Grupo de Litigación, con residencia en Ecatepec de Morelos, únicamente por propio derecho. En tales circunstancias, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ----------, Agente del Ministerio Público adscrita al Grupo de Litigación, con residencia en Ecatepec de Morelos, por su propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual, quedó registrada con el número 97/2021-IV. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consiste en: La sentencia de veinte de mayo de dos mil veinte, dictada en el toca penal 455/2019 por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que se ordenó la reposición del procedimiento en la causa 321/2018, instruida en contra de Enrique Rodrigo Sánchez Cortes, Andrés Sánchez Cortés y Óscar Iván Garnica Orozco, por el delito de robo con modificativa agravantes (por haberse cometido con violencia, respecto de vehículo automotor), en agravio de --------- y --------. Indicado lo anterior, se considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Los anteriores preceptos aluden a un tema de legitimación en el proceso y en la causa, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de amparo, subsistiendo la existencia de un derecho tutelado o de un interés legítimo (individual o colectivo) del justiciable como objeto directo de protección constitucional. Se precisa, que aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación y representación), gozan de individualidad y, por ello, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: El primero, surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de derechos fundamentales, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho. El segundo se materializa en los restantes casos descritos en el precepto legal en comento, esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, entre otros). Así, la legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se conoce con el nombre de legitimación en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos en el contradictorio y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta y uno, del Tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO." En este sentido, la legitimación es un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, que es de orden público, por lo que su estudio es oficioso y preferente, pues es indispensable determinar si la acción se ejerce por quien legalmente tiene aptitud para hacerlo, de manera que si quien promovió el juicio de amparo no está acreditado para hacerlo, sería ocioso continuar el proceso, o incluso, llegar a conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a quien no puede apersonarse en el mismo. Por otra parte, debe tenerse presente el contenido del artículo 7 de la Ley de Amparo, el que refiere: "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De lo anterior, se desprende que las personas morales oficiales podrán solicitar la protección constitucional por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Ahora bien, las personas morales oficiales son aquellas entidades, instituciones, asociaciones o fundaciones creados por el Estados y reconocidos por la ley que representan intereses colectivos o sociales comunes; es decir, organismos que el derecho considera una sola entidad para que actúe como tal en la vida jurídica; éstos pueden ejercitar todos los derechos necesarios para realizar el objeto de su institución y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a sus estatutos. Expuesto lo anterior, se precisa que el Ministerio Público conforme a los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la institución creada por el Estado encargada de la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, efectuando la consignación que proceda para que se lleven a cabo los juicios necesarios, correspondiéndole entre otras cuestiones, la solicitud de las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos y vigilar que los juicios se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. En términos de lo anterior, resulta claro que la representante social quejosa es una persona moral oficial, carácter que por regla general no tiene legitimación para instar el juicio de amparo, salvo los casos de excepción que la misma ley prevé, es decir, cuando se encuentre en un plano de igualdad en relación con los particulares y cuando se afecten sus derechos patrimoniales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 1106 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Registro: 2007934), cuyo rubro es: "LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO." En el caso, Estefanía Tenorio Lemus, Agente del Ministerio Público adscrita al Grupo de Litigación, con residencia en Ecatepec de Morelos, por su propio derecho, reclama una resolución emitida dentro de un procedimiento penal, en el que el tribunal de alzada ordenó la reposición del procedimiento en la causa 321/2018, instruida en contra de Enrique Rodrigo Sánchez Cortes, Andrés Sánchez Cortés y Óscar Iván Garnica Orozco, por el delito de robo con modificativa agravantes (por haberse cometido con violencia, respecto de vehículo automotor). En ese sentido, si bien la Agente del Ministerio Público quejosa, ciertamente tiene la calidad de parte en el proceso penal generador del acto reclamado; sin embargo, en la especie no se afectan derechos patrimoniales de la institución pública a la que pertenece, porque de lo expuesto en la demanda de amparo, se desprende que únicamente reclamó la reposición del procedimiento de origen y que con ello se violan los derechos de las víctimas. Por lo que, si en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo las personas morales oficiales pueden acudir al juicio de amparo siempre que actúen sin las facultades de autoridad que el marco jurídico les otorga, en casos en que se encuentren en igualdad de condiciones que los particulares y siempre que se trate de afectaciones a sus derechos patrimoniales, en el caso concreto, no se satisfacen esas exigencias en razón de que no se reclaman derechos de esa índole, por lo que es incuestionable que la institución del Ministerio Público no está legitimada para instar el juicio de amparo generador de la determinación reclamada. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia III.1o.P. J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 1318, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, febrero de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO O LA SOCIEDAD EN GENERAL, SALVO LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA. Los párrafos segundo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establecen que para promover el juicio de amparo contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En este sentido, el Ministerio Público adscrito a la Sala responsable carece de legitimación procesal activa para promoverlo por propio derecho contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso penal o contra la sentencia definitiva con el que culmina, pues dichos actos no causan un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo de esa institución, salvo los casos establecidos en la ley de la materia, como aquellos que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; y tampoco puede hacerlo como representante de las víctimas u ofendidos del delito, quienes tienen derecho a promoverlo directamente, ni de la sociedad en general, independientemente de la naturaleza y del bien jurídico tutelado por el delito materia de la sentencia o resolución que pretenda reclamar, porque la acción constitucional de amparo tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos de los gobernados -personas físicas o morales- contra actos de autoridad y, excepcionalmente, de particulares, y cuando representa a la sociedad al ejercer la acción persecutoria con la que inicia el procedimiento penal, el Ministerio Público lo hace precisamente con el carácter de autoridad". En consecuencia, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6°, párrafo primero, y 7, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Estefanía Tenorio Lemus, Agente del Ministerio Público adscrita al Grupo de Litigación, con residencia en Ecatepec de Morelos, por su propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de marzo de dos mil veintiuno. VISTA la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, sin que al efecto hiciera manifestación al respecto. En esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el propio acuerdo y se provee respecto de la demanda de amparo, promovida por ------, Agente del Ministerio Público adscrita al Grupo de Litigación, con residencia en Ecatepec de Morelos, únicamente por propio derecho. En tales circunstancias, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ----------, Agente del Ministerio Público adscrita al Grupo de Litigación, con residencia en Ecatepec de Morelos, por su propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual, quedó registrada con el número 97/2021-IV. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61 en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consiste en: La sentencia de veinte de mayo de dos mil veinte, dictada en el toca penal 455/2019 por el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que se ordenó la reposición del procedimiento en la causa 321/2018, instruida en contra de Enrique Rodrigo Sánchez Cortes, Andrés Sánchez Cortés y Óscar Iván Garnica Orozco, por el delito de robo con modificativa agravantes (por haberse cometido con violencia, respecto de vehículo automotor), en agravio de --------- y --------. Indicado lo anterior, se considera que respecto de la demanda de amparo que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, los cuales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Los anteriores preceptos aluden a un tema de legitimación en el proceso y en la causa, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de amparo, subsistiendo la existencia de un derecho tutelado o de un interés legítimo (individual o colectivo) del justiciable como objeto directo de protección constitucional. Se precisa, que aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación y representación), gozan de individualidad y, por ello, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: El primero, surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de derechos fundamentales, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho. El segundo se materializa en los restantes casos descritos en el precepto legal en comento, esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, entre otros). Así, la legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se conoce con el nombre de legitimación en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos en el contradictorio y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta y uno, del Tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO." En este sentido, la legitimación es un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, que es de orden público, por lo que su estudio es oficioso y preferente, pues es indispensable determinar si la acción se ejerce por quien legalmente tiene aptitud para hacerlo, de manera que si quien promovió el juicio de amparo no está acreditado para hacerlo, sería ocioso continuar el proceso, o incluso, llegar a conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a quien no puede apersonarse en el mismo. Por otra parte, debe tenerse presente el contenido del artículo 7 de la Ley de Amparo, el que refiere: "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De lo anterior, se desprende que las personas morales oficiales podrán solicitar la protección constitucional por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando la norma general, acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Ahora bien, las personas morales oficiales son aquellas entidades, instituciones, asociaciones o fundaciones creados por el Estados y reconocidos por la ley que representan intereses colectivos o sociales comunes; es decir, organismos que el derecho considera una sola entidad para que actúe como tal en la vida jurídica; éstos pueden ejercitar todos los derechos necesarios para realizar el objeto de su institución y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la ley o conforme a sus estatutos. Expuesto lo anterior, se precisa que el Ministerio Público conforme a los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la institución creada por el Estado encargada de la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, efectuando la consignación que proceda para que se lleven a cabo los juicios necesarios, correspondiéndole entre otras cuestiones, la solicitud de las órdenes de aprehensión contra los inculpados, buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos y vigilar que los juicios se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. En términos de lo anterior, resulta claro que la representante social quejosa es una persona moral oficial, carácter que por regla general no tiene legitimación para instar el juicio de amparo, salvo los casos de excepción que la misma ley prevé, es decir, cuando se encuentre en un plano de igualdad en relación con los particulares y cuando se afecten sus derechos patrimoniales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 1106 del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Registro: 2007934), cuyo rubro es: "LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO." En el caso, Estefanía Tenorio Lemus, Agente del Ministerio Público adscrita al Grupo de Litigación, con residencia en Ecatepec de Morelos, por su propio derecho, reclama una resolución emitida dentro de un procedimiento penal, en el que el tribunal de alzada ordenó la reposición del procedimiento en la causa 321/2018, instruida en contra de Enrique Rodrigo Sánchez Cortes, Andrés Sánchez Cortés y Óscar Iván Garnica Orozco, por el delito de robo con modificativa agravantes (por haberse cometido con violencia, respecto de vehículo automotor). En ese sentido, si bien la Agente del Ministerio Público quejosa, ciertamente tiene la calidad de parte en el proceso penal generador del acto reclamado; sin embargo, en la especie no se afectan derechos patrimoniales de la institución pública a la que pertenece, porque de lo expuesto en la demanda de amparo, se desprende que únicamente reclamó la reposición del procedimiento de origen y que con ello se violan los derechos de las víctimas. Por lo que, si en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo las personas morales oficiales pueden acudir al juicio de amparo siempre que actúen sin las facultades de autoridad que el marco jurídico les otorga, en casos en que se encuentren en igualdad de condiciones que los particulares y siempre que se trate de afectaciones a sus derechos patrimoniales, en el caso concreto, no se satisfacen esas exigencias en razón de que no se reclaman derechos de esa índole, por lo que es incuestionable que la institución del Ministerio Público no está legitimada para instar el juicio de amparo generador de la determinación reclamada. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia III.1o.P. J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 1318, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, febrero de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA SALA RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO O LA SOCIEDAD EN GENERAL, SALVO LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA. Los párrafos segundo de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuarto de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, establecen que para promover el juicio de amparo contra actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En este sentido, el Ministerio Público adscrito a la Sala responsable carece de legitimación procesal activa para promoverlo por propio derecho contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del proceso penal o contra la sentencia definitiva con el que culmina, pues dichos actos no causan un agravio personal ni directo a un derecho subjetivo de esa institución, salvo los casos establecidos en la ley de la materia, como aquellos que afecten su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares; y tampoco puede hacerlo como representante de las víctimas u ofendidos del delito, quienes tienen derecho a promoverlo directamente, ni de la sociedad en general, independientemente de la naturaleza y del bien jurídico tutelado por el delito materia de la sentencia o resolución que pretenda reclamar, porque la acción constitucional de amparo tiene por objeto salvaguardar los derechos humanos de los gobernados -personas físicas o morales- contra actos de autoridad y, excepcionalmente, de particulares, y cuando representa a la sociedad al ejercer la acción persecutoria con la que inicia el procedimiento penal, el Ministerio Público lo hace precisamente con el carácter de autoridad". En consecuencia, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6°, párrafo primero, y 7, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Estefanía Tenorio Lemus, Agente del Ministerio Público adscrita al Grupo de Litigación, con residencia en Ecatepec de Morelos, por su propio derecho, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes
- Esteban Monter Espinoza621/2021
- Esteban Ramírez Rueda804/2023
- Esteban Ramírez Rueda917/2022
- Esteban Ríos Regalado1462/2018
- Esteban Sánchez González1151/2018
- Estefania Sandoval Maldonado826/2023
- Estela Jiménez Lorenzo682/2021
- Estela Valadez Santillán1035/2019
- Ester Perea Acuña697/2021
- Esthela Gudiño López1831/2018
- Esthela Gudiño López1673/2018
- Esthela Martínez Iturbide1049/2021