Estefanía Santoyo Salazar

Expediente 470/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
470/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Estefanía Santoyo Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, por el cual remite testimonio de la resolución pronunciada el veinte de mayo de dos mil veintidós en el impedimento 9/2022 de la estadística del citado órgano, cuyos puntos resolutivos establecen: "PRIMERO. Se califica de legal el impedimento planteado por Ma del Carmen Zúñiga Cleto, en su calidad de Jueza Octavo de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Envíense los autos del juicio de amparo indirecto 470/2022-4, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Celaya, para que a su vez, los remita al Juzgado Sexto de Distrito, con sede en esa ciudad." Acúsese recibo a la superioridad por vía electrónica, háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno relativo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso f), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data; el cual deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que resulta innecesaria la retención del tomo de prueba formado con las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado la autoridad responsable Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato (toca 449/2021 en un tomo); por tanto, se ordena su devolución a la citada autoridad. Solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Recepción de oficio y registro. Por recibido el oficio signado por el secretario de Acuerdos del Primer tribunal Colegiado en materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo 207/2022-VII de índice del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato y testimonio de la resolución dictada el treinta y uno de marzo de la presente anualidad, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ".ÚNICO. Es fundado el impedimento formulado por la jueza *****************, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, para resolver el juicio de amparo 207/2022-VII, promovido por Estefanía Santoyo Salazar." En tal virtud, visto el escrito presentado por Estefanía Santoyo Salazar, por su propio derecho, en contra de actos reclamados al director de Impuestos Inmobiliarios y Catastro del municipio de Celaya, Guanajuato; fórmese el expediente físico y digital con el número 470/2022-4. Impedimento. Ahora, de la certificación de cuenta se desprende que la promovente, Estefanía Santoyo Salazar, tiene su base de oficial judicial en éste órgano jurisdiccional, aunado a que tiene un lazo familiar con César Antonio Hernández León, secretario de este juzgado, pues la citada quejosa es esposa del nombrado funcionario; por ende, esta juzgadora federal considera encontrarse impedida para conocer del presente juicio de amparo. Consideración que a continuación se explica: Los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como ministro, magistrado o juez, son un aspecto vinculado con la competencia subjetiva y, consiste en la idoneidad e imparcialidad para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado y que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente están ligados con el Estado, por una relación de empleo o de servicio que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte del orden judicial. Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, cuyo objeto es el deber fundamental del juez u otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio. Los sujetos que asumen la calidad de titulares de los órganos jurisdiccionales son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Por tanto, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha ocupación respecto de una litis determinada, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia. Estas razones contingentes de idoneidad constituyen una forma particular de incapacidad legal de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado, que contienen una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada por dos aspectos: la competencia propia del órgano y la persona del juzgador, esto es, objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designada juez y subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Así, la existencia de algún impedimento hace presumir, razonablemente, que la persona juzgadora no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia un conflicto sometido a su conocimiento, y ante tal circunstancia la Ley de Amparo, establece que quien cuenta con la embestidura de juzgador debe manifestarlo para, consiguientemente, dejar de conocer la causa en donde se motiva. En atención a lo anterior, el artículo 17 Constitucional, segundo párrafo, señala: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" Ordinal del cual se desprende lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y 2. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Por tanto, todo juicio que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que, el fin de la Ley de Amparo, al prescribir en el artículo 51 las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hace inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una resolución justa. En efecto, sobre el tema el citado artículo 51 de la Ley de Amparo: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y, VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." De lo antes transcrito, se puede advertir que de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 del citado ordenamiento legal, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándole así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Ahora, del texto del artículo 51 de la Ley de Amparo, se desprende que basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes; por lo que, atendiendo a lo dispuesto en dicho numeral, a consideración de esta juzgadora, se actualiza una causal que impide conocer del presente asunto, en virtud de que en el caso concreto, como ya se mencionó, la promovente del amparo ******************* tiene su base de oficial judicial en éste órgano jurisdiccional, aunado a que tiene un lazo familiar directo con ***************, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de juzgado en este órgano jurisdiccional a mi cargo, al ser esposos. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis 2a./J. 16/2020, localizable en la página 530, tomo I, marzo de 2020, de la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, del siguiente contenido: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, LA RELACIÓN LABORAL DEL JUEZ DE DISTRITO CON EL QUEJOSO CONSTITUYE UN ELEMENTO OBJETIVO DEL QUE PUEDE DERIVARSE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE LA MATERIA. El referido precepto establece situaciones diversas a las que enumera la propia disposición que constituyen situaciones reales ajenas de subjetivismos que pudieran afectar o poner en riesgo la imparcialidad del juzgador, razones por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo deberán manifestar su impedimento. Ahora bien, por regla general, el riesgo de pérdida de imparcialidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo se actualiza en los casos en los que el Juez de Distrito sostiene una relación laboral con el quejoso por prestar sus servicios en el mismo órgano jurisdiccional de aquél, pues ello constituye una circunstancia suficiente para considerar actualizado un elemento objetivo y razonable que inhibe al operador jurídico de conocer cierto asunto, sin que ello constituya un obstáculo para que los juzgadores rechacen encontrarse impedidos tratándose de aquellos casos en los que el fondo de la controversia planteada no se vincule con el desempeño de las actividades laborales del quejoso." Así mismo, resulta ilustrativa, por las razones que expone, la diversa tesis VIII.2o.C.T.10 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. ES FUNDADO CUANDO SE SUSTENTA EN EL AFECTO QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO HACIA UN SERVIDOR PÚBLICO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL QUE ES TITULAR, QUIEN ES FAMILIAR DIRECTO DEL QUEJOSO, AL CONSTITUIR UN ELEMENTO OBJETIVO QUE PODRÍA DERIVAR EN LA PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD. El artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece un motivo de impedimento para los juzgadores, relativo a situaciones diversas a las contenidas en las fracciones que integran el citado precepto, basada en elementos objetivos que pudieran derivar en la pérdida de imparcialidad. Ahora bien, aun cuando la designación de los funcionarios jurisdiccionales está rodeada de garantías que aseguran la idoneidad del sujeto designado para realizar el encargo judicial encomendado, puede ocurrir que por circunstancias particulares, que revisten situaciones de excepción, aquél no sea la persona más apropiada para juzgar respecto de un determinado asunto, como cuando un Juez de Distrito refiere que debido al afecto que le ha tomado a un servidor público del órgano jurisdiccional del que es titular, con motivo de la relación laboral y profesional, podría afectar su objetividad en el pronunciamiento del fallo en un juicio de amparo, en virtud de que el quejoso es familiar directo de éste, lo que hace procedente declarar fundado el impedimento planteado, máxime que ese proceder tiende a eliminar las suspicacias que pudieran atribuírsele al juzgador federal, pues la función jurisdiccional no debe dar lugar a considerar que existió inclinación respecto de alguna de las partes, que pudiera llevar a pensar que se afectó su imparcialidad." En mérito de lo expuesto, la suscrita estima encontrarse legalmente impedida en términos del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dado que la quejosa tiene su base de oficial judicial en éste órgano jurisdiccional, además, de que existe una relación laboral entre la suscrita y César Antonio Hernández León -secretario de juzgado en el órgano jurisdiccional a mi cargo- quien, se reitera, es familiar directo de la quejosa Estefanía Santoyo Salazar, lo cual pudiera llegar a incidir en la imparcialidad, dado los hechos que giran en torno al acto reclamado. Aunado a lo anterior, debe destacarse que, en el caso, la quejosa combate el cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós y de las constancias allegadas se desprende que quien realizó el pago correspondiente fue ******************, quien, se insiste, funge como secretario de juzgado en el órgano jurisdiccional a mi cargo. Razones por las cuales, se insiste, esta juzgadora se encuentra impedida para conocer de la demanda de amparo, habida cuenta que, de conocer de la misma, podría ocasionar una pérdida de objetividad e imparcialidad en detrimento de los justiciables. Remisión del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito. Por tanto, a fin de mantener la credibilidad y presunción de veracidad en el proceso, en observancia a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, con fundamento en lo establecido en la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase la anterior circunstancia del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en turno y se ordena remitir el original del juicio de amparo en que se actúa, para que resuelva sobre el impedimento planteado. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo, y fórmese cuaderno de antecedentes.

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