Estefania Perez Ramirez

Expediente 1740/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1740/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Estefania Perez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, siete de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual, informa que mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 29/2022 de su índice, se avocó al conocimiento del asunto. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso J) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 10, del Manual referido, toda vez que se trata de asunto concluido con motivo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto, en razón que determinó que le corresponde a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y mediante oficio 47643/2021 del índice de este Juzgado, se remitió físicamente el auto aludido, mismo que fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México el veinticuatro de diciembre pasado, como se corrobora de la constancia de notificación que obra agregada autos; asimismo, se advierte que posteriormente, se remitió vía electrónica el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, misma que mediante oficio OCC/C01/JDAMP/710/2021 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, informó a este Juzgado que el asunto se turnó al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con número de registro 15906/2021 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, y remitió la papeleta de turno para tal efecto. No obstante lo anterior, a la fecha en que se actúa no se tiene conocimiento acerca del número de expediente con el cual se radicó el presente asunto en el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y por ende de la aceptación o no de la competencia declinada por este Juzgado. En consecuencia, con copia de la papeleta de turno, mediante atento oficio que al efecto se gire, solicítese de la manera más atenta al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se sirva informar a este Juzgado de Distrito el número de expediente de su índice bajo el cual quedó radicado el presente asunto así como la aceptación o no de la competencia declinada por este Juzgado mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, a efecto de que este Juzgado se encuentre en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda, seguro de reciprocidad en casos análogos. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos los oficios de cuenta en que la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Coordinadora General de Administración y la Directora General de Recursos Humanos, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, solicitan copia certificada de la ejecutoria de amparo dictada por el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de revisión R.A. 215/2021, a efecto de estar en aptitud de dar debido cumplimiento a la misma; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, de conformidad con el artículo 278 del citado código adjetivo, y con el objeto de no dilatar innecesariamente el presente procedimiento, remítanse a las oficiantes las copias que refieren con el objeto que cumplan en sus términos con la ejecutoria de amparo. No obstante lo anterior, considerando que feneció el plazo otorgado a las referidas autoridades en auto de siete de diciembre del año en curso y toda vez que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, de conformidad con los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia. Con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, y 197, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE de nueva cuenta a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del improrrogable plazo de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, esto es, debe: ? Dar contestación por escrito y con libertad de jurisdicción, a la solicitud planteada por la quejosa, contenida en el escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte. ? Hacer del conocimiento personal del quejoso dicha respuesta. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de dicha Ley, se impondrá a su titular multa por cien unidades de cuenta en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley de la materia, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Directora General de Recursos Humanos, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí mismas, se llevara a cabo el procedimiento descrito en el citado punto 3. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

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