Estefanía Pérez Ramirez
Expediente 431/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/07/2022
Partes del expediente
- Estefanía Pérez Ramirez
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen Campeche, catorce de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 21287/2022, del Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, informa que dicho órgano aceptó la competencia planteada por este juzgado federal para conocer de la demanda de amparo promovida por Estefanía Pérez Ramírez, la cual se radicó bajo el juicio de amparo directo 609/2022-IV. Asimismo, agréguese a los autos el oficio 28206/2022, del Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 84/2022-III (número de orden 100/2022-III), derivado del presente juicio de amparo, toda vez que a la parte quejosa Estefanía Pérez Ramírez, se le notificó el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo respectivo, toda vez que al haberse recibido vía electrónica, este se genera de manera automática. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, remítase este cuaderno de antecedentes al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se emite el presente proveído. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro uno de Juzgado, "de juicios de amparo"; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Finalmente, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Cúmplase.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por Estefanía Pérez Ramírez, radíquese con el número de expediente 431/2022-I, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. INCOMPETENCIA. Del análisis de la demanda de amparo, se desprende que la directa quejosa se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, considera que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer del asunto, pues la quejosa no se encuentra recluida en la demarcación territorial en la que este órgano jurisdiccional ejerce su competencia, es decir, en los Municipios de Candelaria, Palizada o Ciudad del Carmen. En consecuencia, toda vez que únicamente se tiene noticia cierta del lugar donde comenzará a ejecutarse la orden de traslado a saber, en la Ciudad de México, por tanto, quien debe conocer de la demanda de cuenta en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, es un juzgado de distrito que tenga competencia en la Ciudad de México. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece que el juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En tales condiciones, toda vez que la directa quejosa se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, por tanto, lo procedente es remitir la presente demanda de amparo al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, registro digital 2020828, con rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. No obstante que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 48 y 3, último párrafo, de la Ley de amparo, se procede a resolver lo relativo a la suspensión de plano solicitada, aun cuando la demanda de amparo fue presentada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y no obra la firma electrónica de la directa quejosa. Ahora bien, no ha lugar a conceder a la quejosa la suspensión de oficio y de plano solicitada respecto de la orden de traslado reclamada, toda vez que dicho acto no reviste la naturaleza de acto susceptible de ser considerado como acto prohibido por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe destacar, que al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la orden de traslado urgente o excepcional emitida por la autoridad administrativa es un acto que se emite dentro de un procedimiento bajo las reglas establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que cuenta con una tramitación perfectamente definida y que respeta los derechos fundamentales de audiencia y defensa. En dichas determinaciones nuestro Máximo Tribunal se apartó de los criterios contenidos en las jurisprudencias 1ª./J.83/2015 y 1ª./J.88/2016 donde, en lo conducente determinaba que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial, constituía un acto fuera de procedimiento y que en ese supuesto procedía conceder la suspensión de oficio y de plano, lo anterior al señalar que tales criterios derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado y, con base en dichos razonamientos, estableció la necesidad de ajustar los procedimientos contenidos en la citada ley, previo a acudir al amparo indirecto con motivo de una orden de traslado. Luego, resulta improcedente la suspensión de plano por lo que ve al acto reclamado que se hace consistir en la orden de traslado, resultando aplicable la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, registro digital 2023736, con rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." INTEGRACIÓN DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia certificada de la demanda de amparo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, por tanto de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, es necesario notificarle el presente acuerdo de forma personal. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en los numerales 1, 27, 28, 79 a 82 y 101, párrafo primero, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique a la quejosa el presente proveído, debiendo entregarle copia autorizada del mismo. Para la realización de la diligencia, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para dar cumplimiento a la encomienda solicitada. Hecho lo anterior, devuelva por la misma vía las actuaciones que realice, sin que se requiera el acuse de recibo correspondiente, toda vez que el sistema lo genera al momento del envío. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro cuatro: "de comunicaciones oficiales enviadas", así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.
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