Estefanía Pérez Ramírez y Otros.

Expediente 836/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
836/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Estefanía Pérez Ramírez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se aprecia que la notificación a la quejosa ***, se realizó el cuatro de julio de dos mil veintidós, y surtió efectos el cinco siguiente, por lo que, es evidente que los tres días concedidos para que señalara domicilio en esta ciudad, con el fin de oír y recibir notificaciones, transcurrieron del seis al ocho de los corrientes, sin que esto ocurriera. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós y, consecuentemente, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún de carácter personal, se le hagan por lista de estrados en términos de la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta que señale domicilio para tal efecto. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, con el cual, devuelve diligenciada la comunicación oficial 128/2022, orden 298/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar el auto de veintinueve de junio del año en curso a la parte quejosa ***. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Administración Postal Número Dos "Palmas" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, y anexo, por el cual, en cumplimiento al requerimiento de quince de junio actual, remite copia certificada de los acuses de recibo relativo a los comunicados 12791/2022 y 12792/2022, dirigidos a las autoridades responsables 5. Ayuntamiento Constitucional y 6. Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia de veintisiete de mayo del año en curso, en la cual por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, en virtud que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión en su contra. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria en comento, en los términos que enseguida se exponen: "(.)Respecto a los artículos 117 a 133 de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial 151, tercera sección, mediante Decreto número 189, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se precisa que el efecto de la concesión no es para que los citados numerales no se apliquen en lo presente ni en lo futuro a la parte quejosa, toda vez que, como se dijo en el considerando que antecede, dicha legislación fue abrogada; por tanto, el efecto de la protección es para que en lo futuro, si las autoridades aplicadoras de las normas pretenden reiterar un acto privativo con base en ellas, lo hagan respetando las formalidades esenciales del procedimiento. Sirve de apoyo la tesis 2a. CL/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA. CUANDO SE OTORGA EL AMPARO CONTRA UNA LEY QUE NO ESTABLECE ESA GARANTÍA, LAS AUTORIDADES APLICADORAS DEBEN RESPETAR ESE DERECHO FUNDAMENTAL DESARROLLANDO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES LEGALES DIRECTAMENTE APLICABLES." La concesión del amparo se hace extensiva al Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado número 289, el veintidós de marzo de dos mil once, mediante el cual se declara como área natural protegida con la categoría de zona sujeta a conservación ecológica conocida como "Humedales de Montaña María Eugenia", ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (publicación 2878-A-2011-B). Lo anterior, porque dicho decreto se apoya en los artículos declarados inconstitucionales, en la medida en que prevén el marco normativo del procedimiento de declaratoria de área natural protegida del Estado. El efecto de la concesión contra el decreto reclamado no es para que se deje insubsistente, pues se estaría extendiendo la protección a todos los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados dentro de la superficie total de 115-21-30 hectáreas (ciento quince hectáreas, veintiún áreas y treinta centiáreas), lo que no es posible atento al principio de relatividad de los efectos de las sentencias que rige en el juicio de amparo, sino que la protección solicitada únicamente es para que el decreto de referencia no se aplique a la parte quejosa en lo presente ni en lo futuro. Las autoridades encargadas de las inscripciones registrales del decreto deberán hacer las anotaciones correspondientes sobre su no aplicación en perjuicio de la parte quejosa, lo que también deberán considerar las demás autoridades ejecutoras en cuanto a los restantes actos inherentes a su cumplimentación. (.)" Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo anterior sin causa justificada, en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una multa por el equivalente a la suma de Cien Unidades de Medida y Actualización, acorde a la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que por razón de la materia corresponda, para continuar con el trámite de inejecución. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese.

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