Estefanía Hernández Hernández
Expediente 244/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Estefanía Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
... Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, donde se desechó la demanda de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. ...se declara que causó estado el referido acuerdo. Archivo. Con fundamento en artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Relevancia documental. ... Destino Al haberse desechado la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, este expediente es susceptible de destrucción...
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE CATORCE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintidós. Autoridad cumple requerimiento. Agréguense los oficios del Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través de los cuales, remite copia certificada autorizada de las constancias con las que acredita haber dado cumplimiento al fallo protector. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso c) y 196, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con copia de las constancias allegadas por la autoridad oficiante, para que, en el término de tres días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga; en el entendido que transcurrido tal plazo, esta autoridad se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia con base en las constancias que obran en autos. Con motivo de lo anterior, el funcionario que corresponda practicar las notificaciones del presente proveído, deberá levantar la razón correspondiente en la que detallará que hizo entrega de las copias relativas del cumplimiento, ello a efecto de que este órgano jurisdiccional tenga plena certeza de que se impusieron de su contenido. En la inteligencia de que si la notificación se realiza por lista de acuerdos, el actuario deberá señalar que se dejan a disposición las copias relativas al cumplimiento en este órgano jurisdiccional....
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Estefanía Hernández Hernández, por propio derecho, contra actos de la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 244/2022/IV-A. Acto reclamado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala medularmente como acto reclamado la rescisión y/o remoción para continuar laborando como servidor público dentro del organismo denominado Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, emitida en el oficio SESEAVER/ST/85/2022 de veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Desechamiento. Ahora, el artículo 1131 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito, considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 612, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I3, y 54, fracción II, de la Ley de Amparo, y 1035, fracción I, de la Constitución Federal. La fracción XXIII del artículo 61 en cita, establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 en comento, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo en comento no es limitativo sino enunciativo. Así, de la interpretación conjunta de los citados preceptos, se infiere que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional es improcedente. Lo cual supone establecer una definición de lo que debe entenderse como autoridad para los efectos del juicio constitucional. Actualmente autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro. Para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente el carácter de gobernado y los entes señalados como autoridades actúen en un plano superior. Lo anterior pone de manifiesto que, para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra un acto de autoridad o "equivalente", conforme a lo preceptuado en el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia. Así, para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS"; es autoridad aquella que de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado. Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Visto lo anterior, este órgano de control constitucional estima que el acto aquí reclamado no se considera como de aquéllos en contra de los cuales proceda la acción constitucional, ya que el juicio de amparo indirecto, tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, y en el presente asunto, la promovente manifiesta que laboraba para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, con sede en esta ciudad y se le comunicó a través del oficio SESEAVER/ST/85/2022 de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, su rescisión y/o remoción para continuar laborando como servidora pública dentro del citado organismo. Así, el acto que reclama la quejosa relativo a su rescisión y/o remoción para continuar laborando en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, de ninguna manera configura el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo; pues sólo se afectan derechos que pudieran corresponder a la promovente y que pudieran incidir directamente en el ámbito laboral, porque derivan de la relación de trabajo que existía entre la quejosa y su patrón (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz). Bajo ese contexto, es dable señalar que la demanda de amparo presentada contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado se trata de persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, pero también es una persona moral oficial de derecho privado y en el caso, la autoridad responsable en términos de la ley que la rige tiene como objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los Entes Públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política estatal en la materia; empero, para alcanzar tal objetivo, tiene que entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación, como sucede en el caso. Lo anterior es así, pues en términos del artículo 27 último párrafo6, de la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave, las relaciones de trabajo entre la Secretaría Ejecutiva y sus Trabajadores se regirá por la Ley Estatal del Servicio Civil, y en el caso, está claro que Estefanía Hernández Hernández, fue contratada por la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Veracruz, con sede en esta ciudad, para desempeñar el cargo de Especialista Especializado en la Oficina de Legislación y Consulta, de ahí que el oficio que ahora combate a través del cual le comunicó su remoción en el cargo, se trata de un acto surgido con motivo de la relación de trabajo imperante entre ella y la ahora autoridad responsable. Lo anterior, ya que los actos reclamados no derivan del ejercicio público que la ley le confiere a esa dependencia, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de patrón; y por tanto, si la violación de derechos fundamentales no se produce contra un gobernado ni se trata de la afectación de los intereses patrimoniales de una persona oficial, entonces el juicio de garantías que se intenta es improcedente. Es por ello que, se considera que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que surgió en razón del vínculo de naturaleza laboral existente entre la aquí quejosa y la autoridad responsable en su actuar como patrón en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio, por lo que la rescisión y/o remoción de su cargo para continuar laborando como servidor público en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, fue emitido en su carácter de patrón frente a uno de sus trabajadores. Por lo que, no es un acto susceptible de controvertirse en sede constitucional como lo pretende la quejosa, ya que en todo caso podría impugnarlo ante la autoridad laboral competente. En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 617, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I8, y 59, fracción II, de la Ley de Amparo, y 10310, fracción I, de la Constitución Federal. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Leonardo Castillo Ramírez, en virtud de que de la certificación secretarial, se conoce que cuenta con cédula profesional; en tanto que Ulises Ronzón Ramírez, Ángela Ramírez Ceballos y Leonardo Bozz Castillo Peralta, únicamente quedan autorizados para recibir notificaciones, en virtud de que no cuentan con cédula profesional. Consulta de expediente electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario leokastillo7, no es válido; por tanto, no se autoriza el acceso de la parte promovente al expediente electrónico. Medios de contacto. Conforme al Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medios de contacto de la parte promovente, los números telefónicos y el correo electrónico que proporciona, únicamente para que los actuarios judiciales tengan comunicación y se les facilite realizar las notificaciones en este juicio. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Objeción a la publicación de datos personales en las listas de notificaciones (física y electrónica). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación...
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