Estefani Avalos Arias

Expediente 1170/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1170/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Estefani Avalos Arias
  • Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Alejandra Álvarez Calderón, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1170/2022, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido la Secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las pruebas documentales ofrecidas por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por razón de su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que las partes no los formularon. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho y en representación de su menores hijos de iniciales ********************. y ********************., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 14, 16 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8.1, 17.4, 19, 24, 25.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Segundo. Trámite del juicio. En auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Posteriormente, en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se reconoció carácter de parte tercera interesada a ********************, por ser la parte actora dentro del juicio ordinario familiar de origen, por lo que con fundamento en los artículos 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. De igual manera, en el propio auto y en atención al acto reclamado, así como las constancias de autos, se requirió a la peticionaria del amparo para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, mismo que practicó el emplazamiento que impugna la quejosa. Proveído que, previo citatorio, le fue notificado mediante lista publicada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, sin que hubiere realizado manifestación alguna al respecto, dentro del plazo que le fue concedido para ello. Atento lo anterior, mediante auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento decretado el nueve de noviembre anterior y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo únicamente por la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda. Seguido el procedimiento respectivo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se verificó en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y las constancias que obran en el juicio, se advierte que ********************, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************. y ********************., reclama: La falta de llamado al juicio ordinario oral familiar ********************, que sobre divorcio sin expresión de causa promovió ******************** contra la quejosa ********************; y, Como consecuencia de su falta de llamado, todo lo actuado en dicho juicio ordinario oral familiar. Actos que reclamó de la autoridad: Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Tercera. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable como complemento a su informe justificado, consistentes en testimonio autorizado de las constancias que integran el juicio ordinario familiar ********************. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen calidad de documentos públicos y merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Al respecto, -de oficio- este órgano de control constitucional advierte que en la especie se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Las porciones normativas citadas disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]". La interpretación invertida de lo establecido en la porción normativa del segundo de los numerales transcrito, en relación con el contenido de la diversa del que se reprodujo en primer lugar, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso deje de anotar en su demanda alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, como es el relativo al señalamiento de autoridades responsables o entes de quienes proviene el acto que le perjudica al particular, así como a los titulares de los órganos del Estado a quienes competa la promulgación de una norma cuando en el juicio de amparo se pretenda impugnar la inconstitucionalidad de una ley. La finalidad de lo anterior radica en que se considere que en el juicio de amparo, como todo tipo de procedimiento jurisdiccional, debe respetarse el derecho de audiencia y defensa de quienes formen parte en el desarrollo del mismo, esto es, que si el peticionario de amparo decide someter al análisis de constitucionalidad un acto emitido por una autoridad, resulta necesario que a ésta se le tenga como parte de la relación procesal del juicio de amparo, ello, a efecto de que tenga oportunidad de defender la constitucionalidad del acto a cuyo estudio se avocará el juzgador. El alcance jurídico de la porción normativa a que alude la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, no sólo se restringe a lo explicado en los párrafos precedentes, sino que encuentra también su operatividad en el establecimiento de un equilibrio procesal entre las partes que integran el proceso constitucional. En ese sentido debe destacarse que cuando del análisis integral al escrito de demanda, el órgano de control constitucional advierta la existencia de una autoridad no señalada por el justiciable de manera destacada, habrá de prevenir al quejoso a efecto de que la regularice, tal y como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 30/96, registro digital 200588, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA". De igual forma, es necesario puntualizar que el referido órgano de control constitucional ha sustentado el mismo criterio pero en el caso en que la participación de una autoridad se advierta del contenido del informe que rinda una diversa o de las constancias que al efecto ésta allegue a la sede constitucional, como se encuentra establecido en la jurisprudencia 112/2003, registro digital 182617, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA". Es tan contundente en el juicio de amparo la regla procesal precisada en párrafo precedente, que uno de los supuestos en que opera la ampliación de demanda es cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre una diversa autoridad de la inicialmente señalada como responsable, tal y como así se lee en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En la especie, como se dejó anotado en el resultando segundo de esta sentencia, este juzgador al analizar los actos reclamados y las constancias allegadas por la autoridad responsable, advirtió la participación de la Actuaria del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, que llevó a cabo el emplazamiento y llamado al juicio ordinario familiar ********************. Por tanto, en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, requirió a la peticionaria del amparo para que dentro del término de quince días, contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho auto, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, misma que llevó a cabo el emplazamiento de fecha veinticuatro de junio de dos mil veintidós, ordenado dentro del juicio ordinario familiar ********************, para llamarla al citado contradictorio. Proveído que, previo citatorio, fue notificado a la quejosa mediante lista publicada en los estrados de este juzgado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, sin que hubiere realizado manifestación alguna al respecto, dentro del plazo concedido para ese efecto. Atento lo anterior, mediante auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional hizo efectivo el apercibimiento decretado el nueve de noviembre anterior y se ordenó continuar con el trámite del presente juicio de amparo únicamente por la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda. En el entendido que, en la especie resultaba necesario que se llamara como responsable a la Actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, quien según se desprende de las constancias que obran en el juicio, fue quien practicó la notificación de llamamiento de la quejosa al juicio ordinario familiar ********************. De ahí que la quejosa debió señalar al menos a la referida Actuaria como responsable, ya que se duele de la falta de llamamiento y emplazamiento al juicio familiar de que se trata, toda vez que dicha funcionaria pública está obligada a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; y por ende es la directamente encargada de defender la legalidad de su actuación, al conocer los pormenores de la misma. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 29/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/92, registro digital 205423, del epígrafe y texto: "ACTUARIO, HIPOTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno". En este orden de ideas, debe tomarse nuevamente en consideración la interpretación en sentido contrario de la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, que pone de manifiesto que para la debida integración de la relación procesal en el juicio de amparo, y en concordancia al respeto del derecho de audiencia y defensa previa, no es posible que en el juicio de amparo pueda ser analizada la constitucionalidad del acto reclamado si no fue parte del mismo la autoridad responsable que en él intervino, en este caso, la Actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así quedó demostrado con las constancias que obran en autos. Así, debe entenderse que si la quejosa no cumplió con el requisito señalado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, emerge el supuesto de improcedencia aludido, que conlleva el obstáculo procesal de que no se puede atender la litis constitucional efectivamente planteada sin menoscabar el derecho de audiencia y defensa que le resulta a la autoridad responsable por la que dicho acto subsiste pero que no formó parte del desarrollo procesal de este juicio, de ahí la improcedencia de mérito; tomando en consideración además que la razón por la que una de las partes, esto es, la autoridad responsable, no fue llamada a juicio, reside en la voluntad tácita de la justiciable que así lo decidió, como ha quedado demostrado en autos del presente expediente. Apoya lo anterior la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 194684, de rubro y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Así como la jurisprudencia VI.2o. J/205, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 208065, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio en relación con el acto consistente en la falta de llamamiento y emplazamiento al juicio ordinario familiar ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y en consecuencia, también respecto de todo lo actuado por las autoridades responsables en dicho juicio. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que sea necesario estudiar la diversa causal de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable al rendir su informe justificado, pues fundada o no, en nada cambia lo antes resuelto. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho y en representación de su menores hijos de iniciales ********************. y ********************., en términos de lo expuesto en la consideración cuarta de la presente resolución. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de noviembre del presente año, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto de señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto en dicho auto y con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se ordena continuar el presente juicio únicamente por las autoridades y actos señalados en la demanda inicial de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista las certificaciones que anteceden, se advierte que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la adscripción del Juez José Ramón Rocha González, como titular de este juzgado, en sustitución del ahora Magistrado Armando Díaz López, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Por lo tanto, se ordena hacer del conocimiento de las partes dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, visible en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO1." Por otra parte, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la parte quejosa, como lo establece el artículo 114 de la Ley de Amparo, con el fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. En consecuencia, para dar lugar a todo lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para su verificativo las once horas con diez minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito firmado por el tercero interesado ******************** y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose en el presente juicio de amparo. De igual forma, se tiene señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizada para tal efecto únicamente a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promueva con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Asimismo, señala como medio de notificación el correo electrónico itfemo@gmail.com y el número telefónico ********************. Por otra parte, agréguese el oficio signado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, mediante el cual hace la aclaración consistente que en su informe justificado señaló que el juicio de origen es ********************, siendo lo correcto con el número de expediente ******************** de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de juez en términos de los artículos 43 y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular contenida en oficio CCJ/ST/5322/2022 de la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y conforme al artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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