Esteban Vázquez Ramos

Expediente 327/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
327/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Esteban Vázquez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de diciembre de dos mil veintidós. Del estado procesal de los autos se advierte que no se ha notificado a la autoridad en su carácter de tercero interesado Fiscal Sexto de la Unidad Integral de procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Isla, Veracruz, la sentencia dictada en autos. En tales condiciones y con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el efecto de notificar mediante oficio a la autoridad Fiscal Sexto de la Unidad Integral de procuración de Justicia del XIX Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Isla, Veracruz, el contenido de la sentencia dictada el dieciséis de noviembre del presente año, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    La presente sentencia se notifica a la parte quejosa y tercero interesada por lista de acuerdos como esta ordenado en autos, misma que dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 327/2022 promovido por Esteban Vázquez Ramos. RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el veintiocho de marzo siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2-9). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de marzo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; requerir a la autoridad responsable su informe justificado y, reservar el emplazamiento del tercero interesado hasta que se conociera su identidad (fojas 10-14). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 23-24). El ocho de junio del mismo año, se acordó: emplazar al presente juicio al tercero interesado (fojas 62-63) lo que se realizó personalmente el veintinueve de junio siguiente (foja 141). Integrado que estuvo el asunto, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional (foja 190) la cual se llevó a cabo en el horario y día fijados (fojas 192-193). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama el auto de vinculación a proceso emitido contra el quejoso, susceptible de afectar su derecho fundamental de la libertad personal, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: El auto de vinculación de seis de marzo de dos mil veintidós, dictado contra el quejoso en el proceso penal 302/2021 por el Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por su participación probable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de homicidio culposo (Determinación que fue notificada personalmente al quejoso el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo -foja 185-). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto atribuido al Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (fojas 23-24). Lo que se corrobora, en razón que dicha autoridad remitió el registro audiovisual compulsado en un disco DVD que contiene la aludida determinación (foja 185) medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En la especie, por una parte, se califican de infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa. Lo que impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." (El subrayado se realiza en esta sentencia) Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: a). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. b). Requisitos de fondo: 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos razonables que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Es así que se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para apreciar con claridad la resolución reclamada, se relatan los siguientes antecedentes de la misma, obtenidos de las documentales y del registro audiovisual en formato DVD enviados por la autoridad responsable, a saber: 1. A las 11:12 del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el juez de control declaró el comienzo de la audiencia inicial y solicitó a los partes su individualización. 11:13:16 se individualizó Isidoro Vázquez Serrano, Fiscal Sexto de la Sub Unidad de Procuración de Justicia en Ciudad Isla, Veracruz. 11:13:33 el imputado Esteban Vázquez Ramos se individualizó y dijo que designaba como su defensora particular, a la licenciada en derecho Liliana Cecilia Pérez Malpica; dijo que ya le habían hecho de su conocimiento sus derechos constitucionales; proporcionó sus datos generales. 11:15:50 el juez pidió a la defensora particular presente manifestar si aceptaba o no el cargo y, en el caso de hacerlo, procediera a individualizarse en consecuencia. 11:16:06 Liliana Cecilia Pérez Malpica aceptó y protestó el cargo conferido, se individualizó y proporcionó el número de su cédula profesional 11522856 que la acredita como licenciada en derecho. 11:16:48 el juez cuestionó a la defensora particular si ya contaba con la totalidad de los registros que integran la carpeta de investigación y si corroboró que coinciden con los que cuenta el fiscal, a lo que la defensora contestó que sí. 11:18:08 ante ello, el juez cuestionó al auxiliar de sala si verificó la existencia de las cédulas profesionales tanto del fiscal como de la defensora particular presentes; a lo que el auxiliar de sala respondió que sí lo hizo a través de la página de internet de la Secretaría de Educación Pública. 11:18:40 luego de que el juez concedió el uso de la voz al fiscal, éste formuló imputación contra el investigado, donde citó los hechos con los cuales, a su criterio, se respalda la misma y respecto del hecho que la ley señala como el delito de homicidio culposo, concluyendo a las 11:26:29. 11:26:31 el juez preguntó al imputado si le habían quedado claros los hechos atribuidos a su persona o si necesitaba alguna aclaración o precisión, pudiendo consultar ello con su abogada. 11:29 el imputado refirió finalmente al juez que le habían quedado claros los hechos atribuidos. 11:29:30 el juez le preguntó al investigado si deseaba declarar, a lo que éste manifestó que no 11:29:40. 11:31:09 previo uso de la voz que se concedió el juez de control, el fiscal inició la solicitud formal de vinculación a proceso del imputado respecto del delito de homicidio calificado, para lo cual citó los hechos y datos de prueba con los cuales, a su criterio, se respalda ésta; concluyendo la exposición de todo ello a las 12:07:05. 12:07:20 el juez preguntó al imputado en qué término deseaba que se resuelva su situación jurídica; 12:08:06 contestando éste que en el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas. 12:08:26 el juez, atendiendo a la decisión del imputado, autorizó la duplicidad del plazo constitucional para resolver su situación jurídica y fijó a partir de las trece horas con trece minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós, para continuar con la audiencia. 2. Llegadas la hora y fecha antes indicadas, ante la inasistencia justificada del imputado, el juez de control señaló las ocho horas con treinta minutos del seis de marzo siguiente, para continuar la audiencia inicial, en razón de que aún no fenecía el plazo constitucional para resolver su situación jurídica. 3. En la audiencia de seis de marzo de dos mil veintidós, a las: 09:06:15 el juez declaró el inicio de la continuación de la audiencia y pidió a las partes presentes se individualizaran. 09:06:23 el fiscal, licenciado Isidoro Vázquez Serrano, se individualizó en la audiencia. 09:06:37 el imputado se individualizó; seguidamente, lo hizo su defensora particular, la licenciada en derecho Liliana Cecilia Pérez Malpica 09:06:40. 09:07 el juez indicó que hasta ese momento no habían sido ofrecidos datos de prueba para desahogarse en esa dilación constitucional, por lo que preguntó a la defensa si tenía la intención de ofrecer alguno; contestando la defensora que no 09:07:11. 09:07:16 el juez concede el uso de la voz a la defensa para que conteste la solicitud de vinculación; a lo que la defensora realizó la contestación respectiva entre las 09:07:38 y las 09:11. 09:11:07 el juez concede el uso de la voz al fiscal en respeto al principio de contradicción; quien contesta lo alegado por la defensora entre las 09:11:15 y las 09:14:23. 09:14:55 el imputado refiere que no desea realizar manifestación alguna. 09:15 el juez de control declara cerrado el debate y, resuelve la situación jurídica del imputado, decretando al final de su exposición, AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO contra aquél, respecto del delito de homicidio culposo -Esta determinación constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-. SUBSUNCIÓN En la especie, se acreditan a cabalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. a) FORMA 1) Que se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Dentro de las constancias que obran en el expediente, se advierte la copia auténtica de la resolución de seis de marzo de dos mil veintidós, en la que el Juez de Control responsable dictó el referido auto de vinculación a proceso (fojas 69-73). Lo que además se constata con la reproducción del disco de la videograbación de la audiencia respectiva ante la mencionada autoridad (foja 185) con lo que también se cumple lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. En relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Federal, 55, 56, de la constitución veracruzana, 133, fracción I, 134, 315, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47, fracción I, 48, fracción I, 50, 161, 186 y 187 fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; tomando en consideración que citó que los hechos motivo de esa causa, sucedieron en la autopista 145-D La Tinaja-Cosoleacaque, kilómetro 118+200 del municipio de Ciudad Isla, Veracruz, donde aquélla ejerce su jurisdicción. Con lo que se satisface dicho requisito. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del imputado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, a partir de las once horas, se desahogó una audiencia donde el imputado eligió que su situación jurídica se resolviera dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas. Luego, en continuación de la audiencia inicial, el seis de marzo siguiente (a partir de las 09:15 horas) el juez responsable determinó vincular a proceso al imputado respecto del hecho que la ley señala como el ilícito de homicidio culposo. Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional prorrogado dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, puesto que luego de que el imputado se presentó en libertad ante la autoridad judicial el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, al haber sido citado, su situación jurídica se resolvió el seis de marzo siguiente, es decir, sin exceder el plazo de ciento cuarenta y cuatro horas elegido por el imputado. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del registro audiovisual (entre las 11:18:40 y las 11:26:29 del veintiocho de febrero de dos mil veintidós) se desprende que en la audiencia inicial el Ministerio Público formuló imputación contra el hoy quejoso por su intervención probable en los hechos determinados por la ley como el delito de homicidio culposo. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción del registro audiovisual se desprende que en la continuación de la audiencia inicial de seis de marzo de dos mil veintidós el imputado decidió guardar silencio en ese acto (09:14:55). 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que el Juez responsable, al dictar contra el ahora quejoso el auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por el artículo 128, en relación con el 20, fracción I, 21, párrafo tercero, 37 y 85, todos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio de Santiago Moreno Guzmán, lo realizó considerando únicamente los hechos expuestos por la fiscalía al momento de solicitar la vinculación a proceso. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que el juez responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público formuló imputación y solicitó su vinculación a proceso contra el aquí quejoso, clasificó jurídicamente los hechos en el delito de homicidio culposo, donde además expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de su comisión, como se aprecia tanto de la videograbación como de su transcripción por escrito. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado, contrario a lo sostenido por el quejoso en sus conceptos de violación, en el sentido de que no se respetaron en su perjuicio las formalidades esenciales del procedimiento, de allí que sean infundados sus motivos de disenso en ese aspecto. b) FONDO 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que el juez de control acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso el Ministerio Público y, con los mismos consideró que se advertían datos que establecían que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por el artículo 128, en relación con el 20, fracción I, 21, párrafo tercero, 37 y 85, todos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz. Lo que realizó considerando los siguientes datos de prueba reseñados por la fiscalía: a). Informe de policía homologado folio 1482805, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, signado por los elementos de la Guardia Nacional Martín Mauricio Mendoza Vidal y Jesús Emanuel Téllez García, en el que se narró la detención en flagrancia de Esteban Vázquez Ramos y Heriberto de Jesús Hernández Gómez, quienes refieren que a las ocho horas con diez minutos del citado día se encontraban realizando servicio de inspección, seguridad y vigilancia, cuando fueron informados por la central de comunicaciones de la subestación Isla, que se había recibido un reporte de accidente del número de emergencia 911, sucedido a la altura de la gasolinera 118 de la pista Isla, Cosamaloapan, por lo que se trasladaron al lugar y al llegar a las ocho horas con treinta minutos se percataron que con dirección a Cosoleacaque, se encontraba estacionado parcialmente sobre el acotamiento, un vehículo color azul, tipo volteo y alrededor de éste se encontraba aproximado de cincuenta personas, así como que más adelante se encontraba estacionado sobre el acotamiento, un vehículo color blanco, tipo caja color blanco, el cual conducía Esteban Vázquez Ramos; asimismo, que las personas que se encontraban en el lugar les manifestaron que eran peregrinos y que el vehículo tipo caja los había golpeado por un costado y en el lugar destinado para la carga se encontraba uno de sus compañeros ya fallecido a consecuencia del accidente, procedimiento al abanderamiento del lugar y solicitando la presencia de la autoridad correspondiente, arribando el perito criminalista Saúl Nain Pérez Jiménez, quien realizó el procesamiento del lugar de los hechos. b). Dictamen técnico de hechos de tránsito terrestre número 170/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, realizado por los citados elementos de la Guardia Nacional Martín Mauricio Mendoza Vidal y Jesús Emanuel Téllez García, en el que concluyeron que el vehículo 1, tipo camión de volteo, marca Internacional, se encontraba estacionado incorrectamente en el acotamiento con dirección a Cosoleacaque, intangente a nivel, vía de dos carriles de circulación, dos para cada sentido, con rayas laterales y longitudinales, centrales discontinuas, delimitadoras de los carriles de circulación con espacios central divisor y acotamiento, existían señalamientos informativos, preventivos y restrictivos de velocidad, máxima de 110 kilómetros por hora, además dicho camión de volteo estaba invadiendo 30 centímetros del carril de circulación derecho, sin abanderamiento, siendo chocado en su costado izquierdo con el costado derecho del vehículo 2, el cual transitaba sobre su carril de circulación y quedó detenido aproximadamente 50 metros delante de donde ocurrió al impacto. c). Entrevista de los elementos de la Guardia Nacional Martín Mauricio Mendoza Vidal y Jesús Emanuel Téllez García, en donde ratificaron el contenido del informe policial homologado y el dictamen de hechos de tránsito terrestre. d). Oficio PM/1731/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, signado por Óscar David Dávila Hernández, elemento de la Policía Ministerial de Isla, Veracruz, quien narró llegar al lugar de los hechos aproximadamente a las nueve horas, donde se percató que se encontraban los vehículos colisionados, los conductores y el cuerpo sin vida de una persona que respondía al nombre de Santiago Moreno Guzmán y de su hermano Sebastián Moreno Guzmán. e). Dictamen de necropsia con folio 4918, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el perito Rafael Benito Méndez Riego, donde se concluye que la causa de la muerte de Santiago Moreno Guzmán, se debió a un traumatismo cerrado de tórax, con lesión en ambos pulmones y shock hipovolémico. f). Entrevista de Sebastián Moreno Guzmán, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, quien refirió ser hermano de la persona fallecida, para lo cual exhibió las actas de nacimiento con folios 619 y 8313. g). Entrevista del testigo presencial Wenceslao Gómez Feliciano, quien refirió que el día de los hechos venía de una peregrinación de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, con destino a Chiapas, donde él era el copiloto del camión tipo volteo en que iban los peregrinos el cual era conducido por Heriberto de Jesús Hernández Gómez, sobre la autopista que va a Cosoleacaque, Veracruz; explica que dicho camión se encontraba estacionado fuera de la carretera sobre el lado derecho, que él se había bajado porque esperaban a un corredor y cuando miraba hacia atrás de la carretera donde venía dicho corredor, se percató que venía un camión color blanco a alta velocidad con rumbo a Cosoleacaque el cual perdió el control y se impactó en el costado derecho trasero de la caja del camión tipo volteo en que viajaban los peregrinos, entre ellos, su hermano Santiago Moreno Guzmán. h). Entrevista del testigo presencial José Ángel Álvaro Gómez, quien expuso que él también iba con la peregrinación procedente de la basílica de la Ciudad de México, a bordo del camión tipo volteo que era conducido por Heriberto de Jesús Hernández Gómez, sobre la autopista que va de La Tinaja a Cosoleacaque, pero cuando se encontraban estacionados fuera de la carretera esperando a un compañero, los impactó un camión color blanco que iba a exceso de velocidad, por la parte de atrás sobre el lado izquierdo, resultando golpeado Santiago Moreno Guzmán, quien iba sentado en la parte de tras del volteo. i). Entrevista del testigo presencial Heriberto de Jesús Hernández Gómez, quien refirió ser el conductor del vehículo tipo camón de volteo color azul, donde llevaba a un grupo de peregrinos provenientes de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México; explica que cuando ya venían de regreso con destino a Chiapas por la autopista con dirección a Cosoleacaque, Veracruz, se estacionó afuera de la carretera sobre la orilla derecha, sin estorbar la circulación, para esperar a un corredor que traía consigo la antorcha, para lo cual traía encendidos los faros y luces intermitentes colocados en las redilas colocados en la parte posterior del volteo y en la cabina. Que en el momento en que se encontraban estacionados en dicho lugar, él se encontraba arriba de la cabina cuando sintió un golpe en la parte de atrás y vio que pasó junto a ellos, a exceso de velocidad, un vehículo tipo camión color blanco con la caja rota, por lo que inmediatamente se bajó y se percató que un peregrino se encontraba lastimado dentro de la caja o góndola, motivo por el cual se volvió a subir al camión para tratar de dar alcance al diverso vehículo, el cual fue detenido minutos después por la Guardia Nacional. j). Entrevista ante el órgano investigador del imputado Esteban Vázquez Ramos, quien asistido por su defensora, expuso que el seis de diciembre de dos mil veintiuno, aproximadamente a las ocho horas, conducía el vehículo tipo camión color blanco, proveniente de la Ciudad de México con destino a Tehuantepec, Oaxaca, circulando aproximadamente a cincuenta kilómetros por hora sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque en el carril de baja velocidad, cuando se percató que sobre el lado derecho, en el acotamiento, iba circulando un vehículo tipo volteo de color azul, el cual al momento en que él iba pasando, no sabe si al conductor de dicho vehículo se le fue el volante o se quiso pasar al carril de alta, lo que originó que el camión de volteo le pegara con la punta trasera del lado izquierdo a la parte de enfrente de la caja del vehículo que él conducía, rasgándose toda la caja del vehículo tipo camión de volteo, mismo que no llevaba señalamientos, intermitentes, luces o banderillas, motivo el cual se detuvo aproximadamente a cincuenta metros adelante para ver qué había pasado, llegando elementos de la Guardia Nacional quienes lo detuvieron a él junto con el chofer del otro vehículo. k). Inspección pericial de vehículos, realizada por el perito Saúl Naim Pérez Jiménez, donde se detallaron los daños sufridos por éstos con motivo de la colisión. l). Dictamen pericial de causalidad realizado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno por la perito criminalista Sandra Ramírez Vázquez, quien concluyó que ambos conductores comparten responsabilidad, en razón que el vehículo que se encontraba estacionado no tenía señalización ni abanderamiento, así como que el conductor Esteban Vázquez Ramos iban manejando sin precaución y a la defensiva, dado que a pesar de que venía de un tramo bueno, recto y con visibilidad, no tuvo precaución y no se anticipó a los errores de los demás, pues no tomó las medidas correctas para no entrar en colisión con el vehículo tipo volteo que se encontraba estacionado sobre el acotamiento derecho. Tales datos de prueba, como lo dijo el juez responsable y, con lo que además comulga este Juzgador Federal, permiten establecer que: aproximadamente a las ocho horas del seis de diciembre de dos mil veintiuno (circunstancia de tiempo) sobre la autopista 145-D La Tinaja-Cosoleacaque, kilómetro 118+200 en el municipio de Ciudad Isla, Veracruz (circunstancia de lugar) el vehículo tipo camión de volteo marca Internacional conducido por Heriberto de Jesús Hernández Gómez, se encontraba estacionado incorrectamente en el acotamiento invadiendo parte del carril de circulación derecho, sin abanderamiento ni señalamiento alguno, al momento en que fue impactado en su costado izquierdo por colisión del diverso vehículo tipo camión color azul que transitaba sobre el carril de circulación, el cual era conducido sin precaución y a la defensiva por Esteban Vázquez Ramos, pues a pesar de que venía sobre un tramo con visibilidad, no se anticipó a los errores de los demás, ni tomó las medidas correctas para no entrar en colisión con el vehículo tipo volteo, ocasionando con ello la muerte de Santiago Moreno Guzmán, quien se encontraba sentado en la parte trasera de la góndola del camión de volteo (circunstancias de modo). También se advierte que, acertadamente, el juez de control responsable explicó que esos hechos tenían la apariencia del delito de homicidio culposo, previsto y sancionado por el artículo 128, en relación con el 20, fracción I, 21, párrafo tercero, 37 y 85, todos del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, pues de los datos de prueba se desprendía que el imputado, como conductor del vehículo tipo camión color azul que venía circulando sobre la carretera 145-D tramo La Tinaja-Cosoleacaque, al no tener la precaución debida, impactó al vehículo tipo camión de volteo conducido por Heriberto de Jesús Hernández Gómez, el cual se encontraba estacionado incorrectamente en el acotamiento, invadiendo parte del carril de circulación derecho, sin abanderamiento ni señalamiento alguno, provocando la muerte de uno de los pasajeros localizado en la caja del volteo de nombre Santiago Moreno Guzmán. Además, se conoció que el citado Santiago Moreno Guzmán, según el dato de prueba consistente en el dictamen de necropsia elaborado por el perito Rafael Benito Méndez Riego, falleció debido a un traumatismo cerrado de tórax, con lesión en ambos pulmones y shock hipovolémico, ocasionados con motivo del accidente vehicular de que se trata. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, el juez de control estableció que los mismos datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, hacen patente la posibilidad o probabilidad de que el imputado, por sí mismo, cometió los hechos que se consideran delictuosos. Conclusión a la que llegó, luego de tomar en consideración el señalamiento directo realizado por el conductor del vehículo tipo volteo de nombre Heriberto de Jesús Hernández Gómez, concatenado con las entrevistas de los testigos presenciales Sebastián Moreno Guzmán, Wenceslao Gómez Feliciano y José Ángel Álvaro Gómez, quienes ubican al imputado como la persona que conducía el vehículo tipo camión que los impactó en la parte trasera del vehículo en que viajaba la persona que perdió la vida a causa del accidente. Material de convicción que se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, existe la probabilidad que el imputado cometió por sí mismo los hechos que la ley considera como el delito de homicidio culposo. Máxime que, como lo refirió el juzgador, el imputado reconoció ante la autoridad ministerial que él era la persona que conducía el vehículo que colisionó en la parte trasera al diverso vehículo que se encontraba indebidamente estacionado en la carretera sobre la que circulaba; compartiendo responsabilidad del accidente los conductores de los referidos vehículos, pues así se concluyó en el dictamen de causalidad que al efecto se rindió. Asimismo, se advierte que acertadamente la autoridad responsable descartó la apreciación de la defensa del imputado en el sentido que el único responsable del accidente en que perdió la vida una persona, lo fue el conductor del vehículo tipo volteo que se encontraba indebidamente estacionado sobre una parte del carril de circulación de la carretera. Ello es así, porque como bien lo refirió la autoridad responsable, se cuenta con el dato de prueba consistente en el dictamen de causalidad elaborado por la perito criminalista Sandra Ramírez Vázquez, quien concluyó que ambos conductores comparten responsabilidad, en razón que, por un lado, el vehículo que se encontraba estacionado no tenía señalización ni abanderamiento y, por otro, el imputado Esteban Vázquez Ramos, como conductor del vehículo que se encontraba en circulación, lo hacía sin precaución y a la defensiva, pues a pesar de que venía de un tramo recto y con visibilidad, no tuvo precaución ni se anticipó a los errores de los demás, al no tomar las medidas correctas para no entrar en colisión con el vehículo tipo volteo. Es decir, concluyó el juzgador, que existe una correspondencia de culpas de ambos conductores. También fue acertado que la autoridad responsable ubicara la participación del imputado en la hipótesis que señala el numeral 37, del Código Penal de la entidad, es decir, como autor material y a título de culpa, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito. No pasa inadvertido que en sus conceptos de violación el quejoso sostiene que existe un acuerdo reparatorio celebrado en la carpeta de investigación entre el hermano de la persona fallecida y el conductor del vehículo tipo volteo Heriberto de Jesús Hernández Gómez, en el cual el primero citado se da por pagado de la reparación del daño. No obstante, del acto reclamado se advierte que el juez responsable acertadamente expuso que la existencia de dicho acuerdo no exime al imputado de la responsabilidad atribuida, máxime que el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su párrafo cuarto, establece que la información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal. Es decir, en el caso concreto, como acertadamente lo advirtió la autoridad responsable, existe un impedimento legal para allegar al proceso judicial la información y los acuerdos allí alcanzados entre el hermano de la persona fallecida y el diverso coinvestigado, pues así lo establece el referido numeral 189. Finalmente, se estima que contrario a lo sostenido por el quejoso, como quedó evidenciado en esta sentencia, la Fiscalía aportó una serie de datos de prueba que constituyen indicios razonables de que el imputado probablemente cometió por sí mismo el ilícito atribuido, sin que resulte necesario que el Ministerio Público demuestre, en esta fase procesal, la plena certeza de que se ha cometido un delito y la plena responsabilidad de aquél, dado que ese ejercicio sólo es exigible para el dictado de una sentencia. Así, en el presente caso, los datos de prueba que la Fiscalía integró a la carpeta de investigación, como bien lo afirmó el juez de control, se estiman suficientes y adecuados para poner en evidencia la probabilidad de que el imputado cometió el delito atribuido, a título de culpa, sin que pueda ser materia de análisis en el juicio de amparo cuestionar la validez. CONCLUSIÓN De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por el quejoso cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso). No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación, en donde en el estándar probatorio es flexible y no rígido. Lo que además encuentra respaldo en la tesis XV.3o.6 P (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la autoridad responsable, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió el Ministerio Público en la audiencia inicial, de los que consideró que se establecía que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y existía la probabilidad de que el imputado lo cometió; aquí sirve de apoyo la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/10 (10a.) de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que, en las relatadas circunstancias, el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenido en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia, como estos alegan a título de conceptos de violación en su demanda de amparo. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20 de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad en el acto reclamado que deba declararse de oficio, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Esteban Vázquez Ramos, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Del estado procesal de autos se advierte que en proveído de nueve de septiembre de la presente anualidad, se señaló audiencia constitucional para el día de hoy; sin embargo, como el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia académica del día dieciocho al veintiuno de octubre de dos mil veintidós, según autorización fue aprobada por oficio número CCJ/ST/4464/2022 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y el suscrito como encargado del despacho no está autorizado para resolver en definitiva, en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva fecha para su verificativo. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma electrónicamente Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, Encargado del Despacho, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puesto que el Titular de este órgano jurisdiccional se encuentra disfrutando de licencia académica del día dieciocho al veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Autorización que fue aprobada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y notificada a este juzgado por oficio número CCJ/ST/4464/2022; ante la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe. Doy fe."2022, año de Ricardo Flores Magón" Oficio Autoridad responsable Acuse En los autos del JUICIO DE AMPARO número III-327/2022, promovido por ESTEBAN VÁZQUEZ RAMOS, el día de hoy se dictó el siguiente acuerdo: Lo que comunico a usted para su conocimiento y debido cumplimiento. A t e n t a m e n t e. Boca del Río, Ver., dieciocho de octubre de dos mil veintidós. El secretario Jorge Lagunes Maitret. (Firma electrónica)

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