Esteban Tapia Urrea y Otros.
Expediente 634/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/07/2019
Partes del expediente
- Esteban Tapia Urrea y Otros.
- Esteban Tapia Urrea
Actuaciones
- Principal
IX...Informe relativo a la suspensión de plano, glósese sin mayor proveído al respecto...
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 46945/2019 con anexos, enviados por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a través del cual remite parcialmente diligenciado el exhorto 361/2018-IX, mismo que se envió a efecto de notificar a los quejosos Esteban Tapia Urrea, Ramón García Bernal, Francisco Noé Martínez, Héctor Manuel Jiménez Maxemin y Orlando Núñez Peña, el proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Dése de baja en la estadística respectiva y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, del contenido de las constancias que se reciben, se advierte que no fue posible notificar al quejoso Héctor Manuel Jiménez Maxemin, el proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, toda vez que una vez situada la actuaria judicial en las instalaciones del Centro Federal Número Dos Occidente, en Puente Grande, Jalisco, el personal de seguridad le informó que el citado quejoso no podía ser presentado en el área de salas, debido a que manifestó que no era su deseo ser trasladado al área de juzgados, negándose a firmar la boleta correspondiente. En tales condiciones, se ordena a la fedataria judicial adscrita a este órgano constitucional, le haga saber al quejoso Héctor Manuel Jiménez Maxemin, el auto de dieciocho de julio del presente año, por medio de lista de acuerdos que se publica en este tribunal, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio número 35283/2019, enviado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a través del cual transcribe el proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, en el que acepta la competencia declinada a su favor por este Juzgado de Distrito, admitiendo a trámite la demanda de garantías relativa al presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Por ello, se advierte que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo en vigor, aplicado a contrario sensu, así como el punto Undécimo, segundo párrafo, del invocado Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena su archivo, el cual, no se considera de relevancia documental, en virtud de que no se cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario. Dado que el presente asunto se encuentra catalogado como cuaderno auxiliar de acuerdo a lo previsto por el punto primero, inciso XX del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y que no existen documentos originales agregados al expediente, con apoyo en lo establecido en el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo general invocado, podrá ser destruido el presente cuaderno a partir del veintisiete de enero de dos mil veinte, previo el cumplimiento de los requisitos que prevé el punto vigésimo cuarto del propio acuerdo general. En virtud de lo antes expuesto, remítanse al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a quien por razón de turno le correspondió conocer del presente asunto, el informe relativo a la suspensión de plano rendidos por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco, previa copia certificada que se deje en autos para constancia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el informe relativo a la suspensión de plano rendido por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con sede en El Salto, Jalisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obren como corresponda. Ahora bien, toda vez que en proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se declinó competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, por estimar que es quien debe conocer del presente asunto, una vez que se tenga conocimiento a qué tribunal le correspondió conocer del mismo, se remitirá el informe relativo a la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable a que se ha hecho mención. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías promovida por Esteban Tapia Urrea, Ramón García Bernal, Francisco Noé Martínez, Héctor Manuel Jiménez Maxemin y Orlando Núñez Peña, contra actos del director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente" con sede en El Salto, Jalisco, y otra autoridad, regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 634/2019-IX, y fórmese expediente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la falta de atención médica, a los quejosos antes mencionados, esto es, las autoridades responsables deberán, en forma inmediata, prestar los servicios requeridos de acuerdo con los artículos 49 y 50 del Reglamento de los Centros Federales, conforme a los cuales se prevé la existencia de un Área de Servicios Médicos encargada de velar por la salud física y mental de la población; ello a fin de preservar su derecho humano a la salud. Las autoridades responsables deberán informar a este órgano de control constitucional dentro del término de veinticuatro horas el cumplimiento que hayan dado a la presente suspensión, apercibidas cada una, que de no dar cumplimiento a lo anterior se harán acreedoras a una multa de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en las hipótesis del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera procedente conceder la suspensión de plano porque se aducen violaciones a derechos humanos y la medida es acorde al principio Pro Hómine. Por tanto, a fin de que las citadas autoridades se impongan del contenido del presente auto, se ordena a la actuaria judicial adscrita a este juzgado para que de inmediato proceda remitirlos vía fax. En otro aspecto, resulta necesario analizar lo relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, se declara incompetente para conocer del presente asunto, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece textualmente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas básicas que determinan la competencia de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza del acto reclamado por los quejosos, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A de la Novena Época, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2001, tomo XIV, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Ahora bien, del estudio del escrito de cuenta, el cual carece por completo de forma en cuanto a los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, se advierte que los promoventes señalan como acto reclamado la falta de atención médica por parte del director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", en El Salto, Jalisco, y otra autoridad de dicho centro penitenciario, lugar en que se encuentran recluidos, debido a que evaden proporcionarle la atención médica que requieren. Por tanto, en concordancia con lo que estipula el primer párrafo del precepto legal invocado, se advierte que la ejecución del acto reclamado, que se hace consistir en la falta de atención médica y de proporcionarles los medicamentos diagnosticados por los expertos, por parte de las responsables del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", en El Salto, Jalisco, tiene ejecución fuera del territorio en el cual ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas. En efecto, el deficiente otorgamiento de atención médica de las responsables tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, esto es, en el lugar en que se encuentran privados de su libertad los quejosos Esteban Tapia Urrea, Ramón García Bernal, Francisco Noé Martínez, Héctor Manuel Jiménez Maxemin y Orlando Núñez Peña (Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", en El Salto, Jalisco), por lo que es obvio que la misma se está llevando a cabo en aquel lugar; en consecuencia, el competente para conocer de la demanda que se provee es un juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con jurisdicción en el lugar de reclusión de los agraviados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial XXIV.2º/J/1, del Semanario Judicial de la Federación, décimo época, visible a página 1982, libro 27, del mes de febrero de dos mil dieciséis, tomo III, que a la letra dice: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado. De igual forma, se cita, la tesis II,2º.P.16 K (10ª), de la Décimo Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2016, tomo III, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión. En ese contexto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este órgano jurisdiccional resulta incompetente para conocer de la controversia que se le plantea, y estima competente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan, pues es dentro de su jurisdicción donde se localiza el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente" en El Salto, Jalisco, en el que se encuentran recluidos los peticionarios de garantías. Sirve de apoyo, por identidad de razón, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." Asimismo, es aplicable el criterio también sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase el presente asunto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan, a fin de que continúe con el trámite del juicio, dada la competencia que se le plantea. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional comisione a quien corresponda para que de inmediato se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en el Municipio de El Salto, Jalisco, a fin de buscar a los agraviados Esteban Tapia Urrea, Ramón García Bernal, Francisco Noé Martínez, Héctor Manuel Jiménez Maxemin y Orlando Núñez Peña y notificarles personalmente este proveído. Se faculta al titular del juzgado que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
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