Esteban Sosa Reyes
Expediente 262/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Esteban Sosa Reyes
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra el proveído emitido el diez de junio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el diecinueve de mayo del año en curso, remitiendo al efecto copia certificada de los ocursos presentados por el justiciable el veintidós de octubre de dos mil veinte y el veintiocho de abril del presente año; acuerdo de veinticuatro de mayo pasado; oficio 896/2021 de la misma data, dirigido al Servicio de Administración Tributaria; cédula de notificación personal de veintiocho de mayo del año en curso, realizada al demandado Felipe Castrejón Ruiz; cita de espera e instructivo de emplazamiento de veinticinco y veintiséis del citado mes y año, realizadas a la moral Inmobiliaria Independientes Unidos, sociedad anónima de capital variable. Ahora bien, de las documentales enviadas por la responsable, este Juzgado de distrito estima que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito acordado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, Esteban Sosa Reyes demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó: ".consiste en la inactividad procesal del juicio o arbitraje respecto al expediente 3/05/1921. Siendo que la autoridad responsable no ha dictado acuerdo o resolución a las dos promociones de fecha 22 de octubre de 2020. Lo que causa una inactividad procesal y contraviene con el debido proceso, la negativa de acceder a la justicia y esta pronta y expedida. Lo que viola artículos constitucionales de derechos humanos." Atento a ello, de las manifestaciones vertidas por el promovente, se tiene que el justiciable reclamó que a través de los escritos recibidos por la autoridad responsable el veintidós de octubre de dos mil veinte, peticionó se librara oficio al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que informara si en sus archivos contaba con domicilio fiscal de la moral Inmobiliaria Independientes Unidos, sociedad anónima de capital variable; y con el segundo de ellos, se emplazara a la citada moral demandada al juicio **********. Ahora, mediante el oficio y anexo que se atiende, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, informa que el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente laboral **********, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; remitiendo al efecto las constancias de emplazamiento de los demandados Felipe Castrejón Ruiz e Inmobiliaria Independientes Unidos, sociedad anónima de capital variable, además de que libró el ocurso 896/2021 al Servicio de Administración Tributaria a efecto de que informe el domicilio de la moral en comento. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. A esas documentales se les reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el veinticuatro de mayo del presente año, se fijaron las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, además de que fueron emplazados los demandados Felipe Castrejón Ruiz y la moral Inmobiliaria Independientes Unidos, sociedad anónima de capital variable; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio, pues al haberse emplazado a la parte demandada en el juicio de origen, y señalarse fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, cesó la omisión que reclamó la quejosa, tal como si se le hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. Sin que sea óbice a lo anterior que no se haya recibido la respuesta respecto a la petición realizada al Servicio de Administración Tributaria, pues a ningún efecto práctico llevaría esperar su contestación, toda vez que se le peticiona informe el domicilio fiscal de la moral Inmobiliaria Independientes Unidos, sociedad anónima de capital variable, la cual, como ya se dijo, fue emplazada al juicio de origen. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con diez minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la Junta responsable a fin de que remita las constancias que le fueron solicitadas a fin de estar en aptitud de resolver el asunto que nos ocupa. A fin de dar margen a lo anterior, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional fijada para el día de hoy; en consecuencia, se difiere y se fijan las diez horas con diez minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno, para su celebración. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.*arc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación de la misma; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Ahora bien, toda vez que del informe que se recibe, se desprende que la autoridad responsable señala que es cierto el acto de que se duele el justiciable, relativo a la omisión de acordar las promociones recibidas el veintidós de octubre de dos mil veinte, bajo los números 16552/2020 y 16553/2020; sin embargo, de la documental que se recibe, se advierte que no se encuentran agregadas dichas constancias. Por tal motivo, se ordena girar oficio al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, envíe las documentales a que se ha hecho alusión en el párrafo precedente, quedando subsistente el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de abril del año que transcurre para en caso de inobservancia. En otra tesitura, de las constancias del expediente laboral de origen **********, se advierte que se integró con la reclamación del aquí quejoso, Esteban Sosa Reyes, contra Inmobiliaria Independientes Unidos, sociedad anónima de capital variable, y otros. Asimismo, de los artículos 5o, fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado, así como que se debe correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. Sin embargo, en virtud de que el quejoso se duele de la omisión de la autoridad responsable de acordar en tiempo y forma las promociones por él presentadas, además de proveer lo conducente para la debida prosecución del asunto, se hace innecesario llamar a la contraparte del justiciable, pues es de interés legal de ambas partes la administración de justicia dentro del juicio de origen. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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