Esteban Siqueff Rosas
Expediente 396/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Esteban Siqueff Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante en este asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República. Por lo cual, de conformidad con el artículo 21 del ordenamiento en cita, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de una revisión de constancias se advierte que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de las constancias conducentes relativas al acto reclamado. Sin embargo, para mejor resolver en el presente asunto, resulta necesario que obren en autos la totalidad de las constancias conducentes que formen parte de la litis. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al FISCAL INVESTIGADOR EN TURNO DE LA FISCALÍA INVESTIGADORA EN TEKAX, YUCATÁN, para que dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación ******************** que se sigue en contra del aquí quejoso ********************. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el citado numeral 260, fracción IV, de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de tres de marzo de esta anualidad se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con lo informado con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las autoridades responsables. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se efectuó, personalmente a la parte quejosa el seis de los corrientes y a la tercera interesada, previo aviso, por lista de estrados el nueve de marzo actual; sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ANTECEDENTES En sentencia dictada el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó, para el efecto de: ". que la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, reponga el juicio extraordinario hipotecario ********************, y deje insubsistentes las diligencias de emplazamiento de la parte quejosa, para que se ordene el legal emplazamiento del demandado. Concesión que se hace extensiva, por accesoriedad, a todas las demás actuaciones, sentencia y los actos de ejecución de ésta, por parte de la juez responsable, actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, Directora y el Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, pues al haberse demostrado la ilegalidad del llamamiento al juicio extraordinario hipotecario de origen, lo son también sus consecuencias legales." Inconforme con tal determinación, la parte tercera interesada ********************, por conducto de su apoderada ********************, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva, medio de impugnación que fue resuelto por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante ejecutoria dictada el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el ********************, que confirmó la sentencia recurrida. Posteriormente y en acatamiento a la ejecutoria de mérito, mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables. A fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 305/2023 (registro 3051), recibido por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, la Juez responsable, informó que por auto de veinticuatro de febrero último, emitido en autos del juicio extraordinario hipotecario ********************, de su índice, se dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio, a partir del emplazamiento a juicio del quejoso ********************, así como la sentencia definitiva y actos de ejecución de la misma, por lo que se ordenó la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el secuestro ordenado sobre el predio involucrado; lo que acreditó la juzgadora responsable con las constancias relativas que adjuntó a su oficio de mérito. Asimismo, en el citado proveído se ordenó al actuario adscrito emplazar al demandado, lo que informó el fedatario responsable mediante oficio sin número, recibido por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (registro 3103). Finalmente, por oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/219/2023 e INSEJUPY/INMOBA/DJ/AR/218/2023 (registros 3283 y 3281), signados respectivamente por la Directora y la Registradora, ambas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con residencia en esta ciudad, integrados al sumario por auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, dichas responsables informaron que ha quedado cancelado el secuestro trabado en autos del juicio de origen, que estaba inscrito sobre el predio involucrado; lo que quedó acreditado con las constancias conducentes que adjuntaron a sus respectivos oficios. ANÁLISIS Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendieron cabalmente a los efectos amparadores que les fueron señalados como directrices bajo las que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Previo registro correspondiente en el Libro de Gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. DEPURACIÓN Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), de la fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo de copias certificadas relativas al juicio extraordinario hipotecario ********************, remitido por la juzgadora responsable; en tal virtud, devuélvasele el citado tomo a dicha autoridad, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Asimismo, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: tres de marzo de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: nueve de marzo del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: dos de marzo de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el informe rendido sobre la suspensión de plano concedida en este asunto, por parte del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Gobernación en representación del Ayuntamiento de Mérida, así como el anexo que al mismo se acompaña; al respecto, SE ACUERDA: Téngase por hecha la manifestación de la responsable en cuanto al acatamiento de la medida de plano decretada de oficio por este Juzgado a favor de la parte quejosa. En cuanto al señalamiento de delegados, correo electrónico y números telefónicos que refiere, se tienen por designados en términos del artículo 9 de la ley de la materia, así como por proporcionados dicho medios electrónicos únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias; sin que haya lugar a tenerlos como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, pues las notificaciones se practicarán con base en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
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