Esteban Sánchez Torres

Expediente 1417/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1417/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
11/12/2017

Partes del expediente

  • Esteban Sánchez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de diciembre de dos mil diecisiete. QUEJA Agréguese el oficio signado por el Actuario Adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja 238/2017, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas. ARCHIVO En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. QUEJA Intégrese el escrito signando por el quejoso Esteban Sánchez Torres, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de siete de septiembre del año en curso, que desechó la demanda. Con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de agravios en original y copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. Háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    RAZÓN ACTUARIAL Intégrese la razón de notificación a través de la cual el actuario judicial adscrito, comunica la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso Esteban Sánchez Torres el proveído de siete de septiembre del año en curso. En ese orden, con fundamento en el artículo 27, fracción I incisos a) se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que se constituya nuevamente en el domicilio señalado en un lapso entre las siete y nueve horas, y en caso de no tener resultados favorables proceda de conformidad con el inciso c) del numeral aludido.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LOS AUTOS DE SIETE Y DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE LOS CORRIENTES, A LA PARTE QUEJOSA, ACUERDOS QUE MENCIONAN LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete RAZÓN ACTUARIAL Intégrese la razón de notificación a través de la cual el actuario judicial adscrito, comunica la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso Esteban Sánchez Torres el proveído de siete de septiembre del año en curso. En ese orden, con fundamento en el artículo 27, fracción I incisos a) se comisiona al actuario de la adscripción a efecto de que se constituya nuevamente en el domicilio señalado en un lapso entre las siete y nueve horas, y en caso de no tener resultados favorables proceda de conformidad con el inciso c) del numeral aludido. Toluca, Estado de México, siete de septiembre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Visto el escrito signado por Esteban Sánchez Torres, regístrese bajo el número 1417/2017-VI-B. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama de la Coordinadora de Área de Educación Artística de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México: El oficio 006/EART006/2017 de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual refiere que el acta de cinco de junio de la misma anualidad, solo constituía un "acta de hechos" con la finalidad de asentar manifestaciones voluntarias entre el aquí quejoso y Nancy Arely Díaz Moreno y dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía e instancia correspondiente. Atento a lo anterior, del estudio integral de la demanda y los anexos que adjuntó a esta, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.] ." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo.". Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese orden, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que dicho acto pueda ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) Que por virtud de esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que puedan suspenderse sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto al acto reclamado consistente en el oficio 006/EART006/2017 de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, como ya se dijo la parte quejosa estaba obligada a agotar el recurso ordinario que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció. Se arriba a tal aserto, pues en contra del acto reclamado en estudio procede el recurso de inconformidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México. Para corroborar lo anterior, se reproduce el contenido de los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. [.] Por consiguiente, es evidente que contra el acto reclamado procede el aludido medio de defensa, toda vez que fue emitido por una autoridad diversa a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; asimismo, a través de él está en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación del acto que combate. Además, el aludido medio de defensa se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México fue emitido por la Legislatura del Estado de México. Aunado a ello, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión a los establecidos en la ley de la materia, pues el artículo 194 de la legislación invocada así lo prevé. Y, finalmente de la lectura del acto reclamado que el propio quejoso exhibe, no se advierte que carezca de fundamentación, por lo que no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Por lo antes expuesto, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote el medio de defensa, a través del recurso de inconformidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, por lo que, si no agotó éste, la presente demanda de amparo carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XX, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Esteban Sánchez Torres, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles.

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