Esteban Sánchez Moreno
Expediente 790/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2021
Partes del expediente
- Director del Centro de Reinserción Social en Tijuana
- Esteban Sánchez Moreno
Actuaciones
- Principal
Juicio de amparo 790/2021-E El seis de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta, que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de veintitrés de noviembre del año en curso; se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al Archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el nueve de diciembre de dos mil veintiséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el nueve de diciembre de dos mil veinticuatro. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario adscrito para entregar el oficio dirigido a la autoridad responsable que refiere y cuya designación indicó el quejoso, virtud que no existe bajo esa denominación. En consecuencia, dese vista a quien promueve este asunto, por el plazo de tres días, legalmente computado, para que exprese lo que a su interés legal convenga; apercibido que de no hacer manifestación alguna, sin ulterior determinación, se tendrá como inexistente a la autoridad de que se trata. Finalmente, agréguense los oficios y anexo de cuenta; y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades responsables informando que fue acatada la suspensión de plano decretada en favor del agraviado; asimismo, téngase a quien así lo solicita, designando delegados y domicilio procesal. Notifíquese y personalmente al agraviado en el lugar de su reclusión.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/ARFC/lmh
- Principal
Juicio de amparo 544/2020-F El ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído en el juicio de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el once de noviembre de dos mil veintiséis. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo vigésimo primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el once de noviembre de dos mil veintiséis, debiéndose conservar las determinaciones por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis de la fracción III del artículo vigésimo del acuerdo en comento, en la inteligencia de que ya transcurrió el término de seis meses al que hace referencia el precepto en mención. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el once de noviembre de dos mil veinticuatro. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Finalmente, en cumplimiento al último párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento, se requiere a las partes, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndoles que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Abraham Sánchez Valdez, en favor de Esteban Sánchez Moreno, contra las omisiones del Centro de Reinserción Social Tijuana, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4°, 17, 18 y 22 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 790/2021-E. Se decreta la suspensión de plano Tomando en consideración que en la demanda se precisa como acto reclamado destacado la falta de atención médica, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: Para que las autoridades bajo su más estricta responsabilidad giren las instrucciones necesarias a efecto de que se brinde al impetrante Esteban Sánchez Moreno, el tratamiento y la atención médica adecuados que requiere para que no se ponga en riesgo su salud e integridad física, y de ser el cas, virtud de experta opinión médica, se le suministre las dosis adecuadas de insulina que se refiere no se han dosificado para contrarrestar la diabetes tipo II que padece el directo agraviado. Es así, porque el marco normativo que integran los artículos 1º, 4º y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano -a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público-, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Por ende, como el promovente refiere que el directamente agraviado no ha recibido la atención médica que requiere, así como el suministro de los tratamientos necesarios, es imperativo que tanto las autoridades hospitalarias como penitenciarias, dentro de sus atribuciones, establezcan las medidas que estimen imprescindibles para brindarle el trato médico apropiado y, atento a resultados y evolución de la enfermedad, se le administren los medicamentos o insumos básicos y esenciales para preservar su calidad de vida. Así, con los informes correspondientes, las autoridades responsables deberán comunicar a este juzgado de distrito, con las constancias médicas respectivas, el estado de salud del agraviado, con precisión de los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la adecuada, de acuerdo con su particular condición de salud. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el numeral 15 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, rindan informe en acato a la suspensión de plano, apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentre el agraviado. Por otra parte, con apoyo en los artículos 15 y 109 de la Ley de Amparo, requiérase a Esteban Sánchez Moreno, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas. Se faculta al fedatario de la adscripción, para que una vez apersonado en los domicilios de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Prevención En ese contexto, y de ser el caso, que el directamente agraviado ratifique la demanda instada en su favor, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, o en el acto de notificación, dé cumplimiento con lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, manifieste si formuló controversia ante el juez de ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que a la letra establece: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; [.]." [Énfasis añadido] Apoya por analogía, la jurisprudencia PC.III.P. J/18 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, visible a página 1701, libro 58, septiembre de 2018, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Asimismo, robustece lo aquí planteado, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados Se reserva acordar lo conducente respecto del domicilio procesal y designación de autorizados, hasta en tanto sea ratificada la demanda. En términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que la notificación que derive de este auto se realice personalmente al impetrante en el Centro de Reinserción Social Tijuana, virtud de encontrarse recluido en dicho centro penitenciario. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico En atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y personalmente al agraviado en el lugar de su reclusión.Así, lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/ARFC/lmh
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,757 expedientes
- Esteban Gutiérrez Coronado217/2021
- Esteban Gutiérrez Coronado773/2020
- Esteban Gutiérrez Coronado128/2023
- Esteban Meledrez Lizárraga460/2021
- Esteban Ochoa García654/2015
- Esteban Ochoa García712/2017
- Estefany Ramírez Méndez336/2022
- Estela Amezquita Torres406/2019
- Estela Castro Sánchez1201/2014
- Estela Hernández García590/2015
- Estela Hernández García472/2015
- Estela Raya Estrada1783/2017