Esteban Salvador Miranda Cervantes

Expediente 845/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
845/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
02/08/2018

Partes del expediente

  • Esteban Salvador Miranda Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el comunicado del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 14199 mediante el cual se le comunicó el archivo del asunto y un legajo de copias certificadas, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, y por lo que respecta al original del cuaderno de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo es DEPURACIÓN, dado que, en la especie, se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otro lado, como resulta innecesario que en autos obre copia certificada del juicio ordinario mercantil 342/2010 que remitió el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán , se ordena enviárselo, con la atenta solicitud de acuse de recibo dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá como recibido a entera satisfacción. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado; y, en términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en las carátulas del principal e incidente los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió en este asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de mayo de la anualidad que cursa, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el dieciocho y veintitrés siguientes (fojas 167, 170 y 172). Antes de examinar, se advierte que mediante proveído de ocho de mayo del año que transcurre (foja 144), se reservó la promoción del quejoso, por la cual externó manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable, las cuales, se analizarán en párrafos siguientes. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado para el resto de las partes, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 103 a 115), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso Esteban Salvador Miranda Cervantes, para los efectos que se reproducen: "[.] - Se deje insubsistente la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil doce, en la cual determinó la procedencia del remate del inmueble propiedad del quejoso en caso del impago de las prestaciones condenadas, emitida en el juicio ordinario mercantil en ejercicio de la acciones real hipotecaria y personal de crédito 342/2010, respecto la bodega construida sobre el lote cuarenta y ocho, manzana IV, Central de Abastos de la ciudad de Morelia, Michoacán, extensión superficial de noventa metros cuadrados, con las medidas y linderos que a continuación se describen: Al Norte, quince metros, con el lote cuarenta y siete. Al Sur, quince metros, con lote cuarenta y nueve. Al Oriente, seis metros, con el andador. Al Poniente, seis metros, con calle sin nombre. - Así como también se dejen sin efectos la citación para sentencia y la oportunidad para expresar alegatos, y se llame al aquí quejoso en calidad de demandado al juicio de origen, para que esté en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del inmueble materia de la hipoteca". Esto es, en la sentencia de amparo, la Juez auxiliar determinó que el quejoso al ser tercero extraño al procedimiento ordinario mercantil 342/2010, puso de manifiesto que todo el juicio, incluida la sentencia definitiva y su ejecución, afectó la posesión jurídica que ostentaba respecto del bien litigioso, por lo cual debía otorgársele garantía de audiencia en el controvertido para que estuviera en aptitud de acudir en defensa de dicho inmueble y con el cual la institución bancaria actora reclamaba hacer efectivo el cobro del adeudo demandado. Sentencia que causó ejecutoria el veintiséis de abril pasado y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 140-141). Mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, se requirió nuevamente a las responsables la obediencia a la sentencia concesiva (foja 154). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, mediante oficios 1080/2018, 1098/2018, 1110/2018, 1184/2018 (fojas 145, 148, 156 y 163), allegó copia de las constancias siguientes: Auto de siete de mayo de la presente anualidad (foja 146), en el cual se advierte que en el juicio ordinario mercantil 342/2010, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil doce; la citación para sentencia; la oportunidad para expresar alegatos; así como todo lo actuado con posterioridad a la referida sentencia. Ordenó llamar al controvertido mercantil al quejoso Esteban Salvador Miranda Cervantes, para que estuviera en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del inmueble litigioso. Proveído de ocho de mayo pasado (foja 149), en el que ante la razón de imposibilidad que tuvo el diligenciario de su adscripción para llamar a juicio al solicitante del amparo, lo comisionó nuevamente a diverso domicilio. Constancias de la notificación efectuada al peticionario de derechos el ocho del mes y año en curso (fojas 157-158). Acuerdo de dieciséis posterior (foja 161), en la que declaró nula la notificación citada en el párrafo anterior, y ordenó a la actuaria de su adscripción realizara nuevamente la diligencia decretada en auto de siete de mayo del año en curso. Constancias del emplazamiento efectuado al quejoso al citado juicio ordinario mercantil (fojas 164, 165, 174 y 175). Por su parte, la actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, por calco 1076/2018, manifestó el cumplimiento dado al fallo protector (foja 151). Del examen de las documentales citadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, hacen patente que la responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, cumplió con el fallo protector, porque el siete de mayo de la presente anualidad, en el juicio ordinario mercantil 342/2010, dejó insubsistente la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil doce, la citación para sentencia y la oportunidad para expresar alegatos, así como todo lo actuado con posterioridad a la aludida sentencia, en el que además, ordenó llamar al controvertido mercantil al quejoso para que estuviera en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del inmueble litigioso, emplazamiento que llevó a cabo la actuaria adscrita al órgano jurisdiccional responsable el diecisiete de mayo de la anualidad que cursa. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el siete de mayo del año que cursa, en el juicio ordinario mercantil 342/2010, dejó insubsistente la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil doce; la citación para sentencia; la oportunidad para expresar alegatos; así como todo lo actuado con posterioridad a la aludida sentencia. Después, ordenó llamar al quejoso al juicio mercantil de origen, para que estuviera en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del bien raíz materia del litigio; lo que finalmente aconteció el diecisiete de mayo del año en curso, cuando la diligenciaria adscrita al juzgado responsable llevó a cabo el emplazamiento del solicitante de derechos, al citado controvertido. En otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una sentencia, así como la citación para sentencia y la oportunidad para expresar alegatos, y llamar al quejoso al juicio de origen, para que estuviera en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del inmueble materia del litigio. Ahora, en torno a lo establecido en epígrafes precedentes, el quejoso externó manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, consistentes en que el Juez responsable, no cumplió la ejecutoria de amparo, toda vez que no envió la misiva correspondiente a la autoridad registral a efecto de que realizara la cancelación del gravamen hipotecario que pesa sobre el bien raíz de su propiedad. Es incorrecto lo que sostiene el quejoso en el sentido de que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo comprenda la cancelación del gravamen hipotecario con base en el cual se ordenó su remate en el juicio de origen, en razón de que la concesión de la protección de la Justicia Federal fue únicamente para los efectos precisados en párrafos precedentes, de ahí que la omisión de cancelación de dicho gravamen no impide tener por cumplida la sentencia de amparo. Se dice lo anterior, pues el gravamen -hipoteca- que pesa sobre el inmueble materia de la concesiva de amparo, es con motivo del contrato base de la acción de apertura de crédito simple con intereses y garantía hipotecaria -naturaleza del juicio de origen-, además, la garantía hipotecaria no se tocó en la sentencia de amparo, o sea, no fue materia de anulación; de ahí que, precisamente, será objeto de estudio cuando sea llamado al controvertido natural en calidad de demandado y así estará en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del bien raíz materia de la hipoteca. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los cuadernos incidentales, así como la devolución de las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: ESTEBAN SALVADOR MIRANDA CERVANTES. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de mayo de la anualidad que cursa, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el dieciocho y veintitrés siguientes (fojas 167, 170 y 172). Antes de examinar, se advierte que mediante proveído de ocho de mayo del año que transcurre (foja 144), se reservó la promoción del quejoso, por la cual externó manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable, las cuales, se analizarán en párrafos siguientes. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado para el resto de las partes, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 103 a 115), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional al quejoso Esteban Salvador Miranda Cervantes, para los efectos que se reproducen: Se deje insubsistente la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil doce, en la cual determinó la procedencia del remate del inmueble propiedad del quejoso en caso del impago de las prestaciones condenadas, emitida en el juicio ordinario mercantil en ejercicio de la acciones real hipotecaria y personal de crédito 342/2010, respecto la bodega construida sobre el lote cuarenta y ocho, manzana IV, Central de Abastos de la ciudad de Morelia, Michoacán, extensión superficial de noventa metros cuadrados, con las medidas y linderos que a continuación se describen: Al Norte, quince metros, con el lote cuarenta y siete. Al Sur, quince metros, con lote cuarenta y nueve. Al Oriente, seis metros, con el andador. Al Poniente, seis metros, con calle sin nombre. Así como también se dejen sin efectos la citación para sentencia y la oportunidad para expresar alegatos, y se llame al aquí quejoso en calidad de demandado al juicio de origen, para que esté en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del inmueble materia de la hipoteca". Esto es, en la sentencia de amparo, la Juez auxiliar determinó que el quejoso al ser tercero extraño al procedimiento ordinario mercantil 342/2010, puso de manifiesto que todo el juicio, incluida la sentencia definitiva y su ejecución, afectó la posesión jurídica que ostentaba respecto del bien litigioso, por lo cual debía otorgársele garantía de audiencia en el controvertido para que estuviera en aptitud de acudir en defensa de dicho inmueble y con el cual la institución bancaria actora reclamaba hacer efectivo el cobro del adeudo demandado. Sentencia que causó ejecutoria el veintiséis de abril pasado y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 140-141). Mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, se requirió nuevamente a las responsables la obediencia a la sentencia concesiva (foja 154). Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, mediante oficios 1080/2018, 1098/2018, 1110/2018, 1184/2018 (fojas 145, 148, 156 y 163), allegó copia de las constancias siguientes: Auto de siete de mayo de la presente anualidad (foja 146), en el cual se advierte que en el juicio ordinario mercantil 342/2010, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil doce; la citación para sentencia; la oportunidad para expresar alegatos; así como todo lo actuado con posterioridad a la referida sentencia. Ordenó llamar al controvertido mercantil al quejoso Esteban Salvador Miranda Cervantes, para que estuviera en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del inmueble litigioso. Proveído de ocho de mayo pasado (foja 149), en el que ante la razón de imposibilidad que tuvo el diligenciario de su adscripción para llamar a juicio al solicitante del amparo, lo comisionó nuevamente a diverso domicilio. Constancias de la notificación efectuada al peticionario de derechos el ocho del mes y año en curso (fojas 157-158). Acuerdo de dieciséis posterior (foja 161), en la que declaró nula la notificación citada en el párrafo anterior, y ordenó a la actuaria de su adscripción realizara nuevamente la diligencia decretada en auto de siete de mayo del año en curso. Constancias del emplazamiento efectuado al quejoso al citado juicio ordinario mercantil (fojas 164, 165, 174 y 175). Por su parte, la actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, por calco 1076/2018, manifestó el cumplimiento dado al fallo protector (foja 151). Del examen de las documentales citadas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, hacen patente que la responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán, cumplió con el fallo protector, porque el siete de mayo de la presente anualidad, en el juicio ordinario mercantil 342/2010, dejó insubsistente la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil doce, la citación para sentencia y la oportunidad para expresar alegatos, así como todo lo actuado con posterioridad a la aludida sentencia, en el que además, ordenó llamar al controvertido mercantil al quejoso para que estuviera en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del inmueble litigioso, emplazamiento que llevó a cabo la actuaria adscrita al órgano jurisdiccional responsable el diecisiete de mayo de la anualidad que cursa. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el siete de mayo del año que cursa, en el juicio ordinario mercantil 342/2010, dejó insubsistente la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil doce; la citación para sentencia; la oportunidad para expresar alegatos; así como todo lo actuado con posterioridad a la aludida sentencia. Después, ordenó llamar al quejoso al juicio mercantil de origen, para que estuviera en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del bien raíz materia del litigio; lo que finalmente aconteció el diecisiete de mayo del año en curso, cuando la diligenciaria adscrita al juzgado responsable llevó a cabo el emplazamiento del solicitante de derechos, al citado controvertido. En otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una sentencia, así como la citación para sentencia y la oportunidad para expresar alegatos, y llamar al quejoso al juicio de origen, para que estuviera en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del inmueble materia del litigio. Ahora, en torno a lo establecido en epígrafes precedentes, el quejoso externó manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, consistentes en que el Juez responsable, no cumplió la ejecutoria de amparo, toda vez que no envió la misiva correspondiente a la autoridad registral a efecto de que realizara la cancelación del gravamen hipotecario que pesa sobre el bien raíz de su propiedad. Es incorrecto lo que sostiene el quejoso en el sentido de que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo comprenda la cancelación del gravamen hipotecario con base en el cual se ordenó su remate en el juicio de origen, en razón de que la concesión de la protección de la Justicia Federal fue únicamente para los efectos precisados en párrafos precedentes, de ahí que la omisión de cancelación de dicho gravamen no impide tener por cumplida la sentencia de amparo. Se dice lo anterior, pues el gravamen -hipoteca- que pesa sobre el inmueble materia de la concesiva de amparo, es con motivo del contrato base de la acción de apertura de crédito simple con intereses y garantía hipotecaria -naturaleza del juicio de origen-, además, la garantía hipotecaria no se tocó en la sentencia de amparo, o sea, no fue materia de anulación; de ahí que, precisamente, será objeto de estudio cuando sea llamado al controvertido natural en calidad de demandado y así estará en aptitud de ejercer su derecho de defensa respecto del bien raíz materia de la hipoteca. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, al igual que los cuadernos incidentales, así como la devolución de las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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