Esteban Roman Rodriguez
Expediente 423/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Secretario de Movilidad Y Transporte del Estado de Morelos
- Esteban Roman Rodriguez
Actuaciones
- Principal
MESA III.Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Esteban Román Rodríguez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente expediente no cumple con los lineamientos expresados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para ser considerado de relevancia documental. En ese sentido, de conformidad a lo señalado en los artículos 21 y 35 del referido Acuerdo, hechas las anotaciones relativas en la carátula del expediente, el mismo permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el término de tres años y una vez transcurrido ese lapso se procederá a su destrucción, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. QSJA
- Principal
MERSA III. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado por el quejoso ***, el seis de mayo de dos mil veintiuno, en el que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad y autorizó a diversa persona para los mismos efectos. En mérito de lo anterior, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su ocurso de cuenta y por autorizada en los mismos términos a la persona que designa para tal fin. Notifíquese. QSJA
- Principal
CITATORIO.- POR MEDIO DEL LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU SÍNTESIS DICE: Visto lo de cuenta; se tiene por recibido el escrito del quejoso ********, por su propio derecho, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de veintinueve de abril de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora, de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio de la misma, se advierte que uno de los actos reclamados por la parte quejosa consiste en: La detención del vehículo Marca Nissan, Tipo Tsuru GSI, modelo 2003, placas de circulación *******, así como las infracciones realizadas al mismo, como consecuencia de la omisión de la responsable al no resolver el procedimiento administrativo ******, en el que se ordenó el bloqueo de sus placas, para que no pudiera realizar ningún trámite. De lo anterior, se advierte la indudable y manifiesta causal de improcedencia, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución" LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" [.]" De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en esta materia, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Es oportuno precisar, que si de acuerdo a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan", entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. [...] Bajo esa premisa, es menester transcribir los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los cuales prevén: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se reconoce también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familiar o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios o funciones a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.) Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. (.) Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.". Por su parte, el artículo 18, apartado B), fracción I, inciso a) y 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, disponen: "Artículo 18. Son atribuciones y competencias del Pleno: A) (.) B) Competencias: I. Fijar la jurisprudencia del Tribunal; II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: a) Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares; (.) Artículo 28. Los Magistrados de las Salas de Instrucción y de las Salas Especializadas tendrán las atribuciones siguientes: Substanciar el procedimiento en todas sus etapas, teniendo la más amplia facultad para subsanar cualquier omisión que notaren para el solo efecto de regularizar el procedimiento, conforme a la normativa aplicable; En el caso de asuntos que afecten a particulares y que sean sometidos a su jurisdicción, suplir la deficiencia de la queja; Proceder a la ejecución de la sentencia; Resolver el Recurso de Reconsideración previsto en la Ley de Justicia Administrativa; Cursar la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma; Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo que se promuevan en contra de actos de las Salas; Dictar las medidas que exijan el orden, el buen servicio y la disciplina de las Salas y exigir se guarde el respeto y consideración debidos; Dictar acuerdos para el mejor desempeño y despacho de los asuntos jurisdiccionales y administrativos de la Sala; Imponer las correcciones disciplinarias al personal administrativo en aquellos casos en que no esté reservada expresamente la imposición de las sanciones al Pleno; Decretar las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de las Salas; Solicitar al Gobernador del Estado, Secretarios de Despacho, Presidentes Municipales y demás autoridades el apoyo necesario para hacer cumplir sus determinaciones; Emitir opinión, con relación a las solicitudes de licencias que presente el personal de las Salas; Informar mensualmente al Pleno de las labores de la Sala; Proponer al Pleno, a través de su Presidente, los nombramientos y remociones de los funcionarios y del personal administrativo de la Sala a su cargo; La aprobación de los convenios debidamente ratificados que lleguen a celebrarse con motivo de un Acuerdo Conciliatorio entre las partes para elevarlos a categoría de cosa juzgada. Las jurisdicciones voluntarias relacionadas con los convenios de terminación de la resolución administrativa para elevarlos a categoría de cosa juzgada, y XVII. Someter al Pleno que corresponda, los proyectos de resolución de los asuntos de su competencia." De estos preceptos se advierte que la parte quejosa está en la posibilidad de impugnar el acto que reclama del Secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos y otras autoridades, mediante el juicio de nulidad, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dado que el supuesto de referencia está previsto en el artículo 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo que, ante la existencia de un medio ordinario de defensa adecuado y eficaz con el que se pueden modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, resulta obligatorio que, previo a promover demanda de amparo, la parte quejosa, agote el medio ordinario de defensa a su alcance, pues de actuar de modo diverso como lo hizo, torna improcedente el juicio de derechos fundamentales. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra los actos y resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. De lo antes expuesto, se puede concluir que la omisión reclamada en el presente juicio de amparo puede y debe ser impugnado mediante el juicio de nulidad, conforme a los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, máxime que los requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión de la ejecución de los actos, en términos de los numerales 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no son mayores para obsequiar la medida suspensional a lo que establecen los numerales 125, 128, 129, 131, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo. Ello es así, en la medida de que la suspensión puede solicitarse en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, y antes de la citación para sentencia; siempre que no se cause perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el juicio; y tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en la citada ley, así como que la autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o su denegación dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión. En las relatadas condiciones, en contra de la detención del vehículo Marca Nissan, Tipo Tsuru GSI, modelo 2003, placas de circulación 2161LUT, así como las infracciones realizadas al mismo, como consecuencia de la omisión de la responsable al no resolver el procedimiento administrativo SMYT/DGJ/531/2018, en el que se ordenó el bloqueo de sus placas, para que no pudiera realizar ningún trámite, procede el juicio de nulidad previsto en los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; en consecuencia, la parte quejosa está obligada a respetar el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello en virtud, de que la autoridad responsable al momento de que ordenó el bloqueó de las placas de circulación 2161LUT, el quejoso sabía de las consecuencias que traía dicho bloqueo, es decir, que no contaba con permiso o licencia vigente para usar las placas del vehículo que aduce es de su propiedad, por tanto; se trata de un acto administrativo, derivado de la violación al reglamento de tránsito y vialidad. Máxime que se previno a la quejosa, para que manifestara si el acto que por esta vía pretendía reclamar se trataba de una violación a su derecho de petición, consagrado en el artículo 8º de la Constitución Federal, a lo cual refirió que reclama específicamente la detención del vehículo Marca Nissan, Tipo Tsuru GSI, modelo 2003, placas de circulación 2161LUT, así como las infracciones realizadas al mismo. Lo que significa que es improcedente el juicio de amparo en esta vía bi-instancial, ya que el referido acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común en términos de los preceptos citados en párrafos precedentes, ya que son estos los que en su caso rigen al acto reclamado y podrían modificar, revocar o, decretar su nulidad. Cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, en primer lugar, porque como ya se dijo, a través de la promoción del juicio de nulidad pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, en términos de los artículos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por otro lado, en relación a que no es obligación de la promovente agotar los recursos o medios de defensa cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, al respecto, la parte quejosa aduce violaciones al artículo 1, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual forma hace valer cuestiones de legalidad; por lo que no constituye una transgresión directa a la Constitución, sino más bien un tema de legalidad, de ahí que la excepción se actualiza sólo cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se impugna al mismo tiempo en la demanda de amparo, temas de legalidad. Esto es así, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, en virtud de que la parte agraviada sólo puede atacar adecuadamente el acto ante el Juez de Distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa a los órganos del control constitucional del Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito. [...] Por otro lado, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales. Consecuentemente, debe determinarse a continuación si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo de su primera aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, de la demanda de cuenta no se advierte que la parte promovente reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. 2. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, si bien la parte quejosa aduce violaciones a sus derechos fundamentales; es de apreciarse que no le asiste el carácter de tercero extraño. Consecuentemente, ya que no se verificó excepción alguna al principio de definitividad, se estima que debió promoverse el juicio de nulidad antes de acudir a la instancia constitucional. Así, la parte promovente está obligada a observar el principio de definitividad que rige la materia, en tanto que el hecho de que el acto reclamado pueda obtener la cualidad de ser irreparable, no la exime de hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en su contra, como es precisamente el juicio de nulidad, ya que la definitividad se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados. [...] Corolario de lo expuesto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Cabe destacar que la determinación anterior no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). [...] En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA la demanda de amparo de que se trata. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.
- Principal
MESA VII. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de ***, en su carácter de Ayudante Municipal del Poblado de Ahuatepec, en Cuernavaca, Morelos, por medio del cual informa respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En atención a su contenido, agréguese a los autos sin necesidad de acordar mayormente, toda vez que mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses convenga, sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. QSJA
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