Esteban Ríos Castillo
Expediente 1041/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1041/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Esteban Ríos Castillo
- José Alverto Martínez Barrientos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
En dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, doy cuenta con una promoción recibida vía electrónica registrada con el folio 10425. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, por el que el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden 581/2018 y de origen 273/2018, toda vez que no fue recibido en su totalidad. Como lo solicita el remitente, no obstante que en la modalidad por la que se recibe la comunicación oficial de mérito, el acuse de recibo se genera de forma electrónica; acúsese recibo vía electrónica. Ahora bien, a efecto de notificar la resolución de ocho de mayo del actual a los quejosos Esteban Ríos Castillo y José Alverto Martínez Barrientos, quienes se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario y proceda a notificar la resolución dictada el ocho de mayo del año en curso dentro del expediente en que se actúa número 1041/2017-1, la cual se remite en copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas del ocho de mayo de dos mil dieciocho, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1041/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". Enseguida, se da cuenta con los informes justificados de las autoridades responsables comisionado y coordinador general de Centros Federales, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, residentes en la Ciudad de México, así como director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos de Occidente en el estado de Jalisco, con sede en Guadalajara (f. 121, 140 y 42 a 44). A lo anterior, el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables que obran en autos. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Cerrado el período probatorio, se pasa a la etapa de alegatos en la que de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los que corresponden a la agente del Ministerio Público de la adscripción, contenidos en su pedimento con registro 642 (F. 82 a 83); y como lo solicita, expídasele copia simple de la resolución dictada en el expediente en que se actúa. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, en vista de todo lo actuado se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1041/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. En escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado, Esteban Ríos Castillo y José Alverto Martínez Barrientos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación. Ambos residentes en la Ciudad de México. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos de Occidente en el estado de Jalisco. Con sede en Guadalajara. Actos reclamados: La orden de traslado de los quejosos del lugar en que se encuentran recluidos a diverso centro de detención. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de derechos en sus términos; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal Federal, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se lleva a cabo al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Los promoventes de la demanda señalan como acto reclamado la ilegal y arbitraria orden de traslado a otro reclusorio del en que se encuentran, y su ejecución. De los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco. Puntualizado lo anterior, se considera necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establecen las reglas para la fijación de la competencia de los Jueces de Distrito y que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se ve, el precepto legal antes transcrito prevé tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito. a) El amparo contra actos u omisiones de la autoridad se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si la ejecución puede tener lugar en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juzgador ante quien se presentó la demanda. De lo anterior se obtiene una distinción respecto a las dos primeras reglas competenciales consistente en que éstas requieren que el acto reclamado tenga ejecución material; la primera regla se refiere al supuesto en que la ejecución se produzca en una jurisdicción; la segunda se refiere a la ejecución en dos Distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y por último, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Luego, en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande, Jalisco, "CEFERESO" Número 2 Occidente, a otro Centro Federal de Readaptación Social, lugar donde se encuentran los quejosos a otro centro de reclusión, y su ejecución. En ese sentido, cabe señalar que en relación con la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro distinto, cuyas respectivas sedes se ubican en jurisdicciones o distritos judiciales diferentes -como ocurre en la especie-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 90/2007, determinó en lo que interesa: "QUINTO. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala, el cual más adelante se precisará, por las razones siguientes: De acuerdo con lo señalado en el considerando anterior, y en relación con lo resuelto por los Tribunales Colegiados contendientes, el punto a dilucidar en la presente contradicción, consiste en determinar si la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro constituye un acto de tracto sucesivo o bien un acto instantáneo, para efecto de establecer cuál es el Juez competente para conocer del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Por ello, como una cuestión previa, es menester definir en qué consiste una orden de traslado y los momentos que ésta comprende, a efecto de establecer si el acto reclamado constituye un acto de tracto sucesivo o un acto instantáneo, en el entendido de que en el caso concreto los tribunales contendientes se refirieron a una orden de traslado ya ejecutada. Así, la palabra traslado deriva del verbo trasladar, procedente del latín tardío traslato, -are, frecuentativo-intensivo de transfero,- re (supino translatum) "transferir", propiamente "llevar al otro lado", compuesto de trans -"a través, al otro lado" y fero. re "llevar". De esta manera la palabra "traslado", entre otras acepciones, tiene la consistente en acción y efecto de trasladar a una persona de un puesto o cargo a otro. Implica por tanto, el traslado, variación a lugar distinto de donde se encuentra la persona. Aplicando tal concepto de traslado al acto reclamado en el juicio de amparo, podemos definir que la orden de traslado es un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, con carácter definitivo. En ese sentido, para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. Precisado lo anterior, para establecer si dicha orden de traslado implica un acto instantáneo o de tracto sucesivo, es pertinente referirnos a la naturaleza de éstos, atendiendo a su duración temporal. Así, en cuanto a su duración tenemos que los actos de tracto sucesivo o continuos, son aquellos que no se agotan por su sola emisión, sino que se desarrollan en diferentes etapas sucesivas, convergentes hacia un fin determinado, es decir, para que se actualice un acto de tracto sucesivo se necesita un acto constante de autoridad, esto es, se requiere que su ejecución se prolongue en el tiempo. En tanto los actos instantáneos, son aquellos cuya duración concluye en el momento mismo de realizarse, porque consisten en acciones que, en cuanto son ejecutadas, cesan por sí mismas, sin poder prolongarse, es decir, en los actos instantáneos basta que la autoridad por una sola vez los ejecute, sin necesidad de posteriores intervenciones de la misma. De esta manera, con el propósito de determinar el criterio que normará la presente resolución, es conveniente transcribir el artículo 36 de la Ley de Amparo. (.) Del precepto legal transcrito, se advierten tres reglas que deben observarse para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: (.) En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere, por ello, si el acto reclamado es una orden de traslado, se entiende que estamos ante un acto que por su naturaleza sí requiere de ejecución material, que lo constituye propiamente el traslado que materialmente se realiza del reo. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado consiste en la orden de traslado de una persona, de un centro de reclusión a otro, en cuyo caso, desde la emisión de dicha orden, hasta su conclusión, se suscitan una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, por lo que evidentemente se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, atendiendo a la naturaleza jurídica de la orden, tenemos que sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, y en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona al otro centro penitenciario. (.)" Como se ve, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, estableció que la orden de traslado constituye un acto de tracto sucesivo, es decir para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo a un lugar distinto, y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. De manera que, conforme al criterio establecido por el alto tribunal, si los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande, Jalisco, "CEFERESO" Número 2 Occidente; por ende, en quien recae competencia para conocer de la demanda de amparo, es en un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en cuya jurisdicción aún se encuentran recluidos los promoventes de mérito, pues no se ha ejecutado la orden de traslado reclamada. Lo anterior, pues los amparistas se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande, Jalisco, "CEFERESO" Número 2 Occidente, y reclaman el traslado a otro centro federal de readaptación social, y su ejecución, por lo que es evidente que la ejecución de los actos reclamados atañen al lugar de reclusión referido y al sitio donde serán trasladados. De manera que al no señalarse autoridades ejecutoras con residencia en el estado de Zacatecas y resultar un hecho notorio que en dicho territorio no existe un centro federal de readaptación social, es indudable que el acto reclamado no tendrá ejecución material en el lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado, por lo que únicamente se puede tomar en consideración para tal efecto el lugar donde se encuentran recluidos los amparistas. Es aplicable el criterio que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.". En suma, al ser patente que no existirá ejecución material en el estado de Zacatecas, no puede actualizarse la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Esteban Ríos Castillo y José Alverto Martínez Barrientos, es competencia del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Jalisco; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. Luego, atendiendo a que los quejosos Esteban Ríos Castillo y José Alverto Martínez Barrientos, se encuentran actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario y proceda a notificar la presente determinación a los mencionados quejosos. En mérito de lo expuesto y con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo número 1041/2017, promovido por Esteban Ríos Castillo y José Alverto Martínez Barrientos, contra actos del director general del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" en el estado de Jalisco, con sede en el Salto, y otras autoridades. SEGUNDO. Remítanse los autos del presente juicio de amparo al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, para que sea dicho Tribunal quien determine lo que en derecho corresponda y en su caso se avoque al conocimiento del asunto, solicitando el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese, y personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Olivia PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. La autoridades responsables comisionado y coordinador general de Centros Federales, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, residentes en la Ciudad de México, así como director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos de Occidente en el estado de Jalisco, con sede en Guadalajara, al rendir sus informes con justificación negaron expresamente la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar sus negativas. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados respecto a las mencionadas responsables; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se Sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables y por los motivos asentados en la presente resolución. Finalmente, atendiendo a que los quejosos Estebán Ríos Castillo y José Alverto Martínez Barrientos, se encuentran actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario y proceda a notificar la presente resolución a los mencionados quejosos. Notifíquese; y mediante exhorto a los quejosos. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1097/2017, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. En seguida, el secretario da cuenta al juez con la circunstancia siguiente: En el presente juicio de amparo indirecto, se tramitó incidente de suspensión. Acto continuo, el secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, leídas las mismas, por rendido el informe justificado de las autoridades responsables, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo; y por cuanto hace a los pedimento de cuenta, acuérdese lo conducente en la etapa procesal que corresponda. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, se da cuenta con la ofrecida por la autoridad responsable Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, consistente en la copia certificada de los procesos penales 117/2012-II, 1325/2016-II y 149/2002-II, instruidos a los quejosos Pedro Aguilar Hernández o Abundio Mendoza Gaytán o Abundio Mendoza Gaitán, Gonzalo Mendoza Torres; Fidel Mendiaz Enciso o Fidel Mendias Enciso, Juan Eudes González Cibrián; y Héctor Maldonado Galindo. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en los artículo 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la documental citada, en razón de no ser contraria a la moral y al derecho; asimismo, se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, la cual será tomada en consideración al resolver el presente juicio. No existiendo más pruebas pendientes por recibir o desahogar, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que de conformidad por lo dispuesto por el numeral 124 de la ley de la materia invocada, se tienen formulados los que hace valer la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en sus pedimentos recibidos el dieciocho de enero del año en curso, registrados con los folios 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 y 827 (fojas 210 a 219); asimismo, como lo solicita expídasele copia simple de la presente resolución. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, en vista de todo lo actuado se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1097/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Roberto Alemán Jiménez García, Abundio Mendoza Gaytán, José Antonio Mendoza Reyes, Gonzalo Mendoza Torres, Rubén González Moreno, Fidel Mendías Enciso, Héctor Pardo Valdovinos, Manuel Cota Yamamoto, Juan Manuel Contreras Zamora, Héctor Ismael Maldonado Galindo y Juan Eudes González Cibrián, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos contenidos en los preceptos constitucionales que se precisan enseguida: Autoridades responsables ordenadoras: Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México. Coordinador General de los Centros Federales dependientes de la Comisión Nacional de Seguridad, con sede en la Ciudad de México. Coordinador General de los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social en la República Mexicana, con sede en la Ciudad de México. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social del estado de Jalisco. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco. Comité Técnico del entro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco. Autoridades responsables ejecutoras: Subdirector de Seguridad y Guarda del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande. Titular del Área Administrativa del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco. Titular del Área Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco. Titular del Área Técnica del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente" con sede en Puente Grande, Jalisco. Director general del Centro Penitenciario de Readaptación Social denominado Las Islas Marías, ubicado en el Archipiélago de Las Islas Marías, Nayarit. Director General del entro Federal de Readaptación Social, con sede en Ayala, Morelos. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, con sede en Santa Juana, Centro, Estado de México. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 3 "Noreste", con sede en Matamoros, Tamaulipas. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste", con sede en El Rincón, Nayarit. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 6 "Sureste", con sede en Villa Estación Chontalpa, Tabasco. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 7 "Nor-noroeste", con sede en Guadalupe Victoria, Durango. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 8, "Nor-poniente", con sede en Ejido la Chuparrosa, Sinaloa. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 9 "Norte", con sede en ciudad Juárez, chihuahua. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 10 Nor-noreste, con sede en Monclova, Coahuila (autoridad declarada inexistente por auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, glosado a foja 767). Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 11 "CPS Sonora", con sede en Hermosillo, Sonora. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 14, con sede en Ejido 6 de octubre, Durango. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 15, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 16, con sede en Coatlán del Río, Morelos. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17, con sede en Michoacán. Actos reclamados: La orden de traslado, la reubicación de módulo o estancia en la que actualmente se encuentran los quejosos, y su ejecución. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 18, 20, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 1097/2017; por proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución.
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El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción recibida vía electrónica registrada con el folio 6162. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta recibido vía electrónica por el que el secretario del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 330/2018 (origen 175/2018), enviado a fin de notificar a los quejosos Esteban Ríos Castillo y José Alverto Martínez Barrientos, el auto de catorce del presente mes y año. Ahora bien, no obstante que el acuse de recibo se genera de manera automática dada la vía por la que se devuelve el exhorto, como lo solicita el juez exhortado, acúsese el recibo de estilo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
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En catorce de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 5314. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de marzo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta para que obre como corresponda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México, a través del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del referido órgano administrativo; con su contenido dese vista a las partes para que se impongan del mismo y manifiesten lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio de la autoridad responsable los que indica el remitente. Finalmente, atendiendo a que los quejosos Estebán Ríos Castillo y José Alverto Martínez Barrientos, se encuentran actualmente recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco; con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario y proceda a notificar la presente determinación a los mencionados quejosos, además, deberá darles vista con el diverso informe rendido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México (a través del titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del referido órgano administrativo. Notifíquese; y mediante exhorto a los quejosos. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
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