Esteban Ramírez Resendiz y otro
Expediente 585/2015 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Esteban Ramírez Resendiz y otro
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN SU OPORTUNIDAD, DEVUELVASE EL TOCA 174/2015 Y LA CAUSA PENAL 35/2013, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO RESPECTIVO Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio 1736, de la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 3443/2015, mediante el cual remite original y cuatro copias de la demanda de amparo, promovida por *** y ***, anexo certificado, despacho 114/2015, oficios 381/2015 con copia y 1737 de las autoridades responsables, causa penal 35/2013 y toca penal 174/2015; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Primeramente, cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numera 18 que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil catorce (Sic), siendo lo correcto treinta y uno de marzo de dos mil quince, tal como se advierte de la razón realizada a foja ciento sesenta y uno, emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal 174/2015. Por otra parte, de las constancias integrantes del toca en mención, las que por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, se observa a foja ciento sesenta y dos que la notificación del acto reclamado se realizó a los quejosos por lista el ocho de abril de dos mil quince, la cual surtió sus efectos en el momento mismo en que se realizó, atento a lo establecido por el ordinal 59 del código adjetivo del Estado, que a continuación se transcribe: "Articulo 59.- Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. (.).". Asimismo, la certificación realizada en el escrito de demanda por la secretaria de amparos de la Sala emisora, conforme a lo ordenado por el numeral 178, fracción I, de la ley de la materia, indica como fecha de notificación del acto reclamado a los quejosos, el ocho de abril de dos mil quince, misma que coincide con la asentada en el toca penal referido; así como data de presentación de la demanda el trece de mayo del año en curso, mediando como días inhábiles entre ellas los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de abril, así como el uno, dos, tres, cuatro y cinco (no corrieron términos), nueve y diez de mayo de dos mil quince. Bajo ese orden de ideas y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos el ocho de abril del presente año, el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías empezó a transcurrir del nueve al veintinueve de abril del año en curso, descontando los días inhábiles indicados en el párrafo que precede; por lo tanto, si la demanda fue presentada ante la responsable hasta el trece de mayo de dos mil quince, es inconcuso que la misma se presentó extemporáneamente, razón por la que el acto reclamado fue tácitamente consentido por la quejosa, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 62, ambos del ordenamiento legal anteriormente invocado, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Esteban Ramírez Reséndiz y Eduardo Uriel Martínez Martínez, en contra de la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil catorce (Sic) siendo lo correcto treinta y uno de marzo de dos mil quince, emitida por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca penal 174/2015, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la nueva Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 47/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo I, Libro 10, Septiembre de 2014, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EL PLAZO PARA QUE PRESENTE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA CONDENATORIA QUE IMPONE PENA DE PRISIÓN, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS. Conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar la demanda relativa es de 15 días, con la excepción, entre otros, del supuesto contenido en su fracción II, específicamente cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, para cuya impugnación se estableció el plazo de hasta 8 años. Ahora bien, de la lectura integral de dicha fracción, deriva que el legislador no hizo distinción alguna sobre si ese plazo es aplicable únicamente al sentenciado o también a la víctima u ofendido del delito; sin embargo, de un análisis cuidadoso y conforme, se llega al convencimiento de que el lapso indicado atendió no sólo a la naturaleza del acto reclamado, sino a la afectación del derecho humano a la libertad personal, por ser uno de los derechos fundamentales de mayor rango, por ello, el referido plazo sólo podría ser aplicable a quien resiente la afectación directa a su libertad personal; de ahí que el plazo con que cuenta la víctima u ofendido para presentar la demanda de amparo directo contra una sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, es el genérico de 15 días, acorde con el párrafo primero del artículo 17 citado". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III; de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizado para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de la misma anualidad y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, última reforma publicada el doce de diciembre de dos mil siete, derogó en términos de su artículo cuarto transitorio, los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, y cuya última reforma fue publicada el ocho de mayo de dos mil quince, en concordancia con lo preceptuado en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; por último, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
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