Esteban Puc Castillo

Expediente 1313/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1313/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Todas las Partes
  • Esteban Puc Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veintiséis de agosto del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio signado vía correo electrónico por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Chichimilá, Yucatán, mediante el cual, informa que dejó sin efectos el acta de sanción administrativa de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el cual sancionó al quejoso con arresto administrativo de treinta y seis horas. Atento lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que obra el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable, en el cual informa que el diecisiete de julio del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado, se dejó en inmediata libertad al aquí directo quejoso, quedando pendiente por cumplir doce horas de arresto administrativo que se le impuso, y del oficio de cuenta se advierte que se dejó sin efecto el acta de sanción administrativa en el cual se le sancionó con arresto administrativo de treinta y seis horas. Ahora bien, visto el estado de los autos, concretamente los informes de suspensión de plano y el justificado de la autoridad responsable, así como el oficio de cuenta, de los que se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el directo quejoso Esteban Puc Castillo, por conducto del promovente del amparo, reclamó en el presente juicio la detención y privación de la libertad fuera de procedimiento, e incomunicación de los que dijo ser víctima. En el caso, la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito de Chichimilá, Yucatán, al rendir su informe respecto de la suspensión de plano y justificado, negó el acto reclamado consistente en la incomunicación, sin prueba en contrario de la parte agraviada que desvirtuara dicha negativa. Máxime que de las constancias que obran en el presente asunto, no existe prueba alguna que conlleve a determinar la existencia del acto que niega la autoridad responsable. En esas condiciones, respecto de tal acto reclamado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al resultar inexistente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y la tesis jurisprudencial número 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por otra parte, la autoridad responsable en su informe justificado, informa que el directo quejoso estuvo detenido en la cárcel pública del municipio de Chichimilá, Yucatán, cumpliendo arresto administrativo, en virtud de un auxilio de la policía reportado vía telefónica en la central de mando de la Dirección de Seguridad Publica, dado que el quejoso se encontraba con aliento alcohólico y agresivo, por lo que acude la unidad policíaca a verificar el reporte hasta el domicilio y se percatan que el quejoso, se encontraba afuera de su predio y gritando a su esposa, quien pidió que se le detuviera, haciéndole la invitación al quejoso, para que cooperara y no se le sometiera, por lo que accedió a ingresar a la unidad policíaca para ser trasladado e ingresado a la cárcel pública a las veintiún horas con veintidós minutos del dieciséis de julio último y por tal conducta debería cumplir un arresto administrativo de treinta y seis horas. Sin embargo, también informa que el nombrado quejoso fue puesto en inmediata libertad a las veintiún horas con treinta minutos del diecisiete de julio del año en curso, quedando pendiente doce horas para cumplir con su arresto administrativo, pero dicha autoridad dejó sin efecto el arresto administrativo de treinta y seis horas impuesto en el acta de sanción administrativa de fecha dieciséis de julio citado, tal como se advierte del oficio de cuenta. Por tanto, la autoridad responsable dejó sin efecto el arresto administrativo de treinta y seis horas impuesto al directo quejoso. En este orden de ideas, ya que la autoridad responsable dejó insubsistente el arresto administrativo de treinta y seis horas impuesto en fecha dieciséis de julio citado, en consecuencia las horas faltantes por cumplir; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó en esencia la privación ilegal de la libertad (arresto administrativo); en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce de la garantía constitucional violada. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto el arresto administrativo reclamado, así como las horas faltantes por cumplir, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy (DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO). De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 396/2021, signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita que en caso de resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, se niegue el presente juicio de amparo y en caso de que las autoridades responsables nieguen el acto que se les reclama se sobresea; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, como se solicita en el alegato de cuenta, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la nombrada ocursante, en el momento procesal oportuno. Por otra parte, glósese el informe justificado rendido por el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Chichimilá, Yucatán, con sede en Chichimilá; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, vistos los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Tránsito de Chichimilá, Yucatán, con sede en Chichimilá, no envió la totalidad de las constancias de las que derivan los actos aquí reclamados, las cuales son necesarias para resolver el fondo del asunto, por tanto; requiérase vía mensajería acelerada "ESTAFETA" a la aludida autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, a partir de la notificación de este proveído, remita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; copia certificada de la orden de arresto, que en su caso, se le impuso al aquí quejoso; apercibida, que de no hacerlo así, dentro del término fijado, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO."- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos los escritos remitidos vía correo electrónico a nombre del quejoso Esteban Puc Castillo, en el presente juicio, a través de los cuales hace diversas manifestaciones. Sin embargo, no es procedente dar trámite ni proveer su contenido a tales manifestaciones, en virtud de que los escritos fueron presentados por correo sin firma, lo cual constituye un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo, respetando las garantías de legalidad y certeza jurídica. Asimismo, si bien, conforme al Acuerdo General 21/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se privilegia el trabajo electrónico, como son correos, ello no implica la perdida de las formalidades, sino que ese puede ser un medio de comunicación para hacer llegar oficios, escritos o documentos, siempre que cumplan los requisitos legales, no a través de un simple mensaje sin firma; por tanto, en lo sucesivo, el promovente deberá observar esas formalidades, para presentar las promociones para darle trámite en este juicio, so pena que no se tengan por presentadas con las consecuencias legales que implican. Haciéndose notar que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es el medio idóneo para presentar una promoción electrónica, de conformidad a lo que establece citado numeral 3 del acuerdo general mencionado en el párrafo previo, siempre que cuenta con el usuario de acceso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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