Esteban Pavon Robles
Expediente 2567/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2567/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- Esteban Pavon Robles
Actuaciones
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1392/2023-VIII, promovido por Pablo Huerta Rivera, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil dos veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Pablo Huerta Rivera acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y del Juez Décimo Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que más adelante serán precisados. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se formó el expediente, se registró bajo el número 1392/2023-VIII y se previno a la parte quejosa a efecto de que aclarara su demanda de amparo. Así, una vez cumplimentado el requerimiento de mérito, mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la aludida demanda, se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 60, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que se anexaron a ésta, se advierte que los actos aquí reclamados se hacen consistir en: De la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco: La sentencia de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 168/2023, mediante la cual la autoridad responsable declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria que opuso el demandado, en el juicio oral mercantil 142/2021, del índice del Juzgado Décimo Quinto Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Del Juez Décimo Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: La ejecución de la referida resolución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y al Juez Décimo Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por así haberlo manifestado al momento de rendir sus respectivos informes con justificación, lo que resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad de los mismos. Lo expuesto, con apoyo en la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 231, Tomo VI, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal certeza se corrobora con las constancias que fueron remitidas por la propia autoridad responsable y por el Juez Décimo Quinto Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado, consistentes en copias certificadas derivadas del toca de apelación 168/2023 y del juicio oral mercantil con número de expediente 142/2021, mismas que obran agregadas a los autos; documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de garantías, por así contemplarlo el artículo 2° de la Ley de Amparo, así como, la jurisprudencia 226, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Conceptos de violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Como cuestión previa, resulta importante acotar que, en la especie, los conceptos de violación serán analizados en conjunto, por guardar estrecha relación, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, aunque aplicada en forma análoga, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil seiscientos setenta y siete, Novena Época, Tomo XXIX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a febrero de dos mil nueve, que refiere: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Previo a abordar los conceptos de violación, debe establecerse que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. La competencia es un presupuesto procesal que, aunque no esté contemplado expresamente en la ley de esa manera, se debe satisfacer para poder llevar un proceso legítimo. Cobra aplicación al caso la tesis de rubro: "COMPETENCIA DEL JUZGADOR. DEBE CONSIDERARSE COMO UN PRESUPUESTO PROCESAL AUN CUANDO NO SE CONTEMPLE EXPRESAMENTE COMO TAL EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ATENTO A SU NATURALEZA JURÍDICA.". (Tesis: I.3o.C.970 C. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. 161681. Tribunales Colegiados de Circuito. Tomo XXXIV, Julio de 2011. Página 1981. Tesis Aislada (Civil)). No se relacionan con el fondo de lo planteado, sino que se vinculan con el proceso y la competencia del juez más que una excepción procesal interpuesta para atacar las acciones del actor, es un presupuesto necesario para el ejercicio de cualquier juicio, dado que su falta conllevaría a que todo lo actuado en el proceso careciera de validez. Así, para determinar la competencia del juzgador se debe atenderse no sólo a la acción intentada, sino también a las prestaciones reclamadas, los hechos narrados en la demanda y en la contestación, las pruebas aportadas y, en algunos casos, los preceptos legales invocados por las personas que intervengan en el juicio. En ese sentido, para mayor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes que en lo que aquí interesa cobran relevancia. Mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, el aquí quejoso Pablo Huerta Rivera, en la vía oral mercantil, promovió acción de pago en contra de Rodrigo Pérez Ramírez, a quien demandó el pago de diversas prestaciones con motivo del contrato de promesa de compraventa y posterior convenio de cancelación de aquél, que celebraron respecto del inmueble identificado como lote número 16, de la manzana C, dentro del inmueble en proceso de subdivisión, con la autorización correspondiente por parte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el dictamen de uso de suelo favorable con número de expediente 1111/2015/2-01073DPT Folio 0362273, del cual resultan treinta y un lotes con una superficie aproximada de 335.02 metros cuadrados y que en un futuro estaría sujeto al régimen de propiedad en condominio denominado Residencial Los Venados. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda al Juez Décimo Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, quien registró el expediente relativo, con el número 142/2021, y mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda de mérito. Al dar contestación a dicha acción, el demandado, entre otras cosas, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, al estimar que el juicio de origen debía ser tramitado ante un Juez de Primera Instancia en Materia Civil; motivo por el cual, en el momento procesal oportuno, el Juez Décimo Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, Jalisco, remitió los autos al superior para que resolviera lo que en derecho correspondiera. De dicha excepción de incompetencia correspondió conocer a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien la registró con el número de toca 168/2023 y mediante resolución de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, declaró procedente y fundada la referida excepción; dicha determinación constituye el acto reclamado en el sumario en que se actúa. Sentado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación formulados resultan esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado. Cierto, en el primero de sus motivos de inconformidad, el quejoso arguye que el resolución reclamada transgrede sus derechos fundamentales pues en ella se consideró que el contrato de promesa de compraventa y posterior convenio de cancelación, celebrado entre aquél y el hoy tercero interesado, no pueden considerarse como actos de comercio al no existir especulación comercial por haberse adquirido el predio en que se encuentra el inmueble materia del contrato, por adjudicación en juicio sucesorio, soslayando el hecho de que en la propia resolución se reconoció que en el contrato base de la acción se asentó que inmueble identificado como lote número 16, de la manzana C, materia del aludido contrato, se encuentra dentro de un predio madre en proceso de subdivisión, con la autorización correspondiente por parte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el dictamen de uso de suelo favorable con número de expediente 1111/2015/2-01073DPT Folio 0362273, del cual resultan treinta y un lotes con una superficie aproximada de 335.02 metros cuadrados y que en un futuro estaría sujeto al régimen de propiedad en condominio denominado Residencial Los Venados, dentro del fraccionamiento Los Pinos Campestre. Asiste razón al quejoso al afirmar lo anterior. Para justificar lo anterior, es conveniente citar el contenido de los artículos 4, 1049, 1050 y 1055, primer párrafo, del Código de Comercio, los que prevén lo siguiente: "Artículo 4o.- Las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Por tanto, los labradores y fabricantes, y en general todos los que tienen planteados almacén o tienda en alguna población para el expendio de los frutos de su finca, o de los productos ya elaborados de su industria, o trabajo, sin hacerles alteración al expenderlos, serán considerados comerciantes en cuanto concierne a sus almacenes o tiendas. [.] "Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Artículo 1050.- Cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. [.] Artículo 1055.- Los juicios mercantiles, son ordinarios, orales, ejecutivos o los especiales que se encuentren regulados por cualquier ley de índole comercial. Todos los juicios mercantiles con excepción de los orales que tienen señaladas reglas especiales, se sujetarán a lo siguiente: [.]". De los preceptos legales transcritos, se sigue que las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Asimismo, que los juicios mercantiles son aquellos que tienen como finalidad ventilar y decidir sobre controversias que se susciten entre comerciantes o personas que ejecuten actos mercantiles; juicios que se clasifican en ordinarios, orales, ejecutivos y especiales. De igual forma, se prevé que cuando conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. En ese orden, el artículo 75, fracción II de la legislación mercantil invocada dispone: "Artículo 75.- La ley reputa actos de comercio: [.] II.- Las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial; [.]". La fracción del numeral reproducido, reputa como actos de comercio, las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con el propósito de especulación comercial. Mientras que, por su parte, el artículo 371 del propio ordenamiento establece: "Artículo 371.- Serán mercantiles las compraventas a las que este Código les da tal carácter, y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar." Esto es, prevé que se consideran mercantiles las compraventas que tienen ese carácter acorde al propio código, y las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. Ahora, del contenido de la demanda de amparo y de las constancias que integran los autos del expediente 142/2021, del índice del Juzgado Décimo Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, así como del toca 168/2023, del índice de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en especial de la resolución que constituye el acto reclamado, se advierte que el hoy quejoso Pablo Huerta Rivera, como promitente comprador, y Rodrigo Pérez Ramírez, como promitente vendedor, celebraron contrato de promesa de compraventa y posterior convenio de cancelación del mismo, respecto del inmueble identificado como lote número 16, de la manzana C, el cual se encuentra dentro de un predio en proceso de subdivisión, con la autorización correspondiente por parte del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el dictamen de uso de suelo favorable con número de expediente 1111/2015/2-01073DPT Folio 0362273, del cual resultan treinta y un lotes con una superficie aproximada de 335.02 metros cuadrados. Asimismo, en la propia resolución reclamada se reconoce que en el contrato base de la acción se asentó en un futuro dicho predio estaría sujeto al régimen de propiedad en condominio denominado Residencial Los Venados, dentro del fraccionamiento Los Pinos Campestre. En ese sentido, resulta evidente que como lo sostiene la parte quejosa, el hecho de que el contrato de promesa de compraventa se hubiese celebrado respecto de una porción de un predio en proceso de subdivisión para la realización de un proyecto sujeto al régimen de propiedad en condominio denominado Residencial Los Venados, dentro del fraccionamiento Los Pinos Campestre, hace patente la especulación comercial del aludido acto jurídico por parte del promitente vendedor. Es así, pues, se insiste, resulta claro que el predio en el que se encuentra el inmueble materia del contrato de promesa de compraventa base de la acción, eventualmente formará parte de un proyecto sujeto al régimen de propiedad en condominio denominado Residencial Los Venados, dentro del fraccionamiento Los Pinos Campestre, tan es así que el trámite de subdivisión en treinta y un lotes del predio madre, ya fue iniciado ante la autoridad municipal correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 72/2014 (10a.), visible en la página 123, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPRAVENTA DE INMUEBLES. EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE UNA PERSONA DEDICADA AL COMERCIO DE BIENES RAÍCES Y UN PARTICULAR QUE ADQUIERE EL BIEN PARA SU USO, TIENE UNA NATURALEZA MIXTA, AL TRATARSE DE UN ACTO DE COMERCIO PARA EL PRIMERO Y UNO CIVIL PARA EL SEGUNDO. De la legislación mercantil deriva la existencia de relaciones unilateralmente mercantiles, también denominadas por la doctrina como actos de naturaleza mixta, las cuales se actualizan cuando, al surgir el acuerdo de voluntades entre las partes, el acto es mercantil para una y civil para la otra. A ese tipo de actos corresponde el supuesto previsto en el artículo 75, fracción II, del Código de Comercio, que prevé que la ley reputa actos de comercio las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se realizan con el propósito de especulación comercial, en aquellos casos en los que sólo uno de los contratantes busca esa finalidad. En efecto, la distinción entre la "compra" y la "venta" de inmuebles, aunada al elemento subjetivo, relativo al propósito de los que intervienen en el acto, permite afirmar, por un lado, que dicho acuerdo de voluntades puede ser para uno de los contratantes un acto mercantil, si acaso su celebración tuvo el propósito de una especulación comercial para la obtención de un lucro y, para el otro, civil, si su suscripción se verificó para satisfacer una necesidad personal, sin que dicho acto jurídico, como unidad, deba encuadrarse en una u otra clasificación. Consecuentemente, el contrato de compraventa de inmuebles celebrado entre una persona dedicada al comercio de bienes raíces y un particular que adquiere el bien para su uso, tiene una naturaleza mixta, al tratarse de un acto de comercio para el primero y uno civil para el segundo.". No obsta a lo anterior, el hecho de que la actividad económica del promitente vendedor sea la de asesorar proyectos privados de construcción y no propiamente la de una empresa de construcción y que el Código de Comercio no regule de manera expresa los contratos de promesa de compraventa, como sí lo hace el Código Sustantivo Civil Local; sin embargo, como se precisó en párrafos que anteceden, el artículo 4 de la primera de las legislaciones en cita es claro en establecer que las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo, sujetas por ella a las leyes mercantiles. Cobra aplicación a lo aquí determinado, la jurisprudencia 1a./J. 73/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Página 122, de rubro y texto siguientes: "COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES. PROCEDE LA VÍA MERCANTIL PARA DIRIMIR CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS RELATIVOS CUANDO PARA UNO DE LOS CONTRATANTES EL ACUERDO DE VOLUNTADES SEA DE NATURALEZA COMERCIAL. En términos de los artículos 371, 1049 y 1050 del Código de Comercio, los conflictos surgidos del cumplimiento de contratos de compraventa de inmuebles celebrados con el propósito de especulación comercial deben dirimirse en la vía mercantil, no obstante que para uno de los contratantes dicho acuerdo de voluntades sea de naturaleza civil (actos de naturaleza mixta). Lo anterior es así, en virtud de que la compraventa de bienes inmuebles tiene una naturaleza mercantil para el contratante que celebró el acuerdo de voluntades con el propósito de especulación comercial; de ahí que si el citado artículo 1050 es contundente en disponer que cuando, conforme a las disposiciones mercantiles, para una de las partes que intervienen en un acto, éste tenga naturaleza comercial y para la otra la tenga civil, la controversia que de éste derive se regirá conforme a las leyes mercantiles, el juzgador debe atender a dicha disposición.". De igual forma, aunque es verdad que el contrato de promesa de compraventa no se encuentra específicamente previsto en el Código de Comercio; lo cierto es que éste, en sus artículos 75, fracciones II y XXV, así como 371, preceptúa que la ley reputa actos de comercio, entre otros, las compras y ventas de bienes inmuebles, cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial; así como cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. Asimismo, que serán mercantiles las compraventas a las que dicho Código les da tal carácter, y todas las que se hagan con el objeto directo y preferente de traficar. En ese sentido, resulta inconcuso que si como quedó demostrado en líneas que anteceden, el contrato de promesa de compraventa base de la acción tuvo como finalidad una especulación comercial para el promitente vendedor, dicho acto jurídico encuadra en la fracción XXV del artículo 75, así como en el diverso 371 del Código de Comercio. Derivado de lo hasta aquí expuesto, resulta irrelevante el hecho de que el predio sujeto a subdivisión en el que se encuentra el inmueble materia del contrato de promesa de compraventa base de la acción hubiese sido adquirido por el promitente vendedor por adjudicación en juicio sucesorio, toda vez que, la calidad comercial del acto jurídico no derivó del origen de la adquisición del predio por parte del hoy tercero interesado, sino de fin especulativo con el que se había celebrado el contrato de promesa de compraventa. Consecuentemente, al resultar fundados los mencionados conceptos de violación, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es procedente conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente la resolución de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca 168/2023; b) En otra que dicte, con plenitud de jurisdicción, resuelva nuevamente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado en el juicio oral mercantil 142/2021, promovido por Pablo Huerta Rivera, en contra de Rodrigo Pérez Ramírez, tomando en consideración que el contrato de promesa de compraventa base de la acción fue celebrado respecto de una porción de un predio en proceso de subdivisión para la realización de un proyecto sujeto al régimen de propiedad en condominio denominado Residencial Los Venados, dentro del fraccionamiento Los Pinos Campestre, lo que hace patente la especulación comercial del aludido acto jurídico por parte del promitente vendedor; hecho lo cual, obre en consecuencia. Concesión que se hace extensiva al acto reclamado al Juez Décimo Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por tener el carácter de autoridad ejecutora y no haberse reclamado sus actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, de la Quinta Época, página 1382, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución". Finalmente, debido a que la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, la misma no se integrará al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pablo Huerta Rivera, contra los actos que reclamó de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y del Juez Décimo Quinto Especializado en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.
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