Esteban Paredes Rosales

Expediente 1525/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1525/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
31/12/2021

Partes del expediente

  • Esteban Paredes Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha quince de diciembre del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez Segundo Auxiliar Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito del quejoso, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído del tres de diciembre de dos mil veintiuno. Pues bien, de lo manifestado en el escrito aclaratorio presentado por el quejoso, este manifestó lo que se reproduce a continuación: En ese orden se tiene que el quejoso reclama del Juez Segundo Auxiliar Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado: 1. El auto de exequendo del tres de septiembre del año en curso, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil ***, el cual refiere está dirigido contra *** (persona distinta al quejoso); sin embargo, de las propias constancias certificadas allegadas por el promovente, se advierte que el quince de septiembre siguiente, la responsable tuvo por aclarado el nombre de la parte demandada como *** y se ordenó dar cumplimiento a dicho auto de exequendo. 2. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, ya que en dicha diligencia no se le proporcionaron las copias de traslado de manera completa. En esa tesitura, la demanda que se provee es notoriamente improcedente por las consideraciones siguientes: El artículo 112 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 112.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. ". Por su parte el numeral 113 de la propia legislación establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" De lo anterior, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Bien, es dable establecer, que respecto de lo que en esta vía constitucional se reclama, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ello es así, ya que el juicio de amparo es improcedente, porque en contra de los actos reclamados proceden recursos por virtud de los cuales pueden ser modificados, revocados o nulificados; toda vez que tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, salvo que se trate de algún caso de excepción que el propio artículo señala. En ese sentido, contra el acto reclamado precisado en el punto número 1, consistente en el auto de exequendo del tres de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1302/2021; mismo que el quince siguiente, se tuvo por aclarado el nombre de la parte demandada por ***y se ordenó dar cumplimiento a dicho auto, procede el recurso de revocación de conformidad con los artículos 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio aplicable, que establecen: "De la revocación y reposición. Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código." "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339" Lo anterior, en razón de que el acto reclamado es susceptible de revocación, pues tal como lo refirió la parte quejosa en su demanda, así como de lo advertido de las copias certificadas del proveído del tres de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1302/2021; la cantidad reclamada por concepto de suerte principal es por la suma de $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional; la cual resulta ser inferior al señalado en el artículo 1339 del Código de Comercio aplicable. Por ello, de la interpretación de los artículos 1334 y 1340 del citado ordenamiento legal, se advierte que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el numeral 1339 del cuerpo de leyes invocado, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación; por tanto, al no interponer el recurso de revocación previsto en el referido numeral 1334, no dio cumplimiento al principio de definitividad. Sobre el particular es aplicable la siguiente jurisprudencia: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)" De igual manera, apoya las anteriores consideraciones, el criterio que se enuncia a continuación: JUICIOS MERCANTILES. AUTO DE EXEQUENDO. PROCEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, CUANDO LA SUERTE PRINCIPAL NO EXCEDA DE CIENTO OCHENTA Y DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO. Si en el amparo indirecto que se promueve en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, el acto reclamado surgió de un juicio ejecutivo mercantil en el que la suerte principal no excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo y lo constituye el auto admisorio de la demanda que dio origen a la controversia que por su naturaleza se tramita ante un juzgado de cuantía menor, como el auto de exequendo es una resolución que afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del ejecutado, resulta incuestionable que éste puede interponer contra dicho auto admisorio el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio; ello por exclusión, al no poder combatirlo mediante la apelación a que se refiere el numeral 1340 del último ordenamiento mencionado, cuyo medio de impugnación sólo procede cuando se trata de asuntos de cuantía superior y, actuar en contrario, transgrede garantías individuales" Luego, respecto al diverso acto reclamado por la parte quejosa precisado en el punto número 2, consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, practicada en los autos del juicio de origen, toda vez que en dicha diligencia no se le proporcionaron las copias de traslado de manera completa, el artículo 319 el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición expresa de su numeral 1054, refieren lo siguiente: "ARTICULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto" "Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva" De los preceptos transcritos se observa que cuando una actuación se hiciere en forma distinta de la prevenida en la ley, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la actuación hecha indebidamente u omitida. Ahora, dicho incidente de nulidad de actuaciones es el remedio procesal idóneo y eficaz para regularizar un emplazamiento indebidamente realizado, pues, de estimar que es innecesario su agotamiento previo, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades del juez primigenio, lo que no es dable si se toma en cuenta que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa y, por ende, únicamente procede contra resoluciones definitivas, es decir, aquellas respecto de las cuales no proceda ningún recurso o medio de defensa que tenga como fin modificarlas, revocarlas o nulificarlas. En efecto, a través del incidente de nulidad de actuaciones, la autoridad responsable analiza los vicios que el interesado le atribuye a la diligencia que considera hecha indebidamente o que fue omitida, restituyéndolo así en el goce de su derecho. Por tanto, en contra del acto reclamado en mención procede de conformidad con los numerales invocados, el incidente de nulidad de actuaciones. Tiene aplicación al caso por las razones jurídicas que contiene la jurisprudencia siguiente: INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad" Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la nulidad del emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento de pago y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento. Tiene aplicación sobre el particular el siguiente criterio jurisprudencial: EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento En consecuencia, se determina que la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto los recursos ordinarios, por virtud de los cuales, los actos reclamados pudieron haber sido modificados, revocados o nulificados, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Se afirma lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solamente procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, pero una vez que se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley que rige los actos reclamados, que tiene como efecto modificarlos, revocarlos o anularlos, esto es, como ya se dijo, el recurso de revocación y el incidente de nulidad de notificaciones respectivamente. En esa tesitura, se hace necesario precisar que no se advierte que el peticionario de amparo se ostente como tercero extraño, puesto que el proveído del quince de septiembre del año en curso, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil **, la responsable aclaró que el nombre correcto del demandado a quien se practicaría auto de exequendo sería a ***; máxime que el propio quejoso manifestó reclamar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, practicada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en los autos de dicho juicio, toda vez que las copias para correrle traslado le fueron proporcionadas de manera incompleta. En las relatadas consideraciones, al quedar demostrado que los actos reclamados carecen de definitividad, de ahí que sean inaplicables las tesis que menciona el promovente de amparo en su escrito inicial de demanda; pues si bien se refieren a cuestiones de imposible reparación, lo cierto es que, como se dijo, debe de agotar el principio de definitividad. En tal virtud y dado que no se actualiza ninguna excepción al principio correspondiente, es inconcuso que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia invocada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo interpuesta. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO. PROMOVENTE. AUTO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito del quejoso, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído del tres de diciembre de dos mil veintiuno. Pues bien, de lo manifestado en el escrito aclaratorio presentado por el quejoso, este manifestó lo que se reproduce a continuación: En ese orden se tiene que el quejoso reclama del Juez Segundo Auxiliar Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado: 1. El auto de exequendo del tres de septiembre del año en curso, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil ***, el cual refiere está dirigido contra *** (persona distinta al quejoso); sin embargo, de las propias constancias certificadas allegadas por el promovente, se advierte que el quince de septiembre siguiente, la responsable tuvo por aclarado el nombre de la parte demandada como *** y se ordenó dar cumplimiento a dicho auto de exequendo. 2. La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, ya que en dicha diligencia no se le proporcionaron las copias de traslado de manera completa. En esa tesitura, la demanda que se provee es notoriamente improcedente por las consideraciones siguientes: El artículo 112 de la Ley de Amparo dispone: Artículo 112.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Por su parte el numeral 113 de la propia legislación establece: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo anterior, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Bien, es dable establecer, que respecto de lo que en esta vía constitucional se reclama, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ello es así, ya que el juicio de amparo es improcedente, porque en contra de los actos reclamados proceden recursos por virtud de los cuales pueden ser modificados, revocados o nulificados; toda vez que tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre que en su contra proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, éste debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, salvo que se trate de algún caso de excepción que el propio artículo señala. En ese sentido, contra el acto reclamado precisado en el punto número 1, consistente en el auto de exequendo del tres de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1302/2021; mismo que el quince siguiente, se tuvo por aclarado el nombre de la parte demandada por *** y se ordenó dar cumplimiento a dicho auto, procede el recurso de revocación de conformidad con los artículos 1334, 1335, 1339 y 1340 del Código de Comercio aplicable, que establecen: De la revocación y reposición. Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $705,379.03 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código. Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339" Lo anterior, en razón de que el acto reclamado es susceptible de revocación, pues tal como lo refirió la parte quejosa en su demanda, así como de lo advertido de las copias certificadas del proveído del tres de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1302/2021; la cantidad reclamada por concepto de suerte principal es por la suma de $5,400.00 (cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional; la cual resulta ser inferior al señalado en el artículo 1339 del Código de Comercio aplicable. Por ello, de la interpretación de los artículos 1334 y 1340 del citado ordenamiento legal, se advierte que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el numeral 1339 del cuerpo de leyes invocado, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación; por tanto, al no interponer el recurso de revocación previsto en el referido numeral 1334, no dio cumplimiento al principio de definitividad. Sobre el particular es aplicable la siguiente jurisprudencia: REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión son irrecurribles, en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto De los Juicios Mercantiles, título primero Disposiciones Generales, capítulo XXV, denominado De la Apelación, del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). De igual manera, apoya las anteriores consideraciones, el criterio que se enuncia a continuación: JUICIOS MERCANTILES. AUTO DE EXEQUENDO. PROCEDE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN, CUANDO LA SUERTE PRINCIPAL NO EXCEDA DE CIENTO OCHENTA Y DOS VECES EL SALARIO MÍNIMO. Si en el amparo indirecto que se promueve en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, el acto reclamado surgió de un juicio ejecutivo mercantil en el que la suerte principal no excede de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo y lo constituye el auto admisorio de la demanda que dio origen a la controversia que por su naturaleza se tramita ante un juzgado de cuantía menor, como el auto de exequendo es una resolución que afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del ejecutado, resulta incuestionable que éste puede interponer contra dicho auto admisorio el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio; ello por exclusión, al no poder combatirlo mediante la apelación a que se refiere el numeral 1340 del último ordenamiento mencionado, cuyo medio de impugnación sólo procede cuando se trata de asuntos de cuantía superior y, actuar en contrario, transgrede garantías individuales" Luego, respecto al diverso acto reclamado por la parte quejosa precisado en el punto número 2, consistente en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, practicada en los autos del juicio de origen, toda vez que en dicha diligencia no se le proporcionaron las copias de traslado de manera completa, el artículo 319 el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición expresa de su numeral 1054, refieren lo siguiente: ARTICULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. De los preceptos transcritos se observa que cuando una actuación se hiciere en forma distinta de la prevenida en la ley, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la actuación hecha indebidamente u omitida. Ahora, dicho incidente de nulidad de actuaciones es el remedio procesal idóneo y eficaz para regularizar un emplazamiento indebidamente realizado, pues, de estimar que es innecesario su agotamiento previo, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades del juez primigenio, lo que no es dable si se toma en cuenta que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa y, por ende, únicamente procede contra resoluciones definitivas, es decir, aquellas respecto de las cuales no proceda ningún recurso o medio de defensa que tenga como fin modificarlas, revocarlas o nulificarlas. En efecto, a través del incidente de nulidad de actuaciones, la autoridad responsable analiza los vicios que el interesado le atribuye a la diligencia que considera hecha indebidamente o que fue omitida, restituyéndolo así en el goce de su derecho. Por tanto, en contra del acto reclamado en mención procede de conformidad con los numerales invocados, el incidente de nulidad de actuaciones. Tiene aplicación al caso por las razones jurídicas que contiene la jurisprudencia siguiente: INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la nulidad del emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento de pago y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento. Tiene aplicación sobre el particular el siguiente criterio jurisprudencial: EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES, NULIDAD DEL, COMPRENDE AL REQUERIMIENTO Y EMBARGO PRACTICADOS. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de aplicación supletoria, el requerimiento de pago y embargo hechos al deudor demandado, necesariamente requieren para su legal existencia de su notificación en la forma establecida en la ley, notificación que no es otra cosa que el emplazamiento a que aluden los preceptos en cita, al cual aquéllos, pese a ser actos jurídicos distintos, se encuentran estrechamente vinculados; luego la nulidad de este último, que entraña la inobservancia del requisito a que se encuentran sujetos los aludidos requerimiento y embargo, lógicamente trasciende a los mismos, sin que sea óbice para ello el hecho de que cronológicamente se hubieran practicado con anterioridad y en forma sucesiva en la misma diligencia, al indicado emplazamiento En consecuencia, se determina que la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto los recursos ordinarios, por virtud de los cuales, los actos reclamados pudieron haber sido modificados, revocados o nulificados, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Se afirma lo anterior, pues conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solamente procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, pero una vez que se hayan agotado los recursos que en su caso procedan. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley que rige los actos reclamados, que tiene como efecto modificarlos, revocarlos o anularlos, esto es, como ya se dijo, el recurso de revocación y el incidente de nulidad de notificaciones respectivamente. En esa tesitura, se hace necesario precisar que no se advierte que el peticionario de amparo se ostente como tercero extraño, puesto que el proveído del quince de septiembre del año en curso, emitido en los autos del juicio ejecutivo mercantil **, la responsable aclaró que el nombre correcto del demandado a quien se practicaría auto de exequendo sería a ***; máxime que el propio quejoso manifestó reclamar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, practicada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en los autos de dicho juicio, toda vez que las copias para correrle traslado le fueron proporcionadas de manera incompleta. En las relatadas consideraciones, al quedar demostrado que los actos reclamados carecen de definitividad, de ahí que sean inaplicables las tesis que menciona el promovente de amparo en su escrito inicial de demanda; pues si bien se refieren a cuestiones de imposible reparación, lo cierto es que, como se dijo, debe de agotar el principio de definitividad. En tal virtud y dado que no se actualiza ninguna excepción al principio correspondiente, es inconcuso que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia invocada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo interpuesta. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, contra actos del Juez Segundo Auxiliar Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1525/2021. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: Bajo protesta de decir verdad; Fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Fecha en que se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo que refiere en el punto "TERCERO" del capítulo de hechos de su demanda. Precise el acto que reclama, toda vez que del ocurso que se provee, señala el auto de exequendo de tres de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, de las constancias que acompañó a dicho escrito, se desprende el proveído de quince siguiente, en el que la responsable tuvo a la parte actora aclarando que el nombre correcto del demandado es *** (hoy quejoso), persona contra quien se ejerce la acción cambiaría directa en los autos del juicio de origen. Lo anterior, toda vez que dicha cuestión es necesaria se aclare, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y IV, del artículo 114, en relación con la fracción IV, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes tesis: "***" "***" 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos hechos con anterioridad, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. 3. Intervención de las partes. 1. Quejoso: ***. a. Domicilio. ***. 4. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. 6. Firma electrónica de actuaciones. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Notifíquese personalmente.

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