ESTEBAN PABLO FLORES y Otros.
Expediente 2/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/05/2021
Partes del expediente
- ESTEBAN PABLO FLORES y Otros.
- Geovanny Mondragón Ríos
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, once de mayo de dos mil veintiuno Vista la certificación que antecede, se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo en el presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, el mismo precluyo, con fundamento en el artículo 2o. de la ley de la materia, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En la misma data, el Secretario da cuenta al Juez con el ocurso de Geovanny Mondragón Ríos, Esteban Pablo Flores, Ángel Germain Reyes Guzmán y Vicente Benítez Garcés, registrado con el folio 375. Conste.Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Fijación de la litis. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos que reclama la parte quejosa en el escrito de cuenta son los siguientes: Del Juez Penal de Control del Sistema Penal Acusatorio y Adversarial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad de Gestión Judicial número Díez se le reclama lo siguiente: a) La negación de reaperturar el plazo de investigación complementaria; la reapertura parcial de la investigación complementaria; la negativa de ordenar la libertad para estar en posibilidad de evitar un riesgo de contagio con motivo de la pandemia mundial por COVID-19; lo anterior, dentro de la audiencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. b) La negativa de substanciar el recurso de revocación interpuesto por los quejosos el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, contra las resoluciones dictadas en audiencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, se reclama lo siguiente: c) La ejecución de la medida cautelar dictada por el Juez de Control en la carpeta judicial 010/1225/2020, impuesta el dieciocho de agosto de dos mil veinte. d) Riesgo de contagio del virus Covid-19. Consideración previa Atento al contenido del escrito de cuenta se advierte que pretendió ampliar la demanda de amparo en el diverso juicio 694/2020-V, de este índice, mismo que se acordó mediante resolución de doce de enero último, y se tuvo por no procedente la aludida ampliación al considerar que los actos reclamados del presente ocurso no guardaban relación con los inicialmente reclamados, por tanto, no se tuvo por ampliada. En consecuencia, se ordenó remitir el escrito original de cuenta, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a fin de que se le dé el trámite correspondiente como una nueva demanda, que por razón de turno le correspondió conocer y pronunciarse al respecto a este juzgado federal. Atento a lo anterior, con el objeto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, téngase como hecho notorio, el escrito inicial de demanda del aludido juicio 694/2020-V, de este índice, para el único efecto de poder proveer respecto de algunos requisitos necesario para iniciar el trámite del presente juicio; en tal virtud, se provee lo siguiente: Visto el ocurso promovido por Geovanny Mondragón Ríos, Esteban Pablo Flores, Ángel Germain Reyes Guzmán y Vicente Benítez Garcés, contra actos del Jueces Penales de Control del Sistema Penal Acusatorio, adscritos a la Unidad de Gestión Judicial Número Diez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 2/2021-V y fórmese el expediente electrónico e impreso. Improcedencia respecto de los actos a), b) y c). Al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o, de la ley de la materia. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio del correo institucional del juzgado; ahora, dicha circunstancia no exime al promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma y de hacerlo a través de las herramientas implementadas para eso, como es el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada (principio de instancia de parte). La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso que de la demanda presentada vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 59, 62, 64, 65 interpretado a contrario sensu, 72 y 76 todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con un firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, pues en la presente demanda de amparo, no se reclama alguno de los actos antes citados. Ahora en el presente caso, no se advierte que el archivo que contiene la demanda de amparo que se acuerda haya sido firmado electrónicamente, pues no contiene en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica tal como lo señala el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se advierte que el documento haya sido firmado electrónicamente. Resultan aplicables al caso por los motivos que se exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". No se soslaya que el artículo 65 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos Relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, establece los supuestos en que no es obligatorio el registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a saber: "Artículo 65. El registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que el usuario se registre en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.". Sin embargo, de la lectura integral de la demanda no se advierte que los promoventes, se encuentren en alguna de las hipótesis antes descritas, ya que en el caso el acto reclamado, no es de los previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo (que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales). Ello, pues se reclama lo siguiente: Del Juez Penal de Control del Sistema Penal Acusatorio y Adversarial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscritos a la Unidad de Gestión Judicial número Díez se le reclama lo siguiente: a) La negación de reaperturar el plazo de investigación complementaria; la reapertura parcial de la investigación complementaria; la negativa de ordenar la libertad para estar en posibilidad de evitar un riesgo de contagio con motivo de la pandemia mundial por COVID-19; lo anterior, dentro de la audiencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. b La negativa de substanciar el recurso de revocación interpuesto por los quejosos el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, contra las resoluciones dictadas en audiencia de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, se reclama lo siguiente: c) La ejecución de la medida cautelar dictada por el Juez de Control en la carpeta judicial 010/1225/2020, impuesta el dieciocho de agosto de dos mil veinte. En consecuencia, cuando la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carezca de la FIREL de la parte quejosa, es procedente su desechamiento de plano, ello porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sin que se desatienda que el documento digitalizado del escrito de cuenta contiene una firma autógrafa; sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para considerar plasmada la voluntad de los justiciables, pues como se dijo, para que ello fuera así al haber sido promovida por la vía electrónica debía contar con la evidencia criptográfica relativa a la FIREL de los quejosos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". Sin que se esté en el supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Entonces, al no encontrarse la demanda de amparo firmada por los promoventes no se encuentra manifiesta la voluntad de éstos y, por ende, no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la Ley de Amparo. Consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo respecto de los actos a), b) y c) por su notoria e indudable improcedencia. Improcedencia respecto del acto d) Ahora bien, en la especie se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;. (.).". El artículo transcrito, se refiere a lo que se conoce como litispendencia y su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se tramite el mismo acto, ya que su constitucionalidad solo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende necesariamente que exista identidad en el quejoso; las autoridades responsables y el acto reclamado, pero sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentra pendiente de resolución. En el caso concreto, del contenido del juicio de amparo 694/2020-V del índice de este juzgado y el cual se invoca como hecho notorio, se advierte lo siguiente: La demanda fue promovida por Geovanny Mondragón Ríos, Esteban Pablo Flores, Ángel Germain Reyes Guzmán y Vicente Benítez Garcés. Se señaló como autoridades responsables entre otra a la siguiente: Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Uno de los actos reclamados fue el siguientes: Omisión de garantizar las condiciones de salud adecuados a efecto de evitar el contagio del virus denominado COVID-19 (riesgo de contagio). Debe precisarse que en proveído de dieciséis de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite dicha demanda. Por su parte, en la demanda de amparo que nos ocupa 2/2021-V, se advierte que el juicio es promovido por Geovanny Mondragón Ríos, Esteban Pablo Flores, Ángel Germain Reyes Guzmán y Vicente Benítez Garcés; se señalaron como autoridades responsables entre otras al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; y uno de los actos reclamados en ambos juicios son idénticos. Es aplicable la tesis de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente.". En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente respecto del acto señalado como d). Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que fue señalado en la demanda correspondiente al juicio 694/2020-V. Por autorizadas a las personas que menciona en su escrito inicial de demanda, con las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando acrediten estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Tambien se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese y personalmente a los quejosos.Así lo proveyó y firma Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante Gilberto Alejandro Nolasco Martínez, Secretario que autoriza y da fe. Samuel En Ciudad de México, siendo las nueve horas del veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el (la) actuario (a) del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, publicó en la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, la resolución o acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas las partes en este expediente o por oficio. Se adjunta la presente razón de conformidad con el artículo 24, 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. INSERTAR CUERPO
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