Esteban Olmos Melo

Expediente 9/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
9/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Esteban Olmos Melo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se declara que el auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, HA CAUSADO EJECUTORIA, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d) del artículo 21 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. Atento a lo anterior, remítase el expediente de que se trata como concluido, al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo, en la remesa de treinta de enero de dos mil veintitrés.

  2. Principal

    ... DESECHAMIENTO No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo ... De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Ahora bien, en la especie la parte quejosa reclama: ... En contra de dichos actos, el quejoso, previamente al juicio de amparo, debió interponer recurso de inconformidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; o bien, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, del propio ordenamiento local. Dichos preceptos prescriben: Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. Artículo 188. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad administrativa competente o ante la propia autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos su notificación. También podrá enviarse el recurso por correo certificado con acuse de recibo, caso en que se tendrá como fecha de presentación del escrito la del día en que se deposite en la oficina de correos. Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales. Lo anterior es así, en virtud de que los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no exigen mayores requisitos para otorgarla que los que establecen los numerales 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, sólo existen ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema. Por lo que, al no existir excepción al principio de definitividad, el quejoso se encuentra obligado a agotar los medios ordinarios de defensa que prevé el ordenamiento procesal administrativo que rige el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo. ... Por consiguiente, en virtud de que la parte quejosa reclama actos de carácter administrativo que atribuye a diversas autoridades de la misma naturaleza, previamente a acudir al juicio de amparo, debió proceder de la siguiente forma: 1. Debió interponer optativamente el recurso de inconformidad, previsto en los citados artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; y después debió agotar el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229, del propio ordenamiento local. 2. O bien, debió agotar de manera directa, pero obligatoria, el juicio contencioso administrativo, en términos del dispuesto por el artículo 229 del citado ordenamiento administrativo local. .... Cabe mencionar que el artículo 1 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece: Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal con funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo del Estado de México. Salvo disposición expresa en contrario, el presente ordenamiento no es aplicable a los integrantes de la Legislatura del Estado de México, a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México, a los consejos tutelares de menores, a las materias laboral y electoral, ni a los conflictos suscitados entre los integrantes de los ayuntamientos, y por la elección de las autoridades auxiliares municipales. Para efectos de este Código, se entiende por: I. Acto administrativo, la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter individual, emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta; II. Procedimiento administrativo, la serie de trámites que realizan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, con la finalidad de producir y, en su caso, ejecutar un acto administrativo. Conforme a dicho precepto por acto administrativo debe entenderse la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter individual, emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. En la especie, la ejecución reclamada de la resolución respectiva, encuadra en la citada definición legal, pues con su ejecución se ve afectada su situación jurídica concreta en cuanto a su actividad laboral. Amén de que, los actos reclamados no se encuentran dentro de las excepciones previstas en el segundo párrafo del citado artículo 1 del ordenamiento procesal referido, a saber: Que se trate de los integrantes de la Legislatura del Estado de México. Que se trate de actos relativos a la Universidad Autónoma del Estado de México. Que se trate de actos relativos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Que se trate de actos relativos a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México. Que se trate de actos relativos a los consejos tutelares de menores. Que se trate de actos relativos a las materias laboral y electoral. Que se trate de actos relativos a los conflictos suscitados entre los integrantes de los ayuntamientos. Que se trate de actos relativos a la elección de las autoridades auxiliares municipales. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que los actos reclamados no son definitivos para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es indudable, ya que esta situación no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. ...

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