Esteban Muñoz Marquez
Expediente 1355/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Esteban Muñoz Marquez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el acuerdo remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual se informa a este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el impedimento planteado por esta juzgadora para conocer del expediente, quedando registrado bajo el impedimento 7/2023; de lo cual la suscrita toma conocimiento. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, quien en cumplimiento al requerimiento de ocho de noviembre del dos mil veintitrés, remite copia certificada del informe solicitado por la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. 2. Requerimiento. Atento a lo anterior, mediante oficio que derive del presente acuerdo, remítase copia del oficio de cuenta, a la autoridad responsable, Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y requiérasele para que dentro del improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación de este proveído, de cabal cumplimiento a la sentencia de mérito, esto es, emita el laudo que a derecho corresponda dentro del expediente laboral SAT/694/2017, y remita copia certificada de las constancias con las que acredite su dicho, o en su caso, justifique su imposibilidad jurídica y material para ello. En el entendido que de no hacerlo así, con independencia de que se haga efectivo el apercibimiento decretado en la ejecutoria dictada en el presente sumario, se les impondrá como medida de apremio, una multa por el equivalente a DOSCIENTAS unidades de medida y actualización, con sustento en el artículo 258 de la Ley de Amparo. Además se ordenará la apertura del respectivo incidente de inejecución de sentencia, y se procederá a la remisión de los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Segundo Circuito, en turno, con la estimación de que ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene la separación de su cargo y consignarlo al Juez de Distrito que corresponda, para ser juzgado por el desacato judicial cometido y sea sancionado conforme a lo establecido en el Código Penal Federal, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis número IX.1o.6 K, visible en la página 883, del Tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." Así como la siguiente tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Séptima Época, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, tesis 1020, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ESTÁN OBLIGADAS A INFORMAR ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS. La circunstancia de que la sentencia se encuentre en vías de ejecución no releva a las autoridades de la obligación que el artículo 104 de la Ley de Amparo les impone de informar sobre el cumplimiento que den al fallo de amparo." Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que lo que aquí se ordena, constituye un mandato judicial, por lo que se encuentran compelidas a dar cabal cumplimiento al fallo protector en los términos en que fue concedido. Pues, para que éste se logre se requiere de una serie de requisitos formales y materiales, situación que no puede ser susceptible de constituir un obstáculo para que se satisfagan a cabalidad los lineamientos de la ejecutoria referida y las autoridades responsables puedan inobservar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, más aún que existe criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que conlleva a que, de no dar cumplimiento a lo ordenado sólo propicia la actitud de desacato por parte de las autoridades involucradas, con el uso de tácticas dilatorias; además de que si continúa con tal omisión, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados de la Legislatura del Estado de México y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4° y 31, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1355/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Vista la demanda de amparo, se advierte que al revisar de manera minuciosa la misma, se evidencia lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según sus fracciones I, V y VIII, esto es, debe tenerse en cuenta que los juzgadores deben desempeñar su función de acuerdo a los principios vinculados con la templanza, la fortaleza y la serenidad de ánimo y equilibrio interno; de igual forma, que en términos no debe pasar inadvertido que son causas de responsabilidad para los mismos, las siguientes: 1) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial; 2) Conocer de algún asunto respecto del cual el juzgador respectivo se encuentre impedido; y 3) No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función Judicial. Con ello, no sólo se privilegia la presunción de responsabilidad y credibilidad de los titulares de la función jurisdiccional, y su posición como jueces y magistrados en el Estado constitucional de derecho, sino también la administración de justicia imparcial. Cabe señalar, que el impedimento aquí planteado, en su caso, deberá surtir efectos para los diversos juicios o procedimientos jurisdiccionales en los que sean parte, al haber intervenido en el sumario en que se actúa, lo anterior, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, tal y como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y en segundo término por lo que se refiere al elemento personal del juzgador, ya que los titulares de los órganos jurisdiccionales, en su carácter de personas físicas, también son sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, con bienes propios, situaciones de vida personal, y sujetos de derechos que, indudablemente, están protegidos, entre otras normas, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; elementos que pueden influir en el ánimo del juzgador a grado tal, que en ocasiones pueden dar lugar a dudas en relación con la imparcialidad con la que debe conducirse. Cualquiera de esas circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto. A esas relaciones e intereses personales que puedan presumir parcialidad en el juzgador, se les ha denominado impedimentos y se encuentran descritos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." De lo anterior, se advierte que son siete los supuestos específicos de impedimento, que preceptúa la ley, además de la diversa situación hipotética que señala la fracción VIII. Esos siete supuestos específicos, pueden clasificarse de la manera siguiente: a) Razones de parentesco, amistad o enemistad con las partes, sus abogados o representantes (fracciones I y VII). b) Interés que el juzgador pueda tener en el asunto (fracciones II, III, V y VI). c) Responsabilidad que haya tenido o tenga en el asunto o haber manifestado su opinión (fracción IV). De satisfacerse cualquiera de esos supuestos, resulta forzosa la excusa del funcionario, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador, y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Se impone destacar que el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece como causa de impedimento el hecho de que el Juez de Distrito figure como parte en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento, ante tal circunstancia, se advierte que la suscrita **********, Jueza Octava de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, se encuentra impedida para poder resolver el presente juicio en que se actúa, lo anterior, dado a que se interpuso el diverso juicio de amparo ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mismo que se registró bajo el número de expediente 1326/2023 de su índice, en el cual reclamó la inconstitucionalidad de un diverso artículo del Código Fiscal de la Ciudad de México, relativo al pago de derechos de inscripción (artículo 196, fracción I, inciso a), numeral similar relacionado en el presente asunto, de ahí que se estime que esta juzgadora se ubica en el supuesto del artículo 51 fracción VI de la Ley de Amparo; pues si bien es cierto la trascendencia de la figura del impedimento, se estima que al plantearse se debe establecer en forma clara, al menos, los datos objetivos que den claridad y soporte a su manifestación; lo que se exige de esta manera para que el Tribunal Colegiado de Circuito cuente con la información mínima para calificarlo de legal, aspecto que se estima se cumple. No obstante a lo anterior, el hecho de que la demanda de amparo que promovió la suscrita se haya instaurado en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 27 de diciembre de 2022, en cuanto establece la actual tarifa del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México. De igual forma los decretos legislativos que dieron lugar al texto vigente de los artículos 112, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 196 fracción I, inciso a) y 275 Bis del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente y sus reformas respectivas, y que en la presente instancia constitucional se impugna la promulgación y expedición del artículo 95 fracción I), inciso C), Concepto 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipio para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, sin embargo la suscrita juzgadora aduce tener interés personal en el asunto, derivado de que en ambas instancias el fondo del análisis del asunto, radica en estudiar esencialmente la inconstitucionalidad del principio de "proporcionalidad" y "equidad tributaria", asimismo en esencia los conceptos de violación que fueron formulados en ambas instancias se dirigen a controvertir una misma situación jurídica, esto es, la desproporcionalidad del pago como tributo. Cobra aplicación al caso concreto la jurisprudencia PC.I.A. J/106 A (10a.)1, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "IMPEDIMENTO PLANTEADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON LA I, DE LA LEY DE AMPARO, PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA QUE EL JUZGADOR MANIFIESTE CONTUNDENTE Y CLARAMENTE EL MOTIVO POR EL QUE SE UBICA EN ESE SUPUESTO, SIN QUE ESTÉ OBLIGADO A ACOMPAÑAR ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE LO ACREDITE. De la interpretación literal del contenido de los artículos 51, fracción VIII, en relación con la I, y 55 de la Ley de Amparo, deriva que basta la manifestación contundente y bajo protesta de decir verdad del funcionario judicial al plantear el impedimento para conocer del juicio de amparo, basta para tener por demostrado su dicho, debido a que dicho reconocimiento constituye una expresión de imparcialidad con la que debe conocer de los juicios en términos de lo ordenado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que esté obligado a acompañar algún medio de prueba que lo acredite. Sin embargo, en atención a la trascendencia de la figura del impedimento, se estima que al plantearse se debe establecer en forma clara, al menos, los datos objetivos que den claridad y soporte a su manifestación; lo que se exige de esta manera para que el Tribunal Colegiado de Circuito cuente con la información mínima para calificarlo de legal." Motivo por el cual, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo y, a efecto de evitar cualquier tipo de pugna con el interés que conlleva la función jurisdiccional, resulta claro que surge un motivo notorio, manifiesto e indudable que impide que la suscrita siga conociendo de la demanda que se plantea, al actualizarse la causa de impedimento prevista en la fracción VI, del referido artículo 51 de la Ley de la Materia. Similares consideraciones sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el resolver el impedimento 2/2023. En consecuencia, esta Juzgadora de Distrito se excusa de seguir conociendo de este juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 54, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo y 35, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse los autos originales de este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a efecto de que califique el impedimento planteado, remitiendo al citado Tribunal para los efectos legales a que haya lugar, los autos originales del presente asunto. En esas condiciones, SE RESERVA a proveer lo conducente en relación con la procedencia prevención y/o admisión de la demanda que dio origen al presente asunto, hasta en tanto el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en turno y que conozca de dicho excusa plantada con anterioridad resuelva el impedimento planteado por la suscrita juzgadora. Fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese atentamente al tribunal colegiado que corresponda conocer del asunto, el acuse de recibo respectivo. 4. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario "**********" 5. Notificación electrónica. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 fracción II, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE LE REALICEN DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR."2. 6. Autorizado. Ténganse como autorizada en términos amplios del artículo 12 a Ma. Del Carmen Pallares Huerta, pues, si bien no se encontró dato de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; lo cierto es que, de la certificación secretarial que antecede, se colige que al consultar el portal de internet del Registro Nacional de Profesionistas, la secretaria de la adscripción constató que en éste, se encuentran inscritas las cédulas profesionales xxx, que los faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.9o.P.13 K (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el rubro: "AUTORIZADO EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI EL QUEJOSO SEÑALA QUE EL DESIGNADO EN SU DEMANDA ESTÁ REGISTRADO EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, Y PROPORCIONA SU NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE AMPARO VERIFICARLO."3. 7. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, autorizados, delegados y autoridades responsables, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."4 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."5. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 9. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental6; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónicamente Tribunal Colegiado. Oficio
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