Esteban Morales Gruner

Expediente 1198/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1198/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Esteban Morales Gruner

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio firmado electrónicamente por la Subdirectora de Asuntos Laborales y Fiscales adscrita a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, remitido en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por medio del cual, en atención al requerimiento de siete de octubre del año en curso, informa que dicha dependencia no participó en el levantamiento del censo de daños en las viviendas que fueron afectadas por el sismo ocurrido el siete de septiembre de dos mil diecisiete. Con apoyo en el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo para impugnar el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, por lo que se declara que ha quedado firme. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio signado por el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, en atención al requerimiento de veinticinco de agosto del año en curso, remite las constancias con las cuales aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; tomando conocimiento de su contenido. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y toda vez que la quejosa tiene acceso a la consulta y notificación electrónicas, se da vista con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; apercibida que en caso de no hacerlo así, éste Juzgado de Distrito, en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de rubro y datos de localización siguientes: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa

  4. Principal

    ***** Ciudad de México, a dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por medio del cual solicita una nueva prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, señalando que el término que le fue otorgado es insuficiente para ello; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°, se agrega a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Ahora bien, la autoridad oficiante pretende sustentar su solicitud, manifestando que en la sesión de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, se sometería a consideración del pleno del citado instituto el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efectos la resolución aquí reclamada. En consecuencia, dígasele que no ha lugar a otorgar una nueva prórroga, toda vez que, por una parte, en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se le otorgó la única ampliación de plazo que prevé la Ley de Amparo para cumplir la ejecutoria de mérito. Además, en auto de tres de agosto de dos mil veintidós, se determinó que, toda vez que en la ejecutoria dictada en este juicio, se declaró la inconstitucionalidad de la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión derivado del expediente RRD 01671/20, era inconcuso que dicho acto quedó nulificado por la misma ejecutoria, por lo que no existía acción alguna por realizar por parte de la autoridad responsable respecto a dicho efecto; lo que evidencia que las supuestas gestiones que aduce realizó, solo versan sobre la insubsistencia de la misma resolución que quedó sin efectos con la propia sentencia de amparo; lo que pone en evidencia que la autoridad no atendió el requerimiento que se le formuló y, por lo tanto, no es suficiente para justificar la ampliación del plazo para cumplir el fallo protector. Aunado a lo anterior, cabe precisar que desde el auto de tres de agosto del año en curso, momento en el que se le requirió el cumplimiento a este día ha transcurrido casi un mes, sin que haya cumplido el fallo protector, lo que demuestra que ha contado con el tiempo suficiente para hacerlo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que feneció el término de cinco días otorgado el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, a la autoridad responsable Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a efecto de que realizara lo siguiente: ? Emita una nueva resolución con libertad de jurisdicción en la que dé contestación a los argumentos de la quejosa respecto que la autoridad obligada no precisó el ordenamiento administrativo o legal en el que se haya determinado el otorgamiento de las facultades para actuar por parte del Director de Administración y Control de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio en que se actúa no se observa que la autoridad directamente responsable, haya dado cumplimiento a dicho requerimiento. En consecuencia, que se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 193 párrafo primero, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impone a las personas físicas que integran el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, UNA MULTA DE CIEN veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que cuenta con el plazo razonable de tres días, para que demuestre haber cumplido con la ejecutoria en los términos precisados. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia número P./J.54/2014 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Por lo que transcurrido dicho término, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia, que establecen los artículos 193, primer párrafo, en relación con el diverso 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese

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