Esteban Monter Espinoza
Expediente 542/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Esteban Monter Espinoza
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de once de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda amparo promovida por -----------, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, y a criterio de este Juzgado el presente asunto no es de suma relevancia, pues carece de valor jurídico o histórico para su conservación. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de junio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ----------, por su propio derecho, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y otra autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 542/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. DESECHAMIENTO Ahora, en el caso se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Establecido lo anterior, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: El lanzamiento del hoy quejoso ---------, respecto del inmueble ubicado en: avenida -------------, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado De México, ordenado en el juicio especial de desahucio 46/2020, interpuesto por ----------, en contra de Esteban Monter Espinoza, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Ahora bien, de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) se advierte que en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 927/2020-VII, el cual fue promovido por Antonio Raúl Ochoa Castro, en contra de la omisión de llevar a cabo la diligencia en la que se ejecute la sentencia de catorce de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del juicio especial de desahucio 46/2020, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el cual se invoca como hecho notorio, en dicho juicio de amparo se dictó sentencia definitiva el ocho de abril de dos mil veintiuno, en la cual se resolvió conceder el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: SEXTO. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia las autoridades responsables Juez y Ejecutor del Juzgado Séptimo d lo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, deberán: La primera de las responsables fijar día y hora para la ejecución de la sentencia del juicio de origen, misma que no podrá exceder de ocho días posteriores al auto en que se señale, ordenando se notifique con la debida anticipación a la parte actora y tomar las medidas necesarias para que esta puede verificarse en esa data. Por su parte la autoridad ejecutora deberá llevar a cabo en la fecha que al efecto se indique la ejecución respectiva de la sentencia, siendo que la única razón para que ello no sea así, deberá ser por cuestiones atribuibles al actor, no así a las responsables. Esa sentencia causó ejecutoria mediante auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el cual además se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables, lo cual implica que la orden de lanzamiento dictada en el juicio especial de desahucio 46/2020, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, es un acto dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Asimismo, es importante decir que de una lectura de dicha resolución, la sentencia definitiva de catorce de octubre de dos mil veinte dictada en el juicio de origen, y cuya ejecución fue ordenada en el juicio de amparo, en los términos antes expuestos, la autoridad responsable resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Ha sido procedente la vía especial para la tramitación de este juicio, donde la parte actora probó los extremos de las pretensiones que hizo valer, mientras que la parte demandada no justificó en autos las excepciones que opuso, por consiguiente. SEGUNDO.- Se condena a ESTEBÁN MONTER ESPINOSA, a que desocupe y entregue a la parte actora, el (sic) AVENIDA SAN VICENTE, NÚMERO 22 (VEINTIDÓS), COLONIA SAN MIGUEL XOCHIMANGA, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO; y, para el caso de que éste no lo haga de forma voluntaria dentro del plazo concedido para ello, procédase a su lanzamiento en términos de lo dispuesto por el artículo 2.324 del Código de Procedimientos Civiles en consulta, lo que desde luego deberá hacerse a su costa en la inteligencia que dicho lanzamiento sólo podrá suspenderse, si el ahora condenado en el acto de la diligencia respectiva acredita que se encuentra al corriente en el pago de las rentas o hace el entero de las mismas en ese momento. TERCERO.- Se condena igualmente a la parte demandada a que pague a su contraria o a quien sus derechos represente, las pensiones rentísticas atrasadas y demandadas a partir de la primer semana del mes de noviembre de dos mil diecisiete hasta la tercer semana del mes de enero de dos mil veinte, las que desde luego deberá cubrir a razón de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) semanales más el impuesto al valor agregado, más las que se sigan generando hasta la total entrega y desocupación del inmueble arrendado, las que desde luego estás últimas deberán cuantificarse en ejecución de sentencia y dentro del incidente respectivo. Por lo que, se estima que en la especie opera de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas Causal de improcedencia que responde a la necesidad lógico-jurídica de evitar la prolongación indefinida de amparos, pues si este medio de control constitucional pudiera interponerse en contra de las resoluciones que se dicten en cumplimiento de otra sentencia de amparo, entonces se atentaría contra los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues las controversias que se sometieran se prolongarían indefinidamente. Ahora, para que se actualice esta causal es necesario que se actualicen las siguientes premisas: La existencia de un juicio de amparo previo; Que se haya emitido una resolución; Que el acto reclamado sea esa resolución o un acto dictado en ejecución de la misma. Ahora debe añadirse que en relación al cumplimiento de una ejecutoria, para que la causal de actualice, depende de los términos en que se haya concedido el amparo para estar en condiciones de evaluar si se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, o si por el contrario se le dieron lineamientos claros de las acciones que debía tomar en cumplimiento del amparo. En este segundo caso la improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta. Pues bien, como se adelantó en el presente caso se actualizan todos los elementos de la causal de improcedencia, ya que sí existe un juicio de amparo previo: el 927/2020-VII, del índice de este órgano jurisdiccional, sí se dictó una resolución en este, la sentencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, y en la cual se concedió el amparo y se ordenó a las autoridades a realizar ciertas acciones específicas, es decir sin libertad de jurisdicción; y el acto reclamado se emitió en cumplimiento de dicha resolución, pues en la ejecutoria de amparo se constriñó a las responsables a: Fijar día y hora para la ejecución de la sentencia del juicio de origen, misma que no podrá exceder de ocho días posteriores al auto en que se señale, y tomar las medidas necesarias para que esta puede verificarse en esa data, y a que la autoridad ejecutora llevara a cabo en la fecha que al efecto se indique la ejecución respectiva de la sentencia dictada en el juicio de origen, en la cual se determinó entre otras cosas: condenar a -----------, aquí quejoso, a que desocupe y entregue a la parte actora, el (sic) avenida ------------, Atizapán de Zaragoza, Estado de México; y, para el caso de que éste no lo haga de forma voluntaria dentro del plazo concedido para ello, procédase a su lanzamiento. Por lo tanto, si en el presente juicio de amparo se reclama que la autoridad responsable en dicho juicio de amparo, va a ejecutar la orden de lanzamiento respectiva (aun cuando ello pudiera ocurrir en un inmueble diverso), resulta notorio y manifiesto que ese acto se trata de uno realizado en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, no pasa desapercibido que el quejoso manifiesta que la orden se pretende realizar en un inmueble diverso a aquel que fue materia del juicio de origen y por ende del juicio de amparo, pues el quejoso refiere acudir al amparo a defender el ubicado en avenida -----------------, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado De México; y aduce que el que fue materia del juicio fue el lote 17 (diecisiete), número 22. No obstante, ello no cambia la naturaleza del acto reclamado, es decir el ser un acto ejecutado en cumplimiento de una sentencia de amparo, ya que, de acuerdo a sus manifestaciones bajo decir verdad, la propia autoridad responsable ejecutor adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, le informó que la orden es que se entregue todos los números veintidós sea A, B, o C o cualquier otro. Por lo tanto, si el aquí quejoso considera que el lanzamiento sobre el inmueble que acude a defender, no estaba comprendido dentro de los efectos de la sentencia de amparo, es decir que la autoridad actuaba con exceso a lo resuelto, ello es una cuestión que se tiene que hacer valer en el referido juicio de amparo 927/2020-VII, no a través de uno distinto, ya que la Ley de Amparo le otorga lo medios de defensa para tal caso: Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación. La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma. Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo. Por lo tanto, aun si no fue parte en el juicio de amparo, si considera que fue afectado indebidamente por su cumplimiento, en tanto que la autoridad responsable actuando en exceso ejecutó la sentencia de origen en un bien ajeno a la materia de la litis, es una cuestión que se debe hacer valer a través del recurso de inconformidad, no mediante un nuevo juicio de amparo, pues ello implicaría volver a analizar cuestiones previamente resueltas, en perjuicio del principio jurídico de cosa juzgada lo cual además generaría inseguridad jurídica. En mérito de lo expuesto, se concluye que en el presente caso se actualiza de manea notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX, por lo tanto, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por -----------, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En diverso aspecto, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en avenida --------------, municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En términos del último párrafo del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, practique las notificaciones que deriven del presente trámite, en días y horas inhábiles. Además hace destacar que el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo; y que para llevar a cabo la notificación ordenada en el presente auto deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo a José Javier Lopez Arellano, toda vez que su cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y respecto a los diversos facultados, ténganse por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones. INFORMACIÓN A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere al promovente, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Se hace del conocimiento del promovente el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente al promoverte.
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