Esteban Mártir Sánchez
Expediente 1363/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1363/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2018
Partes del expediente
- ESTEBAN MÁRTIR SÁNCHEZ y Otros.
- Esteban Mártir Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos se desprende, que la notificación del proveído de veintiséis de octubre del año en curso (fojas 74 a la 83), mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por Esteban Martír Sánchez, fue practicada el cinco de noviembre de la anualidad en cita (foja 87), surtió sus efectos al siguiente día hábil, sin que se haya interpuesto recurso alguno contra el mismo, dentro del término que prevé el numeral 98 de la legislación de la materia; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los dispositivos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley referida en su precepto 2, se declara que el mismo ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se desechó de plano la demanda de garantías y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que en sesión de cinco de octubre del año en curso, el Tribunal en cita, declaró infundado el impedimento 7/2018 formulado por este juzgado; asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo 1363/2018 en un tomo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Ahora bien, vista la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del anterior precepto normativo se advierte, que a fin de que se deseche de plano una demanda de garantías, deben de actualizarse los siguientes supuestos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, y, 2.- Que ese motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya así como de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable es cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Ahora bien, del análisis integral con lo que respecta al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento y/o llamamiento al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio número DI/CI/002/2018, que concluyó en la emisión del dictamen número SCG/SP/478/2018, lo cual le fue notificado el veinticuatro de mayo del año en curso, a través del aviso de baja, suscrito el quince de mayo de dos mil dieciocho, por el "Coordinador Administrativo", por el cual se le comunicó que ".quedó cancelado su movimiento administrativo de asignación de la plaza de base que venía desempeñando con adscripción en ésta Secretaría, en virtud, de que no cumplió con los requisitos necesarios para el otorgamiento o asignación de la base, por lo que no puede surtir efectos jurídicos el nombramiento; lo anterior, por infringir las disposiciones del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal."; de ahí que este juzgado advierte, que se actualiza una causa de improcedencia, lo que conduce a DESECHARLA DE PLANO. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, del referido ordenamiento legal disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de derechos se encuentra supeditada al hecho de que las normas generales, actos u omisiones que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes:***Por tanto, el concepto de autoridad implica la facultad de decisión por parte de a quien se atribuya dicho carácter. En ese contexto, en términos de la fracción II del artículo 5° citado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De manera que para que un particular pueda ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo debe realizar un acto con las notas distintivas destacadas y con base en el ejercicio de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimoprimer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de 2015, Tomo IV, Página: 3823: ***De los preceptos trascritos se sigue que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, conocerá de las controversias que surjan con motivo de la aplicación del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. Entonces, los conflictos surgidos por violaciones a las disposiciones de dicho estatuto deben resolverse ante el tribunal citado. En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables a la: - Secretaría de la Contraloría General del Estado. - Secretaría de Seguridad Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit. A las autoridades señaladas anteriormente, les reclama: La falta de emplazamiento y/o llamamiento al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio número DI/CI/002/2018, que concluyó en la emisión del dictamen número SCG/SP/478/2018, lo cual le fue notificado el veinticuatro de mayo del año en curso, a través del aviso de baja, suscrito el quince de mayo de dos mil dieciocho, por el "Coordinador Administrativo", por el cual se le comunicó que ".quedó cancelado su movimiento administrativo de asignación de la plaza de base que venía desempeñando con adscripción en ésta Secretaría, en virtud, de que no cumplió con los requisitos necesarios para el otorgamiento o asignación de la base, por lo que no puede surtir efectos jurídicos el nombramiento; lo anterior, por infringir las disposiciones del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal.". Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados derivan de la determinación emitida dentro del procedimiento administrativo DI/CI/002/2018. Al respecto, la parte agraviada anexa a su escrito de demanda copia certificada ante los Notario Público ahí descrito, la notificación de aviso de baja, suscrita el quince de mayo de dos mil dieciocho, por el "Director General Administrativo y Director de Coordinación Administrativa", respectivamente. En esas notificaciones, se comunica a los quejosos que en el procedimiento administrativo en cuestión se determinó que ".quedó cancelado su movimiento administrativo de asignación de la plaza de base que venía desempeñando con adscripción en ésta Secretaría, en virtud, de que no cumplió con los requisitos necesarios para el otorgamiento o asignación de la base, por lo que no puede surtir efectos jurídicos el nombramiento.". Asimismo, en el referido comunicado se establece que esa decisión ocurrió por infringir disposiciones del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. En esos términos, dado que la separación del cargo que venía desempeñando la parte quejosa, como se precisó con anterioridad se sustentó en el incumplimiento del estatuto jurídico analizado, es evidente que ese conflicto debe planearse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, en términos del artículo 127 del referido estatuto. Entonces, los actos reclamados en cuestión no se encuentran revestidos de imperio frente a los particulares agraviados; es decir, carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, en virtud de que puede ser combatido ante la autoridad del trabajo descrita; luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetarse a las hoy señaladas como responsables, al juicio biinstancial, reclamándoles actos que, en todo caso, podrían ser demandados ante otra instancia; lo anterior, porque los actos reclamados derivan de una relación entre trabajadores y patrón, por lo que no existe una relación de supra a subordinación entre el peticionario de amparo y las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, la Secretaría de la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, pues en el caso, dichos entes no están investidos con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa, y por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva, ya que, en el caso, se trata de una decisión particular como parte patronal, y como se mencionó, el acto que se le reclama puede ser reclamado mediante otra vía, ante el tribunal burocrático. Por analogía, tiene aplicación, la Jurisprudencia III.4º. T. J/3 (10ª.), aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con número de registro 2011298, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: **. Lo anterior se estima así, pues aun cuando por regla general el auto inicial no es el momento idóneo para determinar si una autoridad tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, en el caso se surte el supuesto de excepción que establece, ya que el quejoso aportó datos suficientes para desentrañar que la naturaleza de los actos reclamados era de índole laboral y consecuentemente, que las autoridades a quienes los atribuyó no les asiste el carácter de responsables; máxime que esa situación no variaría aunque se diera trámite a la demanda presentada por el quejoso. Finalmente, agréguese al presente expediente, el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que en sesión de cinco de octubre del año en curso, el Tribunal en cita, declaró infundado el impedimento 7/2018 formulado por este juzgado; asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo 1363/2018 en un tomo; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Ahora bien, vista la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del anterior precepto normativo se advierte, que a fin de que se deseche de plano una demanda de garantías, deben de actualizarse los siguientes supuestos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, y, 2.- Que ese motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya así como de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable es cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Ahora bien, del análisis integral con lo que respecta al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento y/o llamamiento al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio número DI/CI/002/2018, que concluyó en la emisión del dictamen número SCG/SP/478/2018, lo cual le fue notificado el veinticuatro de mayo del año en curso, a través del aviso de baja, suscrito el quince de mayo de dos mil dieciocho, por el "Coordinador Administrativo", por el cual se le comunicó que ".quedó cancelado su movimiento administrativo de asignación de la plaza de base que venía desempeñando con adscripción en ésta Secretaría, en virtud, de que no cumplió con los requisitos necesarios para el otorgamiento o asignación de la base, por lo que no puede surtir efectos jurídicos el nombramiento; lo anterior, por infringir las disposiciones del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal."; de ahí que este juzgado advierte, que se actualiza una causa de improcedencia, lo que conduce a DESECHARLA DE PLANO. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, del referido ordenamiento legal disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de derechos se encuentra supeditada al hecho de que las normas generales, actos u omisiones que se reclamen provengan de una autoridad. Por autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse a aquella que dicta, ordena, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En otras palabras, por autoridad responsable debe considerarse a las que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Lo expuesto encuentra sustento en el contenido de la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página ciento dieciocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Ahora bien, para dilucidar con precisión si se está en presencia de un acto de autoridad, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Para lo anterior, es necesario tomar en cuenta que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 164/2011, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Novena Época, septiembre de dos mil once, página mil ochenta y nueve, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por tanto, el concepto de autoridad implica la facultad de decisión por parte de a quien se atribuya dicho carácter. En ese contexto, en términos de la fracción II del artículo 5° citado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De manera que para que un particular pueda ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo debe realizar un acto con las notas distintivas destacadas y con base en el ejercicio de las facultades u obligaciones establecidas en una norma. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.) del Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimoprimer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de 2015, Tomo IV, Página: 3823: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma". En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que los promoventes tengan el carácter de gobernados y los entes señalados como autoridades actúen en un plano superior. Luego, para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. En relación con lo anterior, debe decirse que los actos de autoridad tienen la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y porque su inobservancia conlleva una sanción prevista en la ley, lo cual hace que la relación que se dé sea de supra a subordinación. Por otro lado, cuando la relación se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aun cuando uno de ellos sea oficial, se está ante una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado. En efecto, los órganos del Estado pueden adquirir también la calidad de particulares, cuando no despliegan actividades unilaterales, imperativas y coercitivas frente al gobernado, y cuando celebran algún contrato con el particular, con condiciones y beneficios mutuos, concurriendo un acuerdo de voluntades, dado que ambas partes tienen iguales deberes y prerrogativas, hipótesis en la que, se insiste, la autoridad pierde tal calidad y adquiere la de un gobernado. En ese orden de ideas, si la autoridad no despliega en su relación con el gobernado, actos de imperio y coercitivos, para efectos del juicio de amparo, tampoco puede estimarse que actúa con el carácter de autoridad en términos del artículo 5, fracción II, de la ley de la materia. Ahora bien, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VI que establece: "VI. las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias". En virtud de lo anterior y de conformidad al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de carácter Estatal, en sus artículos 127 y 133 que establecen: "ARTÍCULO 127.- En la Capital del Estado habrá un Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer de las controversias y conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la presente Ley; deberá ser Colegiado y lo integrarán: Dos Representantes que nombrará el Titular del Poder Ejecutivo; Dos Representantes de los Trabajadores, designando uno el Comité Ejecutivo de la Sección Magisterial del Estado y otro el Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios e Instituciones descentralizadas de carácter Estatal y un árbitro que nombren entre sí los representantes citados. Este último fungirá como Presidente. Por cada miembro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje habrá un Suplente." "ARTÍCULO 133.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente para: l. Conocer y resolver los conflictos individuales que se susciten entre los Titulares de las Entidades y sus Trabajadores. II. Conocer y resolver los conflictos colectivos que surjan entre el Estado, los Municipios, las Instituciones Descentralizadas y los trabajadores a su servicio (.)". De los preceptos trascritos se sigue que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, conocerá de las controversias que surjan con motivo de la aplicación del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. Entonces, los conflictos surgidos por violaciones a las disposiciones de dicho estatuto deben resolverse ante el tribunal citado. En el caso, la parte quejosa señala como autoridades responsables a la: - Secretaría de la Contraloría General del Estado. - Secretaría de Seguridad Públicas del Gobierno del Estado de Nayarit. A las autoridades señaladas anteriormente, les reclama: La falta de emplazamiento y/o llamamiento al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio número DI/CI/002/2018, que concluyó en la emisión del dictamen número SCG/SP/478/2018, lo cual le fue notificado el veinticuatro de mayo del año en curso, a través del aviso de baja, suscrito el quince de mayo de dos mil dieciocho, por el "Coordinador Administrativo", por el cual se le comunicó que ".quedó cancelado su movimiento administrativo de asignación de la plaza de base que venía desempeñando con adscripción en ésta Secretaría, en virtud, de que no cumplió con los requisitos necesarios para el otorgamiento o asignación de la base, por lo que no puede surtir efectos jurídicos el nombramiento; lo anterior, por infringir las disposiciones del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal.". Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados derivan de la determinación emitida dentro del procedimiento administrativo DI/CI/002/2018. Al respecto, la parte agraviada anexa a su escrito de demanda copia certificada ante los Notario Público ahí descrito, la notificación de aviso de baja, suscrita el quince de mayo de dos mil dieciocho, por el "Director General Administrativo y Director de Coordinación Administrativa", respectivamente. En esas notificaciones, se comunica a los quejosos que en el procedimiento administrativo en cuestión se determinó que ".quedó cancelado su movimiento administrativo de asignación de la plaza de base que venía desempeñando con adscripción en ésta Secretaría, en virtud, de que no cumplió con los requisitos necesarios para el otorgamiento o asignación de la base, por lo que no puede surtir efectos jurídicos el nombramiento.". Asimismo, en el referido comunicado se establece que esa decisión ocurrió por infringir disposiciones del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal. En esos términos, dado que la separación del cargo que venía desempeñando la parte quejosa, como se precisó con anterioridad se sustentó en el incumplimiento del estatuto jurídico analizado, es evidente que ese conflicto debe planearse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, en términos del artículo 127 del referido estatuto. Entonces, los actos reclamados en cuestión no se encuentran revestidos de imperio frente a los particulares agraviados; es decir, carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, en virtud de que puede ser combatido ante la autoridad del trabajo descrita; luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetarse a las hoy señaladas como responsables, al juicio biinstancial, reclamándoles actos que, en todo caso, podrían ser demandados ante otra instancia; lo anterior, porque los actos reclamados derivan de una relación entre trabajadores y patrón, por lo que no existe una relación de supra a subordinación entre el peticionario de amparo y las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, la Secretaría de la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo, pues en el caso, dichos entes no están investidos con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa, y por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva, ya que, en el caso, se trata de una decisión particular como parte patronal, y como se mencionó, el acto que se le reclama puede ser reclamado mediante otra vía, ante el tribunal burocrático. Por analogía, tiene aplicación, la Jurisprudencia III.4º. T. J/3 (10ª.), aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con número de registro 2011298, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". En esas condiciones, se concluye, en la especie no se está ante actos de autoridad dirigidos contra un particular, sino propiamente de actos emitidos entre particulares, en el que las autoridades responsables, conforme a las atribuciones legales conferidas, en relación con el trabajador, hoy quejoso, tienen un mismo plano de particular y no realizan actos equivalentes al de una autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. No pasa inadvertido la tesis VII.1º.A.T.24. L, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo IX de enero de mil novecientos noventa y nueve, en la página 849 (ochocientos cuarenta y nueve), del siguiente rubro: "DESTITUCIÓN DE UN SERVIDOR PUBLICO POR LA CONTRALORÍA INTERNA ADSCRITA AL "INFONAVIT" CON BASE EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, NO EQUIVALE A UN DESPIDO EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR SER DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL". No obstante, dicho criterio no es aplicable al caso concreto, pues explica que la destitución de un servidor público no es un acto de naturaleza laboral, sino administrativa; empero, se refiere a cuando esa destitución ocurre dentro de un procedimiento administrativo de responsabilidad. Lo que no se actualiza en el presente caso, pues aun cuando la noticia de baja que refiere la parte quejosa, emana un procedimiento administrativo -identificado como DI/CI/002/2018-, lo cierto es que la decisión comunicada a los peticionarios se sustentó en violaciones al Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, lo cual no es objeto de procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit, como se advierte en los arábigos 58 en relación con del diverso numeral 54 del referido ordenamiento. Por tanto, la determinación que reclama la parte quejosa, por la cual aduce la falta de emplazamiento y/o llamamiento al procedimiento administrativo seguido en forma de juicio número DI/CI/002/2018, en el cual se resolvió la baja administrativa y destitución del cargo como servidor público y consecuentemente la cancelación de la base que ha desempeñado por más de seis meses, sin derecho de audiencia, ni defensa y su ejecución, no emana de un procedimiento administrativo de responsabilidad de destitución; de ahí que, se reitera, los actos provienen de una relación laboral. En consecuencia, de conformidad con el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I y 5, fracción II, de la ley en cita, la acción de amparo, intentada por Esteban Martir Sánchez, es notoriamente improcedente; en consecuencia, se impone DESECHARLA DE PLANO. No es obstáculo para lo anterior el criterio establecido en la jurisprudencia III.5º.A. J/6 (10ª.), aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con número de registro 2012952, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE. El auto indicado no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando para demostrar la actualización de esa causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, pues, por regla general, en esa etapa del procedimiento el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de efectuar esa precisión, ya que, únicamente en el expediente constan los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, no debe desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.". Lo anterior se estima así, pues aun cuando por regla general el auto inicial no es el momento idóneo para determinar si una autoridad tiene el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, en el caso se surte el supuesto de excepción que establece, ya que el quejoso aportó datos suficientes para desentrañar que la naturaleza de los actos reclamados era de índole laboral y consecuentemente, que las autoridades a quienes los atribuyó no les asiste el carácter de responsables; máxime que esa situación no variaría aunque se diera trámite a la demanda presentada por el quejoso. Finalmente, agréguese al presente expediente, el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que por proveído de veintidós de mayo de este año (foja 175), se tuvo al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, informado el cumplimiento al fallo protector y, al efecto acompañó diversas copias certificadas de las actuaciones efectuadas en el sumario natural 1027/2013 (fojas 170 a 174). En relación con lo anterior, en ese proveído se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con las actuaciones de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que hubieren hecho uso de ese derecho, como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En ese tenor, mediante resolución dictada en el presente sumario el veinte de febrero de dos mil diecisiete (fojas 52 a 65), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Raquel García Vela, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Juan Guerrero Rodríguez (fojas 52 a 65). Luego, por ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, el veintidós de febrero de este año, se modificó la resolución dictada por este Juzgado y se determinó por una parte sobreseer en el juicio y por otra conceder el amparo a María Raquel García Vela, por su propio derecho (fojas 118 a 144), para los efectos siguientes: "A) Deje insubsistente el acuerdo reclamado, de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 1027/2013. B) Previo a acordar la petición del actor, de adjudicar directamente el inmueble embargado en su favor, ordene notificar del procedimiento de ejecución a María Raquel García Vela, por derecho propio, a fin de que, de estimarlo conducente, haga uso del derecho del tanto que le asiste con relación a ese bien; en términos del artículo 84 de la Ley Agraria. C) Hecho lo anterior, continúe con el procedimiento de ejecución, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones." De lo reproducido se colige, que los actos que debía realizar el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con la ejecutoria de que se trata, son los siguientes: Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 1027/2013. Previo a acordar la petición de la parte actora, relativa a adjudicar directamente el inmueble embargado en su favor, ordenara notificar el procedimiento de ejecución a María Raquel García Vela, por su propio derecho, con el propósito de que de estimarlo conducente hiciera uso de su derecho del tanto que le asiste. Hecho lo anterior, continuar con el procedimiento de ejecución, con libertad de jurisdicción y conforme a sus atribuciones. Ante ello, el Juez responsable por acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso, dictado en el juicio natural 1027/2013, dejó insubsistente el proveído reclamado, posterior a ello, y previo a continuar con la adjudicación del inmueble embargado en el sumario de origen, ordenó notificar de forma personal a María Raquel García Vela, por su propio derecho, para que si lo estimara conveniente compareciera a deducir el derecho al tanto que le asiste; y hecho lo anterior, continuaría con la secuela del procedimiento de ejecución (fojas 156 a 158); sin remitir la constancia de notificación respectiva; no obstante, adjuntó copias certificadas de las actuaciones posteriores a dicha orden, de las que se desprende que la quejosa indicada se ostentó sabedora de la vista de mérito (fojas 171 a 174). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la Materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto del Ordenamiento Legal invocado, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Luego, con sustento en los ordinales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió (fojas 18 a 20 y 27 a 31), con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado.
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