Esteban Martínez Terán

Expediente 378/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
378/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
08/02/2019

Partes del expediente

  • Esteban Martínez Terán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a siete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación que antecede, de los que se advierten que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo (fojas 94 a 99); con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Juzgado Segundo de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, el legajo de copias certificadas del expediente 423/2014, relativo al juicio ordinario sobre disolución de vínculo matrimonial, promovido por Verónica Godínez Viveros en contra de Luis Esteban Palomec Quevedo. Notifíquese. VII-B

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ESTEBAN MARTÍNEZ TERÁN, en términos del considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO.- En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. VII-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos; advirtiéndose que mediante proveído de veinticuatro de octubre del presente año, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Juez Segundo de lo Familiar y por el Ejecutor Judicial habilitado, adscrito a dicho juzgado residente en esta ciudad, al que anexó copia certificada del expediente 423/2014, del índice del citado órgano jurisdiccional, del que se advierte que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercera interesada en este juicio a Reynulfa Méndez Aguilar; en tales condiciones, por conducto del actuario judicial adscrito, emplácese y córrase traslado con una copia simple de la demanda de amparo a la tercera interesada en cita, en el domicilio proporcionado en el citado expediente, el cual se encuentra ubicado en calle Alvarado número 4 en la colonia Deportiva Sur, en esta ciudad, así también le notifique este auto y los diversos autos doce y veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, los que se le deberán adjuntar en copia certificada, para que si a sus intereses conviene se apersone a este juicio de amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, para su celebración. En otro aspecto, tomando en cuenta que el Juez de Distrito tiene la obligación de recabar de oficio todas aquellas pruebas que estime necesarias para la resolución de este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la Juez Civil, con residencia en Tehuantepec, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, informe el estado procesal que actualmente guarda el expediente 423/2014, de su índice, relativo al juicio de controversia del orden familiar sobre pensión alimenticia promovido por Reynulfa Méndez Aguilar, en contra de Esteban Martínez Terán (debiendo anexar constancias certificadas en apoyo a su informe), en el entendido que de no cumplir, se hará acreedora a una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización vigente (UMA), para el año dos mil dieciocho. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia número 17/997, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199454, publicada en las páginas ciento ocho y siguiente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, del mes de Febrero de mil novecientos noventa y siete, Pleno y Salas, cuyo rubro y texto se leen: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. IV-B

  4. Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos; advirtiéndose que mediante proveído de veinticuatro de octubre del presente año, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Juez Segundo de lo Familiar y por el Ejecutor Judicial habilitado, adscrito a dicho juzgado residente en esta ciudad, al que anexó copia certificada del expediente 423/2014, del índice del citado órgano jurisdiccional, del que se advierte que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercera interesada en este juicio a Reynulfa Méndez Aguilar; en tales condiciones, por conducto del actuario judicial adscrito, emplácese y córrase traslado con una copia simple de la demanda de amparo a la tercera interesada en cita, en el domicilio proporcionado en el citado expediente, el cual se encuentra ubicado en calle Alvarado número 4 en la colonia Deportiva Sur, en esta ciudad, así también le notifique este auto y los diversos autos doce y veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, los que se le deberán adjuntar en copia certificada, para que si a sus intereses conviene se apersone a este juicio de amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de enero de dos mil diecinueve, para su celebración. En otro aspecto, tomando en cuenta que el Juez de Distrito tiene la obligación de recabar de oficio todas aquellas pruebas que estime necesarias para la resolución de este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la Juez Civil, con residencia en Tehuantepec, Oaxaca, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, informe el estado procesal que actualmente guarda el expediente 423/2014, de su índice, relativo al juicio de controversia del orden familiar sobre pensión alimenticia promovido por Reynulfa Méndez Aguilar, en contra de Esteban Martínez Terán (debiendo anexar constancias certificadas en apoyo a su informe), en el entendido que de no cumplir, se hará acreedora a una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización vigente (UMA), para el año dos mil dieciocho. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia número 17/997, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199454, publicada en las páginas ciento ocho y siguiente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, del mes de Febrero de mil novecientos noventa y siete, Pleno y Salas, cuyo rubro y texto se leen: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese. IV-B

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