Esteban Martínez Sánchez
Expediente 734/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Esteban Martínez Sánchez
- Juez Octavo de Primera Instancia Especialilzado en Materia Familiar, Xalapa, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, para la interposición de la inconformidad en contra del auto de quince de mayo del dos mil diecinueve, en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, transcurrió para la parte quejosa y tercero interesado, del veintitrés de mayo al doce de junio de la presente anualidad, descontándole los días veinticinco y veintiséis de mayo, uno, dos, ocho y nueve del mes y año que transcurre, por haber sido inhábiles, sin que lo hayan hecho; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales procedentes; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, es susceptible de depuración, al haberse otorgado el amparo y protección de la justicia federal; por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración del mismo, respectivamente, en el entendido de que se exceptuaran aquellas constancias relativas a la demanda y la sentencia respectiva del juicio principal, con posterioridad al catorce de junio del dos mil veinticuatro. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al catorce de junio del dos mil veintidós. El presente asunto, no se considera de relevancia documental, por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del precitado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, tomando en consideración que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado anexó diversas documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas por separado; por lo tanto, devuélvase el mismo para los efectos legales conducentes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa y tercera interesada, la determinación que dice: Visto, el estado que guardan los autos del juicio de amparo número 734/2018 y atento a la certificación que antecede, se procede a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, conforme a lo siguiente. I. Marco legal Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así mismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del numeral 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. En ese orden, se tiene que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional. II. Cumplimiento al fallo protector Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que el treinta de noviembre del dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso Esteban Martínez Sánchez, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Xalapa, Veracruz, realizará lo siguiente: ".1. Deje insubsistente la sentencia interlocutoria reclamada; 2. Dicte otra, con plenitud de jurisdicción, en la cual se pronuncie de manera exhaustiva en relación con los argumentos contenidos en el escrito de reclamación, en concordancia a las pruebas ofrecidas para tal efecto." El veintisiete de diciembre del dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia, por lo que, en esa misma data, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la misma. II.I PRIMER CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil diecinueve, se determinó que la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no acataba los efectos señalados en la sentencia amparadora, por lo que, no se determinó tener por no cumplida la ejecutoria de amparo, requiriéndose nuevamente a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. II.II SEGUNDO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En atención al segundo requerimiento efectuado, al no haberse tenido por cumplida la ejecutoria de amparo, nuevamente la autoridad responsable dictó una resolución en acatamiento a la ejecutoria de amparo, misma que este Juzgado de Distrito estima que de la contraposición de la sentencia amparador, con las constancias remitidas por la responsable a fin de acatar la misma, se llega a la convicción de que la ejecutoria de amparo SÍ fue cumplida en su totalidad, como a continuación se explica. Mediante oficio 1401 presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad el veintisiete de marzo del dos mi diecinueve, en la oficina de dicha correspondencia el veintiocho de abril siguiente, y en la oficialía de partes de este Juzgado el mismo veintiocho de marzo del año en curso, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en Xalapa, Veracruz, informó que por acuerdo de veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, dejó insubsistente el acto reclamado al tenor: ".SE DEJA INSUBSISTENTE el acto reclamado consistente en la RESOLUCIÓN DE FECHA CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, que fuera materia del juicio de amparo como acto reclamado, así como el diverso de DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, que la autoridad federal tuvo por no cumplido." Así, el veintisiete de marzo del dos mil diecinueve, al resolver nuevamente el Juicio Ordinario Civil número 424/2018/IV, la Juez responsable también se pronunció de manera exhaustiva en relación con los argumentos contenidos en el escrito de reclamación presentado por el quejoso, en concordancia a las pruebas ofrecidas para tal efecto. Respecto al argumento consistente en que la madre de los menores labora, así como que ambos progenitores tienen obligación de satisfacer la necesidad de los menores hijos, atendiendo al principio de proporcionalidad de alimentos contenido en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual debe establecerse tomando en consideración la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor. La Juez de juicio de origen precisó: ".lo que nos permite concluir que la actora cuenta con capacidad económica para allegarse de sus propios satisfactores alimentarios y para contribuir en la parte que le corresponde a la manutención de sus menores hijos, pues cabe hacer mención que la obligación alimentaria no recae únicamente en el progenitor no custodio, sino en ambos progenitores, teniendo por hecho que el progenitor custodio aporta alimentos de manera directa al tener incorporados en su domicilio los menores, lo anterior, analizado a la luz del artículo 234 del Código Civil que establece que, es obligación de los padres proporcionar alimentos a sus hijos, nos permite concluir que el agravio esgrimido por el reclamante se encuentra fundado y en consecuencia es procedente." Asimismo, dicha responsable se pronunció respecto al argumento relativo a los créditos que cubre el deudor, en el sentido de que no pueden ser considerados para efectos de graduar la pensión alimenticia provisional, al plasmar: ".ahora bien, del estudio de las documentales ofrecidas por el mismo podemos advertir que el demandado se encuentra pagando diversas deudas con cargo a su nómina y que una vez aplicada la medida provisional, el remanente le es insuficiente para poder satisfacer por lo menos la canasta básica alimentaria, así como la línea de bienestar que establece el CONEVAL, situación que no justifica el hecho que el deudor deje de proporcionar alimentos a sus menores hijos, pues de ser así se estaría justificado el que se adquieran deudas de manera voluntaria con el único fin de que al requerírsele el pago de alimentos, el deudor alimentario se encuentre en estado de insolvencia y de este modo evadir su responsabilidad, razón por la cual el agravio del reclamante resulta infundado." Igualmente, la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, estableció que era infundado el planteamiento relativo a que al deudor se le descuentan alimentos dos veces para los mismos acreedores, al estar convenidos unos en cantidad líquida en un diverso expediente, y en porcentaje con motivo del auto que decretó pensión alimenticia provisional, al señalar: "No obstante lo anterior, de autos se advierte que mediante resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho se ordenó a la fuente laboral cancelar el descuento ordenado en el convenido antes mencionado, quedando subsistente únicamente la pensión alimenticia provisional fijada en autos del presente juicio, esto es, el SESENTA POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe el C. ESTEBAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en su fuente laboral, de ahí que se constate que el demandado no se encuentra pagando doblemente una pensión alimenticia, pues si bien es cierto, las partes habían pactado anteriormente el pago de la pensión alimenticia, lo cierto es, que durante la tramitación del presente juicio se ordenó la cancelación de dicha pensión quedando subsistente la medida provisional decretada mediante auto de inicio de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, razón por la cual el agraviado del reclamante se considera infundado, toda vez que no le asiste la razón al afirmar que se encuentra cumpliendo doblemente con su obligación alimentaria." Bajo ese tenor, a juicio de quien esto resuelve, se estima que la sentencia ha sido cumplida totalmente en su núcleo esencial, sin defectos o excesos, pues la autoridad responsable dejó sin efectos el acto reclamado y en su lugar dictó una nueva resolución en la cual declaró procedente la reclamación interpuesta por Esteban Martinez Sánchez, y modificó la medida provisional fijada en auto de siete de marzo del dos mil dieciocho, consistente en lo que resulte sobre el sesenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado (aquí quejoso) como policía del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial por sus siglas IPAX, adscripción Xalapa, Oriente, en el entendido que le corresponde el veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones para cada uno de sus menores hijos y el diez por ciento para la C. Alejandra Damaris González Bueno, a lo que resulte de aplicar el treinta y uno por ciento (31%) del salario que percibe en su fuente laboral, en el entendido de que corresponde quince por ciento (15%) a los menores de edad de identidad reservada, y un, uno por ciento (1%) a la citada González Bueno. III. Vista a la partes En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse en contra del mismo, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como corresponda el oficio 1401, firmado por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio dese vista por el término de tres días a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convengan, apercibidas que de no desahogar la vista de mérito, éste juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por la autoridad citada. Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve, contenido en oficio CCJ/ST/122/2019, que remite el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, ante el licenciado Marcial Soto Montaño, Secretario de Juzgado, con que actúa y da fe.
- Principal
Xalapa, Veracruz, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Visto, el estado que guardan los autos del juicio de amparo número 734/2018 y atento a la certificación que antecede, se procede a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, conforme a lo siguiente. I. Marco legal. Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así mismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del artículo 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. En ese orden, se tiene que el cumplimiento de las sentencia de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional. II. Cumplimiento al fallo protector. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que el treinta de noviembre del dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio, concediéndose el amparo y protección de la Justicia Federal, al quejoso Esteban Martínez Sánchez, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Xalapa, Veracruz, realizará lo siguiente: ".1. Deje insubsistente la sentencia interlocutoria reclamada; 2. Dicte otra, con plenitud de jurisdicción, en la cual se pronuncie de manera exhaustiva en relación con los argumentos contenidos en el escrito de reclamación, en concordancia a las pruebas ofrecidas para tal efecto." El veintisiete de diciembre del dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia, por lo que, en esa misma data, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la misma. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que de la contraposición de la sentencia amparadora, con las constancias remitidas por la responsable a fin de acatar la misma, se llega a la convicción de que la ejecutoria de amparo NO fue cumplida en su totalidad, en atención a las siguientes consideraciones. El amparo se concedió para que la responsable realizara lo siguiente. 1.- Dejara insubsistente la resolución interlocutoria reclamada de cuatro de julio del dos mil dieciocho. Mediante oficio número 68 de diez de enero del dos mil diecinueve, presentado en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito con residencia en esta ciudad, el diez de enero del dos mil diecinueve, y recibido en la oficialía de partes de este juzgado el once de enero siguiente, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en esta Ciudad, informó que por acuerdo de diez de enero del dos mil diecinueve, dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de julio del dos mil dieciocho, procediendo a resolverlo nuevamente. 2.- Dicte otra, con plenitud de jurisdicción, bajo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. El diez de enero del dos mil diecinueve, al resolver nuevamente, con plenitud de jurisdicción la reclamación interpuesta por la parte demandada, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada el siete de marzo del dos mil dieciocho, determinó. Precisión del fallo protector. a).- La responsable no emprendió el estudio íntegro de los planteamientos contenidos en la reclamación, pues si bien tuvo por demostrado que la madre de los menores labora, no emitió razonamiento alguno para atender o desvirtuar el argumento del reclamante, relativo a que ambos progenitores tienen obligación de satisfacer la necesidad de los menores hijos, atendiendo al principio de proporcionalidad de alimentos contenido en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual debe establecerse tomando en consideración la necesidad del acreedor alimentario y la capacidad económica del deudor. Es así, porque nada dijo, respecto a que, por estar demostrado que la madre de los menores puede contribuir al sostenimiento alimentario, ello representaría una disminución de las necesidades de los infantes a cargo del padre, que permitan la fijación de una pensión alimenticia menor a la decretada, dado que se entiende que el demandado debe afrontar sólo una parte de esos requerimientos alimenticios. Cumplimiento de la responsable. En acatamiento a los puntos precisados, el Juez responsable, asentó que al realizar el análisis conforme al principio de proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, mismo que a la letra dice: ".Artículo 242.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." Determinó que por cuanto hace a Alejandra Damaris González Bueno, se trata de una persona que cuenta con una edad aproximada de treinta y tres años, quien es progenitora de dos menores de edad, quien de acuerdo a sus manifestaciones cuenta con un empleo, donde, por ende, recibe un ingreso económico, por otro lado, se tiene a los menores acreedores V.K.M.G. y M.G.M.G., quienes cuentan con la edad de siete y dos años cumplidos, quienes por su minoría de edad, es un hecho notorio el que se encuentran impedidos para allegarse de sus propios satisfactores alimentarios, no obstante lo anterior, la actora no exhibió medio de prueba alguno que acredite la cantidad a que ascienden los gastos por concepto de alimentos de dichos menores, datos que resultan de vital importancia para determinar el quantum de la pensión alimenticia provisional que aquí se debate. Precisión del fallo protector. b).- Asimismo, nada dijo en relación a si los créditos que cubre el deudor, deben o no ser considerados para efectos de graduar la pensión alimenticia provisional, esto es, no externó argumento alguno ponderando si éstos fueron destinados para cumplir con sus obligaciones alimentarias con sus hijos, o para alimentos del propio deudor; o si por el contrario, el endeudamiento le resulta imputable al demandado por la decisión de haberlos adquirido en su beneficio y que las decisiones al comprometerse en los términos de los créditos adquiridos, fue aplicado por éste en los términos que decidió voluntariamente disponer, por lo que se trata de decisiones y consecuencias que no pueden revertirse en contra de sus acreedores alimentarios. Incumplimiento del fallo. Sin embargo, el efecto precisado en el párrafo que antecede, no se encuentra cumplido, ya que la autoridad responsable nada dijo en relación a si los créditos que cubre el deudor, si deben o no ser considerados para efectos de graduar la pensión alimenticia provisional, pues no externó argumento alguno para ponderar si éstos fueron destinados para cumplir con sus obligaciones alimentarias con sus hijos, o para alimentos propios del deudor; o si por el contrario, el endeudamiento le resulta imputable al demandado por la decisión de haberlos adquirido en su beneficio y que las decisiones al comprometerse en los términos de los créditos adquiridos, fue aplicado por éste en los términos que decidió voluntariamente disponer, por lo que se trata de decisiones y consecuencias que no pueden revertirse en contra de sus acreedores alimentarios. Pues, solo se constriñó a determinar que el deudor alimentario es una persona que cuenta con la edad aproximada de cuarenta y siete años, que se desempeña como policía del IPAX, donde de acuerdo a las documentales exhibidas, percibe un salario bruto quincenal que asciende a la cantidad de $2,589.04 (dos mil quinientos ochenta y nueve pesos 40/100 moneda nacional), y una vez aplicadas las deducciones al salario así como el descuento ordenado en el auto de inicio, recibe un pago que es insuficiente para sostener sus necesidades elementales, pues no se pasa por alto que es un hecho notorio que no amerita mayor prueba, el que al igual que sus acreedores alimentarios, el deudor tiene que sufragar sus propios gastos de vestido, calzado y alimentación, por lo que de acuerdo al principio de proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, resulta procedente el recurso de reclamación. Razones, por las cuales, la responsable no acató los lineamientos del fallo protector precisados en el inciso b) de esta determinación, concerniente a los efectos del amparo que debió atender. Precisión del fallo protector. c).- Igualmente, no externó ponderación alguna en relación al planteamiento relativo a que al deudor se le descuentan alimentos dos veces para los mismos acreedores, al estar convenidos unos en cantidad líquida en un diverso expediente, y en porcentaje con motivo del auto que decretó pensión alimenticia provisional. Cumplimiento de la responsable. En acatamiento a ello, el Juez responsable, indicó que declaró parcialmente fundado los agravios del reclamante, toda vez que no le asistía la razón al afirmar que se encuentra cumpliendo doblemente su obligación alimentaria, puesto que por resolución de diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, se ordenó a la fuente laboral cancelar el descuento acordado en el convenio celebrado ante el CEJAV, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada el veintiséis de junio del dos mil diecisiete, quedando subsistente únicamente la pensión alimenticia provisional fijada en autos de dicho juicio, en el caso el sesenta por ciento del suelto y demás prestaciones que percibe Esteban Martínez Sánchez, en su fuente laboral. III. DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Como se expuso, el efecto de la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplido, ya que si bien, dejó insubsistente la resolución interlocutoria reclamada de cuatro de julio del dos mil dieciocho, y con plenitud de jurisdicción emitió otra, también es cierto, que en dicha resolución, nada dijo en relación a si los créditos que cubre el deudor, deben o ser considerados para efectos de graduar la pensión alimenticia provisional, pues no externó argumento alguno para ponderar si éstos fueron destinados para cumplir con sus obligaciones alimentarias con sus hijos, o para alimentos propios del deudor; o si por el contrario, el endeudamiento le resulta imputable al demandado por la decisión de haberlos adquirido en su beneficio y que las decisiones al comprometerse en los términos de los créditos adquiridos, fue aplicado por éste en los términos que decidió voluntariamente disponer, por lo que se trata de decisiones y consecuencias que no pueden revertirse en contra de sus acreedores alimentarios; por lo que con dichas deficiencias en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo incurre en defecto respecto de lo ordenado en la ejecutoria, como enseguida se explica. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la jurisprudencia 1ª./J. 76/2014, explicó: ".habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo."". Lo anterior, está contenido en la tesis de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". IV. MEDIDAS PARA SUBSANAR EL DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, 1. REQUERIMIENTO. De acuerdo con la tesis que se trascribe a continuación, antes de sancionar la conducta contumaz de la autoridad responsable se requiere, POR ÚNICA OCASIÓN, a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en esta Ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, acate la ejecutoria de amparo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo. Se itera que los efectos de la sentencia de amparo son los siguientes: ".1. Deje insubsistente la sentencia interlocutoria reclamada; 2. Dicte otra, con plenitud de jurisdicción, en la cual se pronuncie de manera exhaustiva en relación con los argumentos contenidos en el escrito de reclamación, en concordancia a las pruebas ofrecidas para tal efecto." 2. APERCIBIMIENTO. Ahora bien, se hace el apercibimiento a la mencionada autoridad responsable, que en caso de no cumplir con el precitado requerimiento dentro del plazo otorgado, le será impuesta una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", transitorios segundo y tercero, como lo dispone el artículo 258 de la Ley de Amparo; además de que el presente expediente será remitido al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que en el caso de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en esta Ciudad, resulte aplicable lo establecido en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, en cuanto establece que al ordenarse la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Ello, porque tal obligación está acotada a que la autoridad responsable tenga superior inmediato, lo que no acontece en el caso, toda vez que la función judicial que desempeña los distintos órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial del Estado, gozan de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones, lo que implica que el dictado de sus resoluciones debe ajustarse a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación; y si bien el Presidente del Tribunal Superior de Justicia tiene la representación del Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y asume, para los efectos legales procedentes, la del Poder Judicial; también lo es que dentro de sus atribuciones, debe velar en todo momento por la autonomía e independencia de los órganos del Poder Judicial. Por tanto, debe decirse que los jueces de primera instancia dada su autonomía, carecen de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 194 de la Ley de Amparo; sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada VII.2o.C.22 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA SU CUMPLIMIENTO, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, NO ES SUPERIOR JERÁRQUICO DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 194 DE LA LEY DE AMPARO)." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve, contenido en oficio CCJ/ST/122/2019, que remite el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, quien firma ante el licenciado Marcial Soto Montaño, secretario de acuerdos con quien actúa. Doy fe.
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