Esteban Martínez Rodríguez
Expediente 69/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Esteban Martínez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja en contra del auto de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo interpuesta por Esteban Martínez Rodríguez, proveído que fue debidamente notificado y al haber transcurrido a la fecha el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; consecuentemente queda firme el auto mencionado. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por último, en términos del capítulo tercero, punto undécimo, segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
.......ASIMISMO, POR ESTE MEDIO PROCEDO A NOTIFICAR AL QUEJOSO DE MÉRITO EL AUTO DE 12 DE FEBREOR DE 2015, QUE DICE:... Visto el escrito presentado por *********, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada por proveído de nueve del mes y año que transcurren, manifestando que el acto que reclama en este juicio de derechos fundamentales consistente en la negativa de la autoridad responsable de concederle mas tiempo para continuar pagando los daños y perjuicios del convenio de pago realizado entre el y Mario Martínez, fue realizada de manera verbal. Ahora bien, del análisis de la demanda de mérito, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina el desechamiento de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." Ahora bien, el quejoso demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializado en Delitos de Querella y Accidentes Cometidos con Motivo del Tránsito de Vehículos, que hace consistir en la negativa de la citada autoridad de concederle más tiempo para continuar pagando los daños y perjuicios del convenio de pago realizado entre el quejoso y Mario Martínez. En este sentido, con apoyo en el artículo 5, fracción I, en relación con el diverso 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la demanda de que se desechada de plano por notoriamente improcedente. Ahora bien, en relación al acto señalado en líneas precedentes es pertinente asentar lo que establecen los artículos y fracciones de los ordenamientos citados, los cuales se transcriben a continuación: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Art. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En el caso a estudio, el promovente de amparo afirma que efectuó la petición de prorroga de tiempo para el pago, en forma verbal y de la misma manera la autoridad responsable le negó tal solicitud, por lo cual tiene el temor de que se consigne su expediente por accidente de transito, a un Juzgado Penal y se le gire orden de aprehensión. De lo anteriormente expuesto, se desprende que al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, en relación con el 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Luego, si el quejoso reclama la negativa de prórroga de tiempo para el pago a la parte ofendida y como consecuencia de la negativa de la misma, la posible orden de aprehensión que se gire en su contra por la negativa del agente responsable de prorrogarle el tiempo de pago, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del hoy quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, debe probar por lo menos de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que el impetrante de amparo tenga obligación de promover el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación surge en el momento en el que tiene conocimiento del acto reclamado, que debe ser en forma personal, y no por inducciones. Lo anterior es así, en virtud que el quejoso al dar cumplimiento a la prevención efectuada por proveído de nueve de los corrientes manifestó: "bajo protesta de decir verdad", como lo establece el ordinal 108, fracción V, el cual prevee: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Manifestó que Bajo Protesta de decir verdad lo siguiente: ".que tuve conocimiento del acto reclamado, manifiesto que Bajo Protesta de decir verdad que tuve conocimiento el día 03 de Febrero del presente año 2016, toda vez que el Secretario de Acuerdo del Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos e Querella y Accidentes manifestó de manera verbal la negativa del Titular de dicha Agencia, es decir la negativa del Agente del Ministerio Público de concederme más tiempo para terminar de pagar dicha deuda, toda vez que el Ofendido en dicho expediente, es decir el Tercero Interesado de nombre C. MARIO MARTINEZ, había ido ese día a dicha Agencia y hablado con el Agente del Ministerio Público solicitándole que consignara el expediente al Juez Penal de las Adscripción y se me girara la Orden de Aprehensión al suscrito Quejoso." Sin que la anterior manifestación sea suficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo, de donde resulta evidente de que en el caso concreto, lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo. Precisado lo anterior, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la interpretación de los artículos 1, 73 y 77 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez que es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de derechos fundamentales, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo y el acto que aquí se pretende combatir, aún no se ha materializado. Cabe señalar además que según lo narrado por el quejoso, en su escrito de demanda, no se ha girado orden de aprehensión en su contra, para que procediera a la privación de su libertad, por el acto incierto que se reclama (negativa verbal de prórroga de tiempo para pago), para la cual se requiere además que dicha petición sea efectuada por el Agente responsable al Juez que corresponda, el cual se llevaría a cabo en audiencia privada, de la cual tendría conocimiento el agraviado. Por lo anterior, el acto que hoy se reclama, tiene el carácter de futuro e incierto, pues las posibilidades o eventualidades concernientes a que suceda, son remotas, así como que la autoridad que se señala como responsable solicite la orden de captura en su contra, pues no hay certeza de que se ejecutará en los términos reclamados por el quejoso. Por lo antes expuesto se concluye que es improcedente el juicio de amparo que se pretende, dicha determinación se justifica, porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, ni respecto de aquellos en los que no afecte su esfera de derechos, como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, Febrero de 1995, fuente Semanario Judicial de la Federación, que quien esto juzga comparte, la cual se cita porque no se opone a lo establecido por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS." Por su parte, sobre el concepto de acto futuro e incierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que son aquéllos cuya ejecución es remota, es decir, improbable, incierta, inverosímil o muy distante de llegar a suceder, mientras que los inminentes son los que aún y cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán por demostrarlo así los actos previos y, que de tal modo, el juicio constitucional sólo es procedente cuando los actos son de inminente realización, no así cuando son futuros e inciertos. El criterio corresponde a la jurisprudencia que integró la entonces Tercera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, Tesis: 16, visible en la página 15, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación que reza lo siguiente: ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES." En tales condiciones, al no haber acreditado el promovente del juicio de amparo, que con los actos reclamados se afectó su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el diverso 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de garantías por notoriamente improcedente.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ********************; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 69/2016-2. -Análisis de demanda - A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre su admisión, al analizar la demanda, se advierte que: Omite señala domicilio del tercero interesado. No menciona la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Igualmente, no precisa si la solicitud de prorroga ante la autoridad responsable fue en forma verbal o escrita. Por último, no menciona si a dicha petición le recayó una negativa por escrito. Irregularidades que no permiten dar inicio al juicio que se pretende, por existir oscuridad en la demanda. -Prevención- En consecuencia, por disposición del artículo 114, fracción II, en relación al numeral 108, fracción V, de la citada ley, se requiere al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente de la legal notificación del presente proveído manifieste bajo protesta de decir verdad: Señale el domicilio y nombre completo del tercero interesado. Bajo protesta de decir verdad, manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Si la solicitud de prórroga a la autoridad responsable fue verbal o por escrito. Si a la misma le recayó una negativa también por escrito. Así mismo, deberá exhibir las copias del ocurso con el que dé cumplimiento a dicha prevención, necesarias para correr traslado a las partes. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo señalado, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. El presente requerimiento se formula, sin prejuicio de que una vez satisfecho el mismo, este órgano jurisdiccional, analice la competencia y procedencia del juicio, a la luz del ordenamiento 114 de la Ley de Amparo. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Javier Gaxiola Martínez, esto con base en el artículo 12, último párrafo, en relación con el 24 segundo párrafo, del mismo ordenamiento, por no acreditar su calidad de profesionista.. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental; lo anterior, cuando no sea posible practicarlas en días y horas hábiles, y previa razón que asiente el actuario de dicha imposibilidad. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y Tercero transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán sin la supresión de sus datos personales, salvo lo dispuesto en la parte final del artículo 8º de la ley federal aludida.
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