Esteban Martínez García
Expediente 64/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/05/2016
Partes del expediente
- Esteban Martínez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. Que el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Esteban Martínez García (fojas 23 a 28). 2. Resolución que causó ejecutoria el catorce de abril de dos mil dieciséis; motivo por el cual se requirió el cumplimiento del fallo protector al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192 y 267 de la Ley de Amparo. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: [.] - Dicte el laudo en el expediente laboral 1367/2014 de su índice, que en derecho corresponda; y, - Notifique a las partes en el domicilio señalado en autos para tal efecto. [.] (sic) En ese tenor, la autoridad responsable, mediante oficio número J.29.2087/2016, de veinte de abril de dos mil dieciséis y recibido en este Juzgado el veintiuno siguiente, remitió copias certificadas del laudo dictado el dieciocho de abril de la presente anualidad, dentro del expediente laboral 1367/2014, se su índice; asimismo, envió copia certificada de las constancias en las que consta la notificación por lista practicada a la parte actora en el juicio laboral de origen, Esteban Martínez García, así como la notificación personal a la demandada, Instituto Mexicano del Seguro Social. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia. Establecido lo anterior, al hacer análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, como se indicó en el párrafo que antecede, el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, dictó el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 1367/2014; asimismo, notificó a las partes el dictado del laudo en comento. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por el Órgano de Control Constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que dictó la resolución correspondiente y notificó a las partes, con lo cual cumplió con la ejecutoria de amparo de que se trata. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
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Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por medio del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Estado de México, da cumplimiento a lo requerido en el auto de catorce de abril de dos mil dieciséis y adjunta las constancias relativas. En esas condiciones, con fundamento al artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio de que se trata, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo que se les concede, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (S.J.F. 9ª Época, tomo XI, de marzo de dos mil, página 243).
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Visto lo asentado en la cuenta que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Devuélvanse al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, las documentales que exhibió en el presente juicio, de las cuales deberán acusar el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238 de la legislación de la materia. En ese orden, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su Presidente, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo, lo cual deberá acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, la cual, se concedió para efecto: [.] Entonces, al quedar evidenciado que la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, ha omitido dictar el laudo en el expediente laboral 1367/2014, a fin de garantizar al peticionario de amparo el derecho a una impartición de justicia pronta; por ende, vulneró el artículo 17 de la ley fundamental, es procedente conceder el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso para el efecto de que una vez que cause firmeza procesal la presente resolución, la Junta en cuestión actúe en los siguientes términos: - Dicte el laudo en el expediente laboral 1367/2014, de su índice, que en derecho corresponda; y, - Notifique a las partes en el domicilio señalado en autos para tal efecto. Ello es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. [.] Se apercibe al Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje que de no hacerlo en el tiempo concedido, o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo vigente. Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración que la autoridad responsable no tiene superior jerárquico para efectos del acatamiento de la ejecutoria de amparo, también se le apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). [10ª Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; Pág. 7].
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 64/2016, promovido por Esteban Martínez García, contra actos de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Toluca, Estado de México; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, remitido ese mismo día a este juzgado federal, Esteban Martínez García por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE [---] IV.- ACTO RECLAMADO.- LA OMISIÓN de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral número 1367/2014, lo que ha motivado que transcurra en exceso el término legal que señala la Ley Federal del Trabajo, para que se dicte el laudo correspondiente en términos de la mencionada ley, ocasionando con su proceder un gran perjuicio al ahora quejoso." La parte quejosa narró los antecedentes del caso; expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes; precisó que el acto reclamado es violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite; solicitó de la autoridad responsable su respectivo informe con justificación; se ordenó notificar al tercero interesado la radicación del presente asunto; dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tras diferirse tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente juicio de garantías con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 en relación con el 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse una omisión dentro de un juicio laboral, adjudicado a una autoridad cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce su jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que en su caso se colijan del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La omisión de la junta responsable en dictar laudo en el expediente laboral 1367/2014. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, ello se corrobora fehacientemente con la copia certificada de diversas constancias del expediente 1367/2014, las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. CUARTO. Cuestiones de procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgado advierte que se actualice alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. No se trascriben los motivos de inconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. (S.J.F. y su Gaceta, 9ª. Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830)" SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Para un mejor entendimiento del asunto, se precisa que de las constancias de autos, se advierten los siguientes antecedentes: Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable Esteban Martínez García, el quince de octubre de dos mil catorce, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de diversas prestaciones; asunto que se radicó bajo el número 1367/2014 y se admitió a trámite; asimismo, se señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, además, ordenó emplazar a la parte demandada patronal. (fojas 1 a 68 anexo) Seguido el juicio en sus trámites, mediante audiencia de diez de septiembre de dos mil quince la autoridad responsable desahogó las pruebas ofertadas en el juicio laboral, y las partes en ese acto renunciaron a formular alegatos verbales, por lo que con fundamento en el artículo 895, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo que en derecho corresponda, sin que a la fecha se haya emitido el mismo, constituyéndose de esta manera el acto que reclama el peticionario de amparo. (foja 84) SÉPTIMO. Problemática jurídica a resolver. En síntesis el concepto de violación esgrimido por el quejoso refiere: Que la autoridad laboral ha incumplido con los principios establecidos en la Constitución, al no emitir el laudo correspondiente; por ende, se ha trasgredido en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica, pues es su derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional. Es fundado el concepto de violación que refiere el quejoso, aunque para ello deba ser suplido en su deficiencia, en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el quejoso, constituye la parte trabajadora en el juicio laboral de origen. Como se advierte de la demanda de amparo la parte quejosa alega violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, en virtud a que considera que la autoridad responsable ha omitido de manera injustificada dictar el laudo del expediente laboral 1367/2014; así como privarlo de su derecho a administración de justicia, por lo que no se están cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento. Ahora, el artículo 17 de la Constitución Federal establece: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del numeral en comento se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta. Ahora, la violación a esa garantía se manifiesta a través de un acto negativo o una omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio o procedimiento dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora; y, La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En el caso resulta evidente la trasgresión a la garantía prevista en el artículo constitucional en comento, actualizándose la primera de las vertientes antes señaladas: Ello es así, pues la Junta responsable no desarrolló el procedimiento laboral dentro de los términos y plazos que prevé la Ley Federal del Trabajo en sus numerales 885 y 895, fracción IV, que señalan: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. Artículo 895. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes: I. La Junta procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del artículo 876 de esta Ley; II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido admitidas; III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta Ley; y IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará resolución." En efecto, de las constancias allegadas al sumario, en específico, de la audiencia de diez de septiembre de dos mil quince, se advierte que la autoridad responsable desahogó las pruebas ofertadas en el juicio laboral, y las partes en ese acto renunciaron a formular alegatos verbales, por lo que con fundamento en el artículo 895, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo; pasados los diez días que señala la ley para su dictado no hubo pronunciamiento alguno respecto del proyecto de resolución. Circunstancia que hace manifiesta la violación al artículo 17 Constitucional -en su primera vertiente-, toda vez que es evidente que de manera injustificada se omitió proyectar el laudo, dentro de los términos legales. En otras palabras, el acto de autoridad que se reprocha a la autoridad responsable, no respetó el plazo que tenía para ello, por lo que resulta evidente que -como en el caso- el pronunciamiento que justifica la imposibilidad para la elaboración del proyecto excedió el plazo que la ley prevé para ello, esto es, el numeral 885 párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, ya que dicha autoridad desde el mes de septiembre de dos mil quince no ha dictado el laudo correspondiente, es decir, casi seis meses de retraso. Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. (S.J.F., 9ª. Época, tomo XXVI, Octubre de 2007; Pág. 209)." Bajo esa óptica, resulta evidente, el retardo y demora el dictado del laudo del expediente laboral lo que trae consigo una violación evidente a las garantías de la parte quejosa. En efecto, es claro que la Junta responsable omitió observar el principio de celeridad que establece el ordenamiento constitucional invocado, pues ha dejado trascurrir en exceso el tiempo desde la fecha que se cerró la instrucción y se turnaron los autos al dictaminador, lo que va en demérito de las partes que intervienen en el proceso laboral, lo que traduce su proceder en indebido y contrario a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Suprema. Aunado a lo anterior, es de considerarse la circunstancia de que tal conducta contraviene el principio constitucional de prontitud y expeditez en la administración de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, atendiendo a que no se ha dictado el laudo correspondiente y con ello se le causan perjuicio de difícil reparación, para ambas partes [trabajador y patrón]. Luego, asiste la razón al inconforme toda vez que dicha responsable efectivamente no ha respetado el principio de justicia pronta que como garantía individual concede al gobernado el artículo 17 constitucional al no hacer uso de sus facultades y medios establecidos en la Ley Federal del Trabajo, para cumplir con su obligación de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial. No obsta a lo anterior el hecho de que el presidente de la junta responsable al rendir su informe justificado aduzca que efectivamente desde el diez de septiembre de dos mil quince, declaró cerrada la instrucción y que se turnaron los autos para la elaboración del proyecto de resolución, empero que, debido a las excesivas cargas de trabajo no ha sido resuelto dicho asunto, en razón de que la observancia de los lineamientos que prevén los preceptos constitucionales inobservados en su labor no le son ajenos, mucho menos desconocidos, por lo que es sabedora de sus alcances, y en caso de no acatarlos, sus consecuencias legales; máxime cuando tal inobservancia vulnera derechos fundamentales de los gobernados; de ahí que impere lo determinado en párrafos precedentes. Cierto, la Constitución y leyes secundarias en ningún momento por esa circunstancia, eximen a las autoridades encargadas de administrar justicia, de que lo hagan de manera pronta, completa e imparcial; entonces el Tribunal responsable está obligado a tomar las medidas necesarias para que en el ejercicio de sus facultades logre la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso a fin de cumplir con el mandato constitucional. En consecuencia, se estima vulnerados en perjuicio del solicitante de amparo Esteban Martínez García, el derecho de seguridad jurídica, legalidad e impartición de justicia, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, toda vez que la Junta responsable no ha realizado pronunciamiento del laudo respectivo y así cumplir con su función de administrar justicia pronta y expedita, lo cual implica que tiene la obligación de tramitar y resolver el juicio laboral 1367/214, que ante ella se ventila en los términos que establece la legislación aplicable de la materia. Entonces, al quedar evidenciado que la autoridad responsable Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, ha omitido dictar el laudo en el expediente laboral 1367/2014, a fin de garantizar al peticionario de amparo el derecho a una impartición de justicia pronta; por ende, vulneró el artículo 17 de la ley fundamental, es procedente conceder el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso para el efecto de que una vez que cause firmeza procesal la presente resolución, la Junta en cuestión actúe en los siguientes términos: - Dicte el laudo en el expediente laboral 1367/2014, de su índice, que en derecho corresponda; y, - Notifique a las partes en el domicilio señalado en autos para tal efecto. Ello es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Sirve de apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Esteban Martínez García, respecto de la autoridad y acto precisado en el resultando primero, en términos del último considerando de esta sentencia.
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