Esteban Maqueo Barnetche

Expediente 495/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2020.

Datos del expediente

Expediente
495/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
03/07/2020

Partes del expediente

  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
  • Esteban Maqueo Barnetche

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, tres de julio de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se conoce que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la extensión del esquema de trabajo implementado en los órganosjurisdiccionales, así como el mantenimiento de sus actividades a distancia, prolongando el periodo de contingencia sanitaria al quince de julio de dos mil veinte. Derivado lo anterior, agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en que confirma la recepción del juicio de amparo 495/2020; además, comunica que se avoca del conocimiento y acepta la competencia planteada con relación a la demanda promovida por Esteban Maqueo Barnetche y otro, registrándola con el número 437/2020. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso i), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En esta fecha, la Secretaria da cuenta a la Jueza de Distrito con la certificación que antecede y con la demanda de amparo registrada con el número de correspondencia 5989, presentado sin copias y dos anexos. Conste. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades. Regístrese en el Libro de Gobierno con el consecutivo 495/2020, efectúese la actualización de datos correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y fórmese expediente. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Así, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. De esa guisa, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, para el presente asunto, interesa la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Como ejemplo, puede referirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho fundamental, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar tal aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se presenta la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En ese sentido, tenemos que del citado artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del Juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan el que de una manera pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra imperante importancia en el juicio de amparo. De lo relatado se obtiene que los actos correspondientes no siempre implican una ejecución material que lleve a fijar la competencia del Juez de Distrito del lugar en donde se llevó a cabo, ya que esta situación únicamente es factible si tal ejecución la realiza alguna autoridad y, además, en sí misma tiene o puede tener alcances materiales en el mundo fáctico. Así, los actos de las autoridades pueden tener un cumplimiento o consecuencias de carácter material en lugares, incluso distintos a aquéllos en que se emiten; por tanto, de acuerdo a las reglas mencionadas, debe atenderse a la localidad en que debe cumplirse o materializarse los actos reclamados. En la especie, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. B) Secretario de Salud. C) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos. Sanitarios de la Secretaría de Salud. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la expedición y promulgación del Decreto por el que se expide el REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 1998, particularmente el artículo 29 por su inconstitucionalidad e inconvencionalidad. B) Se reclama del Secretario de Salud la rúbrica o refrendo al Decreto por el que se expidió el REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 1998, particularmente el artículo 29 por su inconstitucionalidad e inconvencionalidad. C) Cualquier acto de aplicación de la restricción contenida en el artículo 29 del REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, publicado en el Diario Oficial de la Federación él 4 de febrero de 1998, relativa a la forma autógrafa de la firma que deben contener la recetas médicas. D) La indebida regulación que omite contemplar la autorización expresa a farmacias y hospitales para surtir recetas médicas firmadas electrónicamente por los médicos autorizados para expedir recetas para prescripción médica, cuyo fundamento se encuentra contenido en el artículo 29 del REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD que se tilda de inconstitucional. E) La omisión de autorizar y comunicar expresamente a las farmacias y hospitales para surtir recetas médicas firmadas electrónicamente por los médicos autorizados para expedir recetas para prescripción médica. F) Todas las que impliquen, una falta de completa prevención, atención médica y protección al derecho fundamental de acceso a servicios de Salud de Calidad y medicamentos, que el Estado Mexicano debe proveer a las personas en territorio nacional, no sólo ante la pandemia ocasionada por la propagación del virus Coronavirus SARS-COV-2 causante de la enfermedad "Covid-19" o por cuestiones relacionadas con ésta, sino en todos sus aspectos y en todo momento, acto que se reclama con motivo no sólo del interés jurídico de los suscritos pero el interés legítimo que como Mexicanos residentes en territorio nacional y en ejercicio de nuestra profesión de abogado y médico psiquiatra, los quejosos tienen en la procuración de servicios de salud de calidad. Actos reclamados que, conforme a lo narrado en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, tuvieron origen el día veintiocho de marzo de dos mil veinte, dado que en las **** y **** en Cuernavaca, Morelos, se negaron a surtir el medicamento Vyvanse (Lisdexanfetamina) de 50 miligramos a **** y recetado por ****, aun cuando la receta fue firmada de forma remota y de forma electrónica, situación que actualiza el acto concreto de aplicación del precepto legal cuya inconstitucionalidad plantea. De esa forma, el presente asunto se ubica en la primera de las reglas anteriormente señaladas, previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un amparo indirecto promovido primordialmente contra actos cuya ejecución tuvo lugar en el Estado de Morelos, concretamente en el Municipio de Cuernavaca. Puesto que, la parte quejosa sustancialmente se duele de la falta de regulación para que las farmacias del lugar donde acudió a que le surtieran la receta cuyo medicamento le fue indicado mediante una receta firmada de manera remota y electrónicamente, en el caso concreto, ante la negativa a surtir la receta respecto del medicamento **** indicada una vez al día al quejoso **** y recetado por el diverso impetrante médico ****. Por consiguiente, resulta por demás evidente que los actos reclamados, que giran en torno al suministro de la receta médica con firma electrónica del médico, respecto del medicamento ****, en farmacias del Estado de Morelos, donde el quejoso *****, manifestó tener su domicilio de manera intermitente, por lo que fue en esa entidad en donde acudió a adquirir el medicamento. De manera que la competencia debe resolverse en función de los elementos objetivos existentes en autos, como puede ser el lugar donde deba suministrarse dicho medicamento, en caso de resultar fundado su reclamo. Resulta aplicable por las razones que la forman, la jurisprudencia que dispone: COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. De igual forma, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia bajo el rubro y contenido siguientes: LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Así como en lo conducente, la tesis que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Y, por identidad de razón, la tesis, cuyo texto y rubro son los siguientes: COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, porque la autoridad responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado; sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la indicada responsable resida en territorio de otro juez de distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste. Ahora, la circunstancia de que los promoventes dentro de los actos reclamados también hayan señalado actos omisivos, no determina la competencia de este órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, porque si bien cuando se reclama un acto omisivo la competencia de un Juzgado de Distrito corresponde a aquel en que se presenta la demanda, lo cierto es que las omisiones reclamadas, no son propiamente actos, sino en todo caso constituyen las violaciones que se atribuyen a la emisión de los actos positivos controvertidos (negativa a surtir medicamento). Pero no solo eso, pues aun conviniendo con la parte quejosa de que se trata de actos omisivos susceptibles de control constitucional, lo cierto es que se encuentran indisoluble y directamente vinculados a los actos primordialmente reclamados consistentes en el suministro de la receta médica con firma electrónica del médico, respecto del medicamento ****, en farmacias del Estado de Morelos, aun cuando sostenga que de manera intermitente radica en ese domicilio donde tiene su domicilio el quejoso ****. Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la ompetencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Así como por analogía, la Jurisprudencia, que dispone: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. De no adoptar este criterio es tanto como pretender que corresponde a la parte quejosa y no a los órganos jurisdiccionales fijar la competencia de un asunto, ya que sería suficiente que aquélla señalara como acto reclamado uno de naturaleza omisiva que no es independiente y ni autónomo de actos positivos realmente reclamados, para determinar la competencia. Además, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues, una vez establecida la determinación referente a si se tiene una ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, de admitir la demanda de amparo en cuestión, se estaría yendo contra lo que dispone el sistema de reglas de competencia previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que ante todo, involucra a la facilidad que el legislador le otorga al justiciable para que tenga acceso a la justicia precisamente en el lugar donde se trate de ejecutar el acto reclamado. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo, involucra a la facilidad que el legislador le otorga al gobernado para que tenga acceso a la justicia precisamente en el lugar donde se trate de ejecutar el acto reclamado, pues de lo contrario, se dificultaría el ejercicio de sus derechos de defensa. En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Sin que sea obstáculo el hecho de que la parte quejosa refiera que en un juicio de amparo que previamente promovió contra las mismas autoridades y actos, cuyo conocimiento fue del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el número 588/2020 y que remitió al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos con el diverso número 393/2020, al declararse legalmente incompetente por razón de territorio, se haya desistido de dicho juicio antes de dictarse la suspensión definitiva; dado que, al margen de que no hace constar dicha situación, lo cierto es, que los actos reclamados, según se vio, se ejecutaron en aquella Entidad, cuando acudió a las farmacias mencionadas y le fue negada la suministración del medicamente prescrito; de ahí que, se reitere, privilegiando el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, es el Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, quien se estima debe conocer de este asunto. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase debidamente digitalizado el presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en turno (esto es el juzgado que esté de guardia conforme a lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19), mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo solicítese que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique su determinación, a fin de ordenar o no la remisión del expediente original. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Lo anterior, sin que haya lugar a pronunciarse en relación a la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, en virtud de que no se está en presencia de un acto que imponga una pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos o el tormento de cualquier especie, tampoco está relacionada con alguna multa excesiva, que se haya ordenado la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, como lo señala el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, el acto reclamado no ataca la libertad personal fuera de procedimiento de la parte quejosa, mucho menos se advierte que exista o se alegue incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o que se advierta que la parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, razón por la cual lo ejerce por cualquiera otra persona en su nombre incluido un menor de edad y en cualquier tiempo, en términos de los numerales 15 y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, el acto reclamado no está en ninguno de los supuestos de casos urgentes a que se refieren los artículos 3 y 4, fracciones IV y IX, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, muchos menos en las demás fracciones que dispone en el acuerdo general de mérito. Sirve de apoyo la tesis, que lleva por rubro y texto los siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE En términos de los artículos 26, fracción IV, y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, realícense las notificaciones de manera electrónica a la parte quejosa mediante el usuario que señala. Sin que haya lugar a acordar lo conducente respecto de las personas que autoriza la parte quejosa, en razón de la presente declinación de competencia. Sin embargo, a fin de no dejarle en estado de indefensión, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen como autorizados únicamente en términos limitados a las personas que señala. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza a las partes la revisión del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del presente expediente vía electrónica, por medio de los usuarios ****. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por esta juzgadora, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes únicamente para oír y recibir notificaciones, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    En esta fecha, la Secretaria da cuenta a la Jueza de Distrito con la certificación que antecede y con la demanda de amparo registrada con el número de correspondencia 5989, presentado sin copias y dos anexos. Conste. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ****, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de otras autoridades. Regístrese en el Libro de Gobierno con el consecutivo 495/2020, efectúese la actualización de datos correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y fórmese expediente. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del presente asunto, en atención a las siguientes consideraciones: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Así, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. De esa guisa, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, para el presente asunto, interesa la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Como ejemplo, puede referirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho fundamental, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar tal aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito ante quien se presenta la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. En ese sentido, tenemos que del citado artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierte que la intención del legislador es la de establecer la competencia territorial a favor del Juez de Distrito en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; aspecto que cobra sentido si se toma en consideración que la finalidad de esta disposición es la de otorgar competencia a aquellos jueces dentro de cuya jurisdicción se vayan a llevar a cabo, se estén realizando o se hayan consumado los actos de ejecución. La intención referida tiene, además, el propósito de facilitar el desarrollo por parte del Juez de Distrito de todas aquellas diligencias relacionadas con el juicio de amparo, que permitan el que de una manera pronta y eficaz se puedan llevar a cabo todos aquellos actos relacionados con la ejecución material de los actos reclamados, que es la que produce una trascendencia efectiva en la esfera jurídica de los gobernados, y que es lo que cobra imperante importancia en el juicio de amparo. De lo relatado se obtiene que los actos correspondientes no siempre implican una ejecución material que lleve a fijar la competencia del Juez de Distrito del lugar en donde se llevó a cabo, ya que esta situación únicamente es factible si tal ejecución la realiza alguna autoridad y, además, en sí misma tiene o puede tener alcances materiales en el mundo fáctico. Así, los actos de las autoridades pueden tener un cumplimiento o consecuencias de carácter material en lugares, incluso distintos a aquéllos en que se emiten; por tanto, de acuerdo a las reglas mencionadas, debe atenderse a la localidad en que debe cumplirse o materializarse los actos reclamados. En la especie, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. B) Secretario de Salud. C) Comisión Federal para la Protección contra Riesgos. Sanitarios de la Secretaría de Salud. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A) Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos la expedición y promulgación del Decreto por el que se expide el REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 1998, particularmente el artículo 29 por su inconstitucionalidad e inconvencionalidad. B) Se reclama del Secretario de Salud la rúbrica o refrendo al Decreto por el que se expidió el REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 1998, particularmente el artículo 29 por su inconstitucionalidad e inconvencionalidad. C) Cualquier acto de aplicación de la restricción contenida en el artículo 29 del REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD, publicado en el Diario Oficial de la Federación él 4 de febrero de 1998, relativa a la forma autógrafa de la firma que deben contener la recetas médicas. D) La indebida regulación que omite contemplar la autorización expresa a farmacias y hospitales para surtir recetas médicas firmadas electrónicamente por los médicos autorizados para expedir recetas para prescripción médica, cuyo fundamento se encuentra contenido en el artículo 29 del REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD que se tilda de inconstitucional. E) La omisión de autorizar y comunicar expresamente a las farmacias y hospitales para surtir recetas médicas firmadas electrónicamente por los médicos autorizados para expedir recetas para prescripción médica. F) Todas las que impliquen, una falta de completa prevención, atención médica y protección al derecho fundamental de acceso a servicios de Salud de Calidad y medicamentos, que el Estado Mexicano debe proveer a las personas en territorio nacional, no sólo ante la pandemia ocasionada por la propagación del virus Coronavirus SARS-COV-2 causante de la enfermedad "Covid-19" o por cuestiones relacionadas con ésta, sino en todos sus aspectos y en todo momento, acto que se reclama con motivo no sólo del interés jurídico de los suscritos pero el interés legítimo que como Mexicanos residentes en territorio nacional y en ejercicio de nuestra profesión de abogado y médico psiquiatra, los quejosos tienen en la procuración de servicios de salud de calidad. Actos reclamados que, conforme a lo narrado en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, tuvieron origen el día veintiocho de marzo de dos mil veinte, dado que en las **** y **** en Cuernavaca, Morelos, se negaron a surtir el medicamento Vyvanse (Lisdexanfetamina) de 50 miligramos a **** y recetado por ****, aun cuando la receta fue firmada de forma remota y de forma electrónica, situación que actualiza el acto concreto de aplicación del precepto legal cuya inconstitucionalidad plantea. De esa forma, el presente asunto se ubica en la primera de las reglas anteriormente señaladas, previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un amparo indirecto promovido primordialmente contra actos cuya ejecución tuvo lugar en el Estado de Morelos, concretamente en el Municipio de Cuernavaca. Puesto que, la parte quejosa sustancialmente se duele de la falta de regulación para que las farmacias del lugar donde acudió a que le surtieran la receta cuyo medicamento le fue indicado mediante una receta firmada de manera remota y electrónicamente, en el caso concreto, ante la negativa a surtir la receta respecto del medicamento **** indicada una vez al día al quejoso **** y recetado por el diverso impetrante médico ****. Por consiguiente, resulta por demás evidente que los actos reclamados, que giran en torno al suministro de la receta médica con firma electrónica del médico, respecto del medicamento ****, en farmacias del Estado de Morelos, donde el quejoso *****, manifestó tener su domicilio de manera intermitente, por lo que fue en esa entidad en donde acudió a adquirir el medicamento. De manera que la competencia debe resolverse en función de los elementos objetivos existentes en autos, como puede ser el lugar donde deba suministrarse dicho medicamento, en caso de resultar fundado su reclamo. Resulta aplicable por las razones que la forman, la jurisprudencia que dispone: COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. De igual forma, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia bajo el rubro y contenido siguientes: LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Así como en lo conducente, la tesis que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. Y, por identidad de razón, la tesis, cuyo texto y rubro son los siguientes: COMPETENCIA, CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRA EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, porque la autoridad responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado; sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la indicada responsable resida en territorio de otro juez de distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste. Ahora, la circunstancia de que los promoventes dentro de los actos reclamados también hayan señalado actos omisivos, no determina la competencia de este órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, porque si bien cuando se reclama un acto omisivo la competencia de un Juzgado de Distrito corresponde a aquel en que se presenta la demanda, lo cierto es que las omisiones reclamadas, no son propiamente actos, sino en todo caso constituyen las violaciones que se atribuyen a la emisión de los actos positivos controvertidos (negativa a surtir medicamento). Pero no solo eso, pues aun conviniendo con la parte quejosa de que se trata de actos omisivos susceptibles de control constitucional, lo cierto es que se encuentran indisoluble y directamente vinculados a los actos primordialmente reclamados consistentes en el suministro de la receta médica con firma electrónica del médico, respecto del medicamento ****, en farmacias del Estado de Morelos, aun cuando sostenga que de manera intermitente radica en ese domicilio donde tiene su domicilio el quejoso ****. Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la ompetencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Así como por analogía, la Jurisprudencia, que dispone: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. De no adoptar este criterio es tanto como pretender que corresponde a la parte quejosa y no a los órganos jurisdiccionales fijar la competencia de un asunto, ya que sería suficiente que aquélla señalara como acto reclamado uno de naturaleza omisiva que no es independiente y ni autónomo de actos positivos realmente reclamados, para determinar la competencia. Además, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues, una vez establecida la determinación referente a si se tiene una ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, de admitir la demanda de amparo en cuestión, se estaría yendo contra lo que dispone el sistema de reglas de competencia previsto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que ante todo, involucra a la facilidad que el legislador le otorga al justiciable para que tenga acceso a la justicia precisamente en el lugar donde se trate de ejecutar el acto reclamado. Además, el artículo 37 de la Ley de Amparo, involucra a la facilidad que el legislador le otorga al gobernado para que tenga acceso a la justicia precisamente en el lugar donde se trate de ejecutar el acto reclamado, pues de lo contrario, se dificultaría el ejercicio de sus derechos de defensa. En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Sin que sea obstáculo el hecho de que la parte quejosa refiera que en un juicio de amparo que previamente promovió contra las mismas autoridades y actos, cuyo conocimiento fue del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el número 588/2020 y que remitió al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos con el diverso número 393/2020, al declararse legalmente incompetente por razón de territorio, se haya desistido de dicho juicio antes de dictarse la suspensión definitiva; dado que, al margen de que no hace constar dicha situación, lo cierto es, que los actos reclamados, según se vio, se ejecutaron en aquella Entidad, cuando acudió a las farmacias mencionadas y le fue negada la suministración del medicamente prescrito; de ahí que, se reitere, privilegiando el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, es el Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, quien se estima debe conocer de este asunto. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase debidamente digitalizado el presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en turno (esto es el juzgado que esté de guardia conforme a lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19), mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo solicítese que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique su determinación, a fin de ordenar o no la remisión del expediente original. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Lo anterior, sin que haya lugar a pronunciarse en relación a la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, en virtud de que no se está en presencia de un acto que imponga una pena de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos o el tormento de cualquier especie, tampoco está relacionada con alguna multa excesiva, que se haya ordenado la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, como lo señala el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, el acto reclamado no ataca la libertad personal fuera de procedimiento de la parte quejosa, mucho menos se advierte que exista o se alegue incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, o que se advierta que la parte agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo, razón por la cual lo ejerce por cualquiera otra persona en su nombre incluido un menor de edad y en cualquier tiempo, en términos de los numerales 15 y 17, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, el acto reclamado no está en ninguno de los supuestos de casos urgentes a que se refieren los artículos 3 y 4, fracciones IV y IX, del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veinte, muchos menos en las demás fracciones que dispone en el acuerdo general de mérito. Sirve de apoyo la tesis, que lleva por rubro y texto los siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE En términos de los artículos 26, fracción IV, y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, realícense las notificaciones de manera electrónica a la parte quejosa mediante el usuario que señala. Sin que haya lugar a acordar lo conducente respecto de las personas que autoriza la parte quejosa, en razón de la presente declinación de competencia. Sin embargo, a fin de no dejarle en estado de indefensión, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tienen como autorizados únicamente en términos limitados a las personas que señala. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza a las partes la revisión del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del presente expediente vía electrónica, por medio de los usuarios ****. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por esta juzgadora, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes únicamente para oír y recibir notificaciones, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgado y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,772 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano