Esteban Manuel Velo Durán
Expediente 194/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Esteban Manuel Velo Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia, dictado en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá previa depuración transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio y anexos con los que se da cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, por medio del cual se tiene al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de conformidad con el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, rindiendo su informe justificado. Ahora bien es dable señalar, que del informe en comento, se advierte que la autoridad responsable, admite la existencia del acto materia de reproche por el aquí quejoso, asimismo, señala que en audiencia de diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso Esteban Manuel Velo Durán, por los hechos que la ley señala como delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la víctima Briseida Nataly Arellano Rodríguez, por hechos ocurrido el día cinco de julio del dos mil veinte, aproximadamente a las veintiuna horas, en calle Lucero, a la altura de las Segundas "Lucero", con cruce en la Calle Claudia de Lorena, de la Colonia Parajes del Sol, en esta ciudad; asimismo, informa que se concedió la suspensión condicional del proceso a favor del aquí quejoso Esteban Manuel Velo Durán, el cual se impuso por el término de doce meses, por lo que fenecerá el dieciocho de marzo del dos mil veintidós. En tales condiciones, como lo informa la autoridad responsable citada en el párrafo que antecede, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, respecto de los actos de los que se duele el justiciable, consistente en la citación girada por la autoridad responsable mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, en los autos de la causa penal 836/2021, y en la que se ordena al aquí quejoso presentarse a las nueve horas del día diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, ante la autoridad responsable, ya que al respecto se actualiza el supuesto previsto en la fracción XVII del precepto 61 de la Ley de Amparo, en lo que se reseña como la circunstancia de que ha ocurrido un cambio de situación jurídica, como se explica enseguida. El citado numeral establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De conformidad con lo dispuesto por el descrito precepto, los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; d) Autonomía de las situaciones generadas por los actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Lo anterior se obtiene de la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 183, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1997-2000, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda." Así, es dable precisar que la libertad personal puede restringirse por diferentes motivos tales como: La aprehensión; b) La detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del Juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; c) La prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; y, d) Por último, la pena. Cada una de ellas tiene sus características peculiares, de tal manera que al conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos mencionados, se le denomina situación jurídica. A ese conjunto de normas jurídicas que rigen la restricción de la libertad como en los casos apuntados, se le llama situación jurídica en cuanto al proceso penal se refiere; de modo que, cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y, por ello, desaparecen los efectos que originó la situación jurídica anterior. En ese entendido, si se reclama la citación girada por la autoridad responsable mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, en los autos de la causa penal 836/2021, de su índice, no debe considerarse que sólo con la sentencia se podrá establecer que existe cambio de situación jurídica, al haberse excluido a dicho numeral de la causal invocada. En efecto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de derechos relativa al cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo status jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4981, LXIX, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente:..."contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable." De ahí que, si durante la tramitación de un juicio constitucional concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. En el caso, en fecha dieciséis de marzo del dos mil veintiuno, Esteban Manuel Velo Duránal, promovió demanda de amparo en contra de la citación girada por la autoridad responsable mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, en los autos de la causa penal 836/2021, por lo que, se admitió la demanda de amparo y se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable. Y atención a lo anterior, la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado, se reitera, que agregó en audiencia de diecinueve de marzo del dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso Esteban Manuel Velo Durán, por los hechos que la ley señala como delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la víctima Briseida Nataly Arellano Rodríguez, por hechos ocurrido el día cinco de julio del dos mil veinte, aproximadamente a las veintiuna horas, en calle Lucero, a la altura de las Segundas "Lucero", con cruce en la Calle Claudia de Lorena, de la Colonia Parajes del Sol, en esta ciudad; asimismo, informa que se concedió la suspensión condicional del proceso a favor del aquí quejoso Esteban Manuel Velo Durán, el cual se impuso por el término de doce meses, por lo que fenecerá el dieciocho de marzo del dos mil veintidós. Informe el anterior, que tiene valor preponderan, y del que se advierte que el ahora quejoso se encuentra sujeto a un procedimiento judicial, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, además de que se ordenó la suspensión condicional del proceso. Por tanto, al haberse dictado el auto de vinculación a proceso aludido, la situación jurídica del quejoso Esteban Manuel Velo Durán, cambió de tal manera que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de citación, que reclama el impetrante del amparo, al no poder tener como efecto la posible concesión de amparo la insubsistencia de tal contexto procesal. Es ilustrativa de lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 270: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Ahora bien, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De lo anterior se obtiene, que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, esto es, le fue dictado al quejoso auto de vinculación a proceso y la suspensión condicional del proceso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone necesario sobreseer fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del cuerpo de leyes en consulta. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados por no haberse combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al caso, el criterio jurisprudencial, que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 516, página 339, del Tomo VI, relativo a la Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de 1995, número de registro 394472, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Consecuentemente, se dejan sin efecto la audiencia constitucional programada para las trece con cuarenta y cinco minutos del once de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 194/2021-V-B, promovido por el licenciado Esteban Manuel Velo Durán, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos; y Oficial Notificador adscrito al Tribunal de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en este Juzgado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la parte promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra los actos reclamados a las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, siendo los siguientes: "ACTOS Y OMISIONES DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN: DEL C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CON EL CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA, RECLAMO LA ORDEN DE CITACIÓN AL SUSCRITO GIRADA MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 5 DE MARZO DE 2021, DENTRO DE LA CAUSA PENAL 836/21, MISMA QUE ORDENA AL SUSCRITO PRESENTARSE PARA LAS NUEVE HORAS DEL DÍA 19 DEL MES DE MARZO DE 2021. DEL C. OFICIAL NOTIFICADOR ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, CON DOMICILIO CONOCIDO EN ESTA CIUDAD, RECLAMO: EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE CITACIÓN GIRADA POR EL C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS." SEGUNDO. Mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitándose a las autoridades responsables sus informes previos; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Las autoridad responsables, Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos; y Coordinador de la Unidad de Notificadores en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo, convinieron en la existencia del acto que les reprocha la parte quejosa, incluso la primera de las mencionadas señala en su informe que con fecha ocho de febrero del año en curso, recibió oficio signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento de Pensión Alimentaria-FEM, relativo caso 37-2020-0033661, mediante el cual solicitó se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación en contra de Esteban Manuel Velo Durán, por el delito de violencia familiar cometido en perjuicio de la víctima Briseida Nataly Arellano Rodríguez, por lo que, se acordó de conformidad dicha petición y se señalaron las nueve horas del día diecinueve de marzo del año dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia referida, en la causa penal 836/2021. SEGUNDO. Ahora bien, cabe precisar que de la demanda de amparo se colige que el acto que el quejoso señala le agravia y que les atribuye a las autoridades responsables, lo constituye la orden de citación, girada en su contra, mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 836/21, del índice de la responsable, misma que ordenó al quejoso presentarse el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, a las nueve horas; si bien es cierto del informe emitido por la autoridad responsable no se desprende dato alguno que acredite que el quejoso compareció en la fecha y hora indicada a dicha diligencia, por lo tanto, únicamente para los efectos de resolver la presente incidencia, es dable tener por acreditado, que el quejoso no compareció al desahogo de dicha audiencia. En esa tesitura, se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, lo solicitó la parte quejosa, con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que de manera enunciativa señala el diverso artículo 129 de la ley de la materia. De conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, la medida suspensional se concede para el efecto, de que no se prive de la libertad a Esteban Manuel Velo Durán, con motivo de la orden de citación que se duele y no se le haga comparecer ante la responsable por medio de la fuerza pública. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia la presente resolución, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se impone al directo quejoso como medidas de aseguramiento las siguientes: 1. Deberá comparecer ante la autoridad responsable, para el desahogo de las diligencias que se decreten en la misma, debiendo el quejoso acreditar ante este juzgado a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento; 2. Deberá comparecer también ante esta autoridad de amparo, cuantas veces le sea exigido. Los anteriores requisitos para que surta efectos la suspensión definitiva, serán exigibles hasta en tanto se le haga de su conocimiento al quejoso de la presente determinación. En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que el quejoso es omiso en precisar las circunstancias del caso, la situación económica en que vive actualmente, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, el suscrito, estima prudente fijar al agraviado una garantía por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Además dicha garantía deberá contener los siguientes requisitos: la autoridad federal a quien va dirigida, el número de expediente a que corresponda y el concepto de exhibición. Asimismo, deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de este depósito"; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 879 del referido Acuerdo General, la parte quejosa deberá cerciorarse de que la institución depositaria que emita el documento, haga constar el monto de la cantidad depositada, y que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. En el entendido que si el quejoso opta por exhibir la póliza de fianza, ésta deberá contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada. Resultan aplicables al caso, en lo conducente y por las razones que informan la jurisprudencia P./J.43/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 268, del Tomo XIII, de abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que aparece publicada bajo el rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA." Así como la diversa jurisprudencia III.3o.C.42 K, visible en la página: 1079, Tomo IX, del mes de mayo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece publicada bajo el rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, PERO DEJARÁ DE HACERLO SI NO SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD FIJADOS POR EL JUZGADOR." La presente medida suspensional no surtirá efectos si el quejoso no cumple con todas y cada una de las obligaciones impuestas, y para el caso en que haya exhibido la garantía fijada, se mandará hacer efectiva a favor del fisco federal, quedando expeditas las facultades de la autoridad señalada como responsable para llevar a cabo la ejecución de los actos reclamados, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 166, último párrafo, de la Ley de Amparo. Expídase copia certificada de esta determinación, recabándose la razón de recibo. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con el considerando segundo de esta interlocutoria, se concede la suspensión definitiva al quejoso Esteban Manuel Velo Durán. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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