Esteban Gutiérrez Sansón

Expediente 383/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
383/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Esteban Gutiérrez Sansón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Luego, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Asimismo, devuélvase el tomo de pruebas formado con los anexos que remitió la autoridad responsable Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, relativas al acto reclamado en el presente juicio de amparo, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: VISTOS para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 383/2023-III, promovido por ...or propio derecho, en contra de los actos reclamados al Congreso del estado de Michoacán, con sede en Morelia, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, Esteban Gutiérrez Sansón, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados a continuación: Autoridades responsables: 1. Congreso del estado de Michoacán. 2. Gobernador del estado de Michoacán. 3. Secretario de Gobierno del estado de Michoacán. 4. Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán. 5. Director del Periódico Oficial del estado de Michoacán. Todas, con sede en Morelia. Actos reclamados: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO QUE SE LES RECLAMA.- 1. H. Congreso Constitucional del Estado de Michoacán. a) Fracción ll, inciso A), Relativa al cobro del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que solo se debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecu lo tar (sic) el servicio de registro y control vehicular. Lo anterior sin reunir o cumplir las fases de un verdadero procedimiento legislativo, es decir una vez presentada la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán, relativa al ejercicio fiscal 2023, se advierte que en momento alguno fue analizada, y discutida conforme a derecho y bases sólidas para determinar o cuantificar el cobro del derecho fiscal tildado de inconstitucional, sobre todo ante la inexistencia de un dictamen financiero que pueda establecer el costo real que representa al Estado prestar el servicio, en este caso concreto a la Secretaria de Finanzas y administración, prestar el servicio de registro y control vehicular, menos aún en este ejercicio fiscal, donde violentando más nuestros derechos humanos, no se realizó licitación pública estatal respecto del holograma vehicular, ya que ahora salieron con que es virtual, y nos deja en severo estado de indefensión al transitar en otras entidades federativas, sin el holograma vehicular, resultando más incongruente e ilegal que si se está aprobando en la fracción II del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2023, es el holograma vehicular, resulta absurdo que este sea virtual, lo que en primer lugar reduce el costo que le representa al estado prestar el servicio, y en segundo lugar resulta indebido que se incrementa su costo frente al ejercicio fiscal 2022, en el cual se erogó por lo menos la cantidad de 4:50. Así mismo se le reclama que en dicho precepto legal establece un trato desigual respecto del mismo derecho fiscal, es decir suponiendo sin conceder que lo que realmente cobra es por el registro y control vehicular, entonces no pude existir un trato desigual respecto de la fracción II, incisos A, B, C, del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023. 2.- C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán. a) Aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo, se le señala por vicios propios, la promulgación, y orden de publicación y dar la orden del debido cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se establece un cobro recaudatorio indebido, que viola a todas luces los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, establecida en el artículo 20 fracción II, inciso A), Relativa al cobro del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía, sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que sólo se debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecutar el servicio por calcomanía vehicular. Toda vez que en dicho precepto legal se establece un trato desigual respecto del mismo derecho fiscal, es decir suponiendo sin conceder que lo que realmente cobra es por el registro y control vehicular, respecto a la fracción ll incisos A, B, C, del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023. 3. C. Ciudadano Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios; a) La Publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 4. C. Director de Recaudación del Estado de Michoacán, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios y por ejecutar el debido cumplimiento de la norma tildada de inconstitucional, ya que, si no se cubre dicho derecho fiscal, nos hacemos acreedores a una multa por violar la Ley de Tránsito y vialidad del Estado de Michoacán y su reglamento, a). La aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, consistente en el cobro indebido que viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, establecidos en el artículo 20 fracciones I y II, incisos A), que se me realizó el día 22 de Marzo del 2023. 5. C. Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios la publicación del Decreto Legislativo que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2023, particularmente el artículo 20, fracción y II, incisos A), decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Aunque el Director del Periódico oficial, no tiene participación dentro del procedimiento legislativo, ni tampoco participación en la ejecución del acto que se reclama, y que él solo recibe y acata la orden de publicación del Decreto Legislativo que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2023, particularmente el artículo 20, fracción y II, inciso A), B), C), ,decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, no menos cierto lo es que por vicios propios tiene participación en la consumación del acto reclamado, ya que si no se hubiera publicado, no se me habría aplicado el cobro reclamado, por lo cual se le señala de igual forma que a los señalados en mi libelo constitucional como autoridad responsable. [.]". SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis Constitucional, lo cual se advierte del análisis íntegro de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama: 1. Del Congreso, 2. Gobernador, 3. Secretario de Gobierno y, 5. Director del Periódico Oficial todos del estado de Michoacán, con sede en Morelia: a) Su respectiva intervención en el proceso legislativo (iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y, refrendo) del Decreto 324, a través del cual se emitió la Ley de Ingresos del estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, específicamente, el artículo 20, fracción II, inciso A), que prevé la causación de derechos por la prestación de servicios de refrendo anual de calcomanía de circulación. 4. Del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán, con sede en Morelia: b) La aplicación de la porción normativa impugnada de inconstitucional, mediante los cobros realizados el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, a través de los comprobantes de pago, con líneas de capturas 31047908130838422223 y 31047854040838422223, correspondientes al refrendo anual de calcomanía 2023, por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, en su orden, respecto de los automóviles marca Ford, color blanco, modelo 1991, placa MZ5702B, y marca Nissan, color gris, modelo 2004. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al 1. Del Congreso, 2. Gobernador, 4. Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración y, 5. Director del Periódico Oficial, todos del estado de Michoacán, con sede en Morelia, pues, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, sintetizados en los incisos a) y b), del considerando precedente; por otra parte, el 3. Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, con sede en Morelia, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, respecto del inciso a); sin embargo, dicha negativa se desvirtúa por tratarse de normas de carácter general, respecto de las cuales, dichas autoridades, en ejercicio de sus atribuciones, participaron en el proceso legislativo que les dio origen, por lo cual, su existencia se corrobora a partir de su publicación en el medio de difusión oficial, de conformidad con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Sin que pase inadvertido para el suscrito que el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional expusiera la inexistencia de los actos reclamados, sin embargo, atento a las razones emitidas previamente, dicha consideración parte de una premisa falsa. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, las expuestas por las partes o, de oficio, las advertidas por este órgano de control Constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable, Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, con sede en Morelia, al rendir su respectivo informe justificado respecto del acto que se le atribuyó, sintetizado en el inciso a), del considerando segundo de la presente ejecutoria, consistente en su participación en el proceso legislativo que originó la emisión de la norma tildada de inconstitucional, a saber, mediante la autorización de su promulgación -refrendo-, propuso la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III y VIII, -interpretados a sentido contrario- de la Ley de Amparo, por no reclamársele por vicios propios. La causa de improcedencia invocada es fundada, respecto del 3. Secretario de Gobierno y 5. Director del Periódico Oficial del estado de Michoacán, con sede en Morelia, con relación al acto reclamado sintetizado en el inciso a). En efecto, las disposiciones normativas reseñadas establecen, en su orden, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación sistemática de los numerales invocados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos de refrendo y publicación de normas generales, cuando éstos no se impugnen por vicios propios. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, se inadvierte que la parte quejosa haya impugnado el acto de autorización de promulgación -refrendo- y publicación de la norma tildada de inconstitucional, por vicios propios, pues no formuló conceptos de violación al respecto; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III y VIII, -interpretados a sentido contrario- de la Ley de Amparo; y, por ende, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, identificadas previamente. Sirve de orientación a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2248, Tomo III, Libro XXIII, Octubre de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2010097, de rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS." En diferente orden de ideas, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por la causa de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Previo a establecer las razones por las cuales se arribó a la conclusión anticipada, es menester conocer el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De las disposiciones transcritas, se advierte que la finalidad del juicio de amparo es proteger al justiciable del menoscabo sufrido en su persona, patrimonio o derechos, originado por un acto de autoridad. Sin embargo, la parte quejosa debe cumplir con determinados requisitos para acceder a ese beneficio, entre los cuales se encuentra el de acreditar la existencia de un interés jurídico y/o legítimo a su favor. En esa virtud, para efectos del caso concreto, la presencia de un interés jurídico se constata cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte esa prerrogativa, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, el interés legítimo no supone una afectación directa a la situación jurídica, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés legítimamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo individual; asimismo, supone una afectación a un interés difuso en perjuicio de una colectividad determinada a la que el quejoso pertenece. Por tanto, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora, a efecto de estar en aptitud de realizar la impugnación de disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar, en principio, que esas normas afectan de manera real y actual la esfera jurídica de quien solicita la protección Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. En el caso concreto, como se indicó, la parte quejosa reclama el artículo 20, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del estado de Michoacán, vigente para el ejercicio fiscal 2023, que establece: "Artículo 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: II. Por refrendo anual de circulación: C o n c e p t o Cuota 2023 A) Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $ 1,056.00 Luego, atento a la naturaleza de la norma tildada de inconstitucional, es menester hacer referencia a la teoría de la individualización condicionada de la norma, directriz que rige la procedencia del amparo contra normas generales, con el propósito de distinguir cuándo se está ante una norma que causa perjuicio a las personas con su mera entrada en vigor (autoaplicativa), y cuándo frente a una que requiere la actualización, además, de una condición, para que se presente ese perjuicio (heteroaplicativa). Distingo que es útil para conocer en qué momento el agraviado está en aptitud de impugnar la norma mediante el juicio de amparo, habida cuenta que tal acción constitucional sólo puede ser instada por quien acredite resentir una afectación, ya directa o indirecta. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 138, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 3738, Tomo II, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de Federación 1917-2011, de contenido siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Conforme a esa jurisprudencia, el concepto de individualización es una referencia que permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede ser: a) De carácter administrativo o jurisdiccional; b) Un acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular, o incluso; c) Un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana, que sitúa al gobernado dentro de la hipótesis legal. Desde esa perspectiva, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Ahora bien, respecto a la actualización de un perjuicio, se precisa mencionar que éste también constituye un elemento toral que determina la posibilidad jurídica de instar la acción de amparo, pues la actualización de un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso (lo que puede ocurrir en cualquiera de esos dos eventos, auto o heteroaplicación), es el factor determinante para que se considere facultado para instar la acción Constitucional. Con lo anterior se busca poner énfasis en que no basta que una norma entre en vigor, sino requiere, además, que con esa vigencia se cause una posible lesión en la esfera jurídica de quien promueve el amparo; tal es la razón que conduce a examinar obligatoriamente el posible contenido y alcance de la norma impugnada, para determinar si, efectivamente, su mera entrada en vigor ocasiona una lesión jurídica, o si, por el contrario, se requiere de una condición para que se actualice tal perjuicio (individualización condicionada). Estudio de la naturaleza de la norma reclamada, para establecer la existencia del perjuicio, tratándose de una norma que impone una obligación contributiva. Para detectar cuál es ese perjuicio que faculta a promover la acción Constitucional, resulta necesario acudir al contenido de la norma impugnada, a fin de establecer cuál es esa obligación, prohibición, exclusión, o cualquier otra circunstancia de la cual se duela el quejoso, y sea la que pretenda propiciar, evitar o atenuar con la concesión del amparo. Además, advertir cuál es ese contenido normativo, y los pretendidos efectos que se buscan con la concesión del amparo, permite ubicar la lesión jurídica que dice sufrir el promovente y, a la vez, determinar si la norma causa o no un perjuicio con su mera entrada en vigor. De tal forma, si la parte quejosa impugna una norma jurídica que le impone como obligación pagar un derecho por servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular, es evidente que lo pretendido es la expulsión de esa norma de su esfera jurídica, y por consiguiente, evitar el pago de la contribución ahí contenida. Sin embargo, si la reclama con motivo de su primer acto de aplicación, como en el caso concreto, por haberse auto aplicado la norma con motivo de los dos pagos realizados por la cantidad de mil cincuenta y seis pesos, por concepto de refrendo anual de calcomanía, busca la restitución de su derecho violado y que se le reintegre por la autoridad exactora, el importe del pago que por ese concepto hubiere enterado. En ese contexto, la norma cuestionada, como se anticipó, establece que los derechos causados por la prestación de servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular, se pagarán, en el caso, del refrendo anual de circulación: para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, la suma de mil cincuenta y seis pesos. Por tanto, se trata de una norma jurídica que impone una obligación, en este caso contributiva; la cual resulta perfecta por el hecho de entrar en vigor, con independencia de que su exigibilidad se torne coercitiva hasta después de transcurrido cierto plazo. Con relación a lo anterior, no debe confundirse el perfeccionamiento vinculante de una norma legislativa, que se colma con la mera circunstancia su entrada en vigor tras su publicación en el medio de difusión masiva oficial correspondiente, y en los términos precisados por su normativa transitoria, como ocurre en el caso, porque el artículo primero transitorio dispone expresamente que esa norma entró en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve: "PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2023, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.". En ese orden de ideas, al haber entrado en vigor, las normas jurídicas contenidas en ese decreto cobran efectos vinculantes para sus destinatarios, es decir, se tornan en declaraciones, obligaciones y derechos perfectos jurídicamente, incorporados al derecho positivo; cuestión distinta la que ocurre cuando esa norma jurídica, ya perfecta y vinculante, establece un plazo determinado para su cumplimiento. Lo último no atañe al carácter vinculante de la norma, sino a su exigibilidad, la cual depende del cumplimiento del plazo, de la condición o de las demás modalidades a que hubiere estado sujeta la obligación tributaria. En ese contexto, la obligación tributaria nace y es perfecta desde que incursiona en el ámbito del derecho positivo, luego de haber entrado en vigor conforme a su publicación oficial y a su normatividad transitoria, y se torna exigible cuando se actualiza la condición prevista en la norma para que sea cumplida; condición que puede ser de índole temporal. Un aspecto jurídico que clarifica lo anterior, tratándose de una norma tributaria, es el que configura los elementos esenciales de un tributo, es decir, el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Si se contrastara la norma reclamada conforme a esos elementos, podría verse que desde su entrada en vigor ha de contenerlos todos ellos; de manera que las personas ubicadas en ese supuesto, es decir, quienes sean sujetos del tributo, en este caso, los propietarios o legítimos poseedores de vehículos, están vinculados por la norma desde que entró en vigor, por lo cual saben y deben prever que, llegado su momento, habrán de pagarlo, y eso es precisamente lo que les irroga el perjuicio que exige tanto la Constitución como la Ley de Amparo, el ser considerados como sujetos del tributo, por lo que la época de pago exigible sólo está diferida en el tiempo. Así, es evidente que el perjuicio que permite accionar el juicio Constitucional, se actualiza desde la entrada en vigor de la norma tributaria y considera al quejoso como sujeto del tributo, puesto que desde ese momento la persona se vuelve sujeto de la obligación tributaria, con independencia de que ésta se torne exigible y coercitiva con posterioridad. Análisis de la naturaleza jurídica de la norma que pone en evidencia que desde que nace a la vida jurídica, puede ocasionar perjuicio al solicitante del amparo, por el simple hecho de considerarlo sujeto del tributo, al margen de que su época de pago sea posterior. Ahora bien, para demostrar encontrarse bajo el supuesto de la norma, el quejoso debe demostrar ser propietario de un vehículo inscrito en el padrón vehicular del estado de Michoacán. Lo anterior, pues del precepto reclamado se advierte que está dirigido a aquéllos que tengan vehículos particulares inscritos en esta entidad federativa. En el caso concreto, se itera, el quejoso reclama el artículo 20, fracción II, fracción A), de la Ley de Ingresos del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, con motivo de su primer acto de aplicación, por haberse auto aplicado la norma con motivo de dos pagos, que en el caso realizó por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, esto es, por concepto de refrendo anual de circulación, con lo cual busca la restitución de su derecho violado y que se le reintegre por la autoridad exactora, los dos importes de los pagos que por ese concepto hubiere enterado. Para demostrar la afectación a su interés jurídico, el quejoso exhibió: Dos comprobantes de pago, con líneas de capturas 31047908130838422223 y 31047854040838422223, correspondientes al refrendo anual de calcomanía 2023, por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, en su orden, respecto de los automóviles marca Ford, color blanco, modelo 1991, placa MZ5702B, y marca Nissan, color gris, modelo 2004. Sin embargo, el quejoso no demuestra la afectación a su interés jurídico, en la medida en que, en efecto, no demostró ser propietario o poseedor legítimo de los vehículos por los cuales aduce realizó los pagos por el servicio de refrendo anual de calcomanía y, por ende, el primer acto de aplicación de la ley que reclama de inconstitucional. Lo anterior es así, porque si bien, los comprobantes de pago demuestran que realizó dos pagos de refrendo anual de calcomanía, por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, respecto de los automóviles marca Ford, color blanco, modelo 1991, placa MZ5702B, y marca Nissan, color gris, modelo 2004; sin embargo, para los efectos del presente juicio de amparo, no se demuestra que actualmente esos vehículos sean propiedad del inconforme, pues no exhibió algún documento que acredite tal situación, por ejemplo, la factura, máxime que, como se precisó previamente, para justificar el interés jurídico en el amparo contra leyes es necesario demostrar la existencia de un derecho subjetivo que se dice violado y, en el caso, ya se estableció que la norma reclamada se dirige a los propietarios o poseedores legítimos de vehículos respecto de los cuales se deba pagar derechos por servicios de registro y control vehicular de trasporte particular; así, porque el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Lo anterior, porque cuando la ley se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación, como en el caso, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo, mediante un acto que le genera perjuicio. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 409, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 431, Tomo II, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, de contenido siguiente: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas tesis que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. El interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando el acto consistente en el embargo trabado sobre un vehículo automotriz por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que el quejoso es titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Ahora bien, la tarjeta de circulación vehicular sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella, es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo; de ahí que dicha tarjeta, por sí misma, no sea un documento idóneo para acreditar la propiedad del vehículo, pues sólo establece una presunción respecto de ese derecho y, como se ha dicho, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones". También la tesis IV.2o.A.31 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible a página 2684, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada". En consecuencia, se itera, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de ese ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto 324, relativo a la Ley de Ingresos del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, específicamente el artículo 20, fracción II, inciso A), que establece la cuota a pagar por refrendo anual de circulación. Por otra parte, no se soslaya que las autoridades responsables al rendir su informe justificado hacen valer diversas causas de improcedencia; sin embargo, con independencia de la preferencia que pudiera tener su estudio, basta la acreditación de una sola para sobreseer en el juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 195744, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán, sintetizado en el considerando segundo, inciso b), toda vez que no se reclamó por vicios propios, por lo cual, su legalidad está subordinada al de las autoridades ordenadoras. En diverso orden de ideas, no se realiza mayor pronunciamiento con relación a los alegatos propuestos por el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, pues de conformidad con los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda Constitucional y los aducidos en el informe justificado pueden formar parte de la litis en el juicio Constitucional; sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 14, número 80, Agosto de 1994, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, intitulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si los actos reclamados son inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Esteban Gutiérrez Sansón, por propio derecho en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, precisadas en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el diverso cuarto punto considerativo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, ante Carlos Medina Muñoz, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: VISTOS para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 383/2023-III, promovido por ...or propio derecho, en contra de los actos reclamados al Congreso del estado de Michoacán, con sede en Morelia, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, Esteban Gutiérrez Sansón, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados a continuación: Autoridades responsables: 1. Congreso del estado de Michoacán. 2. Gobernador del estado de Michoacán. 3. Secretario de Gobierno del estado de Michoacán. 4. Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán. 5. Director del Periódico Oficial del estado de Michoacán. Todas, con sede en Morelia. Actos reclamados: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO QUE SE LES RECLAMA.- 1. H. Congreso Constitucional del Estado de Michoacán. a) Fracción ll, inciso A), Relativa al cobro del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que solo se debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecu lo tar (sic) el servicio de registro y control vehicular. Lo anterior sin reunir o cumplir las fases de un verdadero procedimiento legislativo, es decir una vez presentada la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán, relativa al ejercicio fiscal 2023, se advierte que en momento alguno fue analizada, y discutida conforme a derecho y bases sólidas para determinar o cuantificar el cobro del derecho fiscal tildado de inconstitucional, sobre todo ante la inexistencia de un dictamen financiero que pueda establecer el costo real que representa al Estado prestar el servicio, en este caso concreto a la Secretaria de Finanzas y administración, prestar el servicio de registro y control vehicular, menos aún en este ejercicio fiscal, donde violentando más nuestros derechos humanos, no se realizó licitación pública estatal respecto del holograma vehicular, ya que ahora salieron con que es virtual, y nos deja en severo estado de indefensión al transitar en otras entidades federativas, sin el holograma vehicular, resultando más incongruente e ilegal que si se está aprobando en la fracción II del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2023, es el holograma vehicular, resulta absurdo que este sea virtual, lo que en primer lugar reduce el costo que le representa al estado prestar el servicio, y en segundo lugar resulta indebido que se incrementa su costo frente al ejercicio fiscal 2022, en el cual se erogó por lo menos la cantidad de 4:50. Así mismo se le reclama que en dicho precepto legal establece un trato desigual respecto del mismo derecho fiscal, es decir suponiendo sin conceder que lo que realmente cobra es por el registro y control vehicular, entonces no pude existir un trato desigual respecto de la fracción II, incisos A, B, C, del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023. 2.- C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán. a) Aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo, se le señala por vicios propios, la promulgación, y orden de publicación y dar la orden del debido cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se establece un cobro recaudatorio indebido, que viola a todas luces los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, establecida en el artículo 20 fracción II, inciso A), Relativa al cobro del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía, sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que sólo se debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecutar el servicio por calcomanía vehicular. Toda vez que en dicho precepto legal se establece un trato desigual respecto del mismo derecho fiscal, es decir suponiendo sin conceder que lo que realmente cobra es por el registro y control vehicular, respecto a la fracción ll incisos A, B, C, del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023. 3. C. Ciudadano Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios; a) La Publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 4. C. Director de Recaudación del Estado de Michoacán, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios y por ejecutar el debido cumplimiento de la norma tildada de inconstitucional, ya que, si no se cubre dicho derecho fiscal, nos hacemos acreedores a una multa por violar la Ley de Tránsito y vialidad del Estado de Michoacán y su reglamento, a). La aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, consistente en el cobro indebido que viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, establecidos en el artículo 20 fracciones I y II, incisos A), que se me realizó el día 22 de Marzo del 2023. 5. C. Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios la publicación del Decreto Legislativo que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2023, particularmente el artículo 20, fracción y II, incisos A), decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Aunque el Director del Periódico oficial, no tiene participación dentro del procedimiento legislativo, ni tampoco participación en la ejecución del acto que se reclama, y que él solo recibe y acata la orden de publicación del Decreto Legislativo que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2023, particularmente el artículo 20, fracción y II, inciso A), B), C), ,decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, no menos cierto lo es que por vicios propios tiene participación en la consumación del acto reclamado, ya que si no se hubiera publicado, no se me habría aplicado el cobro reclamado, por lo cual se le señala de igual forma que a los señalados en mi libelo constitucional como autoridad responsable. [.]". SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis Constitucional, lo cual se advierte del análisis íntegro de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama: 1. Del Congreso, 2. Gobernador, 3. Secretario de Gobierno y, 5. Director del Periódico Oficial todos del estado de Michoacán, con sede en Morelia: a) Su respectiva intervención en el proceso legislativo (iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y, refrendo) del Decreto 324, a través del cual se emitió la Ley de Ingresos del estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, específicamente, el artículo 20, fracción II, inciso A), que prevé la causación de derechos por la prestación de servicios de refrendo anual de calcomanía de circulación. 4. Del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán, con sede en Morelia: b) La aplicación de la porción normativa impugnada de inconstitucional, mediante los cobros realizados el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, a través de los comprobantes de pago, con líneas de capturas 31047908130838422223 y 31047854040838422223, correspondientes al refrendo anual de calcomanía 2023, por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, en su orden, respecto de los automóviles marca Ford, color blanco, modelo 1991, placa MZ5702B, y marca Nissan, color gris, modelo 2004. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al 1. Del Congreso, 2. Gobernador, 4. Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración y, 5. Director del Periódico Oficial, todos del estado de Michoacán, con sede en Morelia, pues, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, sintetizados en los incisos a) y b), del considerando precedente; por otra parte, el 3. Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, con sede en Morelia, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, respecto del inciso a); sin embargo, dicha negativa se desvirtúa por tratarse de normas de carácter general, respecto de las cuales, dichas autoridades, en ejercicio de sus atribuciones, participaron en el proceso legislativo que les dio origen, por lo cual, su existencia se corrobora a partir de su publicación en el medio de difusión oficial, de conformidad con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Sin que pase inadvertido para el suscrito que el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional expusiera la inexistencia de los actos reclamados, sin embargo, atento a las razones emitidas previamente, dicha consideración parte de una premisa falsa. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, las expuestas por las partes o, de oficio, las advertidas por este órgano de control Constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable, Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, con sede en Morelia, al rendir su respectivo informe justificado respecto del acto que se le atribuyó, sintetizado en el inciso a), del considerando segundo de la presente ejecutoria, consistente en su participación en el proceso legislativo que originó la emisión de la norma tildada de inconstitucional, a saber, mediante la autorización de su promulgación -refrendo-, propuso la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III y VIII, -interpretados a sentido contrario- de la Ley de Amparo, por no reclamársele por vicios propios. La causa de improcedencia invocada es fundada, respecto del 3. Secretario de Gobierno y 5. Director del Periódico Oficial del estado de Michoacán, con sede en Morelia, con relación al acto reclamado sintetizado en el inciso a). En efecto, las disposiciones normativas reseñadas establecen, en su orden, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación sistemática de los numerales invocados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos de refrendo y publicación de normas generales, cuando éstos no se impugnen por vicios propios. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, se inadvierte que la parte quejosa haya impugnado el acto de autorización de promulgación -refrendo- y publicación de la norma tildada de inconstitucional, por vicios propios, pues no formuló conceptos de violación al respecto; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III y VIII, -interpretados a sentido contrario- de la Ley de Amparo; y, por ende, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, identificadas previamente. Sirve de orientación a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2248, Tomo III, Libro XXIII, Octubre de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2010097, de rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS." En diferente orden de ideas, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por la causa de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Previo a establecer las razones por las cuales se arribó a la conclusión anticipada, es menester conocer el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; De las disposiciones transcritas, se advierte que la finalidad del juicio de amparo es proteger al justiciable del menoscabo sufrido en su persona, patrimonio o derechos, originado por un acto de autoridad. Sin embargo, la parte quejosa debe cumplir con determinados requisitos para acceder a ese beneficio, entre los cuales se encuentra el de acreditar la existencia de un interés jurídico y/o legítimo a su favor. En esa virtud, para efectos del caso concreto, la presencia de un interés jurídico se constata cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte esa prerrogativa, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, el interés legítimo no supone una afectación directa a la situación jurídica, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés legítimamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo individual; asimismo, supone una afectación a un interés difuso en perjuicio de una colectividad determinada a la que el quejoso pertenece. Por tanto, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora, a efecto de estar en aptitud de realizar la impugnación de disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar, en principio, que esas normas afectan de manera real y actual la esfera jurídica de quien solicita la protección Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. En el caso concreto, como se indicó, la parte quejosa reclama el artículo 20, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del estado de Michoacán, vigente para el ejercicio fiscal 2023, que establece: "Artículo 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: II. Por refrendo anual de circulación: C o n c e p t o Cuota 2023 A) Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $ 1,056.00 Luego, atento a la naturaleza de la norma tildada de inconstitucional, es menester hacer referencia a la teoría de la individualización condicionada de la norma, directriz que rige la procedencia del amparo contra normas generales, con el propósito de distinguir cuándo se está ante una norma que causa perjuicio a las personas con su mera entrada en vigor (autoaplicativa), y cuándo frente a una que requiere la actualización, además, de una condición, para que se presente ese perjuicio (heteroaplicativa). Distingo que es útil para conocer en qué momento el agraviado está en aptitud de impugnar la norma mediante el juicio de amparo, habida cuenta que tal acción constitucional sólo puede ser instada por quien acredite resentir una afectación, ya directa o indirecta. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 138, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 3738, Tomo II, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de Federación 1917-2011, de contenido siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Conforme a esa jurisprudencia, el concepto de individualización es una referencia que permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede ser: a) De carácter administrativo o jurisdiccional; b) Un acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular, o incluso; c) Un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana, que sitúa al gobernado dentro de la hipótesis legal. Desde esa perspectiva, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Ahora bien, respecto a la actualización de un perjuicio, se precisa mencionar que éste también constituye un elemento toral que determina la posibilidad jurídica de instar la acción de amparo, pues la actualización de un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso (lo que puede ocurrir en cualquiera de esos dos eventos, auto o heteroaplicación), es el factor determinante para que se considere facultado para instar la acción Constitucional. Con lo anterior se busca poner énfasis en que no basta que una norma entre en vigor, sino requiere, además, que con esa vigencia se cause una posible lesión en la esfera jurídica de quien promueve el amparo; tal es la razón que conduce a examinar obligatoriamente el posible contenido y alcance de la norma impugnada, para determinar si, efectivamente, su mera entrada en vigor ocasiona una lesión jurídica, o si, por el contrario, se requiere de una condición para que se actualice tal perjuicio (individualización condicionada). Estudio de la naturaleza de la norma reclamada, para establecer la existencia del perjuicio, tratándose de una norma que impone una obligación contributiva. Para detectar cuál es ese perjuicio que faculta a promover la acción Constitucional, resulta necesario acudir al contenido de la norma impugnada, a fin de establecer cuál es esa obligación, prohibición, exclusión, o cualquier otra circunstancia de la cual se duela el quejoso, y sea la que pretenda propiciar, evitar o atenuar con la concesión del amparo. Además, advertir cuál es ese contenido normativo, y los pretendidos efectos que se buscan con la concesión del amparo, permite ubicar la lesión jurídica que dice sufrir el promovente y, a la vez, determinar si la norma causa o no un perjuicio con su mera entrada en vigor. De tal forma, si la parte quejosa impugna una norma jurídica que le impone como obligación pagar un derecho por servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular, es evidente que lo pretendido es la expulsión de esa norma de su esfera jurídica, y por consiguiente, evitar el pago de la contribución ahí contenida. Sin embargo, si la reclama con motivo de su primer acto de aplicación, como en el caso concreto, por haberse auto aplicado la norma con motivo de los dos pagos realizados por la cantidad de mil cincuenta y seis pesos, por concepto de refrendo anual de calcomanía, busca la restitución de su derecho violado y que se le reintegre por la autoridad exactora, el importe del pago que por ese concepto hubiere enterado. En ese contexto, la norma cuestionada, como se anticipó, establece que los derechos causados por la prestación de servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular, se pagarán, en el caso, del refrendo anual de circulación: para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, la suma de mil cincuenta y seis pesos. Por tanto, se trata de una norma jurídica que impone una obligación, en este caso contributiva; la cual resulta perfecta por el hecho de entrar en vigor, con independencia de que su exigibilidad se torne coercitiva hasta después de transcurrido cierto plazo. Con relación a lo anterior, no debe confundirse el perfeccionamiento vinculante de una norma legislativa, que se colma con la mera circunstancia su entrada en vigor tras su publicación en el medio de difusión masiva oficial correspondiente, y en los términos precisados por su normativa transitoria, como ocurre en el caso, porque el artículo primero transitorio dispone expresamente que esa norma entró en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve: "PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2023, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.". En ese orden de ideas, al haber entrado en vigor, las normas jurídicas contenidas en ese decreto cobran efectos vinculantes para sus destinatarios, es decir, se tornan en declaraciones, obligaciones y derechos perfectos jurídicamente, incorporados al derecho positivo; cuestión distinta la que ocurre cuando esa norma jurídica, ya perfecta y vinculante, establece un plazo determinado para su cumplimiento. Lo último no atañe al carácter vinculante de la norma, sino a su exigibilidad, la cual depende del cumplimiento del plazo, de la condición o de las demás modalidades a que hubiere estado sujeta la obligación tributaria. En ese contexto, la obligación tributaria nace y es perfecta desde que incursiona en el ámbito del derecho positivo, luego de haber entrado en vigor conforme a su publicación oficial y a su normatividad transitoria, y se torna exigible cuando se actualiza la condición prevista en la norma para que sea cumplida; condición que puede ser de índole temporal. Un aspecto jurídico que clarifica lo anterior, tratándose de una norma tributaria, es el que configura los elementos esenciales de un tributo, es decir, el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Si se contrastara la norma reclamada conforme a esos elementos, podría verse que desde su entrada en vigor ha de contenerlos todos ellos; de manera que las personas ubicadas en ese supuesto, es decir, quienes sean sujetos del tributo, en este caso, los propietarios o legítimos poseedores de vehículos, están vinculados por la norma desde que entró en vigor, por lo cual saben y deben prever que, llegado su momento, habrán de pagarlo, y eso es precisamente lo que les irroga el perjuicio que exige tanto la Constitución como la Ley de Amparo, el ser considerados como sujetos del tributo, por lo que la época de pago exigible sólo está diferida en el tiempo. Así, es evidente que el perjuicio que permite accionar el juicio Constitucional, se actualiza desde la entrada en vigor de la norma tributaria y considera al quejoso como sujeto del tributo, puesto que desde ese momento la persona se vuelve sujeto de la obligación tributaria, con independencia de que ésta se torne exigible y coercitiva con posterioridad. Análisis de la naturaleza jurídica de la norma que pone en evidencia que desde que nace a la vida jurídica, puede ocasionar perjuicio al solicitante del amparo, por el simple hecho de considerarlo sujeto del tributo, al margen de que su época de pago sea posterior. Ahora bien, para demostrar encontrarse bajo el supuesto de la norma, el quejoso debe demostrar ser propietario de un vehículo inscrito en el padrón vehicular del estado de Michoacán. Lo anterior, pues del precepto reclamado se advierte que está dirigido a aquéllos que tengan vehículos particulares inscritos en esta entidad federativa. En el caso concreto, se itera, el quejoso reclama el artículo 20, fracción II, fracción A), de la Ley de Ingresos del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, con motivo de su primer acto de aplicación, por haberse auto aplicado la norma con motivo de dos pagos, que en el caso realizó por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, esto es, por concepto de refrendo anual de circulación, con lo cual busca la restitución de su derecho violado y que se le reintegre por la autoridad exactora, los dos importes de los pagos que por ese concepto hubiere enterado. Para demostrar la afectación a su interés jurídico, el quejoso exhibió: Dos comprobantes de pago, con líneas de capturas 31047908130838422223 y 31047854040838422223, correspondientes al refrendo anual de calcomanía 2023, por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, en su orden, respecto de los automóviles marca Ford, color blanco, modelo 1991, placa MZ5702B, y marca Nissan, color gris, modelo 2004. Sin embargo, el quejoso no demuestra la afectación a su interés jurídico, en la medida en que, en efecto, no demostró ser propietario o poseedor legítimo de los vehículos por los cuales aduce realizó los pagos por el servicio de refrendo anual de calcomanía y, por ende, el primer acto de aplicación de la ley que reclama de inconstitucional. Lo anterior es así, porque si bien, los comprobantes de pago demuestran que realizó dos pagos de refrendo anual de calcomanía, por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, respecto de los automóviles marca Ford, color blanco, modelo 1991, placa MZ5702B, y marca Nissan, color gris, modelo 2004; sin embargo, para los efectos del presente juicio de amparo, no se demuestra que actualmente esos vehículos sean propiedad del inconforme, pues no exhibió algún documento que acredite tal situación, por ejemplo, la factura, máxime que, como se precisó previamente, para justificar el interés jurídico en el amparo contra leyes es necesario demostrar la existencia de un derecho subjetivo que se dice violado y, en el caso, ya se estableció que la norma reclamada se dirige a los propietarios o poseedores legítimos de vehículos respecto de los cuales se deba pagar derechos por servicios de registro y control vehicular de trasporte particular; así, porque el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Lo anterior, porque cuando la ley se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación, como en el caso, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo, mediante un acto que le genera perjuicio. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 409, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 431, Tomo II, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, de contenido siguiente: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas tesis que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. El interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando el acto consistente en el embargo trabado sobre un vehículo automotriz por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que el quejoso es titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Ahora bien, la tarjeta de circulación vehicular sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella, es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo; de ahí que dicha tarjeta, por sí misma, no sea un documento idóneo para acreditar la propiedad del vehículo, pues sólo establece una presunción respecto de ese derecho y, como se ha dicho, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones". También la tesis IV.2o.A.31 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible a página 2684, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada". En consecuencia, se itera, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de ese ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto 324, relativo a la Ley de Ingresos del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, específicamente el artículo 20, fracción II, inciso A), que establece la cuota a pagar por refrendo anual de circulación. Por otra parte, no se soslaya que las autoridades responsables al rendir su informe justificado hacen valer diversas causas de improcedencia; sin embargo, con independencia de la preferencia que pudiera tener su estudio, basta la acreditación de una sola para sobreseer en el juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 195744, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán, sintetizado en el considerando segundo, inciso b), toda vez que no se reclamó por vicios propios, por lo cual, su legalidad está subordinada al de las autoridades ordenadoras. En diverso orden de ideas, no se realiza mayor pronunciamiento con relación a los alegatos propuestos por el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, pues de conformidad con los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda Constitucional y los aducidos en el informe justificado pueden formar parte de la litis en el juicio Constitucional; sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 14, número 80, Agosto de 1994, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, intitulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si los actos reclamados son inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Esteban Gutiérrez Sansón, por propio derecho en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, precisadas en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el diverso cuarto punto considerativo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, ante Carlos Medina Muñoz, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    VISTOS para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 383/2023-III, promovido por ...or propio derecho, en contra de los actos reclamados al Congreso del estado de Michoacán, con sede en Morelia, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia, Esteban Gutiérrez Sansón, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados a continuación: Autoridades responsables: 1. Congreso del estado de Michoacán. 2. Gobernador del estado de Michoacán. 3. Secretario de Gobierno del estado de Michoacán. 4. Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán. 5. Director del Periódico Oficial del estado de Michoacán. Todas, con sede en Morelia. Actos reclamados: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTO QUE SE LES RECLAMA.- 1. H. Congreso Constitucional del Estado de Michoacán. a) Fracción ll, inciso A), Relativa al cobro del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que solo se debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecu lo tar (sic) el servicio de registro y control vehicular. Lo anterior sin reunir o cumplir las fases de un verdadero procedimiento legislativo, es decir una vez presentada la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán, relativa al ejercicio fiscal 2023, se advierte que en momento alguno fue analizada, y discutida conforme a derecho y bases sólidas para determinar o cuantificar el cobro del derecho fiscal tildado de inconstitucional, sobre todo ante la inexistencia de un dictamen financiero que pueda establecer el costo real que representa al Estado prestar el servicio, en este caso concreto a la Secretaria de Finanzas y administración, prestar el servicio de registro y control vehicular, menos aún en este ejercicio fiscal, donde violentando más nuestros derechos humanos, no se realizó licitación pública estatal respecto del holograma vehicular, ya que ahora salieron con que es virtual, y nos deja en severo estado de indefensión al transitar en otras entidades federativas, sin el holograma vehicular, resultando más incongruente e ilegal que si se está aprobando en la fracción II del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2023, es el holograma vehicular, resulta absurdo que este sea virtual, lo que en primer lugar reduce el costo que le representa al estado prestar el servicio, y en segundo lugar resulta indebido que se incrementa su costo frente al ejercicio fiscal 2022, en el cual se erogó por lo menos la cantidad de 4:50. Así mismo se le reclama que en dicho precepto legal establece un trato desigual respecto del mismo derecho fiscal, es decir suponiendo sin conceder que lo que realmente cobra es por el registro y control vehicular, entonces no pude existir un trato desigual respecto de la fracción II, incisos A, B, C, del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023. 2.- C. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán. a) Aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo, se le señala por vicios propios, la promulgación, y orden de publicación y dar la orden del debido cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, donde se establece un cobro recaudatorio indebido, que viola a todas luces los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, establecida en el artículo 20 fracción II, inciso A), Relativa al cobro del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía, sin tomar en cuenta que es un derecho fiscal y que sólo se debió autorizar el cobro que representa al Estado ejecutar el servicio por calcomanía vehicular. Toda vez que en dicho precepto legal se establece un trato desigual respecto del mismo derecho fiscal, es decir suponiendo sin conceder que lo que realmente cobra es por el registro y control vehicular, respecto a la fracción ll incisos A, B, C, del artículo 20 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023. 3. C. Ciudadano Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios; a) La Publicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 4. C. Director de Recaudación del Estado de Michoacán, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios y por ejecutar el debido cumplimiento de la norma tildada de inconstitucional, ya que, si no se cubre dicho derecho fiscal, nos hacemos acreedores a una multa por violar la Ley de Tránsito y vialidad del Estado de Michoacán y su reglamento, a). La aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2023, consistente en el cobro indebido que viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, establecidos en el artículo 20 fracciones I y II, incisos A), que se me realizó el día 22 de Marzo del 2023. 5. C. Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, aunque no tiene participación dentro del proceso legislativo se le reclama por vicios propios la publicación del Decreto Legislativo que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2023, particularmente el artículo 20, fracción y II, incisos A), decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Aunque el Director del Periódico oficial, no tiene participación dentro del procedimiento legislativo, ni tampoco participación en la ejecución del acto que se reclama, y que él solo recibe y acata la orden de publicación del Decreto Legislativo que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2023, particularmente el artículo 20, fracción y II, inciso A), B), C), ,decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, no menos cierto lo es que por vicios propios tiene participación en la consumación del acto reclamado, ya que si no se hubiera publicado, no se me habría aplicado el cobro reclamado, por lo cual se le señala de igual forma que a los señalados en mi libelo constitucional como autoridad responsable. [.]". SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados se atribuyen a autoridades circunscritas en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en la presente litis Constitucional, lo cual se advierte del análisis íntegro de la demanda de amparo, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, la parte quejosa reclama: 1. Del Congreso, 2. Gobernador, 3. Secretario de Gobierno y, 5. Director del Periódico Oficial todos del estado de Michoacán, con sede en Morelia: a) Su respectiva intervención en el proceso legislativo (iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y, refrendo) del Decreto 324, a través del cual se emitió la Ley de Ingresos del estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, específicamente, el artículo 20, fracción II, inciso A), que prevé la causación de derechos por la prestación de servicios de refrendo anual de calcomanía de circulación. 4. Del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán, con sede en Morelia: b) La aplicación de la porción normativa impugnada de inconstitucional, mediante los cobros realizados el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, a través de los comprobantes de pago, con líneas de capturas 31047908130838422223 y 31047854040838422223, correspondientes al refrendo anual de calcomanía 2023, por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, en su orden, respecto de los automóviles marca Ford, color blanco, modelo 1991, placa MZ5702B, y marca Nissan, color gris, modelo 2004. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al 1. Del Congreso, 2. Gobernador, 4. Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración y, 5. Director del Periódico Oficial, todos del estado de Michoacán, con sede en Morelia, pues, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, sintetizados en los incisos a) y b), del considerando precedente; por otra parte, el 3. Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, con sede en Morelia, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye, respecto del inciso a); sin embargo, dicha negativa se desvirtúa por tratarse de normas de carácter general, respecto de las cuales, dichas autoridades, en ejercicio de sus atribuciones, participaron en el proceso legislativo que les dio origen, por lo cual, su existencia se corrobora a partir de su publicación en el medio de difusión oficial, de conformidad con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Sin que pase inadvertido para el suscrito que el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional expusiera la inexistencia de los actos reclamados, sin embargo, atento a las razones emitidas previamente, dicha consideración parte de una premisa falsa. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, las expuestas por las partes o, de oficio, las advertidas por este órgano de control Constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable, Secretario de Gobierno del estado de Michoacán, con sede en Morelia, al rendir su respectivo informe justificado respecto del acto que se le atribuyó, sintetizado en el inciso a), del considerando segundo de la presente ejecutoria, consistente en su participación en el proceso legislativo que originó la emisión de la norma tildada de inconstitucional, a saber, mediante la autorización de su promulgación -refrendo-, propuso la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III y VIII, -interpretados a sentido contrario- de la Ley de Amparo, por no reclamársele por vicios propios. La causa de improcedencia invocada es fundada, respecto del 3. Secretario de Gobierno y 5. Director del Periódico Oficial del estado de Michoacán, con sede en Morelia, con relación al acto reclamado sintetizado en el inciso a). En efecto, las disposiciones normativas reseñadas establecen, en su orden, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] VIII. Los conceptos de violación." De la interpretación sistemática de los numerales invocados, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos de refrendo y publicación de normas generales, cuando éstos no se impugnen por vicios propios. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo, se inadvierte que la parte quejosa haya impugnado el acto de autorización de promulgación -refrendo- y publicación de la norma tildada de inconstitucional, por vicios propios, pues no formuló conceptos de violación al respecto; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III y VIII, -interpretados a sentido contrario- de la Ley de Amparo; y, por ende, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, identificadas previamente. Sirve de orientación a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2248, Tomo III, Libro XXIII, Octubre de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2010097, de rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS." En diferente orden de ideas, de oficio, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por la causa de improcedencia prevista por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Previo a establecer las razones por las cuales se arribó a la conclusión anticipada, es menester conocer el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De las disposiciones transcritas, se advierte que la finalidad del juicio de amparo es proteger al justiciable del menoscabo sufrido en su persona, patrimonio o derechos, originado por un acto de autoridad. Sin embargo, la parte quejosa debe cumplir con determinados requisitos para acceder a ese beneficio, entre los cuales se encuentra el de acreditar la existencia de un interés jurídico y/o legítimo a su favor. En esa virtud, para efectos del caso concreto, la presencia de un interés jurídico se constata cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte esa prerrogativa, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otra parte, el interés legítimo no supone una afectación directa a la situación jurídica, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite accionar para obtener el respeto a su interés legítimamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo individual; asimismo, supone una afectación a un interés difuso en perjuicio de una colectividad determinada a la que el quejoso pertenece. Por tanto, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Ahora, a efecto de estar en aptitud de realizar la impugnación de disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar, en principio, que esas normas afectan de manera real y actual la esfera jurídica de quien solicita la protección Federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (autoaplicativas), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (heteroaplicativas), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. En el caso concreto, como se indicó, la parte quejosa reclama el artículo 20, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del estado de Michoacán, vigente para el ejercicio fiscal 2023, que establece: "Artículo 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: [.] II. Por refrendo anual de circulación: C o n c e p t o Cuota 2023 A) Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. $ 1,056.00 [.]". Luego, atento a la naturaleza de la norma tildada de inconstitucional, es menester hacer referencia a la teoría de la individualización condicionada de la norma, directriz que rige la procedencia del amparo contra normas generales, con el propósito de distinguir cuándo se está ante una norma que causa perjuicio a las personas con su mera entrada en vigor (autoaplicativa), y cuándo frente a una que requiere la actualización, además, de una condición, para que se presente ese perjuicio (heteroaplicativa). Distingo que es útil para conocer en qué momento el agraviado está en aptitud de impugnar la norma mediante el juicio de amparo, habida cuenta que tal acción constitucional sólo puede ser instada por quien acredite resentir una afectación, ya directa o indirecta. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 138, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 3738, Tomo II, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de Federación 1917-2011, de contenido siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Conforme a esa jurisprudencia, el concepto de individualización es una referencia que permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede ser: a) De carácter administrativo o jurisdiccional; b) Un acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular, o incluso; c) Un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana, que sitúa al gobernado dentro de la hipótesis legal. Desde esa perspectiva, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Ahora bien, respecto a la actualización de un perjuicio, se precisa mencionar que éste también constituye un elemento toral que determina la posibilidad jurídica de instar la acción de amparo, pues la actualización de un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso (lo que puede ocurrir en cualquiera de esos dos eventos, auto o heteroaplicación), es el factor determinante para que se considere facultado para instar la acción Constitucional. Con lo anterior se busca poner énfasis en que no basta que una norma entre en vigor, sino requiere, además, que con esa vigencia se cause una posible lesión en la esfera jurídica de quien promueve el amparo; tal es la razón que conduce a examinar obligatoriamente el posible contenido y alcance de la norma impugnada, para determinar si, efectivamente, su mera entrada en vigor ocasiona una lesión jurídica, o si, por el contrario, se requiere de una condición para que se actualice tal perjuicio (individualización condicionada). Estudio de la naturaleza de la norma reclamada, para establecer la existencia del perjuicio, tratándose de una norma que impone una obligación contributiva. Para detectar cuál es ese perjuicio que faculta a promover la acción Constitucional, resulta necesario acudir al contenido de la norma impugnada, a fin de establecer cuál es esa obligación, prohibición, exclusión, o cualquier otra circunstancia de la cual se duela el quejoso, y sea la que pretenda propiciar, evitar o atenuar con la concesión del amparo. Además, advertir cuál es ese contenido normativo, y los pretendidos efectos que se buscan con la concesión del amparo, permite ubicar la lesión jurídica que dice sufrir el promovente y, a la vez, determinar si la norma causa o no un perjuicio con su mera entrada en vigor. De tal forma, si la parte quejosa impugna una norma jurídica que le impone como obligación pagar un derecho por servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular, es evidente que lo pretendido es la expulsión de esa norma de su esfera jurídica, y por consiguiente, evitar el pago de la contribución ahí contenida. Sin embargo, si la reclama con motivo de su primer acto de aplicación, como en el caso concreto, por haberse auto aplicado la norma con motivo de los dos pagos realizados por la cantidad de mil cincuenta y seis pesos, por concepto de refrendo anual de calcomanía, busca la restitución de su derecho violado y que se le reintegre por la autoridad exactora, el importe del pago que por ese concepto hubiere enterado. En ese contexto, la norma cuestionada, como se anticipó, establece que los derechos causados por la prestación de servicios de registro y control vehicular de vehículos de transporte particular, se pagarán, en el caso, del refrendo anual de circulación: para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, la suma de mil cincuenta y seis pesos. Por tanto, se trata de una norma jurídica que impone una obligación, en este caso contributiva; la cual resulta perfecta por el hecho de entrar en vigor, con independencia de que su exigibilidad se torne coercitiva hasta después de transcurrido cierto plazo. Con relación a lo anterior, no debe confundirse el perfeccionamiento vinculante de una norma legislativa, que se colma con la mera circunstancia su entrada en vigor tras su publicación en el medio de difusión masiva oficial correspondiente, y en los términos precisados por su normativa transitoria, como ocurre en el caso, porque el artículo primero transitorio dispone expresamente que esa norma entró en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve: "PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2023, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.". En ese orden de ideas, al haber entrado en vigor, las normas jurídicas contenidas en ese decreto cobran efectos vinculantes para sus destinatarios, es decir, se tornan en declaraciones, obligaciones y derechos perfectos jurídicamente, incorporados al derecho positivo; cuestión distinta la que ocurre cuando esa norma jurídica, ya perfecta y vinculante, establece un plazo determinado para su cumplimiento. Lo último no atañe al carácter vinculante de la norma, sino a su exigibilidad, la cual depende del cumplimiento del plazo, de la condición o de las demás modalidades a que hubiere estado sujeta la obligación tributaria. En ese contexto, la obligación tributaria nace y es perfecta desde que incursiona en el ámbito del derecho positivo, luego de haber entrado en vigor conforme a su publicación oficial y a su normatividad transitoria, y se torna exigible cuando se actualiza la condición prevista en la norma para que sea cumplida; condición que puede ser de índole temporal. Un aspecto jurídico que clarifica lo anterior, tratándose de una norma tributaria, es el que configura los elementos esenciales de un tributo, es decir, el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Si se contrastara la norma reclamada conforme a esos elementos, podría verse que desde su entrada en vigor ha de contenerlos todos ellos; de manera que las personas ubicadas en ese supuesto, es decir, quienes sean sujetos del tributo, en este caso, los propietarios o legítimos poseedores de vehículos, están vinculados por la norma desde que entró en vigor, por lo cual saben y deben prever que, llegado su momento, habrán de pagarlo, y eso es precisamente lo que les irroga el perjuicio que exige tanto la Constitución como la Ley de Amparo, el ser considerados como sujetos del tributo, por lo que la época de pago exigible sólo está diferida en el tiempo. Así, es evidente que el perjuicio que permite accionar el juicio Constitucional, se actualiza desde la entrada en vigor de la norma tributaria y considera al quejoso como sujeto del tributo, puesto que desde ese momento la persona se vuelve sujeto de la obligación tributaria, con independencia de que ésta se torne exigible y coercitiva con posterioridad. Análisis de la naturaleza jurídica de la norma que pone en evidencia que desde que nace a la vida jurídica, puede ocasionar perjuicio al solicitante del amparo, por el simple hecho de considerarlo sujeto del tributo, al margen de que su época de pago sea posterior. Ahora bien, para demostrar encontrarse bajo el supuesto de la norma, el quejoso debe demostrar ser propietario de un vehículo inscrito en el padrón vehicular del estado de Michoacán. Lo anterior, pues del precepto reclamado se advierte que está dirigido a aquéllos que tengan vehículos particulares inscritos en esta entidad federativa. En el caso concreto, se itera, el quejoso reclama el artículo 20, fracción II, fracción A), de la Ley de Ingresos del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, con motivo de su primer acto de aplicación, por haberse auto aplicado la norma con motivo de dos pagos, que en el caso realizó por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, esto es, por concepto de refrendo anual de circulación, con lo cual busca la restitución de su derecho violado y que se le reintegre por la autoridad exactora, los dos importes de los pagos que por ese concepto hubiere enterado. Para demostrar la afectación a su interés jurídico, el quejoso exhibió: Dos comprobantes de pago, con líneas de capturas 31047908130838422223 y 31047854040838422223, correspondientes al refrendo anual de calcomanía 2023, por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, en su orden, respecto de los automóviles marca Ford, color blanco, modelo 1991, placa MZ5702B, y marca Nissan, color gris, modelo 2004. Sin embargo, el quejoso no demuestra la afectación a su interés jurídico, en la medida en que, en efecto, no demostró ser propietario o poseedor legítimo de los vehículos por los cuales aduce realizó los pagos por el servicio de refrendo anual de calcomanía y, por ende, el primer acto de aplicación de la ley que reclama de inconstitucional. Lo anterior es así, porque si bien, los comprobantes de pago demuestran que realizó dos pagos de refrendo anual de calcomanía, por las cantidades de mil cincuenta y seis pesos, respecto de los automóviles marca Ford, color blanco, modelo 1991, placa MZ5702B, y marca Nissan, color gris, modelo 2004; sin embargo, para los efectos del presente juicio de amparo, no se demuestra que actualmente esos vehículos sean propiedad del inconforme, pues no exhibió algún documento que acredite tal situación, por ejemplo, la factura, máxime que, como se precisó previamente, para justificar el interés jurídico en el amparo contra leyes es necesario demostrar la existencia de un derecho subjetivo que se dice violado y, en el caso, ya se estableció que la norma reclamada se dirige a los propietarios o poseedores legítimos de vehículos respecto de los cuales se deba pagar derechos por servicios de registro y control vehicular de trasporte particular; así, porque el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Lo anterior, porque cuando la ley se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación, como en el caso, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo, mediante un acto que le genera perjuicio. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 409, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 431, Tomo II, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, de contenido siguiente: "TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR. NO ES UN DOCUMENTO IDÓNEO, POR SÍ MISMO, PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO EN CALIDAD DE PROPIETARIO DEL VEHÍCULO AUTOMOTRIZ A QUE SE REFIERE. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversas tesis que el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. El interés jurídico está directamente vinculado con el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, cuando se acude al juicio de amparo reclamando el acto consistente en el embargo trabado sobre un vehículo automotriz por afectar el derecho de propiedad del quejoso, debe demostrarse que el quejoso es titular de tal derecho a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo. Ahora bien, la tarjeta de circulación vehicular sólo permite la identificación del vehículo automotriz referido en ella, es decir, su alcance probatorio se limita a comprobar que el vehículo que describe cuenta con el permiso de circulación respectivo; de ahí que dicha tarjeta, por sí misma, no sea un documento idóneo para acreditar la propiedad del vehículo, pues sólo establece una presunción respecto de ese derecho y, como se ha dicho, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no con base en presunciones". También la tesis IV.2o.A.31 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, visible a página 2684, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada". En consecuencia, se itera, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de ese ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto 324, relativo a la Ley de Ingresos del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, específicamente el artículo 20, fracción II, inciso A), que establece la cuota a pagar por refrendo anual de circulación. Por otra parte, no se soslaya que las autoridades responsables al rendir su informe justificado hacen valer diversas causas de improcedencia; sin embargo, con independencia de la preferencia que pudiera tener su estudio, basta la acreditación de una sola para sobreseer en el juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 195744, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Michoacán, sintetizado en el considerando segundo, inciso b), toda vez que no se reclamó por vicios propios, por lo cual, su legalidad está subordinada al de las autoridades ordenadoras. En diverso orden de ideas, no se realiza mayor pronunciamiento con relación a los alegatos propuestos por el Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional, pues de conformidad con los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda Constitucional y los aducidos en el informe justificado pueden formar parte de la litis en el juicio Constitucional; sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 14, número 80, Agosto de 1994, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, intitulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si los actos reclamados son inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Esteban Gutiérrez Sansón, por propio derecho en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, precisadas en el considerando segundo, por los motivos establecidos en el diverso cuarto punto considerativo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, ante Carlos Medina Muñoz, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

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