Esteban González Rodríguez

Expediente 513/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
513/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
06/06/2017

Partes del expediente

  • Esteban González Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto de la siguiente autoridad señalada como responsable: Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 513/2017-VIII. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y de sus anexos, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado por el quejoso, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de garantías por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Así, analizada que es la demanda de amparo de mérito, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional literalmente lo siguiente: "Lo es el Auto de Vinculación a Proceso de fecha 29 veintinueve del mes de marzo del presente año 2017 dos mil diecisiete, decretado en mi contra en la causa penal 36/2017, del Juez de Control de los Distritos judiciales de San Cristóbal y Bochil.". Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 de la ley en la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Para discernir sobre la procedencia de la demanda, se torna necesario precisar que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en el auto de vinculación a proceso de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Así pues, de la demanda en cuestión se advierte que el quejoso ***, reclama de la autoridad señalada como responsable Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la causa penal 36/2017, el veintinueve de marzo de esta anualidad; acto del cual este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en precepto 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". (El énfasis es propio). De los anteriores preceptos legales, se infiere entre otras cosas, que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, contra aquéllos que no se promueva el juicio de control constitucional dentro de la temporalidad que prevé la ley; que el término en general para su promoción es de quince días, los cuales jurídicamente transcurren a partir de que surta efectos la notificación del acto o resolución, conforme a la ley que lo rige; de que se haya tenido conocimiento de éstos; o bien, de que el gobernado se haya ostentado sabedor del o los mismos. También, el segundo de los preceptos invocados señala las diversas excepciones al término genérico de quince días, esto es, en los casos en que a partir de la vigencia de una ley ésta sea reclamable o el procedimiento de extradición, el lapso temporal para promover el juicio de amparo se amplía a treinta días; cuando se trate de sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, tendrá el término de hasta ocho años para hacer valer su acción de amparo; cuando los actos tengan relación con la privación de los derechos agrarios, el plazo será de siete años; o cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la libertad, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, destierro, desaparición forzada o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Asimismo en términos del artículo 18 de la ley de la materia, para la presentación del juicio de amparo, el plazo, debe computarse: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la ley o el acto reclamado; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Precisado lo anterior, tomando en consideración que el auto de vinculación a proceso se dictó el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete y que al estar presente el quejoso, tuvo conocimiento del acto reclamado en esa fecha, pues en términos de los artículos 315 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es en la propia audiencia en que se debe emitir la resolución, ya sea en la misma audiencia inicial donde se notifique la detención o no, o se cumplimente una orden de aprehensión, o en su caso, en la fecha señalada para la continuación de la misma. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso en su escrito inicial de demanda, omita señalar la fecha de conocimiento del acto, sin embargo como ya se dijo, el auto de vinculación a proceso fue emitido en audiencia de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, por lo tanto, en términos del artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la propia audiencia inicial el juez debe resolver sobre la vinculación o no a proceso y en términos del diverso 67, las resoluciones como el auto de vinculación a proceso deben ser emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar el día siguiente. En relación a lo anterior, a partir de la emisión del auto de vinculación a proceso, el cual surtió efectos a más tardar el día siguiente, se tiene que el término de quince días comenzó a correr el treinta y uno de marzo del año en curso y feneció el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, sin contar los días uno, dos, ocho, nueve, doce al dieciséis, veintidós y veintitrés de abril de esta anualidad, por ser considerados inhábiles en términos del artículo 19 de la ley de amparo y de la circular 10/2017 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México Cobra aplicación, la jurisprudencia 30/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. . En ese sentido, si el escrito de demanda se presentó hasta el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, pese a que el término respectivo venció el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, por ende es claro que transcurrió en exceso el término de quince días hábiles que prevé la ley, dado que tal presentación tuvo lugar aproximadamente un mes después del vencimiento del aludido plazo, conforme al cómputo ya mencionado. De igual forma, debe establecerse claramente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, específicamente en el supuesto que prevé la fracción IV, al no constituir la resolución de referencia un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, ni cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debe estimarse así, pues la resolución de trato se encuentra dictada dentro de un procedimiento penal que se instruye al solicitante del amparo en la causa penal ***/2017, del índice del Juzgado de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Lo anterior, pues la legislación de la materia vigente, en torno a dicho tema, especifica que dicha excepción es en cuanto a actos que impliquen ataques a la libertad personal, agregando que éstos sean fuera de procedimiento, en efecto, el numeral 17, dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De la interpretación del numeral en comento, se advierte con claridad que el término para la interposición del juicio de amparo indirecto, es de quince días, con la salvedad, de entre otras, que el acto reclamado implique ataques a la libertad fuera del procedimiento. Excepción en la cual no encuadra el auto de vinculación a proceso dictado dentro de un procedimiento penal, pues de la lectura integral del diverso precepto 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador federal determinó que para efectos del juicio de amparo, el procedimiento penal inicia con la audiencia inicial ante el juez de control, lo cual, es aplicable al auto de vinculación a proceso prisión, ya que dicha determinación no entra en los casos de excepción del numeral anteriormente transcrito pues si bien es un acto que afecta la libertad personal, no es dictado fuera de procedimiento, por lo que no se actualiza el caso de excepción. Artículo en comento que es del literal siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. . Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;". En ese orden de ideas, si el acto reclamado se pronunció dentro de procedimiento, como se advierte de lo narrado por el promovente del amparo, conlleva a determinar que éste no se ubica en la excepción que estableció el legislador en la fracción IV del artículo antes transcrito, por lo que la demanda debió presentarse en el término genérico de quince días. Sustenta a lo anterior el criterio orientador emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 2, enero de 2014, tomo IV, página 2949, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI FUE EMITIDO ANTES DEL 2 DE ABRIL DE 2013 Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE VIGENCIA DE LA LEY DE LA MATERIA PUBLICADA EN ESA FECHA, EN ATENCIÓN AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA EN QUE AQUÉLLA ENTRÓ EN VIGOR (3 DE ABRIL) Y NO DEL DÍA SIGUIENTE AL QUE SE COMPUTAN LOS PLAZOS CONFORME A SU ARTÍCULO 18. . En esos términos, es dable concluir que el acto reclamado se encuentra emitido dentro de procedimiento judicial en materia penal, puesto que se trata del auto de vinculación a proceso. Por consiguiente, conforme a la Ley de Amparo vigente, se tiene que el plazo para presentar una demanda de amparo contra actos que tengan injerencia sobre la libertad personal dentro de un procedimiento, interpretando a contrario sensu el numeral 17, es de quince días (con exclusión de la sentencia definitiva condenatoria que impone pena de prisión, pues el término será de ocho años). Fortalece a lo anterior la tesis IX.1o.5 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con el epígrafe y texto: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. . Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las normas legales adjetivas para la substanciación de un juicio, disponen la sistematización de actos concatenados que constituyen el procedimiento, los cuales no se realizan ni se desarrollan en un solo momento, sino que se suceden con el tiempo, y a este diferente momento de realización de los actos procesales, es al que debe atenderse para determinar cuál es la norma que, en todo caso, debe regir el acto de que se trate; por lo que las partes de un juicio no adquieren el derecho a que el procedimiento se tramite conforme a la normatividad que se encontraba vigente en la fecha en que inició éste, ya que los derechos emanados de las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, por lo cual, cada una de sus fases se rige por la norma vigente al momento en que se desarrolla; ello, a menos que en el decreto de reformas sobre normas de carácter procesal, el legislador haya establecido reglas expresas sobre la aplicación de dichas reformas en otro sentido. Dichas consideraciones, conforme a la tesis aislada 2a.XLIX/2009 de rubro y texto siguientes: "NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA. . Luego, en lo relativo a la inaplicación retroactiva de normas procesales, es evidente que no puede ser observado en favor de los quejosos, lo dispuesto por el numeral 22, fracción II , de la abrogada Ley de Amparo, en virtud de que el término para la interposición del juicio de amparo es de carácter procesal; resultando aplicable en el caso concreto, para el cómputo del término para la promoción de la demanda de amparo, lo establecido en el diverso 17 de la ley en la materia. Para mayor claridad, procede analizar de forma comparativa lo que al efecto disponía la derogada ley de la materia, con relación a lo que dispone la actual legislación: Artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada. Artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Como puede apreciarse, en la superada legislación de amparo, en contra cualquier acto que afectara la libertad personal de los quejosos, podía promoverse el juicio constitucional en cualquier tiempo; pero actualmente, tal presupuesto se acotó sólo a los actos restrictivos de la libertad dictados fuera de un procedimiento, supuesto en el cual también es dable promover el juicio de amparo en su contra en cualquier tiempo. De lo anterior, se sigue que en la actualidad, los actos que tengan la apuntada calidad (restrictivos de la libertad personal) pero que se emitan dentro de un procedimiento (en el caso concreto de naturaleza jurisdiccional), ya no gozan de la temporalidad indefinida para combatirlos, sino que al ya no estar expresamente incluidos en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, debe aplicarse la regla general prevista en el párrafo primero de ese numeral -quince días para la presentación de la demanda-. Ahora bien, no pasa inadvertido lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo quinto transitorio de la precitada ley, mismo que a la letra dice: "QUINTO. (.) Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente Ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga en virtud del presente decreto, le serán aplicables los plazos de la presente Ley contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución". Sin embargo, es de señalarse que la hipótesis normativa que prevé el precepto legal trascrito no resulta aplicable al caso concreto. Ciertamente, el señalado numeral establece dos aspectos hipotéticos que se deben acreditar para que se tornen aplicables: el primero alude a que los actos se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la nueva Ley de Amparo; y, el segundo establece que a la entrada en vigor de la nueva ley, no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley abrogada; si se satisfacen estos dos hipotéticos, entonces serán aplicables los plazos de la Ley anterior, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquél que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. No obstante, en la especie no se satisfacen los referidos supuestos normativos, pues la emisión del acto reclamado tuvo verificativo el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley (tres de abril de dos mil trece). Por tanto, al no resultar aplicable lo preceptuado por el segundo párrafo del artículo quinto transitorio en comento y en congruencia con lo antes razonado en el sentido de que la presentación y substanciación de la interposición de la demanda de amparo, debe regirse por las normas de procedimiento establecidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es dable concluir que, para promover el juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, el plazo para su interposición es de quince días, contado a partir de que hubiera tenido conocimiento de su emisión. Aunado a que es indudable que el plazo de quince días establecido para interponer la demanda, es claro y preciso y no está sujeto a interpretación alguna. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de amparo en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado del mismo, con el afán de retrasar la continuidad y celeridad de dicho proceso. Lo que es acorde, en lo conducente, con el criterio emitido recientemente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 248/2014, en la que analizó la aplicación del aludido término en tratándose del auto de formal prisión dictado durante la vigencia de la nueva Ley de Amparo (tema de contradicción). Lo anterior, pues el Máximo Tribunal determinó que, el plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de dicho ordenamiento legal, ya que señaló que esa medida legislativa es afín al principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, puesto que permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. El criterio en comento derivó en la aprobación de la jurisprudencia 12/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada el viernes 22 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 18, mayo de 2015, tomo I, página 38, con registro electrónico 2009174, materia común, la cual es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA.. En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 1, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda promovida por ***. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. . Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. . Cabe señalar que no es inadvertido para este juzgador, lo expresado por el promovente en sus conceptos de violación, en el sentido que la resolución reclamada viole sus derechos fundamentales y que se encuentre beneficiado con la suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, empero, tales cuestiones no implican soslayar requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues analizar si los actos reclamados vulneran o no derechos fundamentales, es una cuestión que únicamente atañe al estudio del fondo del asunto. Estudio, que únicamente puede realizarse, una vez superados los presupuestos procesales; es decir la actualización de las causales de improcedencia; pues no es factible que toda demanda en la que se alegue violación a derechos humanos, con la emisión o como consecuencia del acto reclamado, tenga que admitirse, pues se inobservaría lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 22/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 325, registro electrónico 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. . Asimismo, es aplicable la tesis 98/2014 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 11, octubre de 2014, tomo I, página 909, registro electrónico 2007621, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. . Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica, y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Martin Willian Victoria Zúñiga y Wendy Petrona Hernández Gutiérrez, toda vez que sus cédulas no se encuentran en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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