Esteban García Mirón
Expediente 497/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Esteban García Mirón
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Córdoba, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dos de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. Una vez que transcurran tres años contados a partir de esta data es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 de dicho Acuerdo, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Por otra parte, debido a que en la secretaría de este Juzgado se encuentran las copias del escrito de demanda, y toda vez que con el presente proveído queda firme la resolución en la que se desechó ésta, procédase a su destrucción.
- Principal
Córdoba, Veracruz, dos de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Municipal de Nogales, Veracruz, a través del cual devuelve diligenciado el despacho. En consecuencia, se tiene por legalmente notificado al quejoso Esteban García Mirón, por conducto de su apoderada general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio. en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días concedido para que desahogara la prevención formulada en el auto de veinte de octubre de dos mil veinte, lo cual no hizo. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido acuerdo, por lo que se entiende que no reclama la inconstitucionalidad del Acuerdo por el que se suspenden términos en la Secretaría de Economía y se establecen medidas administrativas para contener la propagación del. en su punto octavo, ni la Modificación a la Norma Oficial Mexicana. Instrumentos de medición Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de. Asimismo, se entiende que no reclama la orden de visita que dio origen a la diligencia de verificación realizada el doce de octubre de dos mil veinte, ni esta última; y que tampoco señala como autoridades responsables a los Delegados de la Fiscalía General de la República, con sede en Xalapa, Veracruz, y el Estado de Puebla. Por otra parte, respecto del acto consistente en la investigación de posibles hechos delictuosos cometidos por el quejoso por incumplimiento al punto primero de la Modificación a la Norma Oficial Mexicana. se actualiza la causa de improcedencia que se obtiene de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los preceptos 5º, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, los cuales disponen. Preceptos de los que deriva que si el quejoso omite señalar como autoridad responsable a quien suscribió o realizó el acto reclamado, no es posible examinar su constitucionalidad, puesto que tal autoridad, al no haber sido llamada a juicio, se encuentra en desventaja para defender su legalidad. Ahora bien, mediante proveído de veinte de octubre de dos mil veinte se previno al peticionario de amparo para que aclarara la denominación de la autoridad a la que le atribuía el acto a que se contrae este apartado, con el apercibimiento que de no hacerlo, dentro del plazo indicado para ello, se tendría como autoridades responsables únicamente a las demás que señaló con tal carácter y que no fueron materia de prevención. Como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, transcurrió el término otorgado al quejoso a efecto de que desahogara la prevención formulada, y no lo hizo; entonces, es incuestionable que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad del acto reclamado, debido a que se dejaría inaudita a la autoridad que interviene en él, para defender su legalidad; motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Aunado a lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5 de la ley en cita, que establecen. De las disposiciones normativas en cita deriva que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiende a proteger los derechos de los gobernados contra los actos u omisiones de las autoridades; y que debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, aquella que acredite su interés jurídico o legítimo. Así, tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el artículo 21 constitucional faculta al Ministerio Público para investigar los delitos, lo que implica allegarse de los medios que acrediten la responsabilidad del imputado en la comisión de las conductas delictivas; así, el valerse de medios para buscar pruebas es una facultad de origen reservada a dicha representación social, pues de no ser así, se obstaculizaría la investigación, aunado a que limitaría esa función, con graves consecuencias, como sería la imposibilidad para acudir a los tribunales a ejercer la acción penal. Por ende, si dicha institución, por disposición constitucional, tiene permitido practicar toda clase de diligencias tendentes a acreditar la materialidad de un delito y la responsabilidad del imputado; entonces, dentro de dicha facultad se comprende la de recabar datos de prueba para integrar la carpeta de investigación y solicitar, en su caso, la citación a fin de formularle imputación, o bien, orden de aprehensión, sin la garantía de audiencia del imputado. Por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la investigación de posibles hechos delictuosos cometidos por el quejoso por incumplimiento al punto primero de la Modificación a la Norma Oficial Mexicana. dado que el procedimiento de investigación constituye una labor del Representante Social, conferida por el artículo 21 de la. investigar posibles hechos delictuosos; y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los imputados el derecho de oponerse a la investigación de hechos constitutivos de posibles delitos, aun cuando el quejoso sea considerado como probable responsable, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Así, la revisión a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos en la investigación de los hechos que posiblemente configuran un delito, es excepcional en aras de preservar la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Por ello, el inicio de una investigación en contra del impetrante, por sí mismo, no lo legitima para instar el juicio de amparo, al no afectar su interés jurídico, ya que aún no se le infringen sus derechos subjetivos públicos, pues ello acontecerá hasta que el juez de control, en su caso, gire la correspondiente orden de aprehensión por solicitud del Ministerio Público. En las relatadas condiciones, se actualizan las causas de improcedencia previstas en las porciones normativas indicadas; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mónica García Carrasco, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio de. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL QUEJOSO. En atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que señalara domicilio donde oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad de Córdoba, Veracruz; se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veinte de noviembre del año en curso, por lo que se ordena notificarle este proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por cuanto a los autorizados deberá estar al proveído dictado el veinte de octubre de dos mil veinte, en el que se acordó lo conducente. Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve. ÚNICO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por. contra el acto consistente en la investigación de posibles hechos delictuosos cometidos por el quejoso por incumplimiento al punto primero de la Modificación a la Norma Oficial Mexicana.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de noviembre de dos mil veinte.Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Municipal de Nogales, Veracruz, a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho 708/2020 (orden 900/2020), de este índice; dese de baja la comunicación oficial en cita, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia ordenada en auto de veinte de octubre de dos mil veinte, ya que el domicilio proporcionado por el quejoso es inexacto, pues no especificó la nomenclatura, descripción del inmueble o punto de referencia.En ese entendido, toda vez que del permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio, emitido a favor del quejoso por la Comisión Reguladora de Energía, se advierte que la estación en la que prestaría dicho servicio se ubica en el ***********************; domicilio que coincide con el señalado por el impetrante para oír y recibir notificaciones; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gírese atento despacho al Juez Municipal de Nogales, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, proceda notificar el presente acuerdo y el diverso de veinte de octubre del año en curso al promovente de amparo, *******************, por conducto de su apoderada general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, *************************, o de sus autorizados, en el domicilio precisado con antelación, en el entendido de que, según las constancias exhibidas por el quejoso, se trata de un expendio de gasolina y diesel; diligencia que deberá realizar en los términos siguientes:.
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