Esteban Garcia Mejia
Expediente 1854/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1854/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Esteban Garcia Mejia
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por este Juzgado Federal. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido....
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días, concedido al promovente a fin de que diera cumplimiento a la prevención realizada, sin que dentro del plazo fijado lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, por lo que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo que promovió.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de quince de noviembre de dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, por medio del cual se notifica lo siguiente: Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** quien se ostenta como apoderado legal de ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo, con el número progresivo que le corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, toda vez que el análisis de la personalidad es un presupuesto procesal de examen oficioso que debe ser revisado al recibir la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 108, fracción I, en relación con el 114, fracciones I y III y 110 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la notificación del presente auto, por escrito, con copia para todas y cada una de las partes: Exhiba el original del acta con la que pretende acreditar la personalidad con que se ostenta, en razón de que la documental que anexa obra en copia simple, la cual por sí misma carece de valor probatorio pleno. "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 2ª/.J.1/96, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Tomo III, Enero de 1996, visible en la página 47, cuyo rubro y texto dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19-21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA, NO PROCEDE PREVENIR "AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el juez de Distrito no pueda analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". De igual forma, sustenta lo determinado la jurisprudencia 124/2016, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1449 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, correspondiente a la Décima Época que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa". Asimismo, deberá manifestar si requiere o no la apertura del incidente de suspensión y para que efectos la solicita; lo anterior, toda vez que el acto reclamado lo es esencialmente la denegación de justicia en el expediente ******************** que se tramita ante la responsable, y en el capítulo de suspensión provisional y definitiva refiere: ".se ordene se mantengan las cosas en el estado que guarden." Por tanto, no se tiene la certeza jurídica para los efectos que la solicita. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, acorde a lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio físico que indica, no así el correo electrónico que refiere, toda vez que de conformidad con los artículos 64 y 66 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; el mismo debe proporcionarse únicamente para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y vincular al registro su firma electrónica; sin que ello implique la consulta de los expedientes electrónicos en los que tengan interés, ni tampoco la práctica de notificaciones electrónicas. Por otro lado, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, no así para desistirse del juicio de amparo, en razón de que no exhibe poder general que contenga cláusula especial donde el directo agraviado les confiera dichas facultades. Es aplicable la jurisprudencia 104/2015 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema de Justicia de la Nación, consultable en la página 970 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, correspondiente a la Décima Época que dice: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO REALIZADO POR EL APODERADO. PARA QUE PROCEDA, EL PODER GENERAL DEBE CONTENER CLÁUSULA ESPECIAL QUE LO FACULTE PARA ELLO CONFORME AL ARTÍCULO 2587, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. Si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no contiene un precepto correlativo al artículo 14 de la legislación abrogada, que requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario desista del juicio constitucional, también lo es que como tal ordenamiento no regula el contrato de mandato, sino sólo permite su ejecución, debe partirse de la base de que la efectividad del instrumento respectivo está supeditada a la satisfacción de los requisitos que la legislación común consigna, en tanto que la exigencia del legislador de comparecer a través de apoderado debe entenderse en el sentido de que dicho nombramiento constituya la expresión de un acto jurídico regular, en el que se hayan cumplido los elementos materiales que lo condicionan, así como los requisitos formales que deba contener para su validez, lo que se traduce en que debe atenderse al Código Civil Federal, de cuyo artículo 2587, fracción I, se advierte que el procurador necesita poder o cláusula especial para desistirse; de ahí que para que se sobresea en el juicio en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, si bien no se requiere una cláusula que, específicamente, autorice el desistimiento -en esos precisos términos-, sí es necesario que el órgano que conozca del juicio examine, a la luz del poder general, si al apoderado le fue conferida la facultad de desistirse de las acciones a que se refiere el artículo 2587, fracción I, citado, que exige poder o cláusula especial para ese efecto, pues sólo en caso de que así sea, será válido otorgar eficacia a la ratificación del escrito de desistimiento, siendo suficiente para ello que en el instrumento se exprese que el poder general se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna, conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal". Por cuanto, por lo hace a su petición en el sentido de que se autorice la consulta del expediente electrónico, con el usuario ********************, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a la parte quejosa, siempre y cuando se realice con el usuario ********************, y se encuentre registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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