Esteban Filemón Cuautle Tlachino
Expediente 505/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 26 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 23/07/2019
Partes del expediente
- Esteban Filemón Cuautle Tlachino
- Jessica Fernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido auto, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente. Además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo del artículo vigésimo primero. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, deberá llevarse a cabo la digitalización de la demanda y la sentencia respectiva, así como de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil diecinueve. ? Queda firma auto de once de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso alguno en contra del auto de once de junio de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por precluido su derecho de acreditar su insolvencia económica para realizar la publicación de los edictos ordenados mediante auto de tres de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme. ? Sobreseimiento fuera de audiencia Por otra parte, vista la certificación hecha al principio de este acuerdo, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ***, no se presentó ante este Juzgado a recoger los edictos cuya publicación se ordenó en auto del tres de junio del presente año, para llevar a cabo el emplazamiento del tercera interesada ***, ni acreditó su incapacidad económica para realizar su publicación respectiva. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de sobreseimiento contenida en el artículo 63, fracción II, en relación con el similar 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, inciso b), pues al no haber recogido los aludidos edictos, o en su caso, manifestar su imposibilidad económica para realizar dicha publicación, impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Lo mismo acontece cuando se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de sobreseimiento, ya que en todos los casos de improcedencia del juicio motivan el sobreseimiento, por ello en ambos casos es posible sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. *** Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional, por ello, a pesar de que en el caso el sobreseimiento no lo motivo una causa de improcedencia, sino la actualización de un supuesto que la propia ley establece como causa de sobreseimiento, pero que del mismo modo ya no es posible desvirtuarse a pesar de las pruebas que aporte el quejoso, aun esperando el desahogo de la audiencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, en el presente caso, se impone sobreseer en el juicio de amparo, pues con independencia de la existencia del acto reclamado, se advierte la omisión de la parte quejosa ***, de presentarse ante este Juzgado a recoger los edictos cuya publicación se ordenó en auto del tres de junio de dos mil diecinueve, para llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Jessica Fernández Pérez, o manifestar su imposibilidad para realizar tal publicación. Lo anteriormente expuesto, pone de relieve que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento señalada en el artículo 63, fracción II, en relación los diversos 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, inciso b) del propio ordenamiento, que establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; (.)" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo" (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. (.)" De la interpretación de tales preceptos se desprende que una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III inciso b), y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, y éste no los recoge, paga su publicación y exhibe la misma, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Consecuentemente, en virtud de que la parte quejosa ha incumplido con un presupuesto procesal como es el emplazamiento a juicio de las partes interesadas en el mismo, como una formalidad esencial del procedimiento y ante su omisión, este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la parte quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se entorpece la administración de justicia pronta, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible a este Juzgado Federal, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al albedrío de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio se aprecia que después de agotar los medios correspondientes para obtener el domicilio para emplazar a la tercera interesada *** en el juicio en que se actúa, no se pudo obtener uno en el cual localizarla, a pesar de que se realizó una investigación que implicó pedir informes a diversas autoridades e incluso se solicitó la intervención del Fiscalía General de Justicia del Estado. Sin que se soslaye que mediante acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se explicó que de autos se advertía que la referida tercera interesada había tenido comunicación telefónica con uno de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado, y le informó que por instrucciones de su abogado no recibiría ningún tipo de notificación, situación que llevó a ordenar que se le dejara un citatorio en el inmueble ubicado en ***, pues es el que señaló como su domicilio en el juicio del que derivaban los actos reclamados, con la finalidad de que se presentara ante este juzgado y se emplazara a juicio. No obstante, a pesar de que el citatorio se entregó el veinticinco de abril del presente año, la tercera interesada no acudió a notificarse; sin embargo, no era factible actuar en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, y emplazar a la citada parte mediante lista, ya que anteriormente se había levantado una razón actuarial en donde se hizo constar que *** ya no vivía en el inmueble mencionado en el párrafo anterior, según lo informó su hermana, esto es, no se tenía certeza del lugar habitara la interesada, por lo que no era posible notificarla. Es aplicable por identidad de razones jurídicas, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3674, tomo LXXXII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL, NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE. *** Lo anterior, llevó a solicitar la Intervención de la Fiscalía General del Estado para continuar con la investigación de su domicilio, la cual resultó infructuosa. En consecuencia, en proveído del tres de junio de dos mil diecinueve, se ordenó el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada mediante publicación de los edictos correspondientes, mismos que se dejaron a disposición de la parte quejosa en la secretaría de este juzgado, para que dentro del plazo de veinte días contado a partir de la fecha en que surtiera sus efectos la notificación de dicho proveído compareciera a recogerlos. Luego, de la certificación secretarial efectuada al inicio del presente acuerdo, se desprende que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa para recoger los edictos para emplazar a la tercera interesada ***, sin que así lo hubiera hecho, incluso, sin haber realizado manifestación alguna respecto a la imposibilidad para hacerlo, lo que denota su falta de interés para la integración de la litis constitucional; consecuentemente, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 211, Novena Época, del tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2002, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. *** Cabe señalar que la jurisprudencia que antecede fue modificada para quedar en los términos siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. *** En la ejecutoria relativa a la solicitud de modificación de jurisprudencia, se sostuvo en esencia que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero interesado y pagar su publicación, no necesariamente conduce al sobreseimiento en el juicio. Lo anterior porque deben ponderarse las circunstancias que rodean al quejoso para determinar si es el Consejo de la Judicatura Federal quien debe publicar, a su costa, los edictos de mérito, ya que además de las materias agraria y penal en las que no opera el incumplimiento del quejoso de recoger y en su caso publicar los edictos respectivos, en todas las materias se deben tener en cuenta las particularidades del quejoso para establecer si le resulta imposible cubrir el costo de la publicación, razón por la cual existe la posibilidad de establecer excepciones que se deben considerar para ordenar el emplazamiento mediante edictos y, en su caso, para decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en estas premisas, se sostuvo que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza -publicación de edictos-, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes de que no tiene la capacidad económica para sufragar dicha publicación, el juzgador podrá determinar que la publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Tal como se desprende de la parte conducente de la ejecutoria de mérito, que es del tenor siguiente: "(.) Como puede advertirse, tal norma presupone el cumplimiento de determinadas exigencias para lograr emplazar a la parte tercero perjudicada en un juicio de amparo, siendo las siguientes: a) Existencia de un tercero perjudicado respecto del cual se desconoce su domicilio (imposibilidad de emplazarlo a juicio). b) En ese caso, el juzgador está obligado a requerir al quejoso que proporcione el domicilio de tal parte (en cumplimiento a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Ley de Amparo, que obliga al promovente cumplir con tal requisito en su demanda de garantías, y 146 del mismo ordenamiento que ordena prevenirlo para cumplir con tal formalidad). c) De no obtener dato cierto sobre el particular, o en el supuesto de que el promovente desconozca el domicilio del tercero perjudicado, se deberá requerir a la autoridad o autoridades responsables que lo señalen con la finalidad de que no quede paralizado el procedimiento (obligación que se fundamenta en el numeral 157 de la Ley de Amparo). d) Si a pesar de esos requerimientos se desconoce el domicilio del tercero perjudicado, el juzgador está obligado a iniciar un procedimiento de investigación, que consiste en requerir a aquellas autoridades que pudieran tener un dato cierto sobre el particular, sea cual fuere su naturaleza, y que a manera ejemplificativa puede ser la Policía Judicial; el Registro Federal de Causantes; el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; el Instituto Federal Electoral; acudir al directorio telefónico, entre otros. e) Agotado el procedimiento de investigación sin resultado alguno, se ordenará que el emplazamiento al tercero perjudicado se lleve a cabo por medio de edictos a costa del quejoso (fracción II del artículo 30 de la ley de Amparo), requiriéndolo para que los recoja en el local del juzgado, con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio que se estimen pertinentes en caso de no acatar tal decisión. f) En la hipótesis de que a pesar de ello el promovente del juicio no acuda a recoger los edictos para su publicación, en cumplimiento a la jurisprudencia citada al inicio del presente considerando, el Juez de amparo está en posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, pues de acuerdo a tal criterio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicha consecuencia, es decir, el sobreseimiento dictado fuera de audiencia, no necesariamente debe ser decretado por el simple hecho de que el quejoso no recoja los edictos para su publicación, tomando en consideración que la Segunda Sala emitió el criterio relativo a que dicho incumplimiento por parte del promovente del juicio, no opera en materia agraria, ya que la regulación específica tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como en su pretensión de derechos, a quienes pertenecen a la clase campesina, lo que obliga al juzgador a considerar los aspectos que rodean el incumplimiento de mérito. La jurisprudencia que así lo sostiene, es la siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO. *** Dicho criterio tuvo su origen en la contradicción de tesis 76/2006-SS, entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelta el veinticuatro de mayo de dos mil seis. Como puede apreciarse del criterio reproducido, la excepción a la jurisprudencia que se solicita modificar deriva de que existen supuestos en que los quejosos no tienen la posibilidad de sufragar el gasto derivado de la publicación de edictos, razón que en parte, motivó la petición que dio origen al presente asunto. En el mismo sentido, resulta incuestionable que ese supuesto de excepción también opera en tratándose de la materia penal, pues resulta evidente que una persona privada de su libertad, cuya última instancia sea la promoción del juicio de garantías, es muy probable que no tenga las posibilidades económicas para pagar la publicación de edictos a fin de emplazar a la víctima u ofendido de un delito. Pero además, debe ponderarse, ante todo, que en términos de lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, debe respetarse el derecho de toda persona a que se le administre una justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, determinación que debe ser aplicable a todas las materias, y no en forma exclusiva a las referidas materias agraria y penal, lo cual encuentra apoyo en el siguiente criterio: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.-La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales."(1) En este orden de ideas, lo procedente es concluir que habiéndose agotado el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y que el juzgador ordene su emplazamiento a través de edictos a costa de la parte quejosa, y ésta no los recoja para proceder a su publicación, puede decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo; sin embargo, sólo en el supuesto de que la promovente del juicio manifieste que está imposibilitada para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación, como de los elementos que consten en autos existan indicios suficientes que demuestren que en efecto, no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante; sólo entonces el juzgador deberá, se insiste, atendiendo a las particularidades del caso, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado sea a su costa, pues de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa. Dicha determinación obedece a que es evidente la ineludible obligación del promovente, de que a su costa se publiquen los edictos con la finalidad de emplazar al tercero perjudicado, incumplimiento que puede conducir al sobreseimiento del juicio; sin embargo, atento a las particularidades de ciertos quejosos, a los cuales les resulta imposible sufragar ese gasto, existe la posibilidad de establecer excepciones que deben considerar los juzgadores para la toma de su decisión final. Consecuentemente, si bien la regla general es que agotado el procedimiento para conocer el domicilio del tercero perjudicado y lograr su emplazamiento, éste debe llevarse a cabo por medio de edictos a costa del promovente; el incumplimiento a esta disposición no debe, en todos los casos, conducir al sobreseimiento en el juicio, pues deberán ponderarse las circunstancias que rodean a los quejosos, para efecto de determinar si es el Consejo de la Judicatura Federal quien debe publicar, a su costa, los edictos de mérito." En ese contexto, no se soslaya que en el presente juicio de amparo se plantea el análisis de una resolución dictada dentro de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, además que la parte quejosa cuenta con un profesionista privado que lo asesora y que en el juicio de origen también fue patrocinado por uno del mismo tipo, circunstancias que hacen presumir la solvencia económica del promovente; es decir, que cuenta con capacidad económica, aunado a que no manifestó tener imposibilidad para cubrir la publicación de los edictos, por lo que no existen elementos de convicción que permitan exentarlo de la carga procesal impuesta. En las relatadas condiciones, si la parte quejosa no compareció a recoger los edictos ordenados para emplazar a la tercera interesada ****, ni manifestó su imposibilidad para cubrir la publicación de los edictos; asimismo, que en autos no obran elementos suficientes que demuestren su incapacidad económica para pagar dicha publicación; procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción II, en relación con los diversos 27, fracción III, inciso b, y 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Diferimiento de audiencia constitucional Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de tres de junio del año en curso, para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger los edictos a efecto de emplazar a la tercera interesada Jessica Fernández Pérez. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del dieciséis de julio de dos mil diecinueve para que tenga verificativo. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa sin que hubiera manifestado su insolvencia económica para realizar la publicación de los edictos ordenados mediante auto de tres de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, se declara precluido ese derecho de la parte quejosa para los efectos a que haya lugar. En la inteligencia que se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días, concedido a la parte quejosa mediante proveído tres de junio de dos mil diecinueve, con el apercibimiento que de no comparecer a este juzgado por los edictos correspondientes dentro del plazo señalado, se sobreseerá en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63, fracción II , de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 27, fracción III, incisos b) y c), del propio ordenamiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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