Esteban Feregrino Feregino
Expediente 1091/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2022
Partes del expediente
- Esteban Feregrino Feregino
Actuaciones
- Principal
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA QUEDADO FIRME...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO...
- Principal
...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
- Principal
*AVISO FIJADO EN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 21/09/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Vista la demanda de garantías promovida.En ese orden de ideas, en relación al escrito de demanda que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en la resolución dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintidós en el toca civil 1411/2022 por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, que confirmó el auto de siete de junio de dos mil veintidós dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Toliman, en el juicio ordinario civil 324/2020 en la parte que desechó la prueba de inspección judicial de diversos documentos ofrecida por el quejoso. Hecha tal precisión, cabe decir que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, este Juzgado advierte que, en la especie existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en virtud de que la quejosa señala como acto reclamado una determinación que versa sobre el desechamiento o inadmisión de una prueba de inspección judicial sobre diversos documentos en el juicio de origen, sin embargo, esa determinación por si sola no genera una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa fuera del proceso, como lo serían su salud, la vida, su libertad u otro que pudiera verse disminuido con el dictado y ejecución de la consabida resolución que le desecho la inspección judicial de documentales. Lo anterior, porque dados los efectos intraprocesales que genera la resolución reclamada, de generarse una afectación a la quejosa sólo se materializará en el supuesto de que la sentencia definitiva que se dicte en el juicio resulte adversa a sus intereses, y en ese caso estará en aptitud de combatirla la citada violación procesal, a través del juicio de amparo directo que se haga valer contra esa sentencia, previamente agotados los recursos ordinarios, se explica. En la ejecutoria origen de la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, consecuencias de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, en la especie se actualiza la invocada causal de improcedencia, contemplada en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, requisitos que no satisface la resolución reclamada ya que a través de ella la Sala responsable, únicamente confirmó el desechamiento de la prueba de inspección judicial sobre documentos; de manera que los efectos lesivos que esa determinación pudiera producir en contra de la quejosa no trascienden más allá del proceso jurisdiccional. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga sentencia favorable, en el juicio ordinario civil 324/2020 índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Toliman, Querétaro, promovido contra el quejoso Esteban Feregrino Feregrino, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en juicio de amparo directo como violación procesal en el supuesto de obtener una sentencia adversa al combatirse también la sentencia definitiva, conforme a la fracciones III, XI y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ello es así, en razón de que se insiste la resolución reclamada de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el toca civil 1411/2022 por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que confirmó el auto de siete de junio de dos mil veintidós dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia de Toliman, en el juicio ordinario civil 324/2020, específicamente en la parte que desechó la prueba de inspección judicial de documentales ofrecida por el quejoso, no causa un perjuicio de imposible reparación a esté, pues por un lado, en caso de que la sentencia que se emita sea favorable a sus intereses se subsanarían las posibles violaciones procesales cometidas durante el procedimiento con motivo de la resolución de segunda instancia reclamada y, por otro lado, en el supuesto de que tal sentencia le sea desfavorable, puede combatir lo resuelto en el recurso de apelación fuente del acto reclamado, es decir, el desechamiento de la prueba de inspección judicial de diversas documentales en el juicio natural como violación procesal en el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia definitiva, una vez agotados los recursos ordinarios, a fin de que tal violación sea reparada, en términos del artículo 172 fracciones III, XI y XII de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación con efectos netamente procesales reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga sentencia definitiva favorable, una vez agotados los recursos ordinarios; pues no trasciende a derechos del quejoso ajenos al proceso, y mucho menos genera en su perjuicio una afectación de imposible reparación, que haga procedente el juicio de amparo biinstancial conforme al artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, ya que para que un acto dictado dentro de juicio tenga esa connotación el mismo o su ejecución debe afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, consistente en la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca civil 1411/2022 por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, el cual confirmó el auto en que el Juez Mixto de Primera Instancia de Toliman, desechó la prueba de inspección judicial de documentales; no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, porque atendiendo a las características del acto del que se duele la quejosa (desechamiento de la prueba de inspección de documentales) dicha determinación no genera efectos de imposible reparación a las partes del procedimiento ordinario civil que se promovió contra la quejosa ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Toliman, Querétaro pues como se dijo únicamente produce efectos en el proceso los cuales se traducen en que se desahogue la citada inspección judicial y por ende que al dictarse la sentencia no se valore esa probanza, sin embargo con la inadmisión de esa prueba no se afecta en forma inmediata y directa algún derecho patrimonial o personal al quejoso, ya que se insiste que pues las violaciones procesales de que se duele la quejosa pueden quedar sin efectos de obtener fallo favorable, o bien, en caso de que la sentencia sea adversa a sus intereses, podrá combatirlas en el amparo directo, una vez agotados los recursos ordinarios; al no ponerse en riesgo la vida, la libertad, o el patrimonio de la quejosa. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la propia legislación, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que como se dijo en el caso no acontece. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu y 172, fracciones III, XI y XII de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías."
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