Esteban Ernesto Hernández Rodríguez

Expediente 1590/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1590/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Esteban Ernesto Hernández Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES EN EL JUICIO.. SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO...

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Para efecto de la admisión de la demanda de garantías de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la petición hecha por escrito de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, dirigido al Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Conforme a lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda. Lo anterior, toda vez que conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a su esfera jurídica; esto es, concreto e inminente y no basado en suposiciones inciertas, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así se advierte de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Y la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente. En efecto, de la demanda que nos ocupa se desprende, según el dicho del quejoso y la constancia anexa a la demanda, le causa agravio que la autoridad señalada como responsable no haya atendido su petición, violándose con ello lo establecido en el artículo 8°, Constitucional; empero, se estima que dicha omisión, por el momento, no le ocasiona un perjuicio en su esfera de derechos, pues en atención a la fecha de recepción, esto es, dos de octubre de dos mil diecinueve, se considera que a la presente data no ha transcurrido un "breve término", para que la autoridad dé contestación a su solicitud, según la interpretación del Alto Tribunal -cuatro meses-; por tanto, se itera, que si la misma se realizó en la citada fecha, resulta evidente que no hay transgresión al derecho de petición, toda vez que hasta esta fecha, la autoridad responsable todavía puede emitir la respuesta correspondiente dentro del breve término que alude la Constitución. En consecuencia, es inconcuso que materialmente no se le causa una afectación real y actual a su esfera jurídica, de ahí que la substanciación del presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia anunciada. Resulta aplicable al particular, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: PETICIÓN, DERECHO DE. Si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae al mismo, se viola la garantía que consagra el artículo 8° constitucional. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Por las razones que informa se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 537/2019-III, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Para efecto de la admisión de la demanda de garantías de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la petición hecha por escrito de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, dirigido al Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Conforme a lo anterior, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del numeral 63, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda. Lo anterior, toda vez que conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe producir una afectación real y actual a su esfera jurídica; esto es, concreto e inminente y no basado en suposiciones inciertas, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así se advierte de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. Y la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente. En efecto, de la demanda que nos ocupa se desprende, según el dicho del quejoso y la constancia anexa a la demanda, le causa agravio que la autoridad señalada como responsable no haya atendido su petición, violándose con ello lo establecido en el artículo 8°, Constitucional; empero, se estima que dicha omisión, por el momento, no le ocasiona un perjuicio en su esfera de derechos, pues en atención a la fecha de recepción, esto es, dos de octubre de dos mil diecinueve, se considera que a la presente data no ha transcurrido un "breve término", para que la autoridad dé contestación a su solicitud, según la interpretación del Alto Tribunal -cuatro meses-; por tanto, se itera, que si la misma se realizó en la citada fecha, resulta evidente que no hay transgresión al derecho de petición, toda vez que hasta esta fecha, la autoridad responsable todavía puede emitir la respuesta correspondiente dentro del breve término que alude la Constitución. En consecuencia, es inconcuso que materialmente no se le causa una afectación real y actual a su esfera jurídica, de ahí que la substanciación del presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia anunciada. Resulta aplicable al particular, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: PETICIÓN, DERECHO DE. Si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae al mismo, se viola la garantía que consagra el artículo 8° constitucional. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Por las razones que informa se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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