Esteban Equihua Zambrano
Expediente 5/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Esteban Equihua Zambrano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (fojas 50 a 55), que desechó la demanda de amparo, transcurrió del seis de al doce de febrero de dos mil diecinueve, sin contar el dos, tres, cuatro y cinco del presente mes y año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, pues dicho auto se notificó el treinta y uno de enero pasado (fojas 56 a 58), sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. La anterior circunstancia, hágase del conocimiento de la parte quejosa a efecto de no dejarla en estado de indefensión. Notifíquese personalmente. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, quien autoriza y da fe.
- Principal
R. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (fojas 50 a 55), que desechó la demanda de amparo, transcurrió del seis de al doce de febrero de dos mil diecinueve, sin contar el dos, tres, cuatro y cinco del presente mes y año, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, pues dicho auto se notificó el treinta y uno de enero pasado (fojas 56 a 58), sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. La anterior circunstancia, hágase del conocimiento de la parte quejosa a efecto de no dejarla en estado de indefensión. Notifíquese personalment
- Principal
Uruapan, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de Esteban Equihua Zambrano, en términos de dicho escrito se le tiene cumpliendo con la prevención que le fue formulada en autos (fojas 43 a 45). Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, el quejoso reclama en esta instancia, el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil 516/2013 que sobre acción reivindicatoria promueve en su contra Francisca Equihua Barragán en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de María Luisa Barragán Equihua, mediante el cual se señaló fecha y hora, para la desocupación o desposesión del inmueble llamado "Llano Grande", ubicado en la población de Uringuitiro, Municipio de Tancítaro, Michoacán. IMPROCEDENCIA Este juzgado advierte que contra el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal...En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución de sentencia, a la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro de ese procedimiento. Como se adelantó, la parte quejosa reclama el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil 516/2013 que sobre acción reivindicatoria promueve en su contra Francisca Equihua Barragán en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de María Luisa Barragán Equihua; acuerdo, mediante el cual se señalaron las once horas del catorce de marzo de dos mil diecinueve, para la desocupación o desposesión del inmueble llamado ahora "Llano Grande", con una superficie de 55-41-22 cincuenta y cinco hectáreas, cuarenta y un áreas, veintidós centiáreas que colindan por el Norte, con camino rumbo a los Ocasis, antes con propiedad de Porfirio Zamora Equihua y sucesión de Florentino Lemus; al Sur, con propiedad de J. Jesús Zamora, divide cerca de alambre del paso del Tlacuache, hasta el paso de las Caratacuas o camino hacia el Cirian por el Oriente, con J. Jesús Zamora Equihua, antes con Porfirio y Eliseo Zamora, y al Poniente con Gelacio Zamora Torres, antes con sucesión de Florentino Lemús, divide la barranca que baja por el cerro largo, hasta el paso de los Coloradillos; ubicado en la población de Uringuitiro, Municipio de Tancítaro, Michoacán, juicio en el cual la parte quejosa es demandada, en el que incluso, compareció al mismo. Ahora, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo en el procedimiento de ejecución de sentencia, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad que se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el referido juicio 516/2013. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, en la medida en que, como ya se dijo, procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. De ahí que, no puede estimarse que el acto reclamado satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Entonces, el presente juicio de amparo es improcedente respecto del acto reclamado, porque conforme a lo previsto en la citada fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio biinstancial contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, solo se actualizará cuando se controvierta la última resolución dictada en dicho procedimiento, y en el caso, como se explicó, no ha acontecido. Por tanto, se concluye que el reclamo constituye solamente una actuación intermedia dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia...No es óbice a lo anotado, el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia firme estableció, que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto... En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia invocada; con fundamento en el ordinal 113 de la ley de la materia, procede DESECHAR la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Lo provee y firma Arturo Correa Maldonado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito; ello, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve y comunicado mediante oficio CCJ/ST/0110/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante la Secretaria, Nubia Miranda Ramírez, quien autoriza y da fe.
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R. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, el quejoso reclama en esta instancia, el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil 516/2013 que sobre acción reivindicatoria promueve en su contra Francisca Equihua Barragán en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de María Luisa Barragán Equihua, mediante el cual se señaló fecha y hora, para la desocupación o desposesión del inmueble llamado "Llano Grande", ubicado en la población de Uringuitiro, Municipio de Tancítaro, Michoacán. IMPROCEDENCIA Este juzgado advierte que contra el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal...En efecto, de los citados artículos se advierte que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido; sin embargo, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Previamente, conviene destacar que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de ejecución de sentencia, a la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Por tanto, la pretensión del legislador fue evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro de ese procedimiento. Como se adelantó, la parte quejosa reclama el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el juicio ordinario civil 516/2013 que sobre acción reivindicatoria promueve en su contra Francisca Equihua Barragán en su carácter de albacea definitiva de la sucesión a bienes de María Luisa Barragán Equihua; acuerdo, mediante el cual se señalaron las once horas del catorce de marzo de dos mil diecinueve, para la desocupación o desposesión del inmueble llamado ahora "Llano Grande", con una superficie de 55-41-22 cincuenta y cinco hectáreas, cuarenta y un áreas, veintidós centiáreas que colindan por el Norte, con camino rumbo a los Ocasis, antes con propiedad de Porfirio Zamora Equihua y sucesión de Florentino Lemus; al Sur, con propiedad de J. Jesús Zamora, divide cerca de alambre del paso del Tlacuache, hasta el paso de las Caratacuas o camino hacia el Cirian por el Oriente, con J. Jesús Zamora Equihua, antes con Porfirio y Eliseo Zamora, y al Poniente con Gelacio Zamora Torres, antes con sucesión de Florentino Lemús, divide la barranca que baja por el cerro largo, hasta el paso de los Coloradillos; ubicado en la población de Uringuitiro, Municipio de Tancítaro, Michoacán, juicio en el cual la parte quejosa es demandada, en el que incluso, compareció al mismo. Ahora, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo en el procedimiento de ejecución de sentencia, en los términos apuntados, pues únicamente tiene como finalidad que se continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el referido juicio 516/2013. Por tanto, no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de ejecución de sentencia, en la medida en que, como ya se dijo, procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. De ahí que, no puede estimarse que el acto reclamado satisfaga las características establecidas en la Ley de Amparo, para considerarlo como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues será hasta entonces que la parte afectada podrá acudir al juicio de amparo indirecto a hacer valer las violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Entonces, el presente juicio de amparo es improcedente respecto del acto reclamado, porque conforme a lo previsto en la citada fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio biinstancial contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, solo se actualizará cuando se controvierta la última resolución dictada en dicho procedimiento, y en el caso, como se explicó, no ha acontecido. Por tanto, se concluye que el reclamo constituye solamente una actuación intermedia dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia...No es óbice a lo anotado, el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia firme estableció, que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto... En ese tenor, de conformidad con lo expuesto, es patente la actualización de la causa de improcedencia invocada; con fundamento en el ordinal 113 de la ley de la materia, procede DESECHAR la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
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