Esteban Enrique Rosas Lea

Expediente 195/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
195/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Esteban Enrique Rosas Lea

Actuaciones

  1. Incidental

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha, dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo 195/2019-I, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN DEL PARTIDO JUDICIAL DE TEPIC, NAYARIT y otras autoridades; tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del plazo legal, contado a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído; apercibidas que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados y se les impondrá una corrección disciplinaria, consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, como lo dispone el artículo 260, fracción II, en relación con el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve 00/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cien veces, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. En el entendido que los actos reclamados por el quejoso a las autoridades responsables, consisten en: Orden de aprehensión Orden de reaprehensión Detención o retención. Captura Comparecencia (judicial y administrativa) Localización Presentación Búsqueda Arresto Su ejecución. Se señalan las diez horas del seis de enero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Suspensión por la orden de aprehensión, reaprehensión y/o captura y su ejecución. Considerando que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión, reaprehensión y/o captura, así como su ejecución, y que se cumplen los requisitos de los artículos 128, 139, 166 y 168 de la ley de la materia, se concede a ********************, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión o reaprehensión y su ejecución; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva. Suspensión en caso de que el hecho que la ley señala como delito por el que se dicte sea de los que requieren prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al párrafo segundo del artículo 19 Constitucional. Si el hecho que la ley señala como delito por el cual es dictada la orden privativa reclamada es de los que requieren prisión preventiva oficiosa, la suspensión no impedirá que se le prive de su libertad, sino únicamente que quede a disposición de este juzgado en el lugar donde deba recluirse en cuanto a su libertad personal y a la del juez de la causa por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 163 de la Ley de Amparo. Supuestos en los que no surte efecto la suspensión. Si la orden se giró con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda. Suspensión por la orden de detención (judicial) o retención y su ejecución. Por otra parte, considerando que también reclama una orden de detención o retención, así como su ejecución, y que se cumplen los requisitos de los artículos 128, 139, 166 y 168 de la actual ley de la materia, se concede a ********************, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal; lo anterior, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias de averiguación y persecución de delitos, lo que es de orden público y, por tanto, insuspendible. Supuestos en los que no surte efecto la suspensión. Cuando se le pretenda privar de la libertad, en cumplimiento de una orden de aprehensión y/o reaprehensión. Si se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Si se trata de actos posteriores a la presentación de la demanda que dio origen al dictado de esta medida. Si se le sorprende en flagrante delito. Suspensión por la orden de detención (administrativa) o retención y su ejecución. En otro orden, considerando que también reclama una orden de detención (administrativa) o retención, así como su ejecución, y que se cumplen los requisitos de los artículos 128, 139, 166 y 168 de la actual ley de la materia, se concede a ********************, la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se le prive de su libertad personal; lo anterior, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable sobre la suspensión definitiva, sin perjuicio de la práctica de diligencias de averiguación y persecución de delitos, lo que es de orden público y, por tanto, insuspendible. Supuestos en los que no surte efecto la suspensión. Cuando se le pretenda privar de la libertad, en cumplimiento de una orden de aprehensión y/o reaprehensión. Si se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Si se trata de actos posteriores a la presentación de la demanda que dio origen al dictado de esta medida. Si se le sorprende en flagrante delito. Medidas de aseguramiento comunes que deben cumplirse a fin de que surta efectos la suspensión concedida por los actos privativos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, reaprehensión, detención o retención, así como su ejecución. De conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, el quejoso deberá exhibir dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a nombre del directo quejoso y a satisfacción de este juzgado. Cantidad que se fija de manera discrecional, toda vez que por el momento no existen bases para considerar los requisitos que precisa el artículo 168 de la Ley de Amparo en vigor. La que se fija de manera discrecional, sólo tomando en consideración el número y tipo de autoridades señaladas como responsables, ya que hasta el momento sólo se cuenta con lo informado por la parte quejosa en su libelo de prerrogativas fundamentales y no así con elementos suficientes para determinar la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos que se imputan a la parte quejosa, su situación económica y el que no existen indicios que hagan presumir fundadamente que pretenda sustraerse de la acción de la justicia; por tanto, se requiere a la autoridad judicial responsable que acepte las órdenes combatidas, para que remita junto a su informe previo, copia certificada de las constancias de las que se desprenda dicha información. Dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, comparezca ante la autoridad responsable, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo, aun cuando exhiban la garantía procedentemente fijada, la suspensión concedida será revocada y se hará efectivo el billete de depósito exhibido para tal efecto; en el entendido de que dicha obligación será exigible una vez que conozca la autoridad que emitió el acto reclamado, quedando obligado de acreditar dentro del plazo señalado, el exacto cumplimiento de lo aquí ordenado, en términos del artículo 166 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en caso de que la garantía se exhiba mediante certificado de depósito, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 y 32 del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá contener las siguientes leyendas: "Autorizo al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control del presente depósito." "No genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante.". Suspensión respecto la orden de presentación, comparecencia, localización, búsqueda, y arresto (judicial), así como su ejecución. Ahora bien, considerando que se reclama la orden de presentación, comparecencia, localización, búsqueda y arresto (judicial), así como su ejecución, y toda vez que la parte quejosa los atribuye a diversas autoridades judiciales, por lo que en la especie se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 139 y 163, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 128 y 131 de la propia ley, pues la parte quejosa solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, además de que, con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con su ejecución se causarían al promovente daños y perjuicios de difícil reparación, se concede a ********************, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que actualmente se encuentran, pues al tratarse de un acto de autoridad emitido por un juez, quedaría sin materia el juicio de amparo del que deriva el presente incidente en caso de no concederse la medida, por lo que debe preservarse, sin que pueda restringirse su libertad deambulatoria por ningún motivo. Dicha medida surte sus efectos hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva. La medida cautelar que se concede, no surtirá efecto legal alguno si existe una orden de aprehensión y/o reaprehensión emanada de un procedimiento penal en el que se cumplan sus formalidades esenciales, o si proviene de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Supuestos en los que no surte efecto la suspensión. Cuando se le pretenda privar de la libertad, en cumplimiento de una orden de aprehensión y/o reaprehensión. Si se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Suspensión por la orden de presentación, comparecencia, localización, búsqueda, y arresto (administrativa), así como su ejecución. Por otra parte, considerando que también se reclama la orden de presentación, comparecencia y/o localización (administrativa), así como su ejecución, toda vez que la parte quejosa se lo atribuye a diversas autoridades administrativas y que se actualizan en la especie las hipótesis previstas en los artículos 139 y 166 de la ley de la materia, pues el quejoso solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse, con la ejecución de los actos se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados a ********************, para el efecto de que no sea privado de la libertad deambulatoria con motivo de dichas órdenes. Esta medida tiene como único objetivo que no se prive al quejoso temporalmente de su libertad deambulatoria obligándolo a comparecer, pero no evitar que, si así lo estima conveniente, comparezca de manera voluntaria, se imponga y declare en la indagatoria. Lo anterior, en razón de que las órdenes reclamadas, no son un requisito indispensable para integrar la indagatoria y es un acto dentro del procedimiento en el que su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; lo anterior hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva. Supuestos en los que no surte efecto la suspensión. Cuando se le pretenda privar de la libertad, en cumplimiento de una orden de aprehensión y/o detención. Si se trata de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Suspensión respecto al citatorio reclamado. Ahora bien, con el propósito de verificar la procedencia o improcedencia del otorgamiento de la suspensión provisional, respecto del efecto y consecuencia del acto reclamado, se toma en consideración que el mismo consiste en el citatorio girado en contra del quejoso. En ese sentido, se debe tener como punto de partida el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual establece -en la parte que interesa- lo siguiente: la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: II Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.". Ahora, el acto reclamado tiene como finalidad que la parte quejosa comparezca ante la autoridad ministerial con la finalidad de investigación y persecución de los delitos, por lo que conceder la suspensión implicaría impedir la obligación del Ministerio Público de perseguir delitos y el interés público de esta función. Asimismo, se cuenta con el interés de la sociedad de esclarecer los hechos y en su caso buscar la imposición de una pena (cuestiones que son de interés público), por lo que conceder la suspensión en los términos solicitados por la quejosa, llevaría a impedir la función encomendada al Ministerio Público por el artículo 21 de la Constitución Federal para la investigación y persecución de los delitos. Con lo anterior y ante el conflicto de interés del quejoso con el de la sociedad, debe prevalecer el interés público, por lo que debe negarse la suspensión provisional al considerar, como se adelantó, que en el caso no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo no se advierte que el quejoso se encuentre dentro de los supuestos de excepción previstos en el artículo 222 y 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, con fundamento en el artículo 128, fracción II, de la ley de Amparo, se niega la suspensión provisional a ********************. Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización de copias Ahora, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, expídase copia certificada de esta determinación, previa identificación y razón que de su recibo se recabe en autos, en la inteligencia de que su expedición sólo se hará en el horario establecido por este Juzgado. Habilitación del personal del Juzgado Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes que emanan de este incidente de suspensión; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma ********************, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio de autorización CR./CJD./002/7203/2019, signado por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante ********************, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Fijación de la Litis Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: Orden de aprehensión Detención o retención Reaprehensión Captura Comparecencia (judicial y administrativa) Localización y/o presentación Búsqueda o arresto Citación (judicial) Su ejecución Desechamiento parcial respecto del acto h) Cabe señalar, que del escrito de demanda se desprende que el quejoso se queja del acto reclamado consistente en la citación judicial, ante el Centro de Justicia Penal, con domicilio en Avenida Tecnológico número 4025, casi esquina con Avenida Aguamilpa, derivado de la causa penal 1574/2019 que dice, se sigue en su contra por el delito de estupro y lo que resulte; por tanto, se deberá tomar como acto reclamado la citación judicial que refiere. Ahora bien, dicha citación se encuentra señalada en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual corresponde a la citación que realiza el juez para la audiencia inicial; sin embargo, en el caso en particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar el aludido acto. Se establece lo anterior, en virtud de que el artículo 141, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y [.]" Precepto que faculta al Juez de control, para que a solicitud del ministerio público cite al imputado a la audiencia inicial en la cual podrá ser vinculado o no a proceso, y en su caso ser sometido a una medida cautelar, citación que por sí sola no afecta la libertad personal del quejoso, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, encaminada al requerimiento de su presencia para el desarrollo de la audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará a la imputación respectiva. Sin que pase desapercibido lo establecido en la fracción segunda del citado numeral que autoriza el uso de la fuerza pública para lograr la comparecencia del imputado, lo cual se encuentra condicionado a dos circunstancias: 1) Que el imputado al haber sido citado previamente a la materialización de la audiencia no asista sin justificación; y, 2) La solicitud del ministerio público. Ahora, como lo señaló la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que se duele como acto reclamado, entre otros, una orden de citación judicial por el juez de control que señala como responsable, deviene incuestionable que no es un acto que afecta su libertad personal y, por ende, tampoco su esfera jurídica, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de dicha diligencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia inicial en la que podrá o no ser vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar; de lo que se sigue que, no se trata de un acto de que afecte de manera inmediata algún derecho sustantivo, pues no tiene por objeto privar de los derechos de audiencia y legalidad al peticionario de amparo, pues es hasta la resolución de plazo constitucional o en su duplicidad, cuando se reflejará, en su caso, esa afectación De ahí que es improcedente el presente juicio de amparo, sin que obste a lo anterior el hecho de que se cite incluso con el apercibimiento de la orden de comparecencia, ya que es un acto futuro de realización incierta, que se encuentra condicionado a la inasistencia del quejoso, sin justificación y a solicitud del representante social, lo que no se actualiza a la fecha de presentación de la demanda. Además, la facultad que ejerce el juez de control al emitir el acto reclamado no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. Por lo que, el juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al quejoso no se le causa un perjuicio en sus derechos, como es la libertad, es decir, en dicha fase procedimental no se le irroga perjuicio alguno, pues éste podría materializarse hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente vincularlo o no a proceso, en caso de que así lo solicitare el Ministerio Público. Considerar lo contrario, implicaría entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad Así, no puede considerarse que la citación a la audiencia inicial, ocasione un perjuicio a la esfera de derechos del quejoso. Y si bien, el imputado debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privarlo de la libertad, es decir, la citación a la audiencia inicial, no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine vincularlo a proceso y, de ser el caso, la imposición de una medida cautelar. Lo contrario, generaría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema de justicia penal. Argumentos que son materia de la siguiente jurisprudencia sobre el tema específico, que resolvió en contradicción de tesis la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Por ello, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha la demanda, respecto al acto reclamado en el inciso h) por las autoridades precisadas. Admisión respecto de los actos a), b), c), d), e), f) y g) Se ADMITE la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del JUEZ PRIMERO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN DEL PARTIDO JUDICIAL DE TEPIC, NAYARIT y otras autoridades. Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 195/2019-I. Genérese el expediente electrónico e impreso. Ábrase el incidente de suspensión por duplicado. Dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimientos a las autoridades responsables Que rindan sus informes justificados, respecto de la totalidad de los actos reclamados, en el término legal contado a partir de que reciban el oficio relativo a este acuerdo. Acompañen copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Mencionen el nombre correcto y completo del quejoso, así como, el número del expediente, oficio y mesa correspondiente. Informen si han ordenado o tengan en vía de ejecución algún diverso acto privativo de libertad diverso a los reclamados. En el sistema penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional debe acompañar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Informen dentro del término de veinticuatro horas, en caso de que exista, el nombre completo de la parte tercero interesada, domicilio y, en su caso, representante legal. Apercibimientos a las autoridades responsables En caso de incumplimiento, se harán acreedores a lo siguiente: Multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos, moneda nacional), la cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cincuenta, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué Juzgado de Distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta unidades de medida y actualización. Debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos, moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por treinta, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Autorización correo electrónico Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan su informe justificado, indistintamente, a la dirección de correo electrónico juan.rodriguez.morales@correo.cjf.gob.mx, con archivo anexo en formato PDF o JPG, y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad, principalmente el número telefónico; así como por vía fax, al número 311-215-31-06; o bien, al 311-215-31-11, extensión 2052, correspondientes a este órgano jurisdiccional. Lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizado a Roberto Castillo Aranda en términos del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que de una revisión en el Registro Único de Profesionales del Derecho y/o Dirección General de Profesionistas, se advierte que cuenta con cédula profesional debidamente registrada. Asimismo, se tiene por autorizado exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a la diversa personas que se señala en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Uso de medios electrónicos y obtención de copias Se autoriza el uso de medios electrónicos, obtención de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Fundamentos Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6o., fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1o., fracción I, 2o., 5o., fracción IV, 12, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Alejandro Barradas Morales, Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio de autorización CR./CJD./002/7203/2019, signado por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, ante Juan Javier Rodríguez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

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