Esteban Eduardo Chaides Barrera

Expediente 980/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
980/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
31/10/2018

Partes del expediente

  • Esteban Eduardo Chaides Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 980/2018-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el tres de octubre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Toda vez que el impetrante se encuentra privado de su libertad, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese vía electrónica, exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y, a la brevedad posible disponga la notificación del presente auto, corriéndole traslado con éste al quejoso********************quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS Sonora", con residencia en Hermosillo, Sonora. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 980/2018-IV, promovido por ESTEBAN EDUARDO CHAIDES BARRERA, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ESTEBAN EDUARDO CHAIDES BARRERA y otros, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora, Comité Técnico, Comandante de Seguridad y Comandantes de la Primera, Segunda y Tercera Compañía, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, los que hizo consistir en: "acto reclamado.- de las responsables reclamamos aislamiento indefinido, golpes, malos tratos, abuso de autoridad, incomunicación y discriminación. (sic)." SEGUNDO. Por acuerdo de quince de junio de dos mil dieciocho, la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, requirió, entre otros, al quejoso ESTEBAN EDUARDO CHAIDES BARRERA, para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días ratificara la demanda de amparo promovida a su favor, lo cual realizó ante el Actuario adscrito a dicho Juzgado de Distrito. TERCERO.- Mediante auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ordenó la separación de juicios y que se formara uno por cada quejoso, por lo que remitió copias de la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a fin de que fueran turnadas. CUARTO.- Por razón de turno, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito la demanda de amparo del quejoso ESTEBAN EDUARDO CHAIDES BARRERA, por lo que en acuerdo de esa misma fecha se desechó por cuanto a los actos reclamados consistentes en abuso de autoridad y se admitió, únicamente, respecto de los actos reclamados consistentes en aislamiento, golpes, tortura, malos tratos, incomunicación y discriminación, se requirió a las autoridades responsables, a fin de que rindieran el informe justificado; además, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción, I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su punto cuarto, menciona que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ejercerán jurisdicción en el territorio que conforma dicha entidad federativa; además, el acto reclamado es atribuido a autoridades que residen dentro de tal territorio. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables consistentes en golpes, tortura, malos tratos, incomunicación y discriminación, toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe justificado (fojas 45), sin que se haya desvirtuado dicha negativa con medio de convicción idóneo. En tal virtud, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin soslayar las manifestaciones que formula el quejoso respecto de los actos que refiere constituyen el reclamo en el presente juicio, pues se observa que éstas se relacionan con las condiciones que derivan de las medidas de seguridad impuestas en el centro en el que guarda reclusión, las cuales se deben realizar para el control y orden de la población penitenciaria; sin embargo, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de la reforma de la judicialización de las penas, tales eventos al constituir parte de la etapa ejecutiva de la pena de prisión, incluso de la prisión preventiva, deben ser impugnados ante el Juez de Ejecución, previo a acudir al juicio de amparo, por lo que en su caso, será ante dicha instancia judicial ante quien deberá de acudir, por tratarse de cuestiones inherentes a las condiciones de su estancia en el citado centro de reclusión. TERCERO.- Es cierto el acto reclamado consistente en el aislamiento, toda vez que si bien las autoridades responsables al rendir el informe justificado negaron su existencia, sin embargo, de las constancias que remitieron, se advierte que por resolución de siete de junio de dos mil dieciocho, el Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, impuso al quejoso una medida especial de vigilancia consistente en la restricción del tránsito dentro del interior del centro penitenciario por quince días reubicándolo a la unidad de ingresos y evaluación (UNIEVA). Documental pública a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que resulta idónea para acreditar la existencia del acto reclamado y, por tanto, se desvirtuó la negativa que sostuvieron las autoridades responsables. CUARTO.- Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede a analizar, de oficio, si se actualiza alguna. De oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". El precepto legal transcrito prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la propia ley y en la jurisprudencia. Ahora, como puede advertirse, la parte inconforme acude a reclamar en esta instancia constitucional, la sanción administrativa de "vigilancia especial consistente en restricción del tránsito dentro del interior del centro penitenciario por quince días", con reubicación a la unidad de ingresos y evaluación (UNIEVA), impuesta en sesión del Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, el siete de junio de dos mil dieciocho. Sin embargo, contra la sanción combatida procede el medio de impugnación establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispositivo legal que señala lo siguiente: "Artículo 48. Impugnación de resoluciones. Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio.". Del precepto legal transcrito se advierte que contra las resoluciones emitidas por el Comité Técnico del Centro Penitenciario procede el recurso de revisión, dejándose en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución resuelva en definitiva; de ahí que, en criterio del suscrito, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotarse dicho medio de impugnación. Lo anterior se estima así, ya que no existe alguna excepción al principio de definitividad, que conforme a la norma invocada, tenga aplicación en el presente asunto, atento a que la sanción combatida es una determinación dictada dentro de un procedimiento disciplinario realizado por las autoridades responsables, y dicho acto reclamado, en estricto sentido, no está directamente vinculado con los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad del reo en el centro carcelario; de ahí que tal mandato de autoridad debe ser considerado jurídicamente como pronunciado en un procedimiento administrativo, en virtud de la autoridad que lo emite, seguido en forma de juicio y, por ende el quejoso debió observar el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo, tal y como lo consagra la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. La anterior consideración encuentra sustento, en lo conducente, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2016 (10 a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 861, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2013063, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, si bien es un acto restrictivo de la libertad personal, es una determinación dictada "dentro de procedimiento", toda vez que se emite como resultado del procedimiento administrativo disciplinario previsto en los artículos 82 y 83 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y los artículos 20, 22, 23, 24 y 25 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, procedimiento en el que se prevén las exigencias mínimas básicas del debido proceso, a efecto de respetar el derecho de audiencia y defensa al reo, previo a la emisión de la determinación que le impone el correctivo disciplinario. Por tanto, respecto de ese acto, la regla aplicable para juzgar la oportunidad en la promoción del juicio de amparo en su contra, es la genérica de quince días, prevista en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se ubica en el supuesto de excepción establecido en la fracción IV de ese dispositivo para que la demanda se pueda presentar en cualquier tiempo, ya que éste se refiere exclusivamente a los actos que constituyan ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." En la ejecutoria que originó la jurisprudencia invocada, se advierte que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país determinó, que el acta o resolución que emite el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación o Reinserción Social, que impone correctivos disciplinarios a un interno ante la comisión de infracciones a las reglas que rigen el orden y disciplina del centro carcelario, constituye un acto emitido dentro del procedimiento disciplinario, porque emana de ese procedimiento administrativo disciplinario formalmente establecido en los ordenamientos reglamentarios que rigen la organización, operación y administración de los centros federales de reclusión, en la cual no tiene intervención el juez del proceso (en caso de que el interno sancionado se encuentre recluido por motivo de la medida de prisión preventiva) o el juez encargado de ejecución de la pena (en caso de que el reo compurgue una sentencia ejecutoria. Y aunque es cierto que la situación jurídica de privación de la libertad del interno en el centro carcelario deriva de la existencia del procedimiento penal (en su fase de juicio o de ejecución de sentencia), también lo es que, el procedimiento disciplinario referido, en estricto sentido, no está directamente vinculado con los aspectos jurídicos básicos de la privación de la libertad que da causa a la presencia del reo en el centro carcelario, pues se trata de un procedimiento autónomo al procedimiento penal, exclusivamente vinculado al mantenimiento del orden, disciplina y seguridad del centro de reclusión, lo cual atañe a las atribuciones de organización, operación y administración del centro de reclusión que conciernen al Ejecutivo, y cuyo conocimiento es reservado por la regulación aplicable, al órgano Consejo Técnico Interdisciplinario, no a la autoridad judicial; por lo que, ese procedimiento disciplinario, atento a su naturaleza y fines, corresponde al denominado "Derecho Administrativo Sancionador". De manera que el acta de correctivos disciplinarios constituye un acto dentro del procedimiento disciplinario, que formalmente cumple con las exigencias mínimas del debido proceso para ser considerado como tal, en el específico contexto de un reo, pues se trata de un procedimiento en el que se prevé en favor del interno, la garantía de audiencia y defensa, previo a la determinación que decide sobre la actualización de la infracción y la procedencia de la sanción, se prevé su notificación formal al reo, incluso, ante la propia autoridad administrativa, tiene cabida el planteamiento de una inconformidad, que debe ser resuelta por la autoridad designada en la norma (artículo 48 Ley Nacional de Ejecución Penal), antes de proceder, en su caso, a la ejecución de la sanción disciplinaria; por tanto, aunque en forma básica, no se trata de un proceso jurisdiccional, sin embargo reúne las condiciones para ser considerado formalmente un "procedimiento". Con apoyo a las consideraciones anteriores, este Juzgador estima que, debido a que la sanción administrativa de "vigilancia especial consistente en restricción del tránsito dentro del interior del centro penitenciario por quince días", con reubicación a la unidad de ingresos y evaluación (UNIEVA), reclamada por el quejoso en el presente juicio de amparo como "aislamiento", constituye un acto emitido dentro del procedimiento administrativo sancionador a cargo de la autoridad carcelaria correspondiente y que previo a la aplicación de la sanción existe la posibilidad de impugnarla ante el Juez de Ejecución tal y como está establecido en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; ello tienen como consecuencia que previo a acudir al amparo debió agotar dicho recurso. En efecto, el quejoso tenía la obligación de agotar el mencionado medio ordinario de defensa, contra el acto reclamado en esta instancia constitucional previo a la interposición del juicio de garantías, ya que el acto señalado como reclamado podía ser modificado, revocado o nulificado, mediante controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, habida cuenta que, para que se surta la citada causa de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. Y en el caso específico, la sanción de "aislamiento" temporal por quince días, reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo, se imputa a autoridades penitenciarias; por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. Además, el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que queda en suspenso la aplicación de la sanción impuesta con motivo de la interposición de dicho recurso, hasta en tanto el Juez de Ejecución lo resuelva en definitiva, lo que evidencia que con su interposición se suspenden los efectos de la medida disciplinaria, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, tal y como se lee del propio artículo citado. Concluyendo que tampoco se estima que se actualice la última de las excepciones al principio de definitividad, atento al principio que establece la presunción de legalidad de los actos de autoridad, a más que al observar que dicha sanción fue impuesta por la autoridad competente para ello en términos de la Ley Nacional de Ejecución, ello conduce a estimar que no carecía de fundamentación al sí estar previsto en una ley exactamente aplicable su imposición; además de que no se alegan sólo violaciones directas a la constitución como se lee de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis III.2o.P.135 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes nueve de marzo de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2016370, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". Por lo tanto, el quejoso se encuentra obligado a agotar los medios de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de garantías, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, cuya interposición priva de definitividad al acto reclamado, máxime que se trata de un acto que proviene de una autoridad formalmente administrativa, que no se sitúa en los casos de excepción al principio de definitividad. Consecuentemente, respecto del acto reclamado consistente en la sanción administrativa de "vigilancia especial consistente en restricción del tránsito dentro del interior del centro penitenciario por quince días", con reubicación a la unidad de ingresos y evaluación (UNIEVA) identificada por el quejoso como "aislamiento", se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se debe sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. QUINTO.- Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS SONORA", con sede en Hermosillo, Sonora, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese vía electrónica, exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en la ciudad de Hermosillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y a la brevedad posible disponga la notificación de la presente sentencia, al quejoso ESTEBAN EDUARDO CHAIDES BARRERA, quien se encuentra interno en mencionado Centro Federal de Readaptación Social. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ESTEBAN EDUARDO CHAIDES BARRERA, contra los actos consistente en la golpes, tortura, malos tratos, incomunicación y discriminación y la sanción administrativa de vigilancia especial consistente en restricción del tránsito dentro del interior del centro penitenciario por quince días (aislamiento), que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- Como se encuentra ordenado en el considerando quinto de ésta sentencia, gírese vía electrónica, exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y a la brevedad posible disponga la notificación de la presente sentencia, al quejoso ESTEBAN EDUARDO CHAIDES BARRERA, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS SONORA", con sede en Hermosillo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo resolvió Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que aún no obra en autos el exhorto 563/2018-IV ordenado por auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, a fin de notificar al quejoso el informe justificado rendido por las responsables, así como diversos acuerdos; por tanto, de conformidad en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Toda vez que el impetrante se encuentra privado de su libertad, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese vía electrónica, exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y, a la brevedad posible disponga la notificación del presente auto, corriéndole traslado con éste al quejoso Esteban Eduardo Chaides Barrera, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS Sonora", con residencia en Hermosillo, Sonora. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio con evidencia criptográfica que contiene la firma electrónica del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto electrónico 543/2018-IV, por los motivos expuestos; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. En consecuencia, se invoca como hecho notorio el telegrama remitido por el Encargado de la Dirección Jurídica y Representante Especial del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial por medio del cual informó que el quejoso ********************, egresó del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial del Estado de Morelos y, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS Sonora", con residencia en Hermosillo, Sonora; por consiguiente, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con fundamento en el acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese vía electrónica, exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado y, a la brevedad posible disponga la notificación del presente auto, así como de los siguientes: Diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Dos de agosto de dos mil dieciocho; y, Trece de agosto del año en curso. Corriéndole traslado con éstos y las constancias que a tal efecto se le remiten al quejoso ********************, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS Sonora", con residencia en Hermosillo, Sonora. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 839/2018-IV, por los motivos expuestos; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes, sin emitir mayor acuerdo; toda vez que se ordenó la notificación del proveído de dos de agosto actual al impetrante (objeto de la comunicación oficial), en términos de los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano