Esteban Eduardo Chaides Barrera
Expediente 1150/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Esteban Eduardo Chaides Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso hubiese recurrido el auto de quince de agosto de dos mil dieciocho, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido Notifiquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso **, señala como actos reclamados el aislamiento (aplicación de medidas especiales de seguridad y restricción de tránsito en el interior del centro en el que se encuentra), malos tratos y tortura, derivados del castigo que le fue impuesto, los cuales atribuye al Director General de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos y otras autoridades. Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, constituye un hecho notorio, para este órgano jurisdiccional, que en el juicio de amparo **, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por Esteban Eduardo Chaides Barrera, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en virtud de mediante oficio **, signado por el Coordinador General de Centros Federales en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, se autorizó el traslado del quejoso Esteban Eduardo Chaides Barrera, para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS Sonora" por lo cual mediante el acta administrativa **, de uno de agosto de dos mil dieciocho, fue llevado a cabo el egresó por traslado en comento, tal y como se advierte de las constancias respectivas que obran en el juicio de amparo en cita. Asimismo, en términos del numeral antes invocado, constituye un hecho notorio que en el expediente administrativo 2/2018, de la estadística de este juzgado, obra el oficio **, signado por el Encargado de la Dirección Jurídica y Representante Legal del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, mediante el cual informa que, en seguimiento al diverso **, suscrito por el Coordinador General de Centros Federales en suplencia del Comisionado, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, precisa a las personas privadas de la libertad que egresaron del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, con la finalidad de ser trasladasos a diversos centros de reclusión del país, entre quienes se encuentra el aquí quejoso **. En mérito de lo anterior, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que el quejoso reclamó en esta instancia constitucional el aislamiento (aplicación de medidas especiales de seguridad y restricción de tránsito en el interior del centro en el que se encuentra), malos tratos y tortura, derivados del castigo que le fue impuesto. Ahora bien, de las copias certificadas que obran en el juicio de amparo ** así como en el expediente administrativo **, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que mediante oficio **, signado por el Coordinador General de Centros Federales en suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, se autorizó el egreso del quejoso Esteban Eduardo Chaides Barrera, para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS Sonora" por lo cual mediante el acta administrativa **, de uno de agosto de dos mil dieciocho, fue llevado a cabo el egresó por traslado en comento, tal y como se advierte de las constancias respectivas. Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional (dieciséis de julio de dos mil dieciocho), aún se encontraba recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, el uno de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso egresó de dicho centro penitenciario en el que guardaba reclusión para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS Sonora", por lo cual deja de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo del egresó del impetrante de amparo el uno de agosto de dos mil dieciocho, se destruyó el objeto de la petición de la solicitante del amparo, por ende, en caso de concluirse que los actos reclamados que se combaten son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues el mismo ha egresado del centro penitenciario en donde se podría hacer cumplir dicha determinación. En tal virtud, y aun cuando subsiste el acto reclamado, la concesión de amparo que pudiera alcanzar el quejoso no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que el uno de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso egresó del centro penitenciario en donde se encontraba recluido para ser trasladado a uno diverso, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para hoy a las diez horas con veinticuatro minutos. Finalmente, toda vez que el quejoso **, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS Sonora", con sede en Hermosillo, Sonora, con fundamento en el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto de manera urgente a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SONORA, CON RESIDENCIA EN HERMOSILLO, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, se constituya en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 11 "CPS Sonora", con sede en Hermosillo, Sonora, a fin de que le notifique el presente proveído, haciéndole entrega de la copia autorizada del mismo, debiendo asentar tal circunstancia; habilitándose días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia encomendada, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la ley de la materia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial únicamente por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, en atención a que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes lo genera de manera automática. Notifíquese; y cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el telegrama y el oficio remitidos por el Encargado de la Dirección Jurídica y Representante Legal del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, en representación de las autoridades responsables de ese centro, mediante los cuales rinde su informe justificado; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, con apoyo en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados a los profesionistas que designa. Por otra parte, del contenido del informe justificado, se advierte que la autoridad oficiante informa que el quejoso *** egresó de esa institución penitenciaria, con motivo del traslado a un diverso centro penitenciario, a saber, Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS Guanajuato". En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias relativas al egreso del quejoso ****, de dicho centro, con motivo del traslado a un diverso centro penitenciario. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. En ese tenor, se reserva proveer lo conducente en cuanto a la notificación al quejoso respecto del presente auto, hasta en tanto se cuente con las constancias solicitadas. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Encargado de la Dirección Jurídica y Representante Legal de la autoridad señalada como responsable; mediante el cual en relación al proveído de dieciséis de julio actual, comunica el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en el presente asunto; en consecuencia, téngase a la autoridad señalada como responsable cumpliendo con el requerimiento en cuestión. Notifíquese.
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