Esteban de Jesús Castañeda Dena

Expediente 448/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
448/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2017

Partes del expediente

  • Esteban de Jesús Castañeda Dena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, provenientes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve el expediente 448/2017, un anexo y remite testimonio de la resolución emitida en el amparo en revisión 207/2017; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor resolvió: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a..." En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, ya que no es necesaria la retención del anexo proveniente de la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que será suficiente el sello de la autoridad mencionada, el cual hará las veces de acuse. Finalmente, por lo que hace al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales de este expediente-, procédase a su destrucción. .

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el promovente, mediante el cual interpone recurso de revisión; en esas condiciones, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del ocurso de expresión de agravios y dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al que se encuentre integrado el expediente remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del escrito de agravios, así como los presentes autos para la sustanciación del recurso de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 448/2017, promovido por Esteban de Jesús Castañeda Dena, por conducto de su defensor, contra un acto del Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El promovente del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como violados los artículos 1°, 13, 14, 16, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El veinticinco siguiente, se desechó por notoriamente improcedente la demanda, respecto del acto reclamado al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, con residencia en Tepic, y se admitió a trámite el asunto únicamente por el acto reclamado al Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, al que se requirió informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse un acto dictado después de concluido el juicio por autoridad judicial con residencia en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se precisa que el acto reclamado consiste en el auto de doce de mayo de dos mil diecisiete, dictado en los autos del SIPE 502/2017, por el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en esta ciudad, que admitió la competencia y ordenó el inicio del procedimiento de ejecución de la pena impuesta al sentenciado Esteban de Jesús Castañeda Dena, en la causa penal 130/2012. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir informe justificado, que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo a dicha comunicación; documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Al no advertirse causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni por este juzgado de Distrito, de oficio, su actualización, procede el análisis de los conceptos de violación, que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al ser innecesaria su transcripción. Ilustra al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son ineficaces los conceptos de violación hechos valer por el inconforme, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional que solicita. Para una mejor comprensión del asunto, conviene citar los siguientes datos procesales: 1. El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en la causa penal 130/2012, dictó sentencia de condena, entre otros, contra el quejoso, por lo que se le impusieron las penas de siete años de prisión y ciento treinta días multa (fojas 11 a 83 del tomo I de pruebas). 2. Contra el fallo citado, se interpuso recurso de apelación, que correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, quien el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, al resolver el toca penal 19/2017-VI, confirmó la resolución apelada (fojas 84 a 94 del tomo I de pruebas). 3. Posteriormente, el dos de marzo de dos mil diecisiete, el Juez mencionado, declaró que la referida sentencia definitiva causó ejecutoria y remitió las constancias necesarias al juzgado de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en esta ciudad en turno, para su cumplimiento (fojas 95 a 97 del tomo I de pruebas). 4. En proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete, el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en esta ciudad, en los autos del SIPE 502/2017, admitió la competencia y ordenó el inicio del procedimiento de ejecución de la pena impuesta al quejoso (fojas 101 a 104 del tomo I de pruebas). Una vez expuesto lo que antecede, se procede a establecer los puntos medulares que se esgrimen en la demanda de amparo: a) Se aduce que el artículo 4 del Acuerdo General 22/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señala que en los lugares donde no existan Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, quedan facultados los órganos jurisdiccionales del proceso para conocer de los planteamientos relativos a esos tópicos, por lo que en tal caso, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, es el competente para conocer del cumplimiento de la pena impuesta al amparista. b) Que el conocimiento, tramitación y decisión sobre las cuestiones atinentes a la aplicación, modificación, duración y extinción de la pena de prisión impuesta al sentenciado aludido, corresponde al juez de distrito que instruyó su causa y no un juez de Distrito Especializado en Ejecución de Penas que no existía durante su juzgamiento; porque estos iniciaron sus funciones hasta el diecinueve de junio de dos mil once, ya que al hacerlo así, se contraviene el artículo 13 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la creación de tribunales especiales, además de que por la distancia se retrasa en su perjuicio la impartición de justicia, por el tiempo que tarda en diligenciarse las resoluciones con la utilización de exhortos. Como se advierte, el defensor Público Federal aduce que en términos del artículo 4 del Acuerdo General 22/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los lugares donde no existan Juzgados Distrito Especializados en Ejecución de Penas, quedan facultados los órganos jurisdiccionales del proceso para conocer de los planteamientos relativos a los tópicos de ejecución de penas. Empero, soslayó la circunstancia consistente en que en el Acuerdo General 23/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se crearon los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, se estableció que estos tendrán jurisdicción en toda la República Mexicana, con lo cual la competencia territorial de estos se surte en la totalidad del territorio mexicano, con la condición de que se trate de asuntos en los que la sentencia respectiva haya causado ejecutoria con posterioridad al inicio del funcionamiento de dichos juzgados, esto es, a partir del diecinueve de junio de dos mil once. En esta tesitura, de las constancias procesales que integran el proceso penal 130/2012 del control del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, se aprecia que la sentencia dictada al promovente del amparo, causó ejecutoria con posterioridad al inicio del funcionamiento de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, esto es, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, al haberse resuelto el recurso de apelación planteado contra la sentencia de primer grado, con lo que operó lo previsto en los artículos 102 y 360 del Código Federal de Procedimientos Penales, relativos a la hipótesis de sentencia ejecutoria. Por ende, se surte la condición fáctica establecida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para que sea un órgano jurisdiccional especializado quien deba conocer y resolver sobre el procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta al quejoso. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de jurisprudencia número PC.IV.P. J/1 P (10a.), publicada en la página 2148, del Libro 35, octubre de 2016, tomo III, materia penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro 2012823, de contenido literal siguiente: "JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE PENAS. SUS ATRIBUCIONES CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. En la citada reforma constitucional, que entró en vigor el 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, se circunscribió la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y se confirió al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, creándose la figura de "Jueces de ejecución". Por tanto, todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena pudieran surgir a partir de la reforma constitucional, como lo serían, entre otros, la determinación de la fecha a partir de la cual el sentenciado deberá computar la pena que le fuese impuesta, así como la consideración del tiempo en que estuvo bajo prisión preventiva, son del conocimiento del Juez de Distrito especializado en Ejecución de Penas, al constituir aspectos inherentes a la ejecución de una sentencia privativa de la libertad. Máxime si las sentencias reclamadas se emitieron bajo la vigencia de las aludidas reformas constitucionales y de los Acuerdos Generales 22/2011 y 23/2011 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificados por los diversos 1/2012 y 2/2012". Sin que lo anterior implique la constitución de un "tribunal especial" prohibido por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el creado ad hoc para juzgar a determinadas personas o ciertos casos en lo particular, sino más bien se cumple la condición del debido proceso, relativa a la existencia de un tribunal previamente establecido, ordenada en el artículo 14 constitucional, porque la existencia de los Juzgados Especializados en Ejecución de Penas, emana de la misma Constitución, y cuando la responsable aceptó la competencia e inició el procedimiento de ejecución, ya estaban establecidos la ley y el tribunal. Por otra parte, tampoco causa agravio que la autoridad responsable utilice "exhortos", para informar al quejoso las resoluciones que dicta, toda vez que de conformidad con los artículos 46, 47 y 49, del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado y adicionado por el similar 12/2016; son el medio más idóneo y expedito que se utiliza para comunicar las resoluciones de los juzgados de distrito. Por tanto, atendiendo a los lineamientos y garantías constitucionales que estima violadas el promovente del juicio de amparo, previstas en los artículos 1, 13, 14, 16, 17, 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe decirse que las consideraciones vertidas en el acto reclamado, ponen de relieve que la autoridad responsable, acertadamente fundó y motivó su actuar, al proveer lo conducente respecto al inicio del procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta al quejoso y por ello declaró tener competencia para conocer y resolver el citado asunto. De ahí, que es apegado al orden constitucional y legal el sentido de la resolución estudiada; y, por ende, el acto reclamado no es violatorio de garantías individuales. En razón de lo expuesto, al estar adecuadamente fundado y motivado el acto reclamado, y ser ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa y no advertirse motivo alguno que haga procedente suplir la queja del demandante, en términos de lo previsto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Esteban de Jesús Castañeda Dena, respecto del acto reclamado del Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con residencia en esta ciudad, consistente en el proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete, emitida dentro del SIPE 502/2017, mediante el cual admite la competencia y se avoca al inicio del procedimiento de ejecución de la pena de prisión impuesta al quejoso. Not

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse, el trece de julio de dos mil diecisiete a las diez horas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

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