Esteban David Solis Puch
Expediente 1100/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Esteban David Solis Puch
- A D A V
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo el veinticinco de noviembre del año en curso; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveídos trece y veintitrés de noviembre del año en curso, se tuvo por rendidos los informes respecto de la suspensión de plano, del Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, como superior jerárquico de la Unidad Especializada para la Violencia Familiar y de Género, ambas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó a los mismos, de las que se advierte que las menores de edad Andrea Danae Azcanio Vicencio y María Elena López Che, se encontraban resguardadas en la sala de espera de esa Secretaría; sin embargo, fueron entregadas a sus familiares, lo cual acreditaron con la copia certificada del parte informativo con número de oficio SSP/UNIPREV/00247/2020, de doce de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el policía tercero Braulio Ariel Estrella Balam, que remitieron con los oficios de cuenta las autoridades responsables. Ahora bien, se trae a colación que mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil doce, ante el Secretario de Guardia de este Juzgado, Fredy Daniel López Carrillo a favor de las menores Andrea Danae Azcanio Vicencio y María Elena López Che, reclamó del Secretario de Seguridad Pública y el Director de la Policía Estatal de Investigación, los actos que hizo consistir en la detención fuera de procedimiento judicial, incomunicación, malos tratos y actos de tortura. Por su parte, la autoridad responsable Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, como superior jerárquico de la Unidad Especializada para la Violencia Familiar y de Género ambas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes respecto de la suspensión de plano, negó los actos reclamados consistente en la incomunicación, malos tratos y actos de tortura, sin prueba en contrario de la parte agraviada que desvirtuara dicha negativa. Máxime que de las constancias que obran en el presente asunto, no existe prueba alguna que conlleve a determinar la existencia de los actos que niegan las autoridades responsables. En esas condiciones, respecto de tales actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al resultar inexistentes, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y la tesis jurisprudencial número 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".Por otra parte, en relación al acto reclamado consistente en la detención fuera de procedimiento de las quejosas, se advierte que la autoridad responsable Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, como superior jerárquico de la Unidad Especializada para la Violencia Familiar y de Género ambas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, informó que si bien las menores adolescentes Andrea Danae Azcanio Vicencio y María Elena López Che, se encontraban resguardadas en la sala de espera de esa Secretaría, también lo es, que fueron entregadas a sus familiares, lo cual acreditó con la copia certificada del parte informativo con número de oficio SSP/UNIPREV/00247/2020, de doce de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el policía tercero Braulio Ariel Estrella Balam, de la que se advierte que ese día, se presentaron Ana Keila Che Flota y Teodoro Azcanio Parra, quienes se identificaron plenamente solicitando la entrega de sus hijas menores, y siendo las ocho horas con cincuenta minutos y nueve horas de ese propio día, se realizó la entrega de las menores adolescentes a su respectivos padres.Circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas por la citada responsable Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, como superior jerárquico de la Unidad Especializada para la Violencia Familiar y de Género, ambas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, en relación con el acto reclamado consistente en la detención fuera de procedimiento judicial lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio fuera de audiencia, por los motivos que a continuación se indican. Sobre esa base, procede examinar la causa de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, que dice:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.)XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la detención de las menores quejosas adolescentes, fuera de procedimiento llevada a cabo el once de noviembre del año en curso, con motivo de hechos posiblemente delictuosos; sin embargo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, como superior jerárquico de la Unidad Especializada para la Violencia Familiar y de Género, ambas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, indicó que si bien las menores adolescentes Andrea Danae Azcanio Vicencio y María Elena López Che, se encontraban resguardadas en la sala de espera de esa Secretaría, también lo es, que las directas quejosas fueron entregadas a sus familiares el doce de noviembre citado. Lo que se corrobora con el parte informativo SSP/UNIPREV/00247/2020, de doce de noviembre de dos mil veinte, suscrito por el policía tercero Braulio Ariel Estrella Balam, del que se advierte que a las ocho horas con cincuenta minutos y nueve horas, se realizó la entrega de las menores adolescentes a sus padres Ana Keila Che Flota y Teodoro Azcanio Parra, respectivamente, haciéndoles saber de las obligaciones y responsabilidades que contraen, así como velar por la integridad física y psicológica de las menores. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la detención atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo, se hizo entrega de las menores adolescentes a sus familiares, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que se reclamó (detención), por lo que resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá, por ende, no vulnera la esfera jurídica de las aquí peticionarias de amparo, por lo que no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de las responsables, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. En tales condiciones al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 63 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de la detención reclamada, lo procedente es decretar de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, así como las medida suspensional decretada, en este juicio.
- Principal
Visto los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo; con apoyo en los artículos 356 del Código Federal de Procedimientos Civil, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en relación al artículo 81 inciso e) del propio ordenamiento, se declara que la expresada resolución que en su primer punto resolutivo sobreseyó y en su segundo punto resolutivo amparó a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado del Registro Agrario Nacional, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; apercibido que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Ahora bien, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo que la responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y cuatro, acompañó a su informe justificado consistente en el expediente original TUA 34-282/2002; devuélvase y solicítese a la aludida que informe a este órgano jurisdiccional cuando lo haya recibido, como constancia de su recepción. Ahora bien, toda vez que se advierte que obran en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo, consistentes en: -Acta de defunción a nombre de ******. -Acta de nacimiento a nombre de la quejosa******. -Acta de nacimiento a nombre de ******. En términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese el oficio de cuenta enviado vía correo electrónico por la Unidad Especializada para la Violencia Familiar y de Género, con sede en esta ciudad, sin firma autógrafa; en atención a lo anterior, devuélvase a dicha autoridad el aludido oficio, y requiérase para que en el término de veinticuatro horas siguientes a la notificación del presente acuerdo rinda su informen relación con la suspensión de plano dictada en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo así se le impondrá la multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contenida en artículo 259, en relación con los numerales 237 y 238 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
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