ESTEBAN CUESTA FERIA y Otros.
Expediente 646/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ESTEBAN CUESTA FERIA y Otros.
- Esteban Cuesta Feria
Actuaciones
- Principal
Al expediente, el oficio de cuenta de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, donde remite copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en el conflicto competencial ***. Por tanto, como se solicita, se ordena acusar de recibo a dicho tribunal colegiado del testimonio de cuenta. Luego, en sus puntos resolutivos concluyó lo siguiente: "PRIMERO.- Se declara competente para conocer de la demanda promovido por los quejosos ***, al titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que tramite y resuelva dicho asunto, en términos de la presente ejecutoria. SEGUNDO.- En consecuencia, remítanse los autos del juicio al Juzgado competente y envíese testimonio de este resolución al Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, contendiente en el presente conflicto competencial, para su conocimiento". En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por tanto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, de dicho acuerdo, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción, porque carece de relevancia documental y conforme al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Al expedientillo, el oficio de cuenta de la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, donde comunica que ese tribunal se avocó al conflicto competencial, y se radicó con el número de conflicto **. De lo cual este juzgador queda enterado, para los efectos legales procedentes. .
- Principal
Al expediente, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, donde remite el expediente de juicio de amparo registrado con número 1367/2019 promovido por **. Luego, del oficio de cuenta se advierte en lo medular que la autoridad oficiante determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues señala que los actos reclamados en la demanda por extranjeros deben ser analizados desde la óptica de la legislación penal, al afectar su libertad personal, pues como consecuencia implican su expulsión del territorio nacional o deportación, al estar vinculados (los actos) a un procedimiento migratorio. De ahí que declinara competencia legal para conocer de los actos reclamados en la demanda, a favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; la que por razón de turno, correspondió a este juzgado. Cabe destacar al respecto que en el acuerdo de cuatro de julio del año actual, inserto en el oficio de cuenta, se establecieron esencialmente los siguientes razonamientos para sostener la incompetencia por parte del juzgado oficiante, a saber: a) Si bien los quejosos reclaman la falta de respuesta a su solicitud de oficio de salida de la estación migratoria, esa petición fue realizada dentro de los procedimientos administrativos iniciados en su contra, por los que están privados de su libertad. b) Dichos actos deben ser analizados bajo la legislación sustantiva y adjetiva en materia penal. c) Dichos actos no pueden estudiarse desde la óptica de un asunto meramente administrativo, además de que también se reclama la efectividad de la sustanciación de los procedimientos incoados contra los quejosos. d) Determinar si la autoridad responsable actuó o dejó de actuar en el sentido en que aducen los promoventes, necesariamente se tendrá que analizar a la luz de disposiciones jurídicas de carácter procesal penal. e) Conforme al artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal deberán conocer, entre otros actos, de aquellos que provengan de cualquier autoridad que afecten la libertad personal de los agraviados y, en su caso, impliquen expulsión del territorio nacional o deportación al país de origen, por lo que del escrito de demanda se apreció que los actos se encuentran relacionados con actos de naturaleza penal al derivar de los procedimientos administrativos **, y los quejosos se encuentran privados de su libertad. En ese orden de ideas, respetuosamente se disiente con lo argüido por el secretario encargado del despacho del juzgado que declinó la competencia. En principio, debe hacerse notar que el asunto planteado genera dudas en este operador jurídico, porque el órgano jurisdiccional declinante no inquirió en modo alguno (a través de una prevención ) a los quejosos si deseaban reclamar determinación u orden alguna privativa de su respectiva libertad. Por el contrario, de los actos que dichos impetrantes del amparo señalan como reclamados en forma destacada en el capítulo IV de su demanda, se advierte que se constriñen a dolerse de actos (omisivos y positivos) atribuidos a las autoridades responsables acaecidos durante o con motivo de la substanciación procedimental de tres expedientes en materia migratoria; todo lo cual evidentemente subyace dentro del marco competencial en materia administrativa. De donde se sigue que no existe una seguridad absoluta y patente de que sea voluntad de los quejosos combatir su alojamiento (privación de la libertad), menos aún su deportación; habida cuenta que el reclamo puntual de los actos señalados como responsables y los argumentos de disenso en que éstos se apoyan se centra en dolerse de la falta de emisión del aludido oficio de salida para regularizar su situación migratoria. En efecto, el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios constitucionales en los que se reclaman actos que afecten la libertad personal, provenientes de "cualquier autoridad" (con excepción de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal), y aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, el diverso numeral 52 del citado cuerpo normativo prevé que los jueces de distrito en materia administrativa conocerán de controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; de juicios de amparo en que se reclamen actos de autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; los promovidos contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo ciertos casos; contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta forma, está expresamente dispuesto que la competencia legal para el caso de que se reclamen actos que importen la privación de la libertad personal y la deportación corresponde a los jueces de distrito en materia penal; lo que no ocurre en la especie. En el entendido que a los jueces de distrito en materia administrativa le corresponde el conocimiento de actos reclamados de autoridades administrativas, pero por exclusión, ello no se da cuando los mismos conlleven a la privación de la libertad o la deportación, lo que no acontece en el caso, ya que debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Al respecto, es pertinente traer a colación la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de tres de agosto de dos mil cinco el conflicto competencial 70/2005, de cuyo contenido se desprende, en lo que aquí interesa, que si se reclaman determinaciones de autoridades migratorias se entenderá que son de naturaleza administrativa si constituyen la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública, que es de naturaleza reglada o discrecional y, susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades, o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa, tal como acontece en el caso, pues los actos combatidos (falta de respuesta sobre la solicitud de la concesión de un oficio de salida y retardo en su expedición, así como la falta de efectividad del proceso administrativo) implican omisiones, dilaciones o violaciones acaecidas directamente en la substanciación de ese procedimiento, que por sí mismas no decretan aseguramiento, privación de la libertad o alojamiento alguno de los quejosos. Esto es, ellos no quedan alojados en la estación migratoria de la que se trate por virtud de esos actos reclamados en la demanda de amparo. Pues, previamente y por virtud de diverso acto (como lo sería, verbigracia, el acuerdo de presentación donde se haya decretado su respectivo alojamiento en la estación migratoria de que se trate) estuvieron o han estado privados de su libertad (los aquí quejosos). En cambio, la naturaleza jurídica de los actos en cuestión apuntan a advertir que la omisión y dilación relacionadas con la emisión del oficio de salida solicitado y la consecuente falta de efectividad de cada procedimiento migratorio seguido en su contra, se encuentran vinculados con actos que versan sobre la preservación de la organización, control u orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que se introducen al país, y que no tienen como propósito, finalidad u objeto el establecer (per se) medida alguna tendente a privarlos de su libertad (alojamiento) para regresarlos en contra de su voluntad a su país de origen (deportación o expulsión o retorno asistido). Máxime que el oficio de salida de la estación migratoria (de cuya omisión y dilación en su emisión y la consecuente falta de efectividad del procedimiento administrativo respectivo, se duelen) sólo conduce a la posibilidad de regularizar (en su caso) su situación migratoria; lo que descansa en un aspecto meramente administrativo conforme a las facultades legales de la autoridad de origen y que no conlleva por sí mismo la expulsión, deportación o alojamiento (privación de la libertad) de algún migrante o extranjero; habida cuenta que la emisión de tal oficio es parte (precisamente) de una de las actuaciones posibles de la autoridad sobre la aludida preservación de la organización, control u orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que se introducen al país. Sobre todo, porque los quejosos no reclaman alguna orden de detención o alojamiento y su ejecución, por la que se les tenga privados de su libertad, con la finalidad de deportarlos (cuya naturaleza jurídica sí sería penal), ni tampoco se proveyó requerirlos en vía de prevención para constatar si existe o no voluntad de ellos para combatir acto alguno de esa naturaleza, compatible con lo previsto en el referido artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ello, debe subrayarse que los actos que específicamente y en forma destacada reclaman los quejosos no ordenan, decretan o acuerdan en perjuicio de ellos la privación de su libertad. Y si bien en sus conceptos de violación hacen alusión (esencialmente) a que sufren de la privación de la libertad personal o a que se omite respetar el derecho a la libertad personal; lo cierto es que tales argumentos de disenso los hacen derivar y desprender de los actos de los que puntualmente se duelen (falta de respuesta a la petición presentada el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, sobre la concesión a su favor de un oficio de salida de la estación migratoria, la falta de efectividad del proceso administrativo en cada expediente seguido en su contra y el retardo de la expedición de tal oficio de salida solicitado). Pero no se reclama la orden de detención, el alojamiento (en sí mismo), el acuerdo de presentación donde se haya decretado tal alojamiento, o bien, la deportación de los quejosos, en forma destacada ni aun implícita, ya que los argumentos de disenso son dirigidos a combatir las omisiones o indebidas actuaciones de las autoridades responsables, al destacar que por virtud de ellas (de esos actos reclamados) o como consecuencia, siguen un procedimiento en el que se hallan alojados (en la estación migratoria). Debe insistirse que, con independencia de la naturaleza jurídica (netamente administrativa) de tales actos reclamados, lo cierto es que los quejosos no están privados de su libertad con motivo o como consecuencia de esos actos. Por el contrario, la privación de la libertad de los quejosos en la estación migratoria de mérito se origina con motivo de su presentación, pues a raíz de ésta se decreta su alojamiento, tal como lo disponen los artículos 3, fracción XX, 99, primer y segundo párrafos, y 100, todos de la Ley de Migración. Por ello, se disiente respetuosamente de los argumentos planteados por el secretario del despacho del juzgado oficiante (que plantea su incompetencia legal para conocer de este asunto), porque a diferencia de lo señalado por éste, considero que no todo acto omitido (acto negativo) o emitido (acto positivo) dentro de los procedimientos administrativos en materia migratoria (como los que se siguen contra los hoy quejosos) deben ser examinados por la competencia de un juzgador federal de amparo penal, por el solo hecho de que durante esos procedimientos se les haya privado de su libertad. Máxime si dicha privación de la libertad no derivó ni se impuso con motivo de tales actos, sino de diversas determinaciones no combatidas. Así pues, verbigracia, si un quejoso estuviera alojado (esto es, detenido o privado de su libertad) en una estación migratoria y sujeto a un procedimiento administrativo migratorio que se siga en su contra, y durante la substanciación del mismo se le desechan pruebas o no se le desahogan de manera adecuada, o se le niega un oficio de salida del país o un oficio de salida de la estación migratoria, o se determina un monto elevado de garantía a exhibirse para poner en custodia al extranjero, o se omite designarle un asesor, defensor o persona de su confianza determinado; resulta inviable establecer la competencia en materia penal para conocer de cualquiera de esos actos (aludidos a guisa de ejemplo) por el solo hecho de que ese migrante esté alojado. Pues debe atenderse a la naturaleza jurídica de tales actos para determinar la competencia legal para conocer de un asunto, sin que con ello se divida la continencia de la causa. En otras palabras, es el contenido de los actos reclamados el que les otorga una naturaleza de acuerdo a las disposiciones normativas en las cuales se sustenten; por tanto, si el acto deriva o tiene como aplicación una ley de determinada materia, será precisamente esa la que defina la naturaleza del acto reclamado. Apoya a lo antes determinado, la jurisprudencia P/J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, del Tomo VIII, diciembre de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES" . Por consiguiente, debe examinarse la naturaleza jurídica de los actos, para advertir si respecto de ellos (y en atención a esa naturaleza) se actualiza, o no, la competencia legal planteada; lo que no ocurre así en la especie, porque los quejosos no reclaman (como respetuosamente se advierte que lo pretendió hacer valer el juzgador oficiante) el confinamiento, aseguramiento, alojamiento, detención o privación de su libertad. Además, debe decirse que los procedimientos que se siguen a los quejosos en los expedientes **, no son de naturaleza penal, ni tampoco implican la aplicación de disposiciones jurídicas de carácter procesal penal o de la legislación sustantiva y adjetiva en materia penal, como se sostiene en el oficio de cuenta. En contraste, se trata de procedimientos administrativos, substanciados ante autoridades administrativas, que se siguen conforme a la normatividad jurídica administrativa en materia migratoria. Sin perderse de vista que los quejosos inclusive agregan al sumario constitucional el respectivo oficio que presentaron ante las autoridades migratorias, con sello original de acuse de recibo, donde esencialmente les solicitaron la emisión de ese oficio de salida de la estación; lo que corrobora (como se ha dicho) que la voluntad de ellos se centra en la omisión de la expedición de tal oficio, y ello carece de la naturaleza jurídica en materia penal, ni implica (como se expuso) una deportación o expulsión del país, así como tampoco conlleva por sí mismo al alojamiento (detención) de ellos. Por tanto, rechazo la competencia legal por materia planteada, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, por lo que procede devolver la demanda de amparo y actuaciones originales agregadas en los autos del expediente relativo al juicio de amparo indirecto 1367/2019 (que fue remitido mediante el oficio de cuenta) al juzgado federal que declinó tal competencia; previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo. Solicítese al juzgado oficiante se sirva remitir el acuse de recibo de estilo. Luego, puntualizo que la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal por materia, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad, habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal rechazada-. Por otra parte, ordeno formar expedientillo (cuaderno de antecedentes) con las constancias necesarias; y hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el sistema electrónico (S.I.S.E.). Ahora, se tiene como domicilio de los quejosos el señalado en su demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo la persona que señala en la misma, por estar registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, y a los demás sólo para oír y recibir notificaciones porque así se solicitó. Luego, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo; con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; con el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y con el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A QUEJOSO SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE RESOLUCIÓN DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO CUAL SE NOTIFICA DICHA RESOLUCIÓN, QUE DICE: Al expediente, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, donde remite el expediente de juicio de amparo registrado con número 1367/2019 promovido por **. Luego, del oficio de cuenta se advierte en lo medular que la autoridad oficiante determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues señala que los actos reclamados en la demanda por extranjeros deben ser analizados desde la óptica de la legislación penal, al afectar su libertad personal, pues como consecuencia implican su expulsión del territorio nacional o deportación, al estar vinculados (los actos) a un procedimiento migratorio. De ahí que declinara competencia legal para conocer de los actos reclamados en la demanda, a favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; la que por razón de turno, correspondió a este juzgado. Cabe destacar al respecto que en el acuerdo de cuatro de julio del año actual, inserto en el oficio de cuenta, se establecieron esencialmente los siguientes razonamientos para sostener la incompetencia por parte del juzgado oficiante, a saber: a) Si bien los quejosos reclaman la falta de respuesta a su solicitud de oficio de salida de la estación migratoria, esa petición fue realizada dentro de los procedimientos administrativos iniciados en su contra, por los que están privados de su libertad. b) Dichos actos deben ser analizados bajo la legislación sustantiva y adjetiva en materia penal. c) Dichos actos no pueden estudiarse desde la óptica de un asunto meramente administrativo, además de que también se reclama la efectividad de la sustanciación de los procedimientos incoados contra los quejosos. d) Determinar si la autoridad responsable actuó o dejó de actuar en el sentido en que aducen los promoventes, necesariamente se tendrá que analizar a la luz de disposiciones jurídicas de carácter procesal penal. e) Conforme al artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal deberán conocer, entre otros actos, de aquellos que provengan de cualquier autoridad que afecten la libertad personal de los agraviados y, en su caso, impliquen expulsión del territorio nacional o deportación al país de origen, por lo que del escrito de demanda se apreció que los actos se encuentran relacionados con actos de naturaleza penal al derivar de los procedimientos administrativos **, y los quejosos se encuentran privados de su libertad. En ese orden de ideas, respetuosamente se disiente con lo argüido por el secretario encargado del despacho del juzgado que declinó la competencia. En principio, debe hacerse notar que el asunto planteado genera dudas en este operador jurídico, porque el órgano jurisdiccional declinante no inquirió en modo alguno (a través de una prevención ) a los quejosos si deseaban reclamar determinación u orden alguna privativa de su respectiva libertad. Por el contrario, de los actos que dichos impetrantes del amparo señalan como reclamados en forma destacada en el capítulo IV de su demanda, se advierte que se constriñen a dolerse de actos (omisivos y positivos) atribuidos a las autoridades responsables acaecidos durante o con motivo de la substanciación procedimental de tres expedientes en materia migratoria; todo lo cual evidentemente subyace dentro del marco competencial en materia administrativa. De donde se sigue que no existe una seguridad absoluta y patente de que sea voluntad de los quejosos combatir su alojamiento (privación de la libertad), menos aún su deportación; habida cuenta que el reclamo puntual de los actos señalados como responsables y los argumentos de disenso en que éstos se apoyan se centra en dolerse de la falta de emisión del aludido oficio de salida para regularizar su situación migratoria. En efecto, el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios constitucionales en los que se reclaman actos que afecten la libertad personal, provenientes de "cualquier autoridad" (con excepción de las correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal), y aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, el diverso numeral 52 del citado cuerpo normativo prevé que los jueces de distrito en materia administrativa conocerán de controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; de juicios de amparo en que se reclamen actos de autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; los promovidos contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo ciertos casos; contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta forma, está expresamente dispuesto que la competencia legal para el caso de que se reclamen actos que importen la privación de la libertad personal y la deportación corresponde a los jueces de distrito en materia penal; lo que no ocurre en la especie. En el entendido que a los jueces de distrito en materia administrativa le corresponde el conocimiento de actos reclamados de autoridades administrativas, pero por exclusión, ello no se da cuando los mismos conlleven a la privación de la libertad o la deportación, lo que no acontece en el caso, ya que debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Al respecto, es pertinente traer a colación la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de tres de agosto de dos mil cinco el conflicto competencial 70/2005, de cuyo contenido se desprende, en lo que aquí interesa, que si se reclaman determinaciones de autoridades migratorias se entenderá que son de naturaleza administrativa si constituyen la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública, que es de naturaleza reglada o discrecional y, susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades, o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa, tal como acontece en el caso, pues los actos combatidos (falta de respuesta sobre la solicitud de la concesión de un oficio de salida y retardo en su expedición, así como la falta de efectividad del proceso administrativo) implican omisiones, dilaciones o violaciones acaecidas directamente en la substanciación de ese procedimiento, que por sí mismas no decretan aseguramiento, privación de la libertad o alojamiento alguno de los quejosos. Esto es, ellos no quedan alojados en la estación migratoria de la que se trate por virtud de esos actos reclamados en la demanda de amparo. Pues, previamente y por virtud de diverso acto (como lo sería, verbigracia, el acuerdo de presentación donde se haya decretado su respectivo alojamiento en la estación migratoria de que se trate) estuvieron o han estado privados de su libertad (los aquí quejosos). En cambio, la naturaleza jurídica de los actos en cuestión apuntan a advertir que la omisión y dilación relacionadas con la emisión del oficio de salida solicitado y la consecuente falta de efectividad de cada procedimiento migratorio seguido en su contra, se encuentran vinculados con actos que versan sobre la preservación de la organización, control u orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que se introducen al país, y que no tienen como propósito, finalidad u objeto el establecer (per se) medida alguna tendente a privarlos de su libertad (alojamiento) para regresarlos en contra de su voluntad a su país de origen (deportación o expulsión o retorno asistido). Máxime que el oficio de salida de la estación migratoria (de cuya omisión y dilación en su emisión y la consecuente falta de efectividad del procedimiento administrativo respectivo, se duelen) sólo conduce a la posibilidad de regularizar (en su caso) su situación migratoria; lo que descansa en un aspecto meramente administrativo conforme a las facultades legales de la autoridad de origen y que no conlleva por sí mismo la expulsión, deportación o alojamiento (privación de la libertad) de algún migrante o extranjero; habida cuenta que la emisión de tal oficio es parte (precisamente) de una de las actuaciones posibles de la autoridad sobre la aludida preservación de la organización, control u orden que debe prevalecer respecto a los extranjeros que se introducen al país. Sobre todo, porque los quejosos no reclaman alguna orden de detención o alojamiento y su ejecución, por la que se les tenga privados de su libertad, con la finalidad de deportarlos (cuya naturaleza jurídica sí sería penal), ni tampoco se proveyó requerirlos en vía de prevención para constatar si existe o no voluntad de ellos para combatir acto alguno de esa naturaleza, compatible con lo previsto en el referido artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por ello, debe subrayarse que los actos que específicamente y en forma destacada reclaman los quejosos no ordenan, decretan o acuerdan en perjuicio de ellos la privación de su libertad. Y si bien en sus conceptos de violación hacen alusión (esencialmente) a que sufren de la privación de la libertad personal o a que se omite respetar el derecho a la libertad personal; lo cierto es que tales argumentos de disenso los hacen derivar y desprender de los actos de los que puntualmente se duelen (falta de respuesta a la petición presentada el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, sobre la concesión a su favor de un oficio de salida de la estación migratoria, la falta de efectividad del proceso administrativo en cada expediente seguido en su contra y el retardo de la expedición de tal oficio de salida solicitado). Pero no se reclama la orden de detención, el alojamiento (en sí mismo), el acuerdo de presentación donde se haya decretado tal alojamiento, o bien, la deportación de los quejosos, en forma destacada ni aun implícita, ya que los argumentos de disenso son dirigidos a combatir las omisiones o indebidas actuaciones de las autoridades responsables, al destacar que por virtud de ellas (de esos actos reclamados) o como consecuencia, siguen un procedimiento en el que se hallan alojados (en la estación migratoria). Debe insistirse que, con independencia de la naturaleza jurídica (netamente administrativa) de tales actos reclamados, lo cierto es que los quejosos no están privados de su libertad con motivo o como consecuencia de esos actos. Por el contrario, la privación de la libertad de los quejosos en la estación migratoria de mérito se origina con motivo de su presentación, pues a raíz de ésta se decreta su alojamiento, tal como lo disponen los artículos 3, fracción XX, 99, primer y segundo párrafos, y 100, todos de la Ley de Migración. Por ello, se disiente respetuosamente de los argumentos planteados por el secretario del despacho del juzgado oficiante (que plantea su incompetencia legal para conocer de este asunto), porque a diferencia de lo señalado por éste, considero que no todo acto omitido (acto negativo) o emitido (acto positivo) dentro de los procedimientos administrativos en materia migratoria (como los que se siguen contra los hoy quejosos) deben ser examinados por la competencia de un juzgador federal de amparo penal, por el solo hecho de que durante esos procedimientos se les haya privado de su libertad. Máxime si dicha privación de la libertad no derivó ni se impuso con motivo de tales actos, sino de diversas determinaciones no combatidas. Así pues, verbigracia, si un quejoso estuviera alojado (esto es, detenido o privado de su libertad) en una estación migratoria y sujeto a un procedimiento administrativo migratorio que se siga en su contra, y durante la substanciación del mismo se le desechan pruebas o no se le desahogan de manera adecuada, o se le niega un oficio de salida del país o un oficio de salida de la estación migratoria, o se determina un monto elevado de garantía a exhibirse para poner en custodia al extranjero, o se omite designarle un asesor, defensor o persona de su confianza determinado; resulta inviable establecer la competencia en materia penal para conocer de cualquiera de esos actos (aludidos a guisa de ejemplo) por el solo hecho de que ese migrante esté alojado. Pues debe atenderse a la naturaleza jurídica de tales actos para determinar la competencia legal para conocer de un asunto, sin que con ello se divida la continencia de la causa. En otras palabras, es el contenido de los actos reclamados el que les otorga una naturaleza de acuerdo a las disposiciones normativas en las cuales se sustenten; por tanto, si el acto deriva o tiene como aplicación una ley de determinada materia, será precisamente esa la que defina la naturaleza del acto reclamado. Apoya a lo antes determinado, la jurisprudencia P/J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, del Tomo VIII, diciembre de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES" . Por consiguiente, debe examinarse la naturaleza jurídica de los actos, para advertir si respecto de ellos (y en atención a esa naturaleza) se actualiza, o no, la competencia legal planteada; lo que no ocurre así en la especie, porque los quejosos no reclaman (como respetuosamente se advierte que lo pretendió hacer valer el juzgador oficiante) el confinamiento, aseguramiento, alojamiento, detención o privación de su libertad. Además, debe decirse que los procedimientos que se siguen a los quejosos en los expedientes **, no son de naturaleza penal, ni tampoco implican la aplicación de disposiciones jurídicas de carácter procesal penal o de la legislación sustantiva y adjetiva en materia penal, como se sostiene en el oficio de cuenta. En contraste, se trata de procedimientos administrativos, substanciados ante autoridades administrativas, que se siguen conforme a la normatividad jurídica administrativa en materia migratoria. Sin perderse de vista que los quejosos inclusive agregan al sumario constitucional el respectivo oficio que presentaron ante las autoridades migratorias, con sello original de acuse de recibo, donde esencialmente les solicitaron la emisión de ese oficio de salida de la estación; lo que corrobora (como se ha dicho) que la voluntad de ellos se centra en la omisión de la expedición de tal oficio, y ello carece de la naturaleza jurídica en materia penal, ni implica (como se expuso) una deportación o expulsión del país, así como tampoco conlleva por sí mismo al alojamiento (detención) de ellos. Por tanto, rechazo la competencia legal por materia planteada, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, por lo que procede devolver la demanda de amparo y actuaciones originales agregadas en los autos del expediente relativo al juicio de amparo indirecto 1367/2019 (que fue remitido mediante el oficio de cuenta) al juzgado federal que declinó tal competencia; previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo. Solicítese al juzgado oficiante se sirva remitir el acuse de recibo de estilo. Luego, puntualizo que la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal por materia, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad, habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal rechazada-. Por otra parte, ordeno formar expedientillo (cuaderno de antecedentes) con las constancias necesarias; y hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el sistema electrónico (S.I.S.E.). Ahora, se tiene como domicilio de los quejosos el señalado en su demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo la persona que señala en la misma, por estar registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, y a los demás sólo para oír y recibir notificaciones porque así se solicitó. Luego, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo; con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; con el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), y con el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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