Esteban Cortés Flores
Expediente 1714/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1714/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Esteban Cortés Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/690/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el secretario ejecutivo de adscripción informó a la licenciada Edna Matus Ulloa, que en sesión ordinaria de esa misma fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó su primera adscripción como Jueza en este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo que se notifica a las partes para los efectos legales a que haya lugar. De igual manera, del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Del estado procesal de los autos, se advierte que los actos reclamados en este juicio son los siguientes: 1. La omisión de citar a los demás integrantes de la Junta a discusión y votación el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del juicio laboral D-1/114/2018. Acto que se atribuye a la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. 2. La omisión de discutir y votar el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del mencionado juicio laboral. Lo que reclama el quejoso de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, como órgano colegiado. 3. La falta de notificación del laudo que se dicte en dicho controvertido; acto que le señala al Actuario de la Junta en cita. Luego, del informe justificado rendido por las autoridades responsables, éstas manifiestan y acreditan que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el juicio laboral D-1/114/2018, no se encontraba en estado procesal para dictar laudo. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. Así, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora bien, la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral D-1/114/2018, así como la omisión de notificar dicho laudo; sin embargo, de las constancias que remite la junta responsable se advierte que tales actos reclamados son inexistentes. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, está acreditado que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el juicio de origen no se encontraba en estado procesal para dictar laudo en el juicio laboral D-1/114/2018, lo que sustenta la inexistencia de los actos reclamados. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "Registro digital: 2018110 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Entonces, de las constancias remitidas por Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se observa que en el juicio laboral D-1/114/2018, no se ha cerrado el periodo de instrucción, pues la última actuación en dicho juicio -como lo afirma la propia autoridad responsable- es la audiencia de once de agosto de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba de inspección, ofrecida por la parte actora y continuando con el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la demandada; sin embargo, en dicha audiencia se hizo constar la imposibilidad de acordar lo referente a dicha prueba por no estar debidamente integrada la Junta en cita, derivado de la renuncia de la Licenciada Liliana García Saldaña, quien fungía como representante de los Patrones, siendo que los acuerdos de la Junta deben adoptarse de forma colegiada. Por esa razón y a fin de evitar futuras nulidades se hizo constar la imposibilidad del desahogo de la audiencia, haciendo del conocimiento de las partes que una vez que la Junta estuviera debidamente integrada se procedería a acordar lo que en derecho procediera. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [veintiuno de septiembre de dos mil veintidós], en el procedimiento de origen, la autoridad responsable aún no se encontraba procesalmente en condiciones para dictar el laudo correspondiente. Lo anterior es así, pues la demanda génesis del juicio de amparo en que se actúa fue presentada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, en el juicio de origen por lo menos se encuentra pendiente el desahogo de la prueba de inspección, ofrecida por la parte actora y continuando con el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la demandada; lo que hace evidente que el procedimiento referido no guarda estado para dictar el laudo respectivo, en virtud de que se encuentran pruebas pendientes por desahogar. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, a la citada responsable, así como la omisión de notificar dicho laudo atribuida al Actuario, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede SOBRESEER fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas treinta y tres minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Del estado procesal de los autos, se advierte que los actos reclamados en este juicio son los siguientes: 1. La omisión de citar a los demás integrantes de la Junta a discusión y votación el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del juicio laboral D-1/114/2018. Acto que se atribuye a la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. 2. La omisión de discutir y votar el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del mencionado juicio laboral. Lo que reclama el quejoso de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, como órgano colegiado. 3. La falta de notificación del laudo que se dicte en dicho controvertido; acto que le señala al Actuario de la Junta en cita. Luego, del informe justificado rendido por las autoridades responsables, éstas manifiestan y acreditan que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el juicio laboral D-1/114/2018, no se encontraba en estado procesal para dictar laudo. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. Así, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora bien, la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral D-1/114/2018, así como la omisión de notificar dicho laudo; sin embargo, de las constancias que remite la junta responsable se advierte que tales actos reclamados son inexistentes. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, está acreditado que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, el juicio de origen no se encontraba en estado procesal para dictar laudo en el juicio laboral D-1/114/2018, lo que sustenta la inexistencia de los actos reclamados. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "Registro digital: 2018110 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Entonces, de las constancias remitidas por Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se observa que en el juicio laboral D-1/114/2018, no se ha cerrado el periodo de instrucción, pues la última actuación en dicho juicio -como lo afirma la propia autoridad responsable- es la audiencia de once de agosto de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba de inspección, ofrecida por la parte actora y continuando con el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la demandada; sin embargo, en dicha audiencia se hizo constar la imposibilidad de acordar lo referente a dicha prueba por no estar debidamente integrada la Junta en cita, derivado de la renuncia de la Licenciada Liliana García Saldaña, quien fungía como representante de los Patrones, siendo que los acuerdos de la Junta deben adoptarse de forma colegiada. Por esa razón y a fin de evitar futuras nulidades se hizo constar la imposibilidad del desahogo de la audiencia, haciendo del conocimiento de las partes que una vez que la Junta estuviera debidamente integrada se procedería a acordar lo que en derecho procediera. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [veintiuno de septiembre de dos mil veintidós], en el procedimiento de origen, la autoridad responsable aún no se encontraba procesalmente en condiciones para dictar el laudo correspondiente. Lo anterior es así, pues la demanda génesis del juicio de amparo en que se actúa fue presentada el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós; sin embargo, en el juicio de origen por lo menos se encuentra pendiente el desahogo de la prueba de inspección, ofrecida por la parte actora y continuando con el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la demandada; lo que hace evidente que el procedimiento referido no guarda estado para dictar el laudo respectivo, en virtud de que se encuentran pruebas pendientes por desahogar. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, a la citada responsable, así como la omisión de notificar dicho laudo atribuida al Actuario, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede SOBRESEER fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas treinta y tres minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidenta y del Actuario adscrito a la citada Junta, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente y designan delegado. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegado a la persona que mencionan en el oficio de cuenta. Por otro lado, se tiene a las autoridades oficiantes remitiendo copia certificada del auto de once de agosto de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral ********************, sin perjuicio de que sea tomada en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. ..
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